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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O A SUS GARANTÍAS. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU CONFORMACIÓN Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. LA VIOLACIÓN MÁS GRAVE A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES U OMISIONES DE UNA ENTIDAD DEL PODER PÚBLICO GENERAN UNA DISTORSIÓN AL DISEÑO INSTITUCIONAL DE OTRO ÓRGANO O PODER PÚBLICO QUE LE IMPIDE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, LO CUAL IMPLICA SU TOTAL INOPERANCIA. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE ESTABLECE: "Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O A SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE ESTABLECE: "Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 380/2023. · Registro digital (IUS): 32608
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-02
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.90.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 380/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 8 DE MAYO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 380/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, demandando la invalidez del Decreto mil cincuenta y cinco (en adelante, Decreto 1055), publicado el 21 de junio de 2023 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6203.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El 4 de julio de 2023, Luis Jorge Gamboa Olea –quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos– promovió demanda de controversia constitucional.

2. En síntesis, la parte accionante señala los siguientes hechos en su demanda:

a. En cada ejercicio fiscal, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial no ha sido respetado por el Poder Legislativo, pues sólo autoriza una cantidad mínima para el rubro de pago de pensiones.

b. En los ejercicios fiscales de 2013 a 2017, el presupuesto otorgado al Poder Judicial se mantuvo intocado, sin tomar en cuenta el aumento en los insumos necesarios para cumplir con el mandamiento constitucional de administrar justicia, el aumento de salarios de personal y el exponencial número de jubilados. Lo que se impugnó a través de diversas controversias constitucionales.

c. Para 2020, el Poder Judicial remitió al Poder Ejecutivo su anteproyecto de presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, el cual envió un proyecto distinto al Poder Legislativo, quien aprobó mediante el decreto 1105 un presupuesto que incumple las normas del proceso legislativo y de la Constitución Local.

d. El Poder Legislativo no aprobó un presupuesto de egresos local para el 2022, por lo que tácitamente se autorizó el mismo presupuesto que para el 2021, con lo que se afectó aún más el patrimonio del Poder Judicial.

e. El 29 de diciembre de 2022, se publicó en el medio oficial de difusión local el decreto 579, por medio del cual se aprueba el presupuesto de egresos del Estado para el 2023, en el cual hay una cantidad para pensiones, jubilaciones y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós, pero no considera el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos, a pesar de que esto sí se contempló en el anteproyecto remitido al gobernador del estado.

3. Conceptos de invalidez. En resumen, el Poder Judicial del estado de Morelos señala como único concepto de invalidez lo siguiente:

a. El decreto 1055 vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción IV y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque invade su autonomía de gestión presupuestal, la cual constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales ejerzan sus funciones con plena independencia y tiene fundamento en el artículo 17 Constitucional.

b. El Poder Legislativo lesiona la independencia del Poder Judicial en el grado más grave de violación, esto es, la subordinación. En consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos, ya que el artículo 2o. del decreto 1055 dispone directamente de los recursos financieros del Poder Judicial al conceder una pensión a **********.

c. En el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2023, no se contempló una partida para el pago de decretos controvertidos ante la Corte, de ahí que no hay certeza de que existan suficientes recursos para cubrir las pensiones como la que ahora nos ocupa.

d. Al emitir el decreto impugnado, el Congreso del estado vulnera el artículo 49 constitucional relativo al principio de división de poderes, el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que otorga al Poder Judicial la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos y el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial a sus decisiones.

e. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127, constitucionales, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial. Por su parte el artículo 131 de la Constitución Local dispone el impedimento para realizar pago alguno si no está comprendido en el presupuesto efectivo.

f. El Decreto 1055 transgrede la autonomía de gestión presupuestal y la potestad del Poder Judicial de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas, para otorgar pensiones y jubilaciones; y, consecuentemente, también la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de las prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.

g. No basta la presunción de que existe una partida en el presupuesto de egresos con fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, sino que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide en el presupuesto anual, en una bolsa adicional o mediante transferencia.

h. La sustancia de esta controversia no es que se excluya al Poder Judicial de la decisión de a quiénes debe concederse una pensión, sino que se otorguen recursos suficientes para enfrentar dicho gasto.

i. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes, pero esto no implica que el Congreso pueda determinar los casos en que procede otorgarlas, pues la Constitución garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.

j. El Poder Judicial del estado de Morelos considera violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

4. Trámite. Mediante acuerdo de 10 de julio de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento.

5. Mediante acuerdo de 9 de agosto de 2023, el ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de la entidad, pues sostuvo que este último es titular de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo local.

