Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UNO POSTERIOR EN EL QUE SE HAYA DETERMINADO LA CONCESIÓN DE UNA PENSIÓN DIVERSA EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, INCISO F), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BEN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 539/2023. · Registro digital (IUS): 32763
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-18
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.284.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 539/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 7 DE AGOSTO DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al siete de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 539/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en la que demandó la invalidez del decreto número mil trescientos noventa y dos, publicado el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6249, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial mencionado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. El entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió(1) al ejecutivo estatal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial de la entidad por la cantidad de $1,480’051,000.00 (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), en el cual incluía una partida presupuestal para el pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa referida, por la cantidad de $399’409,000.00 (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil pesos 00/100 moneda nacional).

2. Luego, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió al Congreso local el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.(2)

3. El Congreso del Estado de Morelos aprobó el decreto número mil ciento cinco,(3) por el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial la cantidad de $549’034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), dentro de los cuales incluyó, para el pago de pensiones, jubilaciones y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, la cantidad de $75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional).

4. El Congreso local no aprobó en diciembre de dos mil veintiuno el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por lo que, de manera tácita se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

5. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Morelos publicó el decreto número quinientos setenta y nueve, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, asignando al Poder Judicial la cantidad de $800’000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales $160’547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), están destinados para el pago de pensiones, jubilaciones y personal de retiro.

6. Decreto impugnado. Con posterioridad, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6249, el decreto número mil trescientos noventa y dos (1392),(4) a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

7. Demanda de Controversia Constitucional. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió demanda de Controversia Constitucional(5), en la que señaló como acto impugnado:

• El decreto número mil trescientos noventa y dos (1392), publicado el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6249, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión por jubilación a cargo del Poder Judicial mencionado, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

8. Conceptos de invalidez. La promovente expuso en el único concepto de invalidez que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, en esencia estimó que:

• El decreto impugnado contraviene los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal), así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (en lo sucesivo Constitución local), ya que invade la autonomía en la gestión presupuestaria.

• La autonomía de gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, y en la obligación de los poderes legislativos federal y local, a garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre con el decreto impugnado, pues el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del poder actor al conceder una pensión con cargo a su presupuesto.

• El Poder Legislativo local dispone directamente de los recursos de la parte actora, al conceder una pensión de jubilación, sin tener dicho actor intervención alguna en el decreto impugnado, siendo que el poder actor tiene facultad de disponer de sus propios recursos, sin transferir al poder demandado los recursos necesarios para poder cumplir con dicha pensión, máxime que el propio Congreso local no contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos, pues la cantidad otorgada para la partida de pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia resulta insuficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente al Congreso, por lo que no alcanzó el presupuesto para cubrir pensiones futuras.

• Para el pago de los decretos pensionarios del ejercicio dos mil veintitrés, no consideraron los incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo anual, es decir, el poder demandado tiene conocimiento de que no se cuenta con el recurso para el pago del Decreto impugnado.

• El Congreso del Estado de Morelos contraviene en perjuicio del poder actor el artículo 49 de la Constitución Federal, en relación con el 92-A, fracción VI, de la Constitución local, pues vulnera el principio de división de poderes en tanto acuerda cubrir una pensión con cargo a una partida presupuestal del poder judicial no programada, además de que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño de gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.

• Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local.

• No pasa por desapercibido el contenido del artículo 131 de la Constitución local, que dispone el impedimento para realizar pago alguno si no está comprendido dentro del presupuesto respectivo.

• En suma, el Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial de dicha entidad, mediante el decreto reclamado determinó otorgar una pensión por jubilación, entrometiéndose en la disposición del presupuesto de la judicatura local, lo que supone de facto una relación de subordinación, aunado a que no concedió una ampliación presupuestal.

9. Trámite. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la Controversia Constitucional 539/2023(6) y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor en el procedimiento.

