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COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO O DEL CONCUBINATO. TIENE DERECHO A RECLAMARLA QUIEN SE HAYA DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y AL CUIDADO FAMILIAR, CON INDEPENDENCIA DE SU GÉNERO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4316/2023. · Registro digital (IUS): 32684
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.809.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4316/2023. 17 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. Este asunto deriva de un juicio oral familiar, en el que un hombre reclamó una pensión compensatoria y una compensación económica a su exconcubina. El Juez familiar determinó que no era procedente el pago de las prestaciones solicitadas.

Inconforme, el señor interpuso un recurso de apelación. La Sala familiar confirmó la resolución, pues el solicitante no acreditó encontrarse en un estado de necesidad alimentario ni que se hubiera dedicado preponderantemente a las labores domésticas y de crianza durante el concubinato.

En contra de esta resolución, el solicitante promovió un juicio de amparo directo, en el planteó la inconstitucionalidad del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato que contempla la compensación económica por vulnerar el principio de igualdad y no discriminación ya que, a su parecer, impide que el hombre acceda a esta prestación bajo un estereotipo de género, al considerarlo únicamente como proveedor económico y no como alguien que también podría dedicarse a las labores del hogar y de crianza.

El Tribunal Colegiado negó el amparo, al determinar que el artículo tildado de inconstitucional no realiza una distinción por razón de género ni reproduce un rol o estereotipo de género en su contenido, ya que cualquiera de los cónyuges o concubinos puede acceder a la compensación económica, siempre y cuando se haya dedicado preponderantemente al hogar y a la crianza, y que esto le haya generado un costo de oportunidad. Cuestiones no fueron acreditadas durante el juicio, por lo que no era procedente fijar una compensación económica en favor del solicitante.

En desacuerdo, el quejoso interpuso el recurso de revisión bajo análisis, en el que plantea que el Tribunal Colegiado vulneró su derecho de igualdad y no discriminación, ya que absolvió a su exconcubina de pagarle una compensación económica por el simple hecho de ser mujer, lo que invisibilizó la doble jornada que desempeñó durante el concubinato y lo dejó en desprotección patrimonial.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 4316/2023, interpuesto por el solicitante de la compensación económica en contra de la sentencia dictada en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el juicio de amparo directo 813/2022.

La problemática jurídica por resolver consiste en determinar si el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato es inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al condicionar el otorgamiento de una compensación económica bajo estereotipos de género que impiden que el hombre acceda a esta prestación a partir de la idea preconcebida de que no se dedicó a las labores del hogar y la crianza por ser el proveedor de la familia.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Antecedentes. El solicitante de la compensación económica y una señora mantuvieron una relación de concubinato, en la que procrearon un hijo y una hija. Actualmente, el primero es mayor de edad y la segunda es adolescente.

2. Juicio oral familiar (primer número de expediente y sus acumulados segundo número de expediente y tercer número de expediente). El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la exconcubina promovió un juicio oral familiar en contra del solicitante de la compensación económica, a quien reclamó la guarda y custodia de sus hijos, así como el pago de una pensión alimenticia en favor de su hija adolescente.

3. Reconvención. El solicitante de la compensación económica reconvino a su exconcubina, a quien le reclamó, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia compensatoria y de una compensación económica, bajo el argumento de que desempeñó una doble jornada laboral, al dedicarse durante diecinueve años al cuidado y a la crianza de su hijo e hija, así como a la dirección y a la administración del hogar en común, a la par de atender el negocio familiar.

4. Sentencia de primera instancia. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la Jueza familiar dictó sentencia en la que determinó que la guarda y custodia de la adolescente la conservaría su madre, fijó un régimen de convivencias entre padre e hija, y estableció un monto por concepto de pensión alimenticia para ambos hijos. Por otro lado, negó la procedencia tanto de la pensión alimenticia compensatoria como de la compensación económica, por lo que absolvió a la exconcubina del pago de dichas prestaciones.

5. Recurso de apelación (expediente cuarto número de expediente). Inconforme con esta resolución, el solicitante de la compensación económica interpuso un recurso de apelación, en el que controvirtió la decisión de absolver a su contraparte del pago de una pensión compensatoria y de una compensación económica a su favor. En su recurso, sostuvo que dicha absolución invisibilizó la doble jornada que desempeñó durante el concubinato y partió del estereotipo de que el hombre no desempeña labores del hogar y de cuidado, por lo que él no tenía derecho a recibir las prestaciones reclamadas.