6. En el mismo acuerdo, el instructor requirió a los poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar respectivo del periódico oficial, y ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

7. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el 28 de septiembre de 2023, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió contestación de la demanda, donde en síntesis señaló lo siguiente:

a. Los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión otorgada por los poderes-patrones y también tienen derecho a una pensión otorgada por el Congreso del estado cuando cumplen los requisitos de la Ley del Servicio Civil.

b. En el decreto 579, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2023, en su artículo décimo octavo, se previeron asignaciones para el Poder Judicial por la cantidad de $829,946,238.00 (ochocientos veintinueve millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N) de los cuales se asignaron $160,547,842.00 (Ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) para pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

c. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores, incluyendo el pago de las pensiones, y en caso de que dicho recurso sea insuficiente al transcurrir el ejercicio fiscal, debe solicitar una ampliación presupuestal al Ejecutivo estatal.

d. Desde 2019 el presupuesto de egresos del Poder Judicial contempla una partida específica para el pago de pensiones de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.

e. En consecuencia, con la expedición del decreto impugnado no se transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues no se dispone de los recursos de otro poder, ya que de manera previa se le han otorgado al Poder Judicial los recursos suficientes para el pago de la pensión impugnada.

8. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el 28 de septiembre de 2023, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez –consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos– rindió la contestación de demanda en los siguientes términos:

a. El Poder Judicial se abstiene de formular conceptos de invalidez atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que resulta evidente que se encuentra llamado a la presente controversia constitucional sólo porque cumple con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el Decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la controversia constitucional en que se actúa.

b. El Poder Judicial está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, ya que anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos.

c. El 29 de diciembre de 2022 se publicó el decreto 579, mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos local para 2023; en el Anexo 2 de dicho decreto se precisa que el Poder Judicial cuenta con $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que tiene recursos suficientes para pagar el decreto de pensión impugnado.

d. El artículo Décimo Sexto del mismo decreto 579 señala que con los presupuestos asignados a los entes públicos se deberá cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados y pensiones, por lo que no es dable que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.

e. El Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Poder Judicial con sus jubilados, y estimar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.

f. Para que el Poder Judicial no vulnere las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación entre poderes públicos locales, que prevé el artículo 116 constitucional, debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado.

9. Tanto la Fiscalía General de la República como la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión alguna en la presente controversia.

10. Audiencia. El 29 de noviembre de 2023 se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria), donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)

11. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de 5 de diciembre de 2023, el Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción para proseguir a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

12. Radicación en Primera Sala. El Ministro Instructor solicitó vía dictamen que el asunto se radicara en la Primera Sala de esta Suprema Corte. Por lo que una vez radicado en ésta y dictado el avocamiento por parte del Ministro Presidente de esta Primera Sala el 22 de marzo de 2024, se procedió a la elaboración de proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(4)

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) las sentencias deben fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional.

15. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos reclama la invalidez del decreto 1055 bajo el argumento de que concede una pensión por invalidez con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo del Estado le haya transferido los recursos suficientes para enfrentar dicha carga; esta Primera Sala advierte que ese reclamo se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2o., como se advierte del texto subrayado a continuación:

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ A **********.

ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por invalidez a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 79 % del salario que percibía al momento de sufrir el accidente y por ende aludir la resolución del IMSS que exhibió la interesada y la cual consta dentro del expediente y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56, 60, fracción I y 61 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Ver artículo 2o. con subrayado

ARTÍCULO 3o. El monto de la pensión se calcula tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la ley de la materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.”

