IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ACREDITAMIENTO DEL PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN OPERACIONES LINEALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2018 Y 2020).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 277/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIOS: SOLEDAD TINOCO LARA Y MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cuatro de julio dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 277/2023 suscitada entre el Cuarto, Décimo Segundo y Décimo Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si para que proceda el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado pagado en la importación, por un contribuyente que se dedica a realizar operaciones lineales, basta demostrar la estricta indispensabilidad de los bienes importados o también se requiere que éstos sean los mismos que se enajenen.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, una persona física denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, Cuarto, al resolver el recurso de revisión fiscal 131/2022, Décimo Segundo, al resolver el recurso de revisión fiscal 159/2023, y Décimo Octavo, al resolver el recurso de revisión fiscal 635/2021, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
4. SEGUNDO. Radicación del asunto. En auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 277/2023.
5. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. De igual forma, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: "Determinar si para el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado pagado en la importación, los bienes importados deben ser los enajenados en el mismo periodo"; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. TERCERO. Informe de Tribunal Colegiado. Por acuerdo de presidencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de revisión fiscal 635/2021 de su índice, continuaba vigente.
8. CUARTO. Informes de Tribunales Colegiados. En proveído de presidencia de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes del Cuarto y Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados en los recursos de revisión fiscal 131/2022 y 159/2023 de sus índices, respectivamente, continuaban vigentes.
9. QUINTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Por auto de presidencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
10. En ese mismo proveído, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
11. SEXTO. Modificación de denominación y competencia del Pleno. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.
12. SÉPTIMO. Integración del Pleno. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; y ordenó y confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. OCTAVO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
14. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
15. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en materia administrativa del Primer Circuito, perteneciente a esta región.
III. LEGITIMACIÓN
16. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por quien se advierte es apoderado legal de la parte actora en el juicio de nulidad del que derivó uno de los criterios contendientes,(1) emitido en el recurso de revisión fiscal 159/2021 del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
17. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.
• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 131/2022.
18. 1) Demanda de nulidad. Una persona moral, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución mediante la cual el Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "17" del Servicio de Administración Tributaria, negó la devolución solicitada por concepto de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo de agosto de 2018.
19. 2) Trámite del juicio. De la demanda correspondió conocer a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual la admitió y tramitó bajo el número de expediente **************.
20. 3) Sentencia de nulidad. Seguido el trámite de ley, la Sala del conocimiento dictó la sentencia respectiva, en la que determinó que la parte actora acreditó parcialmente su acción, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada.
21. 4) Demanda de amparo y revisión fiscal. En contra de lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo, mientras que la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, de los que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual los admitió y registró bajo los números de expediente D.A. 23/2022 y R.F. 131/2022, respectivamente.
22. 5) Sentencias. Mediante sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos, resolvió en definitiva ambos asuntos.
23. Respecto del juicio de amparo, el órgano colegiado concedió la protección constitucional a la parte quejosa.
24. En cuanto a la revisión fiscal, el Tribunal declaró infundado el recurso. En lo que aquí interesa, respecto del acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado pagado en la importación, el órgano colegiado determinó lo siguiente:
"SÉPTIMO. Estudio.
7.1. Argumentos relativos a que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado pagado en la importación, los bienes deben ser los enajenados en el mismo periodo.
La recurrente aduce en el primer agravio sintetizado en los incisos a), b), c) y d), que:
(...)
Dichos argumentos son infundados.
Se estima pertinente citar los preceptos legales de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en septiembre del dos mil diecinueve, fecha en que se presentó la solicitud de devolución, que establecen lo relativo a tal impuesto y a su acreditación, siendo los siguientes:
‘ARTÍCULO 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
I.- Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma.
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.’
‘ARTÍCULO 4o.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate.
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación.’
‘ARTÍCULO 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:
I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.
(...)’
De los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que interesa, que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que, en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios, el cual será trasladado por el contribuyente, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios.
Asimismo, que el contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables y que en su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.
Que el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la tasa que corresponda según sea el caso, entendiéndose por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate.
Además, que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, este debe corresponder a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley, considerándose como estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta; es decir, aquellas que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, conforme al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Respecto de la naturaleza del referido impuesto al valor agregado, así como su acreditación, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 276/20149, en la cual consideró lo siguiente:
[Se transcribe]
De las consideraciones transcritas, se desprende que el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto al consumo, pues grava la riqueza de quien, dentro de una cadena productiva, se comporta como el consumidor (intermedio o final) de bienes y servicios.
Si bien, quien entera el impuesto inicialmente, es el contribuyente que se encuentra al inicio de la cadena productiva (el que enajena bienes u otorga el uso o goce temporal de bienes, o bien, el que presta servicios independientes o importa bienes o servicios), ese contribuyente entera finalmente el impuesto, pero lo traslada al consumidor (intermedio o final) de sus bienes o servicios.
