DEFENSA ADECUADA. EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE EXCEPTÚA LA PRESENCIA DEL DEFENSOR EN EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS POR FOTOGRAFÍA, NO TRANSGREDE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.
AMPARO EN REVISIÓN 70/2022. 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El quejoso promovió amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 279, párrafo primero, en su porción normativa "con excepción de la presencia del Defensor", del Código Nacional de Procedimientos Penales, por considerarlo violatorio del derecho fundamental de defensa adecuada.
Señaló como primer acto de aplicación, la resolución que lo vinculó a proceso por su probable intervención en hechos constitutivos del delito previsto y sancionado en el artículo 15, fracción V, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la modalidad de obstaculizar una investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de dicha ley.
A falta de precedente sobre el tema, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte para la asunción de su facultad originaria.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la que se resuelve el Recurso de Revisión 70/2022, interpuesto por **********, contra la sentencia que se dictó el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el Amparo Indirecto **********.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el párrafo primero, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su porción normativa "con excepción de la presencia del Defensor", vulnera o no el derecho fundamental de defensa adecuada, establecido en la fracción VIII, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)
1. Hechos. El cinco de julio de dos mil diecinueve, **********, agente de investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, acudió al negocio de rótulos ubicado en calle **********, colonia **********, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde el propietario le permitió ver los videos de las cámaras de seguridad que se localizaban en el exterior; al no encontrar aquéllos relacionados con la privación de la libertad de la víctima de iniciales **********, pidió el dispositivo de grabación DVR y dijo que luego lo devolvería; lo que finalmente no hizo.
2. Carpeta de investigación. Se inició en su contra, en la agencia del Ministerio Público de la Unidad III, adscrita a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la carpeta de investigación **********, por considerar que con su conducta, probablemente entorpeció la investigación que se realizaba en contra de determinadas personas, por el hecho ocurrido el tres de julio de dos mil diecinueve, presuntamente constitutivo del delito de secuestro agravado, en perjuicio de la víctima de iniciales **********; ello, por estimar que la información contenida en dicho dispositivo de grabación, permitiría identificar a los autores de la conducta, los vehículos que se utilizaron, y en general, la mecánica del hecho.
3. En el curso de la investigación, el Ministerio Público solicitó la elaboración de dictámenes periciales en materia de retrato hablado, a partir de las características de las personas que expresaron diversos testigos en sus entrevistas. Con base en ello, solicitó al Director General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que remitiera las fotografías del personal de su adscripción que coincidieran con los retratos elaborados. Entre otras fotografías, se enviaron las correspondientes a **********.
4. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Representante Social practicó diligencia de reconocimiento por fotografía, en la que los testigos reconocieron las correspondientes a ********** y otras personas.
5. Causa penal. En audiencia privada de cuatro de febrero de dos mil veinte, que se celebró dentro de la causa penal **********, del índice del Juzgado de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, se libró orden de aprehensión contra ********** y otros;(2) mandato de captura que se ejecutó al día siguiente, y en la misma fecha se celebró la audiencia inicial, en la cual, la Ministerio Público formuló imputación; ********** y otros, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, y para tales efectos, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.(3)
6. El diez de febrero posterior, en continuación de audiencia inicial, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, por considerar que probablemente participó en los hechos constitutivos del delito previsto y sancionado en la fracción V, del artículo 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la modalidad de obstaculizar una investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 del mismo ordenamiento legal.(4)
7. Demanda de amparo. Inconforme con esa resolución, **********, en escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, el tres de marzo de dos mil veinte, promovió amparo indirecto, en el que estimó como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal; y señaló como autoridades responsables y actos reclamados:
I. De la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo:
- El auto de vinculación a proceso de once de febrero de dos mi veinte, emitido por el hecho delictuoso de secuestro agravado previsto en el artículo 15, fracción V, de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos de Secuestro.
- La omisión de hacer constar, por escrito, el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar –prisión preventiva oficiosa–, en términos del artículo 67, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales;
- La prolongación de su detención sin justificación posterior a la vinculación a proceso;
- Su privación de la libertad, dada la omisión de decretar medida cautelar de prisión preventiva después de la resolución de sujeción a proceso;
- La omisión de remitir copia auténtica del auto de vinculación a proceso y de la resolución que decretó la medida de prisión preventiva, al Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo, luego del dictado de auto de vinculación a proceso; y,
- La omisión de ponerlo en libertad, al haber concluido la medida cautelar impuesta y no haberse solicitado la medida cautelar de prisión preventiva después de dictado el auto de vinculación a proceso.
