COMPETENCIA, ALCANCE DE LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ESTA MATERIA.
COMPETENCIA 403/95. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTICINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- En el caso, se estima que la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, es competente para conocer de la controversia laboral que dio origen a la cuestión competencial que ahora se resuelve, con base en las siguientes consideraciones.
De conformidad con el punto tres, del inciso b), de la fracción XXXI, del artículo 123 constitucional, es competencia exclusiva de las autoridades federales, entre otros, los asuntos relativos a empresas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, disposición reiterada en el punto tres, de la fracción II, del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.
La interpretación jurisprudencial que dio la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es en el sentido de que las empresas que ejecuten trabajos en zonas federales que se relacionen inmediata y directamente con el objeto para el cual se creó la zona federal, se encuentran comprendidas en dicha hipótesis, y no así las empresas cuyas labores no tienen relación alguna con la razón de ser de la zona federal, que es el motivo que utilizó el legislador para dar competencia a las autoridades federales laborales tratándose de empresas que ejecuten trabajos en las citadas zonas federales y que confronten conflictos de trabajo; dicho criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia visible en la página tres mil trescientos trece, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que dice:
"ZONAS FEDERALES. SERVICIOS PARTICULARES PRESTADOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES.- Si el servicio prestado por una persona se relaciona con la actividad propia de una empresa que opera en zona federal, de los conflictos de trabajo que se susciten corresponderá su conocimiento a la Junta Federal laboral; pero cuando dicho servicio no tenga ninguna relación con la actividad propia de la empresa que opera en zona federal, entonces la competencia deberá ser de las autoridades laborales locales".
Ahora bien, de las constancias de autos se desprenden los siguientes hechos:
En la demanda presentada por Julio César Acosta Melgar, en el primer punto de hechos (foja 3 del expediente laboral) expresó el actor que el quince de julio de mil novecientos noventa y uno, inició la prestación de sus servicios para las demandadas, con el puesto de supervisor de montaje de obra, desempeñando dicho trabajo en la oficina e instalaciones que tienen las demandadas dentro de la planta carboeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, Carbón II, Unidades III y VI, con domicilio en la carretera 57, Piedras Negras-México, en el Municipio de Nava, Coahuila.
Los representantes de la empresa Mecánica de la Peña, S.A., al contestar la demanda (foja 110 del expediente laboral), manifestaron que su representada es una empresa española "que realiza obras por concurso en la planta carboeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la carretera número 57, Piedras Negras-México, en el Municipio de Nava, en este Estado de Coahuila".
En las facturas números 1/92, 2/92, 3/92, 4/92, 5/92, 1/93, 3/93, 4/93, 5/93, 6/93, 7/93, 8/93, 9/93, 10/93, 11/93, 12/93 y 1/94 (que obran a fojas, respectivamente, 183, 187, 133, 169, 138, 124, 177, 158, 164, 161, 154, 143, 148, 173, 182, 132 y 131 del expediente laboral) elaboradas por Julio César Acosta Melgar y recibidas y pagadas por Mecánica de la Peña, S.A. (según constancias que se anexan a cada documento), se lee la leyenda "cantidad según contrato de estancia en México para las obras en la central térmica de Piedras Negras".
Lo anterior aunado a que en la audiencia de demanda y excepciones celebrada el cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, ante la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Saltillo, Coahuila, el apoderado de la demandada Mecánica de la Peña, S.A., Rubén Aurelio Vázquez Allende, antes de contestar la demanda (foja 295 del expediente laboral) expresó: "como consta en el contrato de arrendamiento de servicios profesionales que obra a foja 119 de los autos, en donde claramente se establece, entre otras cosas, que el actor fue contratado para la supervisión, montaje y puesta en marcha de una planta ubicada en el Municipio de Nava en este Estado, conocida como planta carboeléctrica y que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad", deja claro que el servicio prestado por Julio César Acosta Melgar se relaciona con la actividad propia de una empresa, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, que opera en zona federal, por lo que el conocimiento del presente asunto corresponde a la Junta Federal laboral.
Además, no obstante que no obra en el expediente la relación contractual entre la empresa Mecánica de la Peña, S.A. y la Comisión Federal de Electricidad, sí existe la manifestación del representante legal de la primera, al contestar la demanda, de que dicha empresa realiza obras por concurso en la planta carboeléctrica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que también por ello la competencia en el conocimiento de este asunto es federal y no local.
