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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 2 Y 10, FRACCIONES XX, XXI Y XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO DEBE VERIFICARSE EN CADA CASO CONCRETO PARA DETERMINAR SU VALIDEZ. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES INVALIDANTES Y NO INVALIDANTES, HA TENDIDO A SU FLEXIBILIZACIÓN, A FIN DE PRIVILEGIAR LA SUBSISTENCIA DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA RESPETADO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD, ASÍ COMO, DE MANERA GENERAL, EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PARLAMENTARIAS Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS SESIONES. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE LO RIGE. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIERON LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN INCLUIDO LA INICIATIVA NI EL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO EN EL ORDEN DEL DÍA CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, Y QUE SE HAYA OMITIDO DAR LECTURA DE LA SÍNTESIS O DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DICHO DICTAMEN EN EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL UNA VEZ REALIZADA SU INCORPORACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE NO SE ADVIERTE QUE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE TAL INICIATIVA NI TIEMPO PARA ANALIZARLA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, REGLAMENTARIA DE LAS AUSENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PARA QUE SE ACTUALICE LA CONDICIÓN DE URGENCIA EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEBEN CUMPLIRSE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) LA EXISTENCIA DE DETERMINADOS HECHOS QUE GENEREN UNA CONDICIÓN DE URGENCIA EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA DE LEY O DECRETO; 2) LA RELACIÓN MEDIO-FIN, ESTO ES, QUE TALES HECHOS NECESARIAMENTE GENEREN LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY O DECRETO DE QUE SE TRATE PUES, DE NO HACERSE DE ESTA FORMA, ELLO TRAERÍA CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SOCIEDAD; Y, 3) QUE LA CONDICIÓN DE URGENCIA EVIDENCIE LA NECESIDAD DE QUE SE OMITAN CIERTOS TRÁMITES PARLAMENTARIOS, SIN QUE ESTO SE TRADUZCA EN AFECTACIÓN A PRINCIPIOS O VALORES DEMOCRÁTICOS. XIII. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, REGLAMENTARIA DE LAS AUSENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA OMISIÓN DE EXPONER LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UNA INICI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 448/2023. · Registro digital (IUS): 32775
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-25
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.295.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 448/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 13 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos impugna el "Decreto Número Mil Trescientos Veinticuatro por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, Reglamentaria de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6230, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Ello, por considerar que, para su aprobación, se produjeron distintas violaciones al procedimiento legislativo que impactaron en el ejercicio de su facultad de formulación de observaciones, así como por la violación al principio de división de poderes, al afectarse sus atribuciones de remisión de las ternas, en caso de ausencias definitivas, de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos.

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Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 448/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por la que impugna el "Decreto Número Mil Trescientos Veinticuatro por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, Reglamentaria de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6230, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que impugnó el "Decreto Número Mil Trescientos Veinticuatro por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, Reglamentaria de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6230, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder actor expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes a fin de demostrar que el procedimiento legislativo por el que se aprobó el Decreto reclamado presentó vicios formales y se vulneraron los deberes de fundamentación y motivación legislativa, y que se transgredió el principio de división de poderes, al generar una intromisión en su esfera de competencias. Para sustentar lo anterior, expone los siguientes argumentos:

Primer concepto de invalidez:

• El Poder accionante señala que en el procedimiento legislativo de expedición del Decreto impugnado se produjeron diversas violaciones e irregularidades, lo que atenta contra la democracia representativa y deliberativa y se violentaron las formalidades esenciales y principios rectores previstos en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de dicha entidad.

• Refiere que todas las etapas del procedimiento legislativo se desahogaron el mismo día, incluyendo el inicio de vigencia, pues el primero de septiembre de dos mil veintitrés el Diputado Julio César Solís Serrano solicitó la modificación del orden del día para que, en ese momento, presentara la iniciativa que dio origen al Decreto combatido, así como que dicho asunto se atendiera en la sesión como un asunto de urgente y obvia resolución. Ello fue aprobado por la mayoría de los miembros del Pleno y, en ese mismo momento, se turnó la correspondiente iniciativa a la Comisión de Reglamentos e Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias para su análisis y dictamen, para lo cual se dio un receso de veinte minutos.