II. Del Congreso de la Unión y el Presidente de la República:
- La discusión, aprobación, expedición y publicación del Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce; en concreto, el párrafo primero, de su artículo 279.
III. Del Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo:
- La omisión de poner en libertad al imputado, al no haber recibido copia auténtica del auto de vinculación a proceso y la imposición de medida cautelar –prisión preventiva–.
8. Narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, que en síntesis son:
• El párrafo primero, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(5) al facultar al Ministerio Público para realizar la identificación –del imputado–, sin la presencia del defensor, vulneraba el derecho fundamental de defensa adecuada, en los términos de la fracción VIII, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal.
• La diligencia de identificación por fotografía, se celebraba de forma previa al juicio oral, por lo que se configuraba como una prueba anticipada o irreproducible; no porque fuera materialmente imposible realizarla en la etapa de juicio, sino por los problemas que ello implicaba, en razón de que la memoria de las personas era efímera, lo que hacía inviable su práctica en esa etapa; especialmente cuando se trataba de recordar caras, y más si se atendía a que el aspecto de las personas cambiaba con el tiempo. Consecuentemente, no era posible esperar al juicio oral para practicar el reconocimiento, sino que convenía que el sujeto observante manifestara su conocimiento lo antes posible. La evidencia que podía dejar el observante para que se aportara en las mejores condiciones, tenía que ser en ese primer momento.
• El párrafo segundo, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) disponía que en ningún caso se podían mostrar al testigo las fotografías, si la identidad del imputado era conocida por la policía y estaba disponible para participar en una identificación en fila. Por tanto, en términos de esa norma, la identificación por fotografía impedía realizar un nuevo reconocimiento, porque era una prueba irreproducible; así, debía respetarse el derecho de defensa, como en su caso lo disponía el artículo 274 del mismo ordenamiento legal,(7) al tratarse de peritajes irreproducibles.
• No se advertía alguna base razonable para que, tratándose de la identificación por fotografía, el legislador no exigiera para su validez la presencia del defensor; ello, a diferencia de los peritajes irreproducibles y el reconocimiento directo de personas, en los que sí se previó esa exigencia.
• De estimarse que al practicar un reconocimiento por fotografía, el imputado no estuviera individualizado –como en el peritaje irreproducible–, el legislador debió prevenir la intervención de defensor público.
• La intervención de la defensa posibilitaba el control de la regularidad formal y cognitiva del reconocimiento de identidad, como condición básica para la valoración judicial de su resultado.
• Además, la intervención del defensor era un contrapeso para minimizar la actuación sugestiva del órgano de investigación y el riesgo de contaminación de la huella de la memoria del testigo.
• Máxime que la identificación por fotografía, era un acto que trascendía al proceso penal, por el sesgo que generaba en la memoria del testigo; por lo que la presencia de defensor se tornaba indispensable. Al exceptuarse la presencia del defensor, la diligencia vulneraba el derecho de defensa adecuada.
• En la porción de los conceptos de violación que se denominó "violación al principio de regularidad del procedimiento, identificación por fotografía", se señaló que la probable participación del quejoso para el dictado del auto de vinculación a proceso, se fundó en la identificación por fotografía que realizó el Ministerio Público en la investigación; y al respecto, el primer párrafo, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponía que cuando fuera necesario reconocer a una persona que no estuviera presente, podría exhibirse su fotografía legalmente obtenida.
• Así, si el quejoso se desempeñaba como agente de investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se encontraba disponible para que se realizara un reconocimiento de personas, que exigía la presencia del defensor; no obstante, el reconocimiento por fotografía permitía que se efectuara sin la defensa, por lo que se podía influir en la decisión del testigo, sin que existiera algún contrapeso.
• La identificación por fotografía impedía establecer de manera objetiva si la diligencia se realizó respetando las condiciones de imparcialidad, a efecto de descartar la sugestión proveniente de la estructura del procedimiento utilizado; sin que al respecto se explicara cómo fue que se realizó el reconocimiento.