10. Luego, el Ministro instructor admitió la Controversia Constitucional,(7) tuvo como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno, de la entidad federativa referida, y por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

11. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,(8) por conducto del Consejero Jurídico manifestó lo siguiente:

• La controversia constitucional es improcedente respecto de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo local, porque la parte actora no formuló conceptos de invalidez, específicamente y por vicios propios, en contra de la promulgación y publicación, los cuales se realizaron en términos de los artículos 47, 70, fracción XVII, incisos a) y c) y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 9, fracción II, 11 y 22, fracciones XXVI y XXXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y Libre Soberano de Morelos.

• Los actos emitidos por el Gobernador del Estado de Morelos, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional, razón por la cual la impugnación que formula el poder actor resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que bajo ninguna circunstancia dichos actos invaden el ámbito de las facultades constitucionalmente establecidas a favor del Poder Judicial local.

• El poder actor está en condiciones de cubrir la pensión, toda vez que el Congreso local le asigna una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable del presupuesto de egresos anual, por lo que tiene la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos, así como con los venideros.

• La cantidad autorizada para el Poder Judicial del Estado de Morelos está integrada por los recursos necesarios, los cuales deberán utilizarse para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.

• Para la resolución del asunto, se debe tomar en cuenta la problemática financiera que atraviesa el erario, pues es la única fuente para pagar las pensiones de los trabajadores estatales y municipales. Además, el Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones del Poder Judicial con sus personas jubiladas, y considerar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.

• Finalmente, el Poder actor deberá, en ejercicio de su autonomía financiera, instrumentar los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento al momento de austeridad, lo anterior, ante el principio económico de escasez.

12. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Congreso local contestó la demanda en los siguientes términos:(9)

• La controversia constitucional es improcedente, de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque el Poder Judicial del Estado de Morelos no cuenta con interés legítimo para acudir al presente medio de control, el acto impugnado no genera afectación a su esfera de atribuciones.

• Se actualiza la cesación de efectos como causa de improcedencia, en términos de la fracción V, del artículo 19, en relación con la diversa fracción II, del numeral 20, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Federal.

• El Tribunal Superior de Justicia cuenta con los recursos suficientes para pagar las prestaciones de sus extrabajadores, por lo que, en caso de que dicho recurso, con el transcurrir del ejercicio fiscal sea insuficiente, debe estarse a lo ordenado por las leyes de la materia y solicitar al Poder Ejecutivo del Estado, la ampliación del presupuesto.

• En suma, estimó que al haber otorgado el Poder Legislativo del Estado de Morelos la partida destinada para el pago de las pensiones otorgadas controvertidas ante este Alto Tribunal, la emisión del Decreto impugnado no transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal.

13. En atención a lo anterior, el Ministro instructor tuvo a la parte demandada dando contestación (Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos).(10) Con posterioridad, se tuvo al Poder Legislativo del Estado de Morelos, por cumplido el diverso requerimiento mediante el cual se le requirió para que remitiera documentales relacionadas con el acta de sesión en el cual se aprobó el Decreto impugnado, así como el diario de debates respectivo.(11)

14. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

15. Cierre de la instrucción. Seguidos los trámites correspondientes, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos;(12) finalmente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(13)

16. Avocamiento. Finalmente, el Ministro instructor, previo dictamen, solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(14) Luego, el Ministro Presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto respectivo.(15)

I. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente Controversia Constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(18)

II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

18. La materia del presente asunto se circunscribe al estudio de los actos y normas que son materia de impugnación.(19) En ese sentido, se advierte que el poder actor en la demanda respectiva reclamó:

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

El decreto número MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6249, de ocho de noviembre del dos mil veintitrés, por el que se concede pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2023 [...].

19. Derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, en específico del único concepto de invalidez hecho valer por la parte actora, de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con ello.

20. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o. y no en la totalidad del Decreto Mil Trescientos Noventa y Dos, y es la que constituye la materia de la presente Controversia Constitucional, lo cual puede advertirse de la siguiente transcripción:

"DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********

ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo y H. Ayuntamiento de Cuernavaca ambos del Estado de Morelos; así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos; desempeñando como último cargo el de: juez Especializado adscrita al Juzgado Especializado del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos.

ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 355/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

TERCERO. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. [...]"