6. Sentencia de apelación. El ocho de agosto de dos mil veintidós, la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la improcedencia de los mecanismos compensatorios reclamados. Por un lado, advirtió que el apelante no se encontraba en estado de necesidad ni en imposibilidad de satisfacer sus propias necesidades y, por el otro, que no acreditó que se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar y de cuidado, por lo que concluyó que no existía discriminación por razón de género, ya que sus pretensiones fueron desestimadas por falta de elementos probatorios y no porque el solicitante fuera hombre.

7. Juicio de amparo directo (expediente 813/2022). En desacuerdo, el solicitante de la compensación económica promovió un juicio de amparo directo, en el que planteó los siguientes conceptos de violación:

a) Las autoridades judiciales de primera y segunda instancia beneficiaron procesalmente a la demandada bajo un estereotipo de género y provocaron una desigualdad procesal entre las partes, porque la carga de la prueba correspondía a su exconcubina, al ser la parte demandada en el juicio sobre compensación económica y pensión alimenticia compensatoria.

b) Esta desigualdad procesal también se reflejó al no otorgarle valor probatorio a las pruebas presentadas por el quejoso, como son las carpetas de investigación que evidenciaban la violencia ejercida por la demandada, a los testimonios de sus familiares y al dictamen pericial en materia de trabajo social que demostraba la desventaja económica y patrimonial en la que se encontró al finalizar el concubinato. En contraste, sí se le otorgó valor probatorio a la pericial en materia de trabajo social de su exconcubina, a pesar de las contradicciones sobre su capacidad económica.

c) La sentencia recurrida establece un tratamiento diferenciado e injustificado por razón de género, al negarle el pago de una pensión compensatoria y de una compensación económica, ya que parte del estereotipo de género de que la actora, por el simple hecho de ser mujer, se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos; mientras que él, por ser hombre, no desempeñó estas actividades, lo que resulta violatorio del derecho de igualdad y no discriminación.

d) El artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato(1) es inconstitucional e inconvencional, ya que condiciona el acceso a la compensación económica basándose en el estereotipo de género del cónyuge hombre como "proveedor económico" y de la cónyuge mujer como "trabajadora del hogar y/o cuidadora", lo que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, al asignar de manera anticipada roles y atributos según el género de las personas involucradas.

e) La Sala responsable omitió juzgar con perspectiva de género al analizar la procedencia de la compensación económica, ya que no advirtió la relación asimétrica de poder que vivió al ser víctima de violencia psicológica, económica y patrimonial por parte de la exconcubina, pues si bien él es profesionista y cuenta con una maestría, durante el concubinato no ejerció su profesión, ya que él se desempeñaba como empleado de la empresa de su expareja, vivía en el mismo lugar donde trabajaba y ella era su proveedora económica.

f) La Sala responsable realizó una indebida condena del pago de alimentos en favor de su hija, ya que su exconcubina no aportó las pruebas para demostrar la capacidad económica del quejoso ni las necesidades alimentarias de la adolescente, por lo que se le debió absolver del pago de esta prestación.

g) La sentencia recurrida no está debidamente fundada y motivada, porque la Sala responsable realizó una inexacta valoración de las pruebas confesionales, testimoniales y documentales aportadas y desahogadas por el quejoso durante el juicio –en cumplimiento de su carga de la prueba–, que acreditaban que no ejerció su profesión por dedicarse al negocio familiar y a las labores domésticas y de cuidado; que la demandada percibía ingresos superiores a él; que quedó en desventaja al término del concubinato, y que su exconcubina es una persona generadora de violencia.

h) La sentencia combatida no analizó el agravio relativos al principio de irretroactividad de la ley y de la jurisprudencia, toda vez que la Jueza familiar aplicó en perjuicio del quejoso una jurisprudencia que interpreta el artículo 342-A del Código Civil local, que tiene una fecha posterior a la sentencia de divorcio.

8. El veinte de abril de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito le negó el amparo al solicitante de la compensación económica, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) El artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato no es inconstitucional ni inconvencional, ya que no encuentra sustento en construcciones socioculturales entendidas como propias para hombres y mujeres, dado que cualquiera de los cónyuges o concubinos puede solicitar una compensación, siempre y cuando haya asumido las cargas domésticas y de cuidado en mayor medida que el otro, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en el mercado laboral convencional.

b) Contrario a lo señalado por el quejoso, la Sala responsable sí analizó las pruebas testimoniales, confesionales y documentales que el quejoso desahogó en autos. Por un lado, determinó que los testigos no generaron convicción por su falta de objetividad y de imparcialidad y, por el otro, retomó diversas cuestiones de su confesional y de las documentales aportadas para establecer la capacidad económica de las partes.