• La identificación fotográfica, era un medio de investigación indicado para casos en que no existiera sospecha previa en contra de persona determinada; por lo que, si no era posible el reconocimiento de personas, se podía recurrir al reconocimiento mediante fotografías. Siendo que la diferencia esencial entre la identificación fotográfica y el reconocimiento de personas residía en que la primera se realizaba a espaldas del investigado, sin posibilidad de intervención de la defensa, por lo que se prescindía de su control respecto de la obtención de evidencia que podría ser determinante para someter al acusado a un proceso; por tanto, se soslayó el derecho de defensa y el principio de contradicción.
• En ese orden de ideas, se vulneró la regularidad del proceso tratándose de la identificación mediante fotografía. En efecto, derivado de las peculiaridades, trascendencia y lo delicado de la identificación por fotografía, la forma en que debía registrarse para cumplir con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era mediante la videograbación; lo que no aconteció, a pesar de que de esa manera se podía controlar, ex post, el respeto de las condiciones mínimas de imparcialidad.
9. Conoció del asunto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, cuyo titular, en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, lo registró con el número **********, admitió a trámite la demanda, señaló fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional, solicitó los informes justificados(8) y dio intervención al Representante Social de su adscripción.(9)
10. Sentencia de amparo. El veintinueve de septiembre posterior, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia, en la que por una parte se sobreseyó –por inexistencia– en el juicio;(10) y por otra, se negó al quejoso el amparo que solicitó.(11)
11. Con relación al planteamiento de constitucionalidad del primer párrafo, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su porción "con excepción de la presencia del Defensor", señaló:
• En el estudio sobre la certeza de los actos reclamados, evidenció que no contaba con el informe justificado de la Cámara de Diputados, ni con el acuse relativo a su requerimiento; sin embargo, determinó que podía prescindirse de ellos, porque el acto que se le atribuía tenía que ver con un proceso legislativo que culminó con la publicación de la norma impugnada en el Diario Oficial de la Federación, lo que constituía un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(12)
• Empero, determinó que no se dejaba a la autoridad responsable en indefensión, por la posibilidad de formular causas de improcedencia, porque en el fallo se reconocería la constitucionalidad de la norma general reclamada.
• Respecto del acto que se atribuyó al Presidente de la República, en razón de que omitió rendir informe justificado en el término legal, a pesar de haber sido debidamente notificado, se presumió su certeza.
• Se destacó que el quejoso no reclamó violaciones formales en el proceso legislativo, ni respecto de las facultades de las autoridades en la emisión o expedición del decreto que contenía el precepto tildado de inconstitucional; sino únicamente materiales, pues su planteamiento de inconstitucionalidad, lo hizo depender de que el numeral impugnado contravenía la Constitución Federal.
• Se determinó que no le asistía razón al quejoso, porque existían dos tipos de actos de reconocimiento de personas: directo o con la presencia de la persona a reconocer; e indirecto, por medio de fotografías u otros materiales, que se contenía en el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Así, la identificación por fotografía tendría verificativo cuando fuera necesario reconocer a una persona no presente, es decir, que no estuviera a disposición de la autoridad ministerial y, menos aún, participara de manera activa, directa y física en la indagatoria.
• Se trataba de una diligencia de carácter formal y su desahogo consistía en presentar al denunciante, víctima, ofendido o testigo, una fotografía del sujeto a reconocer –legalmente obtenida–, junto con las de otras personas con características físicas semejantes.
• La identificación por fotografía tenía un fin constitucionalmente válido, en la medida que su objeto giraba en torno a la identificación de personas sobre las que existían indicios de su participación en hechos delictivos. Además, era adecuada, idónea y apta para la consecución del fin pretendido.
• Si el probable responsable no había sido puesto a disposición del órgano investigador, ni participaba activamente en la investigación, entonces, era totalmente innecesaria la presencia de su defensor en la diligencia. Lo que era adecuado, porque de acuerdo con las máximas de la experiencia, era factible anticipar que el investigado podría sustraerse de la acción de la justicia, una vez que conociera que se seguía una investigación penal en su contra.
• El derecho fundamental a contar con una defensa adecuada se actualizaba desde que el indiciado era puesto a disposición del Ministerio Público, y no se satisfacía con la mera formalidad de encontrarse asistido de un profesional en derecho, sino con la efectiva realización de actos jurídicos en defensa de los intereses de su representado.
• Derecho que no resulta vulnerado por la porción normativa impugnada, pues no privaba al indiciado de su derecho a ser asistido de abogado, quien podría comparecer en todos los actos del proceso penal en que el imputado participara directamente; incluso, tendría la obligación de hacerlo cuando fuera requerido.
