DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOBRE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA NO VINCULA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO A ADMITIRLA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 4/2024. 21 DE FEBRERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO. PONENTE: JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS. SECRETARIO: ALFREDO LUGO PÉREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de reclamación 4/2024-IV; y
RESULTANDO
PRIMERO. Recurso de reclamación. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, ante la Oficialía de Partes de este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito **********, por conducto de quien se ostenta su apoderado **********, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de presidencia de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, pronunciado en el juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal.
SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente radicó el asunto como recurso de reclamación 4/2024-IV, lo admitió a trámite y lo turnó al magistrado José Juan Bracamontes Cuevas, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con los artículos 80 y 104 de la Ley de Amparo; 38, fracción VIII, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haberse interpuesto en contra de un auto dictado por el magistrado presidente de este órgano colegiado.
SEGUNDO. Oportunidad en la presentación del recurso. El medio de impugnación se interpuso oportunamente debido a que el acuerdo recurrido se notificó por lista a la reclamante el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro y surtió efectos al día siguiente; por lo que, el término de tres días para interponerlo, previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco al veintinueve de enero de dos mil veinticuatro; de manera que si el escrito relativo se presentó el veintiséis del mismo mes y año, se concluye que el recurso fue interpuesto en tiempo.
TERCERO. Acto recurrido. El acuerdo impugnado, en lo que interesa, dice:
"Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil veinticuatro.
Téngase por recibido el oficio de cuenta, número 26, signado por el Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por el que rinde su informe con justificación y remite la demanda de garantías promovida por **********, por conducto de quien se ostenta su apoderado **********, acompañando el expediente **********, dos bolsas con documentos y las constancias de emplazamiento de la tercera interesada; con fundamento en el artículo 28, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro electrónico correspondiente al Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE) de este tribunal, con el número de amparo directo **********. Acúsese recibo a la autoridad oficiante.
Se estima que la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, debe desecharse por extemporánea, en atención a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, cabe precisar que el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para la presentación de la demanda de garantías será de quince días, que se contarán desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución que se reclame, acorde a lo previsto en el ordinal 18 de la Ley de la materia.
Por otra parte, el artículo 1390 Bis 22, en relación con el 1075, ambos del Código de Comercio, disponen que:
"Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado."
"Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.
Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o de la Ciudad de México.
Cuando se trata de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundado debidamente su determinación en ese sentido."
De los artículos transcritos con antelación se desprende que las resoluciones dictadas en las audiencias de los juicios orales mercantiles se tendrán por notificadas desde el mismo acto de su celebración, sin formalidad alguna, a quienes debieron estar presentes.
Por tanto, tomando en consideración que la resolución reclamada de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, fue pronunciada por el Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en la audiencia celebrada en esa misma fecha, dentro de los autos del juicio oral mercantil, expediente **********, la cual fue notificada a las partes en ese mismo acto, ya que se ordenó poner a disposición de las partes copia de dicho fallo, surtiendo sus efectos dicha notificación el día nueve de noviembre del dos mil veintitrés; que la demanda de garantías fue presentada, el cuatro de diciembre del citado año; y, que el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintitrés, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles; es inconcuso que la demanda de garantías fue presentada fuera del término legal.
Sin que sea óbice a lo anterior, la manifestación que hace la parte quejosa, en el sentido de que la sentencia reclamada le fue notificada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que como ya se dijo, acorde a lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22, del Código de Comercio, las resoluciones dictadas en las audiencias del juicio oral, se tendrán por notificadas el mismo día de su celebración, es decir, en el presente asunto el día ocho de noviembre de dos mil veintitrés, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado, y así surtiendo sus efectos a partir del día siguiente de su notificación.
Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 25/2017 (10a.), publicada en la página 544 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Ley de Amparo y 1390 bis-8, 1390 bis-10, 1390 bis39, 1390 bis-22 y 1075 del Código de Comercio, se advierte que la notificación de la sentencia definitiva dictada en la audiencia del juicio oral se tiene por realizada en ese mismo acto y surte efectos al día siguiente, por lo que el tribunal de amparo debe tomar como inicio del plazo para promover el juicio constitucional iniciado en contra de ese fallo, el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia. Esto es así, pues la prevención formulada por el legislador, en el sentido de que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna, se refiere a que no es el caso de ordenar su notificación personal, por lista o por boletín judicial; sin embargo, dado que el artículo 1390 Bis-10 dispone que "las demás determinaciones (con la única exclusión del emplazamiento que se verifica de manera personal) se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales", se colige que, incluso, aquellas notificaciones realizadas en el acto de la audiencia han de seguir las reglas de las notificaciones no personales. Luego, como en el apartado correspondiente al juicio oral no se establece cuáles son las reglas aplicables a las notificaciones no personales, por disposición del propio Código, es válido acudir al artículo 1075 de dicho ordenamiento legal, en el que se prevé que tanto este tipo de notificaciones, como las personales, deben surtir efectos para su perfeccionamiento. Así, si bien en la audiencia de juicio, el juzgador notifica el fallo definitivo a las partes, esta diligencia no se perfecciona de inmediato, sino que en términos de la norma citada dicha notificación surte efectos al día siguiente; de ahí que el plazo para la promoción del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas en las audiencias de los juicios orales mercantiles, inicia a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación realizada necesariamente en el acto mismo de la audiencia."