c) El quejoso no formuló el agravio sobre la irretroactividad de la jurisprudencia, cuya falta de análisis reclama, aunado a que en el caso no se está en presencia de una sentencia que haya decretado divorcio alguno, como lo sostiene el quejoso, pues las partes estaban unidas en concubinato y no en matrimonio.

d) Contrario a lo señalado, el quejoso fue quien solicitó la pensión compensatoria, por lo que a él le correspondía acreditar los extremos de su acción, en términos del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.(2) Máxime que en el caso sí se tuvo por acreditado que el accionante estaba en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, siendo este el sustento para que no procediera su pretensión.

e) No puede presumirse la dedicación plena y exclusiva al trabajo del hogar y a la crianza con la mera afirmación de uno de los cónyuges, ya que no puede existir una presunción absoluta en ese sentido. Esto se debe a que no todas las personas que asumen estas labores realizan las mismas actividades ni lo hacen en la misma medida, por lo que sería imposible valorar las especificaciones, la duración y el grado de dedicación a estas actividades, los cuales constituyen aspectos esenciales para la modulación y cuantificación de la compensación.

f) Si bien la perspectiva de género es un mecanismo a través del cual se reconoce que las mujeres históricamente han cumplido con un rol de género determinado, ello también puede reconocerse respecto de los hombres. Sin embargo, en el presente caso no se identifica una situación de poder o un contexto de desigualdad estructural y/o de violencia de género que dé cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, por el contrario, está acreditado que el solicitante de la pensión compensatoria, al término del concubinato, estaba en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias.

g) La Sala responsable no omitió juzgar con perspectiva de género, pues no partió de que fue la exconcubina quien realizó estas labores por el simple hecho de ser mujer. Por el contrario, se tuvo por probado que ella es empresaria y dueña de un negocio, y que también intervenía en las labores domésticas, en las que ambos concubinos eran ayudados por personas trabajadoras del hogar.

h) Las testimoniales aportadas para acreditar la acción sobre compensación económica sí fueron valoradas, pero se desestimaron al reflejar parcialidad y animadversión contra la contraparte. Dicha desestimación no se basó en que las personas eran familiares del quejoso, sino en que no eran convincentes al adolecer de aquellas deficiencias.

i) El trabajo remunerado, así sea dentro del negocio familiar, forma parte del mercado laboral convencional, por lo que no representa los mismos costos de oportunidad en su desarrollo profesional como se vería si se dedicara exclusivamente a las labores domésticas y de crianza, ya que dicho trabajador adquiere experiencia y no pierde las mismas oportunidades de empleo, tal cual sucedió en este caso.

j) El quejoso sí cuenta con la capacidad y la posibilidad para pagar la pensión alimenticia a su hija adolescente, ya que percibe ingresos propios por su labor como administrador de bienes raíces, es propietario de un inmueble y dos vehículos, aunado a que tiene educación académica necesaria para allegarse de mayores recursos y no está impedido para trabajar.

9. Recurso de revisión (expediente 4316/2023). En contra de la resolución anterior, el solicitante de la compensación económica interpuso un recurso de revisión, en el que planteó los siguientes agravios:

a) Primero. La sentencia recurrida no es congruente ni exhaustiva, ya que no estudia el fondo de los conceptos de violación planteados, ni se pronuncia sobre todas y cada una de las pretensiones aducidas en su demanda de amparo.

b) Segundo. El Tribunal Colegiado debió suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso, ya que se trata de un juicio del orden familiar y se encuentra en una situación asimétrica de poder por haber sido dependiente económico de su exconcubina, lo que le colocó en total desventaja al momento de la terminación del concubinato.

c) Tercero, décimo segundo y décimo tercero. La resolución recurrida vulnera el deber de juzgar con perspectiva de género, ya que existían indicios de violencia ejercida en su contra y en contra de su hijo, por lo que se debió reponer el procedimiento para que la persona juzgadora se allegara de todos los medios de prueba necesarios para visibilizar la situación de violencia y de asimetría de poder.

d) Cuarto, octavo y décimo. El órgano colegiado vulnera el principio de igualdad y no discriminación, ya que absuelve a su exconcubina del pago de una pensión alimenticia compensatoria y de una compensación económica. Si bien es cierto que la carga de la prueba le corresponde a la parte solicitante, ante la duda de cómo se distribuyeron las cargas domésticas, la persona juzgadora debió asumir un rol activo en el proceso y adoptar las medidas para mejor proveer, a fin de esclarecer esta situación.