• Indica que, en la misma sesión de primero de septiembre de dos mil veintitrés, la diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo dio lectura de manera sintetizada –no íntegra– del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, Reglamentaria de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos.

• Al respecto, considera que ello contrarió lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, ya que los asuntos calificados como de urgente y obvia resolución, al ser una excepción, requieren la lectura completa de los dictámenes y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 del mismo ordenamiento, la lectura sintetizada sólo aplica para los supuestos contenidos en el propio artículo, a saber: las minutas de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Morelos, y la designación de Gobernador sustituto, interino o provisional.

• Incluso, estima que el artículo 113 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos tampoco era aplicable al caso, el cual se refiere a los decretos que se expiden conforme al procedimiento ordinario, en el que los dictámenes se listan y someten a deliberación del Pleno en una primera y segunda lectura, de acuerdo con el artículo 82, fracciones VII y VIII, del propio reglamento, y, por ende, no es aplicable para los asuntos calificados como de urgente y obvia resolución.

• Reseña que, minutos después de la referida lectura, se consultó a la asamblea mediante votación económica si los dictámenes de primera lectura –entre ellos el decreto en cuestión– se calificaban como de urgente y obvia resolución para proceder a su discusión y votación respectiva en esa misma sesión. Señala que ello se aprobó con catorce votos a favor, sin fundamentar ni motivar dicha calificación ni la dispensa de trámites legislativos.

• Menciona que la falta de fundamentación y motivación le genera perjuicio, toda vez que, al tratarse de una reforma a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado para formular observaciones ni requerirá promulgación expresa para tener vigencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, segundo párrafo de la Constitución de la entidad. De manera que si no se agotan las formalidades esenciales que constituye el cumplimiento de las etapas del proceso, los proyectos respectivos no pueden ser materia de las fases subsecuentes, por estar viciadas de origen.

• Sobre la elaboración del dictamen, señala que la Comisión de Reglamentos, Investigación Prácticas y Relaciones Parlamentarias no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, ya que sólo se otorgaron veinte minutos para recibir la iniciativa, para que el secretario técnico garantizara que cada integrante de aquélla recibiera copia de la misma y para estar presente en la sesión de la comisión que en ese mismo acto debió convocarse y celebrarse para su análisis, primero en lo general y, en caso de ser procedente, elaborar las consideraciones del dictamen en lo general y posteriormente proceder a su discusión en lo particular. Lo anterior resultaba materialmente imposible de darse en tan corto periodo de tiempo.

• Asevera que la urgencia y obviedad de la resolución no puede emanar de un mero capricho, sino que debe estar sustentada en razones y argumentos válidos. Además, considera que, si el objeto de la reforma era generar reglas de supletoriedad en los casos de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos de la entidad, no existía ninguna premura para legislar en un solo día.

• Refiere que, de acuerdo con lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas, este Alto Tribunal sostuvo que, para sustentar la urgencia de un asunto, deben observarse las siguientes condiciones: (i) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, (ii) una relación medio-fin entre la urgencia y los hechos que la generan, y (iii) que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios.

• Manifiesta que, debido a la premura, no existió oportunidad de revisar las legislaciones y decretos que regulan la organización interna de los órganos constitucionales autónomos.

• Asimismo, alega que, conforme al artículo 112 del Reglamento para el Congreso de la entidad, la calificación de urgente y obvia resolución únicamente opera para aquellos asuntos que, por su naturaleza, así lo requieran, esto es, los asuntos apremiantes y que, en atención a ello, merezcan un tratamiento excepcional.

• Señala que, si el requisito de fundamentación y motivación de la dispensa de trámite se tratara de una mera formalidad, el órgano legislativo y, en específico, las mayorías parlamentarias podrían disponer libremente de las reglas que rigen el procedimiento deliberativo y que buscan garantizar las condiciones en las que las minorías pueden participar de manera informada, responsable y reflexiva.