Sin embargo, no entera la totalidad del impuesto que trasladó a sus consumidores, sino que antes de enterarlo, puede acreditar contra esa cantidad, el monto del impuesto que él mismo pagó por habérsele trasladado, al adquirir los bienes o servicios, a su vez gravados con el IVA, que sean necesarios para que el contribuyente realice sus propias actividades gravadas con el IVA (‘insumos’), de manera que, en el caso de este impuesto, la cantidad efectivamente enterada por ese contribuyente, no se basa en los ingresos que obtuvo, sino que equivale al gravamen sobre el valor que esa persona añade al producto o servicio en la cadena de producción, esto es, el ‘valor agregado’.
La ejecutoria explica la naturaleza del acreditamiento como elemento del impuesto al valor agregado, pues aunque no forma parte de la base del impuesto, ni constituye un elemento esencial del mismo, es una figura connatural, sin el cual se afectaría el principio de proporcionalidad tributaria, ya que tal mecanismo sirve, para que la riqueza verdaderamente gravada sea en efecto, el valor agregado, pues el acreditamiento se justifica única y exclusivamente, en la medida en que se aplique para que el contribuyente, al final, entere al fisco únicamente la parte correspondiente al valor que él mismo agregó al producto o servicio, dentro de una cadena productiva, de comercialización o distribución.
Que para el correcto funcionamiento recaudatorio del impuesto al valor agregado, se debe observar el principio de la continuidad en la cadena productiva, según el cual, para que el impuesto realmente sirva para gravar el consumo, el contribuyente que lo entera únicamente puede acreditar el IVA que le fue trasladado, si el traslado se realizó con motivo de la percepción de insumos (adquisición de bienes, contratación de servicios independientes, o uso o goce temporal de bienes), necesarios para llevar a cabo las actividades gravadas que realice el propio contribuyente (incluyendo las gravadas con tasa 0%).
Es decir, para que el objeto del gravamen sea en realidad, el valor agregado que genera el contribuyente al comercializar bienes y servicios, el cálculo del impuesto debe forzosamente implicar la resta del impuesto aplicable a las operaciones que implican gastos realizados por el contribuyente para la realización de las actividades gravadas, esto es, por ejemplo, para la fabricación o generación del bien o servicio. A ese resultado puede restarse, por concepto de acreditamiento, la cantidad equivalente al impuesto que el contribuyente pagó por habérsele trasladado al percibir insumos, siempre que éstos sean estrictamente necesarios para realizar la actividad por la que se pagará el impuesto, en términos del primer párrafo de la fracción I del artículo 5º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 27, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Al remitirnos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico al artículo 27, fracción I, vigente al momento en que se presentó la solicitud de devolución (septiembre del dos mil diecinueve), observamos:
‘Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: (...)’
El precepto reproducido da noticia de que todas las deducciones que la Ley del Impuesto sobre la Renta autoriza para las personas morales deben cumplir con el requisito de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 41/2005-PL, interpretó el concepto de ‘estrictamente indispensable’, y sostuvo que:
• El requisito de estricta indispensabilidad de los gastos para proceder a su deducción tiene una concepción genérica, la cual obedece a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de ‘estrictamente indispensables’; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar dicho concepto, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.
• El carácter ‘indispensable’ de un gasto, para efectos de su deducibilidad, se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de una erogación necesaria para cumplir sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, podría tener como consecuencia la suspensión de las labores de la empresa o la disminución de éstas, es decir, de no llevarse a cabo el gasto se comprometería el funcionamiento regular de la negociación, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos.
De lo anterior se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen son aquellos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa, sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.
Si bien las cantidades que desembolsa toda negociación tienen un efecto en sus finanzas, debe tomarse en cuenta que la mera erogación no es la nota esencial de las deducciones que deben reconocerse, sino que, adicionalmente, debe observarse una conexión necesaria con su actividad, es decir, debe tratarse de costos operativos que tengan incidencia en el desempeño ordinario del negocio.
Un desembolso es estrictamente indispensable siempre que se trate de una erogación inevitable que guarda identidad con los fines de la negociación, con las actividades cotidianas y propias del contribuyente y, sin la cual, la obtención de recursos económicos o la subsistencia, se pondrían en riesgo.
En este aspecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. CIII/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
‘RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO ‘ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES’ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002). [Se transcribe].’
También es ilustrativa la tesis aislada 1a. XXX/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece:
‘DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. [Se transcribe].’