e) Quinto, sexto y décimo cuarto. La resolución recurrida vulnera el artículo 4 de la Constitución Política del país que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Además, se vulneraron los principios de igualdad procesal de las partes y de protección de la familia, pues le otorgó la guarda y custodia de su hija a su exconcubina, bajo el argumento de que cuenta con el negocio familiar y, por ende, tiene mayor capacidad económica que el quejoso.

f) Séptimo. El Tribunal Colegiado es omiso en realizar una debida interpretación de las tesis aisladas que resultan aplicables a los artículos 342 y 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, aunado a que no analizó las pruebas que obran en el expediente que permiten acreditar los extremos de su solicitud para acceder a los mecanismos compensatorios en materia familiar.

g) Noveno. La sentencia recurrida establece que su dedicación a la empresa familiar no constituye un factor relevante para la procedencia de la compensación económica. Sin embargo, no se toma en cuenta que si bien obtenía una remuneración simbólica, ésta era invertida para acrecentar el patrimonio común, por lo que en esa medida debió ser valorado el costo de oportunidad generado en su patrimonio al no haber ejercido su carrera profesional.

h) Décimo quinto. La pensión alimenticia fijada en favor de su hija adolescente es desproporcional, dado que no tomó en cuenta la capacidad económica de las partes. Las autoridades de instancia desconocieron que su exconcubina tiene una mayor solvencia económica, por lo que el monto debió ajustarse a las posibilidades de cada progenitor tomando en cuenta que la madre puede darle a su hija en común un nivel de vida más alto que él.

10. Trámite del recurso de revisión. El treinta de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández registró el asunto con el número de expediente 4316/2023 y ordenó su admisión, ya que advirtió que se surtía una cuestión constitucional de interés excepcional relacionada con la inconstitucionalidad del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación. Finalmente, turnó el asunto a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.

11. Avocamiento. El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril de la misma anualidad.(3)

II. OPORTUNIDAD

13. El recurso de revisión fue interpuesto de forma oportuna. La sentencia de amparo se notificó por lista el diez de mayo de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el once de mayo de la misma anualidad. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del doce al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, descontándose los días trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.(4) 14. Por ello, si el recurrente Gonzalo Tapia Mejía presentó su recurso de revisión el quince de mayo de dos mil veintitrés, se concluye que el medio de impugnación se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

15. Esta Suprema Corte considera que el solicitante de la compensación económica cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues se le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo 813/2022, de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo vigente.(5)

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión interpuesto por el solicitante de la compensación económica es procedente.

17. Al respecto, cabe recordar que los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo establecen que el recurso de revisión es procedente cuando concurren los siguientes requisitos:(6)

a) Se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general.

b) Se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o se omita el estudio de la cuestión constitucional planteada en la demanda de amparo.

c) Se fije un criterio de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a través del análisis del problema jurídico planteado.

18. En relación con este último requisito, se entiende que un asunto cumple el requisito de tener un interés excepcional en los supuestos en que:

a) Se advierta que su resolución dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b) La determinación de la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con una cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o cuando se hubiere omitido su aplicación.

19. En ese sentido, esta Primera Sala considera que el presente asunto satisface los requisitos necesarios para su procedencia.

20. En relación con el primer requisito de procedencia, conviene recordar que, en su demanda de amparo, el solicitante de la compensación económica planteó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, bajo el argumento de que el precepto condiciona el acceso a la compensación económica con base en el estereotipo de género del cónyuge hombre como "proveedor económico" y de la cónyuge mujer como "trabajadora del hogar y/o cuidadora", lo que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, al asignar roles y atributos según el género de las personas involucradas.

21. Al dar respuesta a ese argumento, el Tribunal Colegiado sostuvo que el citado el artículo 342-A del Código Civil local no era inconstitucional ni inconvencional, ya que no encontraba sustento en construcciones culturales o sociales entendidas como propias de hombres y mujeres, pues cualquiera de los cónyuges o concubinos podía solicitar una compensación, siempre y cuando hubiera asumido las cargas domésticas y de cuidado en mayor medida que el otro, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en el mercado laboral convencional.

22. En sus agravios, el solicitante de la compensación económica insiste en que en el análisis sobre la procedencia de la compensación económica existió una vulneración al artículo 4 de la Constitución Política del país que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.

23. De esta manera, esta Primera Sala determina que en el caso subsiste una cuestión constitucional consistente en analizar si el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato vulnera o no el principio de igualdad y no discriminación, al condicionar el acceso a la compensación económica con base en estereotipos de género sobre quién desempeña las labores domésticas y de cuidado de la familia y, por ende, quién puede solicitar este mecanismo compensatorio.