Segundo concepto de invalidez

• El promovente considera que el Congreso de la entidad invade su ámbito de competencia, al regular, desde su ley orgánica, aspectos normativos que exceden la vida interna del órgano legislativo como lo son las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos del estado; lo cual se realizó con la finalidad de hacer nugatoria la facultad constitucional del Ejecutivo estatal de formular observaciones a esa reforma.

• Al respecto, explica que el artículo 38, segundo párrafo, de la Constitución local excluye la posibilidad de vetar la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ya que su vocación es regir exclusivamente sobre su estructura y funcionamiento interno, aspectos en los que no podría intervenir el Poder Ejecutivo de la entidad. Sin embargo, ello no ocurre en el caso del Decreto reclamado, pues su finalidad es regular las ausencias temporales y definitivas de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos estatales.

• Indica que la facultad de formular observaciones a los proyectos de leyes o decretos que apruebe el Congreso estatal se encuentra prevista en los artículos 47, 49 y 70, fracción II, de la Constitución local.

• Sostiene que el hecho de haberle impedido ejercer su facultad de formular observaciones respecto al Decreto combatido viola el principio de división de poderes, ya que dicha atribución representa un mecanismo de control político entre poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos.

• Argumenta que, si bien el objetivo de la reforma en cuestión fue homogeneizar la regulación de los órganos constitucionales autónomos, en cuanto a las suplencias por las ausencias de sus titulares, lo cierto es que ello no es razón suficiente para regular en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos aspectos relacionados con el diseño, estructura y competencia de dichos órganos, pues ello debe ser desarrollado en las leyes que rijan a cada uno de ellos, o bien, a través de una legislación que regulara sus generalidades.

Tercer concepto de invalidez

• El accionante alega que el Congreso demandado invade su ámbito de competencia y viola el principio de división de poderes, al pretender regular que, ante una ausencia definitiva de una persona titular de un órgano constitucional autónomo, opere la figura de encargado de despacho por todo el tiempo que dure tal ausencia, lo que, a su juicio, le impide remitir la terna que, conforme a la Constitución local, corresponde en el caso de las ausencias definitivas, por ejemplo, en el caso de la ausencia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79-B, inciso a), de la propia Constitución estatal.

• En específico, refiere que el artículo 152 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos pretende establecer que las ausencias definitivas de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos serán suplidas bajo la figura de encargado de despacho, hasta en tanto cese la ausencia de que se trate.

• Señala que, en el caso de la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, como órgano constitucional autónomo, el artículo 79-B, inciso a), de la Constitución local dispone que una vez que se genere la ausencia definitiva de la persona titular de dicho organismo, la o el Gobernador cuenta con veinte días para presentar la terna a fin de designar a la persona que ocupará el cargo.

• Aduce que el Congreso estatal contraría la citada disposición constitucional, ya que, conforme a ésta, es a partir de que se actualiza la ausencia definitiva que comienza el cómputo de veinte días para realizar el envío de la terna respectiva, por lo que el establecer que la figura de encargado de despacho opere ante dicha ausencia, contraviene lo ya determinado por el Constituyente local.

• Argumenta que, al establecer, en su ley orgánica, la manera en que se cubrirán las ausencias definitivas de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos, el Congreso demandado dispone, unilateralmente, de una atribución que corresponde al Poder Ejecutivo estatal, es decir, la de remitir la terna correspondiente para la designación de la persona que ocupará el cargo respectivo, con lo cual provoca una vulneración al principio de división de poderes.

• Menciona que es inadecuado normar las suplencias en caso de ausencias definitivas de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos en un solo ordenamiento –que, incluso, es la propia Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos–, y no en cada uno de los instrumentos normativos de creación de dichos organismos; lo que, a su juicio, evidencia que no se realizó un análisis exhaustivo de las normas aplicables, como por ejemplo el artículo 79-B, inciso a), de la Constitución estatal.