• La identificación por fotografía sucedía en la fase de investigación desformalizada, y podía ser útil cuando no existieran otros datos para identificar al probable agente del delito, lo que podría dar lugar a la apertura de líneas de investigación y derivar en la práctica de reconocimientos directos en sede ministerial o judicial, estando formalizada la indagatoria.
• Así, una vez conducido a la investigación o al proceso, el inculpado podría hacer valer su derecho de defensa, dado que su defensor estaría presente en su reconocimiento en cámara de Gessel.
• Por tratarse de un acto en que el probable responsable no participaba físicamente de forma activa y directa, era innecesaria la presencia de defensor; máxime que el requisito formal de guardar el registro de las fotografías utilizadas proporcionaba certeza jurídica sobre el desarrollo de la diligencia, y en su caso, podía ser controvertido ante el Juez de Control.
• Además, el enunciado normativo reclamado incorporaba mecanismos para que el reconocimiento por fotografía cumpliera con el principio de legalidad, como eran:
- No se mostrara a los testigos fotografías aisladas, sino varias con características físicas similares a las del imputado;
- Los procedimientos de reconocimiento fueran practicados por una autoridad ministerial distinta a la que dirigía la investigación;
- Se generara un registro de las fotografías, que debía constar el nombre de la autoridad a cargo y del testigo ocular que participó;
- Si la identidad del imputado era conocida por la policía y estaba disponible para practicar identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica, no podrían mostrarse al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica. • La ausencia de defensor se justificaba objetiva, razonable y proporcionalmente, y tenía un fin constitucionalmente válido, por lo que no vulneraba el derecho de defensa adecuada y, en esa tesitura, se encontraba apegado a la Constitución Federal.
• Tampoco existía alguna norma de fuente convencional que exigiera la presencia de defensor en el reconocimiento por fotografía.
• En apoyo a sus consideraciones, citó el criterio aislado, de título:(13) "RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO EL DELITO. AL SER DE NATURALEZA DISTINTA AL RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SU DESAHOGO ES DIFERENTE, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENCIA Y ASISTENCIA DEL DEFENSOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUYAS FOTOGRAFÍAS SON MATERIA DE ESTA DILIGENCIA."
12. Recurso de revisión. Inconforme con esa resolución, el quejoso, en escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, el trece de octubre de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión.(14) En sus agravios, esencialmente argumentó:
• El párrafo primero, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto, exceptuaba la presencia de defensor en la diligencia de identificación de personas, por fotografía, transgredía el derecho fundamental de defensa adecuada, consagrado en la fracción VIII, del apartado B, del artículo 20 constitucional.
13. El recurso se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, cuyo Presidente, en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, lo registró con el número **********, lo admitió a trámite y dio intervención al Ministerio Público Federal de su adscripción.(15)
14. En sesión de veintiocho de octubre siguiente, el Tribunal Colegiado declaró infundada la causa de improcedencia planteada por la Cámara de Senadores y del estudio oficioso de autos, estimó que no se actualizaba alguna diversa. Asimismo, confirmó el sobreseimiento –por inexistencia– decretado por el órgano de primer grado y determinó enviar el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer su competencia originaria respecto de la constitucionalidad de la porción indicada del artículo 279, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(16)
15. Trámite ante la Suprema Corte. El Presidente de este Alto Tribunal, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, registró el recurso con el número 70/2022, asumió la competencia originaria para conocer del mismo, lo radicó en la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
16. La Presidenta de la Primera Sala, en auto de dieciocho de abril siguiente, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la Ponencia designada para elaborar proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21 fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los Puntos Tercero y Cuarto, fracción I, a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario 5/2013, porque se interpuso contra sentencia dictada en audiencia constitucional, en un juicio de amparo indirecto, en que se reclamó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como es la porción relativa del artículo 279, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque su resolución no implica fijar un criterio de importancia para el orden jurídico nacional, ni reviste algún interés excepcional.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
18. Es innecesario pronunciarse sobre la oportunidad del recurso de revisión y la legitimación del recurrente, porque el Tribunal Colegiado ya verificó esos aspectos.
III. PROCEDENCIA
19. El recurso de revisión es procedente, porque se interpuso contra la sentencia que dictó en audiencia constitucional, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en la que se pronunció con relación a la constitucionalidad del párrafo primero, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se surten los extremos del Punto Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2013.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
20. La Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos invocó la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo,(17) la cual fue desestimada por el Juzgado de Distrito y en idénticos términos se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.
21. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Amparo allegó el pedimento **********, en que solicitó el sobreseimiento en el juicio por estimar genéricamente actualizada alguna hipótesis de improcedencia.
22. Empero, del estudio oficioso del expediente, no se aprecia que efectivamente se encuentre acreditada alguna causa de improcedencia diversa.
V. ESTUDIO DE FONDO
23. La materia del recurso, se circunscribe a examinar la regularidad constitucional del párrafo primero, del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la identificación por fotografía, como acto de investigación según las reglas previstas para el reconocimiento de personas, confrontado con el derecho fundamental de defensa adecuada, en los términos de la fracción VIII, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal; porque en el desahogo de la correspondiente diligencia, no requiere de la presencia del defensor de la persona a reconocer.
24. Para tales efectos, se abordarán los temas siguientes: la doctrina constitucional relativa a la rectoría en la investigación de los delitos, reservada primordialmente al Ministerio Público; el derecho fundamental de defensa adecuada; la línea jurisprudencial relacionada con el reconocimiento a través de fotografía, desarrollada respecto del sistema procesal identificado como inquisitivo o mixto; la identificación como técnica de investigación instituida en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y finalmente, se resolverá sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
1. La rectoría en la investigación de los delitos, reservada primordialmente al Ministerio Público.
25. La lectura conjunta e integradora de los artículos 20, apartado A, fracción I, y 21, párrafo primero, de la Constitución General,(18) con relación a los artículos 127, 129, párrafos primero, tercero y cuarto, 131, fracción V, 212, 213 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(19) permite aseverar que uno de los objetivos medulares del proceso penal, es el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y la identificación de los probables responsables.
26. Asimismo, se desprende el papel preponderante del Ministerio Público en la investigación, que únicamente se aprecia mermado por el caso –marginal– de ejercicio de la acción penal por particulares,(20) introducido con motivo de la reforma constitucional en materia de justicia penal, de dieciocho de junio de dos mil ocho, y la hipótesis excepcional de consignación a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el trámite del cumplimiento de las sentencias de amparo.(21)
27. Lo que puede calificarse como una garantía de tipo orgánico, que protege una condición de exclusividad respecto al ejercicio de ciertas atribuciones otorgadas a la institución del Ministerio Público; en concreto, para dirigir todas las diligencias de la investigación penal.
28. Garantía que suele pasar inadvertida, pero de manera correlativa, constitucionalmente instituye una protección elemental en favor de cualquier persona potencialmente sometida a una pesquisa criminal, para saber que un solo órgano será el encargado de conducir la investigación, y eventualmente instar acusación en su contra; lo que abona a la seguridad jurídica y certeza.
29. Aproximación avalada por esta Primera Sala, al resolver el Amparo Directo 9/2008,(22) el Amparo en Revisión 202/2013(23) y el Amparo Directo en Revisión 4729/2018;(24) de los primeros dos, emanaron los criterios aislados 1a. CXCIII/2009 y 1a. CCCXIII/2013 (10a.), de rubros respectivos: "MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL.";(25) y "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(26)
30. En el sistema procesal penal acusatorio y oral, la investigación se encuentra dividida en dos fases, una denominada inicial o desformalizada, que inicia mediante denuncia o querella;(27) y otra identificada como complementaria o formalizada, cuyo punto de inflexión yace en la judicialización de la carpeta de investigación, con la pretensión de formular imputación y obtener vinculación a proceso.
31. En ambos casos, la investigación se materializa por conducto de la realización de actos pertinentes, útiles y objetivamente encaminados a la obtención de datos de prueba de cargo y de descargo,(28) que permitan explorar todas las líneas de investigación razonables para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y así "comprobar la verosimilitud de la notitia criminis".(29)
32. De esta manera, el objeto inmediato de la investigación es recabar información que permita justificar la necesidad de proseguir el curso del proceso penal, mediante la sujeción a proceso o la acusación; o bien, interrumpir su continuación con la terminación anticipada de la investigación, el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso.
33. Además, en este sistema, existe una notoria separación entre las funciones de acusar y juzgar, de manera que los actos de investigación suceden con anterioridad al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32510-df9b5a7b/defensa-adecuada-el-parrafo-primero-del-articulo-279 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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