21. En consecuencia, se tiene al artículo 2o. del Decreto número Mil Trescientos Noventa y Dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6249, de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, como acto impugnado, en la porción normativa que señala:

"[...] y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

22. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto Mil Trescientos Noventa y Dos, se encuentra acreditada, al haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6249, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

23. De la lectura de las constancias se advierte que la promoción de la demanda de Controversia Constitucional resulta oportuna.(20)

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(21) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

25. Se tiene que el Poder Judicial del Estado de Morelos compareció por conducto del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa referida, el doctor Luis Jorge Gamboa Olea, personalidad que se reconoce en términos de lo dispuesto en el Acta de la Sesión extraordinaria de Pleno público solemne número 01 (uno) de ese órgano jurisdiccional, de cuatro de mayo de dos mil veintidós.(22)

26. Además, el magistrado presidente se encuentra facultado para promover la presente Controversia Constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que la fracción II, del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece que la representación del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa referida recae, precisamente, en quien detente su presidencia.(23)

27. Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de su Constitución local,(24) el magistrado presidente tiene facultades para promover el presente medio de control constitucional en su representación.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. Por otra parte, los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la Controversia Constitucional,(25) en ese sentido, en el auto de admisión del presente asunto,(26) se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.

29. Poder Ejecutivo local. En representación del Poder Ejecutivo acudió el Consejero Jurídico local, lo cual acreditó con copia certificada de su nombramiento.(27)

30. En consecuencia, está legitimado para comparecer en la presente Controversia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(28)

31. Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por cuanto hace a la representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció el diputado Francisco Érick Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso local, quien acredita su personalidad con el acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de catorce de septiembre de dos mil veintidós y quien cuenta con facultades para ello, con fundamento en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(29)

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

32. Como cuestión preliminar, es necesario destacar que las cuestiones relacionadas con la procedencia de la Controversia Constitucional son de estudio preferente al ser de orden público, por lo que resulta necesario examinar las causales de sobreseimiento planteadas, así como aquéllas que pudieran advertirse de oficio.

Causa planteada por el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

33. Promulgación y publicación. El Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse la controversia constitucional porque el Poder Judicial no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.(30)

34. Lo alegado resulta infundado, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

Causa planteada por el Poder Legislativo del Estado de Morelos.

35. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos alega que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, relacionado con el diverso 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h), constitucional, porque considera que el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Poder Judicial local y que por ello carece de interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.(31)

36. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una persona pensionada, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este apartado. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(32)

37. Cesación de efectos. Por otra parte, el Congreso local aduce que se actualiza la cesación de efectos como causa de improcedencia,(33) en términos de la fracción V, del artículo 19, en relación con la diversa fracción II, del numeral 20, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal; sin embargo, de las constancias de autos no queda justificado que el decreto impugnado haya sido sustituido por uno nuevo, lo cual permita concluir que con ello han cesado sus efectos a fin de no realizar el estudio de fondo en el presente asunto. Por ende, se desestima lo alegado sobre este supuesto.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

38. Esta Primera Sala advierte que el planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado, pues el hecho de que el Congreso estatal le haya ordenado el pago de una pensión por jubilación a **********, sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, vulnera su autonomía e independencia en la vertiente presupuestaria, pues constituye una forma de subordinación frente al primero de ellos, y, en consecuencia, se configura una afectación en la autonomía de gestión de recursos.

39. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en lo particular, esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales(34) relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial local. En dichos asuntos se ha procedido a establecer los fundamentos constitucionales pertinentes (A), para enseguida analizar con ellos el decreto combatido (B), y, en el presente asunto se seguirá la misma metodología.

40. A. Parámetro de regularidad constitucional. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Federal,(35) en donde se establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

41. El Tribunal Pleno ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías reconocidos constitucionalmente.(36)

42. Además, se ha establecido que, para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar los mandatos prohibitivos de no intromisión, no dependencia y no subordinación de cualquiera de los Poderes con respecto a los otros.(37)

43. Al respecto, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave, pues implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, sometiéndose a la voluntad del poder que lo subordina.

44. Además, el Tribunal Pleno ha sostenido que la autonomía de la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal(38) constituye una condición necesaria para que estos poderes ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.

45. Así, la autonomía en la gestión presupuestal es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32763-b50cb007/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.