• Aunado a lo anterior, considera que el artículo 152, segundo párrafo, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos establece una inmunidad procesal que no le compete al legislador ordinario, puesto que se trata de una figura reconocida en las constituciones federal y locales y, por ende, su competencia corresponde al Constituyente Permanente. En el caso del Estado de Morelos, dicha figura se encuentra prevista en el artículo 136 de su Constitución, en cuyo último párrafo excluye del fuero constitucional local a diversos titulares de órganos constitucionales autónomos de la propia entidad.

• Señala que, al resolver la Controversia Constitucional 99/2016, la Suprema Corte reconoció la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas para regular las inmunidades procesales para los delitos del orden local. De manera que no se encuentran obligados a reproducir la regulación a nivel federal.

3. Radicación y turno. El veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito de demanda y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 448/2023. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Morelos y ordenó emplazarle para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, presentara su contestación a la demanda y se le requirió para que, en ese momento, remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos del Decreto impugnado.

5. En el mismo acuerdo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. Este proveído fue impugnado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, y resuelto en el recurso de reclamación 388/2023-CA, mediante el cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del catorce de febrero de dos mil veinticuatro, confirmó el acuerdo recurrido.(1)

7. Suspensión. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 448/2023, la Ministra Instructora determinó negar la suspensión solicitada por la parte actora en su escrito inicial, por estar en presencia de una norma general, por lo que, en el caso, se actualizó la prohibición establecida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria.

8. Dicha determinación fue recurrida por la promovente y radicada bajo el recurso de reclamación 386/2023-CA, resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro.(2)

9. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos presentó la contestación de demanda mediante el buzón judicial de este Alto Tribunal, el cual fue recibido el día cinco de diciembre de dicha anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha contestación de demanda fue acordada el trece de diciembre de dos mil veintitrés. En el documento, dicha autoridad expuso lo siguiente:

Causas de improcedencia y sobreseimiento

• El Poder demandado hace valer la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo, puesto que, desde su perspectiva, el actor pretende hacer valer supuestas violaciones referentes a formalidades esenciales del proceso legislativo, así como afectaciones a minorías parlamentarias que integran el Congreso del Estado quienes tendrían a salvo su derecho para hacer valer lo propio en defensa de sus intereses, mediante la vía de la acción de inconstitucionalidad.

• Además, argumenta que el Poder actor hace valer violaciones a sus facultades, así como la transgresión a los artículos 14, 16, 40, 41, 116 y 124 constitucionales, bajo apreciaciones meramente subjetivas y dogmáticas, aunado a que pretende tener injerencia en una atribución exclusiva del Congreso del Estado de Morelos consistente en reformar y adicionar su propia Ley Orgánica, la que, conforme al artículo 38 de la Constitución estatal, no podrá ser vetada ni requiere promulgación expresa del Ejecutivo local para tener vigencia.

• Señala que la parte actora no hace valer ningún planteamiento relacionado directamente con el cúmulo de facultades y atribuciones que le confiere tanto la Constitución Federal como la Constitución local, máxime que el Constituyente estatal previó un supuesto de excepción al ejercicio de la facultad de observar o vetar los decretos y leyes emanados del Poder Legislativo, como es el caso de las reformas o adiciones a su ley orgánica, al tratarse de actos que, por su propia naturaleza, no requieren de colaboración entre poderes.

• Reitera que el accionante promueve una controversia constitucional, cuando, en realidad, pretende que el Alto Tribunal realice un control abstracto, ya que no plantea un verdadero conflicto competencial ni demuestra la existencia de, cuando menos, un principio de afectación a una atribución o facultad reconocida directamente por la Constitución Federal. Contestación a los conceptos de invalidez

• En relación con el primer concepto de invalidez, el Poder demandado sostiene que el Decreto reclamado se aprobó en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y democracia deliberativa, así como en plena observancia de los estándares establecidos en esta materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Narra los antecedentes legislativos que dieron lugar al Decreto combatido y refiere que la presentación de la iniciativa, el turno a la comisión dictaminadora, el procedimiento de dictaminación, la presentación del dictamen, la calificación del asunto como de urgente y obvia resolución y su aprobación, se llevaron a cabo conforme a las reglas de deliberación, votación y publicidad que prevén la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento.