24. Este planteamiento reviste un interés excepcional, pues aun cuando esta Primera Sala ya se ha pronunciado previamente sobre el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato en los amparos directos en revisión 5702/2014,(7) 4906/2017,(8) 2564/2022(9) y, recientemente, en el 613/2023,(10) lo cierto es que en estos precedentes no se ha analizado esta norma a la luz del derecho a la igualdad y a la no discriminación en los términos establecidos con anterioridad.

25. En efecto, en estos asuntos, la Sala determinó que la compensación económica podía demandarse tanto en la demanda de divorcio como de forma autónoma.(11) Asimismo, estableció que este mecanismo compensatorio no podía extenderse a otros supuestos en los que existe un desequilibrio económico entre la pareja originado por un motivo diverso a la realización de las labores domésticas y de crianza.(12) Por otro lado, se precisó que la narración de los hechos en los que se funda la solicitud de compensación económica debe ser sucinta, sin que sea necesario pormenorizar las labores realizadas y los tiempos de dedicación a cada actividad. Finalmente, analizó los alcances de los elementos relativos al "desequilibrio económico" y al "costo de oportunidad", previstos en el artículo impugnado.

26. Ahora, no se desconoce que en el amparo directo en revisión 4906/2017, la Primera Sala refirió que el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato no era discriminatorio, ya que otorgaba el derecho de solicitar la compensación a cualquiera de los cónyuges, sin distinguir en razón de género u otra condición. Sin embargo, se concluye que ello no impacta en la procedencia del presente recurso, ya que, por un lado, el estudio del numeral –en los términos aquí planteados– no fue el tema principal de análisis y, por el otro, dicho asunto fue emitido antes de la reforma judicial de dos mil veintiuno, por lo que constituye un precedente aislado.

27. Por esta razón, esta Primera Sala considera que el análisis constitucional del numeral impugnado permitirá sentar un criterio novedoso y trascendente para el orden jurídico nacional, en el que se dilucide si la norma efectivamente condiciona el acceso a la compensación económica según el género de la persona solicitante, o bien, si lo jurídicamente relevante es que la persona se haya dedicado a las labores del hogar y de cuidado en mayor medida que su cónyuge o concubino, lo que derivó en un desequilibrio económico en su perjuicio al término del vínculo.

28. Finalmente, es necesario señalar que los restantes argumentos planteados por el recurrente, en los que se combatieron aspectos relativos a la indebida fundamentación y motivación de la sentencia por la incorrecta valoración del acervo probatorio no serán materia de estudio de fondo en el presente asunto, aun cuando se hayan alegado bajo la supuesta omisión de juzgar con perspectiva de género, pues desde la demanda de amparo se hicieron valer desde un ámbito de estricta legalidad y fueron resueltos en ese mismo sentido por el Tribunal Colegiado.

29. En efecto, en su demanda de amparo, el solicitante de la compensación económica alegó que existió una indebida valoración de las pruebas confesionales, testimoniales, periciales y documentales desahogadas durante el juicio, de las cuales se desprendía que su exconcubina percibía mayores ingresos que él y que no ejerció su profesión durante el concubinato por dedicarse al negocio familiar y a las labores domésticas y de crianza lo que, a su parecer, permitía acreditar su derecho a recibir una compensación económica y la necesidad de reducir la pensión alimenticia a su cargo.

30. En la sentencia, el Tribunal Colegiado determinó que la Sala responsable valoró correctamente las pruebas, lo que le permitió concluir que el solicitante de la compensación económica estaba en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias y las de su hija, y que la pareja fue apoyada durante el concubinato en la realización de las labores domésticas y de cuidado por parte de personas trabajadoras del hogar.

31. Como se advierte, se trata de aspectos que fueron planteados y analizados desde un plano de mera legalidad; de ahí que excedan la litis del presente asunto.(13)

32. En consecuencia, esta Primera Sala concluye que el presente recurso de revisión es procedente únicamente en torno al análisis de la constitucionalidad del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación.

V. ESTUDIO DE FONDO

33. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el expuesto argumento por el recurrente resulta infundado, por lo que debe confirmarse la sentencia recurrida, pues el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato no es inconstitucional, ya que no condiciona el acceso a una compensación económica con base en algún estereotipo de género respecto al rol que le corresponde al hombre o a la mujer en la dinámica familiar.

34. Para explicar esta conclusión, el estudio del presente recurso de revisión se divide en los siguientes apartados:

A. El derecho a la igualdad y no discriminación

B. La compensación económica en materia familiar

C. El análisis constitucional del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación

A. El derecho a la igualdad y no discriminación

35. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32684-7d321cb1/compensacion-economica-por-disolucion-del-matrimonio-o-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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