Por otro lado, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 205/2007-SS, precisó que la Ley del Impuesto al Valor Agregado utilizó el sistema de deducciones del impuesto sobre la renta, ya que éstas se originan con las erogaciones estrictamente indispensables para que las personas físicas o jurídicas lleven a cabo sus actividades empresariales, lo que también constituye una características de las erogaciones susceptibles de ser acreditadas en el impuesto al valor agregado.
Para mejor comprensión se cita parte de la ejecutoria de referencia:
[Se transcribe]
De la ejecutoria anterior, derivó la jurisprudencia número 2a./J. 217/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 223, de rubro y texto siguientes:
‘VALOR AGREGADO. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN ‘QUE SEAN DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA’, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4°, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). [Se transcribe].’
De lo anterior se advierte que, el acreditamiento fiscal es una especie de compensación pura o automática, pues a pesar de existir deudores y acreedores que extinguen sus obligaciones recíprocas, no se prevé un sistema optativo o de elección ya que los contribuyentes solamente pueden trasladar las sumas pagadas contra el tributo o contra otro tributo, de ahí que algunas veces se traduce en una sencilla disminución de la cantidad a pagar, pero en todo caso esa figura jurídica en cada ordenamiento legal se prevé de forma distinta, atendiendo a la naturaleza de la contribución y a los fines perseguidos con ella.
El acreditamiento en el impuesto al valor agregado es un mecanismo en el que se disminuyen las cantidades que fueron trasladadas al contribuyente por concepto del mismo tributo cuando realiza erogaciones, compras o gastos, cuya operación determinará el impuesto final a pagar o a favor.
Entre los requisitos para ser acreditable el impuesto en mención, el legislador previó que la erogación o gasto respectivo fuese deducible para los fines del impuesto sobre la renta; bajo la consideración de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se utiliza el sistema de deducciones dispuesto en el Impuesto sobre la Renta, en virtud de que éstas se originan con las erogaciones estrictamente indispensables para que las personas físicas o jurídicas lleven a cabo sus actividades empresariales, lo que también constituye una característica de las erogaciones susceptibles de ser acreditables conforme al primero de los requisitos señalados para tal efecto en la legislación que ahí se comenta.
En aras de determinar si el gasto que se realiza es o no deducible, se atiende a un principio de indispensabilidad de las erogaciones realizadas para obtener los ingresos gravables, al tratarse de actividades empresariales. Para lo cual, las deducciones del impuesto sobre la renta al originarse con las erogaciones estrictamente indispensables para que las empresas lleven a cabo sus actividades también constituyen una característica de las erogaciones acreditables conforme al primero de los requisitos señalados para tal efecto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Contrario a lo que sostiene la recurrente, la proporcionalidad en el acreditamiento, no se refiere al hecho de que el impuesto que le trasladen al contribuyente por la adquisición o importación de bienes, solo deba acreditarse respecto al impuesto que causó en el periodo correspondiente, por una actividad en la que estén ligados aquellos bienes específicamente.
La acreditación tiene como finalidad respetar el principio de proporcionalidad tributaria, atendiendo a la continuidad en la cadena productiva, de manera que, el contribuyente que enajena bienes debe demostrar que la percepción de insumos en la que le fue trasladado el impuesto, es indispensable para la realización de las actividades gravadas que realiza, de tal manera, únicamente pague por concepto de Impuesto al Valor Agregado, la cantidad equivalente al impuesto que grava el valor que él mismo agrega al bien.
La simetría que debe de existir en el acreditamiento, se refiere a que la percepción de insumos en la que es trasladado el impuesto al valor agregado, es indispensable para la realización de las actividades gravadas que realiza el contribuyente.
Para que proceda el acreditamiento, se debe verificar que las actividades que realiza el contribuyente y, por las cuales causó el impuesto al valor agregado, guarden relación con los fines de la negociación, con las actividades cotidianas y propias del contribuyente y, sin la cual, la obtención de recursos económicos o la subsistencia, se pondrían en riesgo, y además, que esas actividades sean gravadas con el mismo impuesto.
En ese sentido, si la actora pagó el impuesto al valor agregado por importar teléfonos celulares, porque se dedica a la venta de dichos productos (como la propia autoridad demandada reconoce en el resolución impugnada y que fue corroborado por la sala), y la actividad por la que causó el impuesto y, contra la cual quiere realizar el acreditamiento por el periodo de agosto de 2018, se trata de la venta de teléfonos celulares que realizó la empresa en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2018, pero cuyo cobro se efectuó en el mes de agosto; entonces, dicha actividad (venta de bienes) que está gravada con el IVA, sí es estrictamente indispensable para la consecución del objeto social de la contribuyente.
Sin que nada tenga que ver, el hecho de que los bienes importados no se vendieron en el mismo mes de agosto cuando se pagó el IVA por la importación, y que van a ser parte del inve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32899-4eacc32f/impuesto-al-valor-agregado-acreditamiento-del-pagado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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