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en el artículo 179 de la Ley de Amparo: se desecha la demanda de garantías de que se trata, por extemporánea.
Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, el que señala en su demanda de garantías, como autorizadas para los mismos efectos e imponerse de los autos, a las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si al momento de comparecer al presente asunto, acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, se les tendrá como autorizadas con todas las atribuciones a que alude el citado precepto legal, y para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos, así como utilizar algún medio electrónico o fotográfico cuando se realice la consulta del presente expediente, a las otras personas que indica.
Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
CUARTO. Agravios. La reclamante propuso el siguiente agravio:
"GRAVIO ÚNICO: La resolución que impugnó viola lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 17 de la Ley de Amparo, 1075 y 1390 Bis 22 del Código de Comercio, que establecen:
"Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho."
"Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."
"ARTÍCULO 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
"Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.
Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal.
Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido."
"Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado."
La resolución que impugnó en su parte conducente estableció:
"Se estima que la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, debe desecharse por extemporánea, en atención a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, cabe precisar que el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para la presentación de la demanda de garantías será de quince días, que se contarán desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución que se reclame, acorde a lo previsto en el ordinal 18 de la Ley de la materia.
Por otra parte, el artículo 1390 Bis 22, en relación con el 1075, ambos del Código de Comercio, disponen que:
"Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado."
"Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.
Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o de la Ciudad de México.
Cuando se trata de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundado debidamente su determinación en ese sentido."
De los artículos transcritos con antelación se desprende que las resoluciones dictadas en las audiencias de los juicios orales mercantiles se tendrán por notificadas desde el mismo acto de su celebración, sin formalidad alguna, a quienes debieron estar presentes.
Por tanto, tomando en consideración que la resolución reclamada de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, fue pronunciada por el Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en la audiencia celebrada en esa misma fecha, dentro de los autos del juicio oral mercantil, expediente **********, la cual fue notificada a las partes en ese mismo acto, ya que se ordenó poner a disposición de las partes copia de dicho fallo, surtiendo sus efectos dicha notificación el día nueve de noviembre del dos mil veintitrés; que la demanda de garantías fue presentada, el cuatro de diciembre del citado año; y, que el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintitrés, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles; es inconcuso que la demanda de garantías fue presentada fuera del término legal.
Sin que sea óbice a lo anterior, la manifestación que hace la parte quejosa, en el sentido de que la sentencia reclamada le fue notificada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que como ya se dijo, acorde a lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22, del Código de Comercio, las resoluciones dictadas en las audiencias del juicio oral, se tendrán por notificadas el mismo día de su celebración, es decir, en el presente asunto el día ocho de noviembre de dos mil veintitrés, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado, y así surtiendo sus efectos a partir del día siguiente de su notificación." La resolución que impugno además de violar el derecho de mí representada a la jurisdicción y a la seguridad jurídica, violentó el principio de CONFIANZA LEGÍTIMA Fundo esta afirmación en las siguientes consideraciones: mediante proveído dictado el 24 de noviembre de 2023, por la licenciada Karla Simón Vázquez, Secretaria de Acuerdos "C" del Juzgado Octavo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio oral mercantil promovido por ********** en contra de mi representada, licenciada Karla Simón Vázquez, certificó que el plazo para la interposición de la demanda de amparo directo, corría del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2023. En tal virtud el suscrito presentó la demanda de amparo el 1 de diciembre de 2023, es decir, dentro del plazo señalado por la referida autoridad, no obstante lo anterior, el Magistrado Aquo al dictar la resolución que impugno estableció:
"... y, que el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintitrés, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles; es inconcuso que la demanda de garantías fue presentada fuera del término legal."
Lo anterior resulta violatorio del principio de confianza legítima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido respecto a este principio lo siguiente:
"La doctrina que ha analizado el principio de confianza legítima sostiene que el Tribunal Federal Alemán encuentra el fundamento de dicho principio en la cláusula del Estado de Derecho contenida en la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, del cual también desprende el principio de seguridad jurídica.
Ese mismo sector de la doctrina, precisa que conforme a la jurisprudencia alemana, el principio de confianza legítima tiene tres requisitos, a saber: i) la existencia de un acto o comportamiento de los poderes públicos conocida por la persona interesada, generando una situación de confianza, la que puede ser originada normativa, administrativa o judicialmente; ii) un cambio en la línea de conducta de los poderes públicos imprevisible para la persona interesada, provocando la frustración de una expectativa derivada de una situación de confianza; y, iii) en la ponderación del interés de la persona que reclama la protección de confianza en contraposición con el interés público en la modificación del acto o comportamiento de los poderes públicos, debe prevalecer la confianza de la persona interesada sobre el interés público."