• Destaca que, después de la lectura de la versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Interparlamentarias, se consultó a los integrantes de la asamblea si se calificaba como de urgente y obvia resolución el asunto a efecto de proceder a su discusión y votación en esa misma sesión. La calificación fue aprobada por catorce votos a favor, un voto en contra y cero abstenciones, por lo que se procedió a su discusión y votación, primero en lo general, sin que hubiere oradores inscritos para su discusión y sin que se señalaran artículos reservados. Derivado de lo anterior, se sometió a votación el dictamen, en lo general y en lo particular, y se obtuvo un resultado de quince votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, con lo que se aprobó el decreto respectivo.

• En específico, señala que se respetó el derecho de las mayorías y minorías parlamentarias, tanto en la discusión como en la aprobación del decreto, ya que se llevó a cabo con la presencia de dieciséis integrantes de la LV Legislatura, esto es, más de las dos terceras partes de sus integrantes que equivale al ochenta por ciento de la representación popular en el Congreso estatal.

• También refiere que la lectura sintetizada y no integral del dictamen, por sí misma, no viola las formalidades del procedimiento legislativo ni atenta en contra de los principios de deliberación parlamentaria ni de seguridad jurídica; en particular, indica que de los artículos 112, 113 y 114 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos no se desprende una obligación de dar lectura íntegra del dictamen, sino sólo en algunos casos excepcionales.

• Por otro lado, alega que la brevedad del procedimiento legislativo no se traduce en un vicio, ya que no se vulneraron los principios de democracia representativa y de deliberación, puesto que, tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso, se dio oportunidad a que las y los diputados que quisieran intervenir en el debate lo hicieran; por lo que estima incorrecta y meramente subjetiva la aseveración de la parte actora en el sentido de que las personas diputadas no tuvieron tiempo para conocer y estudiar los dictámenes para que las versiones definitivas fueran examinadas, discutidas y aprobadas.

• Respecto al argumento sobre la falta de fundamentación y motivación de la calificación del asunto como de urgente y obvia resolución, aduce que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 134 del Reglamento, no se desprende obligación alguna de motivar o fundamentar reforzadamente, pues precisamente la obviedad se refiere a todo aquello que es claro y evidente, pues la única exigencia para otorgar tal calificación es el cumplimiento de la votación calificada consistente en las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

• Sostiene que el deber de fundamentación y motivación no llega al extremo de obligar a las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte evidente y puedan entenderse con facilidad mediante el uso del buen entendimiento y la sana crítica.

• Estima que es complicado que el Poder Judicial de la Federación, como último intérprete de la Constitución, lleve al extremo sus facultades para calificar por mayoría de votos si la motivación expuesta en el seno de una discusión parlamentaria es suficiente, en tanto no existe un parámetro o sistema de medición único para determinar cuándo un motivo es suficiente para otorgar tal calificación para la discusión inmediata y urgente de asuntos que les compete discutir de manera única y exclusiva a los poderes legislativos como representantes del pueblo.

• En relación con el cumplimiento a las reglas de votación, expone que, a partir de la reforma a la Constitución local en dos mil, se transitó de un sistema en el que se requería la aprobación de la mayoría absoluta a uno en el que se necesitan las dos terceras partes de las y los integrantes de la legislatura. Indica que en la Acción de Inconstitucionalidad 13/2000, este Alto Tribunal sostuvo que el requisito de una mayoría calificada para la aprobación de las leyes y decretos prevista en la Constitución morelense tuvo como finalidad promover un consenso más sólido y exigente entre las fuerzas políticas, así como una mayor inclusión de la voluntad de los partidos políticos minoritarios, lo que abona a la gobernabilidad multilateral.