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

16. En consecuencia, se tiene como impugnada la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 1055 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6203, el veintiuno de junio del dos mil veintitrés que a la letra dice: “y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes”, pues únicamente sobre esta porción normativa recae el reclamo del poder actor.

17. No pasa desapercibido que el Poder Judicial hace valer en su demanda algunos argumentos en contra de los presupuestos de egresos del Estado para los ejercicios fiscales de 2021 y 2023; sin embargo –y como esta Sala ha sostenido en diversos precedentes–(6) esas afirmaciones no implican que impugne los presupuestos referidos, ya que esas alusiones son sólo parte de la argumentación que hace el actor para demostrar la inconstitucionalidad del decreto aquí impugnado.

18. Además, y por lo que hace al presupuesto de egresos local para 2021, es un hecho notorio para esta Primera Sala(7) que el 24 de noviembre de 2021, la Segunda Sala de esta Suprema Corte resolvió la controversia constitucional 15/2021,(8) en la cual invalidó ese presupuesto en las porciones que se referían al presupuesto del Poder Judicial.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto 1055 se encuentra acreditada, al encontrarse publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” número 6203, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

20. El artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(9) establece que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computarán en función del tipo de acto controvertido.

21. En este caso, debido a que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna un decreto cuya naturaleza es la de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente al que fue publicado en el periódico oficial.

22. El decreto 1055 se publicó el miércoles 21 de junio de 2023 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6203, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves 22 de junio al jueves 17 de agosto de 2023.(10)

23. Dado que la demanda se presentó el martes 4 de julio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal es evidente que se promovió oportunamente.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(11)

25. En este caso, quien promovió la demanda fue Luis Jorge Gamboa Olea –magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos– calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de 4 de mayo de dos 2022 en la que fue electo para el cargo por el periodo que va del 18 de mayo de 2022 al 17 de mayo de 2024. 26. El ejercicio del Poder Judicial de la entidad se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el magistrado presidente representa al Tribunal, por lo que dicho funcionario está facultado para promover el presente medio de control de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.(12)

27. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un poder legitimado y mediante su debido representante.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. Los poderes que pronunciaron el acto impugnado tienen el carácter de partes demandadas en la controversia constitucional y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(13)

29. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda se les reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos; en contraste, no se le reconoció ese carácter al Secretario General de Gobierno, en tanto es titular de una dependencia subordinada al propio Poder Ejecutivo.

30. Los poderes demandados comparecieron al juicio por conducto de los funcionarios que cuentan con facultades de representación legal, como a continuación se expone:

31. Poder Ejecutivo. Dulce Marlene Reynoso Santibáñez compareció al juicio en su carácter de consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos –calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicado el 4 de mayo de 2022 en el medio oficial local. Esta servidora pública cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(14)

32. Poder Legislativo. El Poder Legislativo compareció al juicio mediante el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala –presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Morelos– calidad que acreditó con la copia certificada de la sesión de 1 de septiembre de 2023 en la que fue electo para el cargo por el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto del 2024. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.(15)

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. La procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

34. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que el acto no le causa perjuicio al Poder Judicial, porque con la expedición del decreto 1055 no pretendió ejercer su presupuesto, por lo que la controversia debe sobreseerse por falta de interés legítimo del actor, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia.(16)

35. La causal es infundada. Para determinar si el Decreto impugnado genera una afectación en la esfera competencial del Poder Judicial del Estado de Morelos es necesario que esta Sala analice el fondo del asunto, por lo que debe desestimarse el planteamiento.(17)

36. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que la promulgación y publicación del Decreto 1055 se hizo conforme a las disposiciones constitucionales y legales locales aplicables, sin que tales actos hayan sido impugnados por vicios propios, por lo que es falso que haya violado la Constitución Federal.

37. Esta causal es infundada, porque el Ejecutivo forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control, conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

38. Al no haber otra causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse otra de manera oficiosa de conformidad con lo previsto en el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria,(18) procede el estudio de los méritos de fondo.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

39. Esta Primera Sala considera que el planteamiento de invalidez desarrollado por el poder actor es fundado, pues el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos haya ordenado el pago de una pensión por invalidez con cargo al presupuesto del Poder Judicial, vulnera el principio de autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes.