Asimismo, señala que la doctrina alemana lo define como "aquel principio general del Derecho en virtud del cual algunas expectativas, derivadas de las situaciones de confianza creadas por la conducta o el comportamiento de los poderes públicos, producen efectos jurídicos cuando la confianza cuya protección se demanda prevalece sobre el interés público en la modificación de la conducta o del comportamiento de los poderes públicos."
Agrega la doctrina en consulta que los ámbitos de aplicación más destacables del principio de confianza legítima son la que se presenta en relación a la retroactividad de las normas y frente a la revisión y revocación de los actos administrativos.
Otro sector de la doctrina, al abordar el principio de confianza legítima en el derecho comunitario, sintetiza la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, actualmente como Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la manera siguiente:
a) La invocación del principio por los afectados debe basarse en una acción imprevisible de las autoridades europeas. Así, señala la importancia de garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas amparadas en el Derecho Europeo que afecten a la situación jurídica y material de los titulares de derechos.
b) Las expectativas no son, en principio, protegibles salvo en la medida en que supongan un impacto real y efectivo, no previsible o especialmente perjudicial.
c) Las expectativas sólo serán protegibles si se sustentan en bases objetivas, de modo que un observador externo pueda reconocerlas y calibrar su dimensión objetivable. Esto es lo que se ha denominado "esperanzas fundadas no contrarias al Derecho Comunitario"
d) También será preciso para estimar el principio que, en la valoración de los intereses privados y públicos en juego, estos últimos no sean preponderantes e imperativos hasta tal punto que se vieran frustrados si se adoptaran paulatinamente a través de medidas transitorias.
Así, se ha definido la "protección de la confianza legítima como aquel principio general del Derecho de la Unión Europea en virtud del cual, como manifestación subjetiva del principio de seguridad jurídica, las instituciones y organismos de la Unión Europea, o los Estados miembros en aplicación del Derecho de la Unión, que han infundido a una persona interesada confianza en la estabilidad de su actuación, no pueden adoptar una modificación de dicha actuación si es imprevisible para la persona interesada, excepto en el caso de que el interés público exija tal modificación."
El Tribunal Supremo Español, en la sentencia de uno de marzo de mil novecientos noventa y uno (en el asunto RJ 1991/2502), estableció en relación con el tema que nos ocupa que "... El principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y de la buena fe en las relaciones entre la administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella y en función de la (SIC) cuales los particulares ha adoptado determinadas decisiones. ..."
Amparo en revisión 355/2016
Ponente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En el caso que nos ocupa el Magistrado Aquo violó el principio de confianza legítima, por las siguientes razones:
(1) La mencionada Secretaria de Acuerdos certificó que el plazo para la interposición de la demanda de amparo directo, corría del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2023, lo que generó en mi representada una situación de confianza, originada judicialmente, por la multirreferida certificación.
(2) No obstante, lo anterior la resolución que impugno generó un cambio en la línea de conducta del poder público, imprevisible para mi representada, provocando la frustración de una expectativa derivada de una situación de confianza.
(3) Lo anterior implica que debe prevalecer la confianza de mi representada incluso sobre el interés público."
QUINTO. Los anteriores agravios son infundados, por los motivos que enseguida se precisan.
La recurrente señala, que el auto recurrido es violatorio a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 17 de la Ley de Amparo, 1075 y 1390 Bis 22 del Código de Comercio.
Asimismo, manifiesta que es violatorio el derecho a la jurisdicción, a la seguridad jurídica, así como al principio de confianza legítima, en virtud de que no se consideró en el cómputo para la promoción de la demanda de amparo, que en realidad corrió del catorce de noviembre al cinco de diciembre de dos mil veintitrés, como bien certificó la Secretaría de Acuerdos en el juicio Ordinario Mercantil, expediente **********, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en proveído de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, de modo que si la demanda de amparo fue presentada el uno de diciembre del citado año, es claro que está dentro del plazo señalado por la referida autoridad.
Por ello, la recurrente manifiesta que le provocó una situación de confianza, originada judicialmente por dicha certificación, lo que le generó un cambio en la línea de conducta del poder público, provocando la frustración de una expectativa derivada de una situación de confianza, de modo que debe prevalecer ésta, sobre el interés público.
Por su parte, del auto impugnado se advierte que la presidencia de este tribunal desechó, por extemporánea, la demanda de amparo que dio origen al expediente **********, promovida por **********, por conducto de quien se ostenta su apoderado **********, en contra de la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en la audiencia celebrada en esa misma fecha, dentro de los autos del juicio oral mercantil, en el expediente **********, bajo el argumento de que tal resolución fue notificada a la quejosa en el mismo acto de la audiencia, ya que se ordenó poner a disposición de las partes copia de dicho fallo, surtiendo sus efectos la notificación el día nueve de noviembre del dos mil veintitrés; que la demanda de garantías fue presentada, el cuatro de diciembre del citado año; y que, el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintitrés, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles; de ahí que resultaba inconcuso que la demanda de garantías fue presentada fuera del término legal.
Los argumentos invocados por la recurrente se consideran in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32812-db99eae6/demanda-de-amparo-directo-la-certificacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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