• Asimismo, señala que, dado que el Congreso de Morelos se integra por veinte diputadas y diputados, la mayoría calificada para la aprobación de las iniciativas de ley o de decreto se constituye con catorce votos. De manera que, si el Decreto reclamado fue aprobado por quince votos de las y los integrantes de la LV Legislatura, es evidente que existió un consenso sólido y robusto que legitima la decisión tomada en sesión de uno de septiembre de dos mil veintitrés.

• En cuanto a la publicidad de las deliberaciones y votaciones, considera que este elemento se encuentra satisfecho en tanto que las deliberaciones y votaciones del Decreto combatido fueron transmitidas en vivo a través del canal "Congreso Morelos TV" de la plataforma digital "YouTube".

• Aduce que el trabajo parlamentario en cada una de sus etapas –dictaminación y deliberación– tiene finalidades concretas, pues la Comisión dictaminadora analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del contenido del dictamen y tomar la decisión correspondiente. Considera que este sistema cumple una función legitimadora de la ley, y, en ese tenor, las posibles violaciones al procedimiento legislativo pueden purgarse por la actuación posterior del Congreso que es al que le corresponde la facultad decisoria.

• Reitera que el Poder Ejecutivo estatal, al sostener que no se respetó el derecho de las minorías parlamentarias a participar en el proceso legislativo, no puede ser hecho valer por él, toda vez que carece de interés legítimo, al no afectar su esfera de competencias. Refiere, incluso, que no se demuestra que la supuesta exclusión de las minorías legislativas genera una violación directa a la Constitución Federal, ya sea en relación con el principio de división de poderes o a la cláusula federal, o alguna invasión a su esfera de atribuciones que le afecte al Ejecutivo estatal.

• Solicita que, de estimarse necesario, se tome en cuenta el principio de economía procesal, puesto que la aprobación del Decreto impugnado fue producto de consenso amplio al interior del Congreso de la entidad.

• En relación con el segundo concepto de invalidez, sostiene que, conforme a lo previsto en los artículos 38 de la Constitución local y 4o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, este ordenamiento, sus reformas y adiciones no pueden ser vetados ni requieren de la promulgación expresa del Ejecutivo estatal para tener vigencia, por lo que no se vulneró su facultad de formular observaciones.

• Alega que la facultad de veto no es ilimitada, pues existen actos que no pueden ser objeto de ese control, ya que lejos de limitarse a esa finalidad, vulnerarían la independencia del Poder Legislativo local, e inclusive, propiciarían enfrentamientos innecesarios entre poderes.

• Cita la Acción de Inconstitucionalidad 1/98, en la que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no tiene injerencia en el proceso de aprobación, reformas o adiciones que se lleven a cabo respecto de la Ley Orgánica del Congreso de dicha entidad, pues es facultad exclusiva del Congreso estatal decidir sobre su propia Ley Orgánica.

• Destaca que la remisión del Decreto controvertido no tuvo la finalidad de que el Gobernador estuviera en aptitud de formular las observaciones pertinentes, sino que se remitió únicamente con el objeto de que lo publicara en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", pues ya se había ordenado su publicación en la Gaceta Legislativa del propio Congreso para su difusión correspondiente, ello aunado a que el inicio de su vigencia fue a partir del momento de su aprobación por el Pleno del órgano legislativo.

• Alega que la reforma en cuestión se aprobó de conformidad con las facultades que tiene la entidad federativa para crear, en el ámbito local, órganos dotados con autonomía constitucional. Además, indica que, conforme al artículo 40, fracciones XXVII, XXXII, XXIII y XXXVII, de la Constitución estatal, corresponde a la legislatura local establecer las condiciones para la designación, toma de protesta, concesión de licencias y renuncia de los titulares de los organismos constitucionales autónomos, lo que implica que ésta también puede regular lo relativo a las suplencias por ausencias de estos organismos, en el entendido de que deberán hacerlo sin violentar los principios y valores contenidos en la Constitución Federal.

• Al respecto, invoca como precedente la Controversia Constitucional 66/2009, en la que se reconoció la validez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos que regulaban el proceso d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32775-d51979d0/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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