40. Esta Suprema Corte –y en lo particular esta Primera Sala– ha desarrollado numerosos precedentes,(19) entre los que destacan las Controversias Constitucionales 28/2022,(20) 29/2022,(21) 31/2022,(22) 108/2022,(23) 143/2022,(24) 172/2022(25) y 185/2022,(26) 200/2020, 7/2023, en las que se establecieron las parcelas argumentativas para analizar la constitucionalidad de diversos Decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos que han tenido como finalidad ordenar al Poder Judicial de dicho Estado, el pago de pensiones con cargo a su presupuesto público.

41. En los precedentes en cuestión, este Alto Tribunal ha establecido el parámetro de regularidad constitucional aplicable en estos casos análogos para, enseguida, analizar el caso particular de los decretos combatidos. Al encontrarnos en el terreno de precedentes aplicables al caso concreto, esta Primera Sala no puede sino replicar dicho parámetro, mismo que después será aterrizado a los hechos del caso concreto.

I. Parámetro de regularidad constitucional

42. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal,(27) conforme al cual el Tribunal Pleno ha sostenido que exige un equilibrio entre los distintos poderes, lo que explica que exista un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias y que genere una afectación en los principios democráticos o en los derechos fundamentales,(28) principio que también se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(29)

43. El mismo artículo 116 constitucional, en su fracción III,(30) dispone que los poderes judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y en el ejercicio de sus funciones.

44. En esa tesitura, este Alto Tribunal estableció que para respetar tanto el principio de división de poderes como el equilibrio entre los mismos, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a acatar tres mandatos prohibitivos de conformidad con las tesis de jurisprudencia P./J. 80/2004, P./J. 81/2004 y P./J. 83/2004,(31) estos mandatos son los de no intromisión, no dependencia y no subordinación. Los anteriores elementos resultan sumamente importantes para el principio de división de poderes y el pleno respeto de las esferas competenciales que rodean a cada uno de ellos.

45. A partir de estas consideraciones, debe concluirse que los principios constitucionales que refieren a la independencia y autonomía de los poderes judiciales no son susceptibles de analizarse a partir de un parámetro tajante de cumplimiento o incumplimiento total. En otras palabras, estos principios admiten un análisis de graduación que permite a esta Suprema Corte estudiar el nivel de satisfacción o afectación de los valores sustantivos que se buscan proteger.

46. La intromisión se ha entendido como el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de manera antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta Suprema Corte consideraba que la subordinación era el nivel de violación más grave al principio de división de poderes, e implicaba que un poder no pudiera tomar sus decisiones de manera autónoma, ya que se encontraba sometido a la voluntad de otro poder del estado.

47. Estos tres conceptos (intromisión, dependencia y subordinación) son grados de un mismo elemento, siendo incluyentes hacia el grado inferior y excluyentes hacia el grado superior. Esto es, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y la dependencia a su vez implica intromisión (grado inferior). Sin embargo, la intromisión excluye a la dependencia y la dependencia excluye a la subordinación, dado que el grado superior es más rico en características que el inferior.

48. Sin embargo, tras la resolución de la Controversia Constitucional 280/2023, el Tribunal Pleno encontró una violación más grave a la subordinación, la cual se genera cuando las acciones u omisiones de una entidad del poder público generan una distorsión al diseño institucional mismo del órgano e impide, sin más, el ejercicio de sus facultades. En otras palabras, este nuevo grado de afectación implica la total inoperancia de un poder.

49. Ahora bien, es necesario precisar que la autonomía en la gestión presupuestal del poder actor –prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal–(32) constituye una condición indispensable para garantizar que sus funciones sean realizadas con plena independencia, pues sin ella se dificultaría la consecución de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras.(33)

50. De esta manera, la autonomía en la gestión presupuestal es un princ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32608-661c5a9c/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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