Son aplicables por analogía las tesis V/89 y VI/89, de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente dicen:
"EMPRESAS QUE ACTUAN EN VIRTUD DE UN CONTRATO FEDERAL DE OBRA PUBLICA. COMPETENCIA FEDERAL SOLO SURTIDA CUANDO EL TRABAJADOR PRESTE SUS SERVICIOS EN DICHA OBRA.- El hecho de que una empresa tenga celebrado contrato de obra pública con alguna dependencia o entidad del Gobierno Federal, no hace que se surta la competencia de las autoridades federales para conocer y resolver todos los conflictos laborales que se susciten con sus trabajadores, sino solamente cuando éstos presten o hayan prestado sus servicios en la ejecución de la obra pública, porque en tales casos el beneficiario del trabajo es la dependencia o entidad que celebró el contrato y, eventualmente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, podría considerarse solidariamente responsable de las obligaciones contraídas por la empresa con los trabajadores".
"EMPRESAS QUE ACTUAN EN VIRTUD DE UN CONTRATO FEDERAL DE OBRA PUBLICA, AUN CUANDO ESTE NO LAS HAYA HECHO SURGIR A LA VIDA JURIDICA. COMPETENCIA FEDERAL (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 29, NOVENA PARTE, DEL APENDICE DE 1985).- La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se refiere a los contratos de obra pública, modifica la jurisprudencia intitulada `EMPRESAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL GOBIERNO FEDERAL MEDIANTE CONTRATO QUE NO LAS HIZO SURGIR A LA VIDA JURIDICA. COMPETENCIA DE LAS JUNTAS LOCALES DEL TRABAJO', publicada bajo el número 29 de la Novena Parte de la compilación de 1985, en cuanto establece la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 2, constitucional, en el sentido de que tratándose de conflictos laborales entre una empresa que ejecuta obras para el Gobierno Federal y sus trabajadores, la competencia para conocer de dichas controversias corresponde a la Junta Federal, únicamente cuando la empresa que ejecuta la obra haya surgido a la vida jurídica mediante un contrato o concesión del Gobierno Federal, mas no cuando existiendo conforme a las leyes civiles o mercantiles, celebre contratos privados para la construcción de obras con el propio Gobierno Federal. La interrupción de este criterio se apoya en que el precepto constitucional citado y el artículo 527, fracción II, inciso 2, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que compete en exclusiva a las autoridades federales conocer de los asuntos relativos a empresas que actúen en virtud de un contrato federal, sin exigir que sean creadas mediante la intervención contractual del Gobierno Federal, esto es, solamente requieren que su actuación se deba a un contrato de derecho público celebrado con aquél, a través de sus dependencias o entidades, y como de acuerdo con la Ley y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, toda empresa que pretenda inscribirse en el padrón de contratistas del Gobierno Federal debe exhibir, entre otros requisitos, el testimonio de su escritura constitutiva, ha de entenderse que la norma competencial se refiere a aquellas empresas constituidas conforme al derecho común, que celebren contratos regidos por normas de derecho público, como es el contrato de obra pública, con alguna dependencia o entidad del Gobierno Federal".
Por otra parte, es conveniente mencionar que las razones que expresó la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para declararse incompetente, giran en torno a la procedencia de la acción intentada por el actor, el cual en la audiencia incidental en que dicha autoridad se declaró incompetente, reiteró que desde la demanda inicial y durante todas las actuaciones legales subsecuentes ha sostenido que las acciones que ejercita y las prestaciones que demanda derivan de un contrato de naturaleza laboral, independientemente de que pudiera prestar servicios de otra naturaleza con base en un diverso contrato; por consiguiente, tales razones no pueden ser atendibles de conformidad con la tesis IV/91 de la anterior Cuarta Sala de este alto tribunal que dice:
"COMPETENCIA, CONFLICTO DE. PARA RESOLVERLO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCION.- La procedencia de la acción intentada en los juicios laborales no puede fundamentar la declaración de incompetencia de los tribunales correspondientes, pues mientras ésta es una cuestión previa, los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que será hasta el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se aprecien las pruebas aportadas y se resuelva la controversia planteada; de ahí que hasta entonces será factible determinar de manera fundada y razonada si la acción ejercitada es o no procedente, y que ello depende de lo que se hubiere alegado y probado durante el procedimiento".
Por último, es muy importante precisar los alcances de esta resolución que dirime la controversia competencial entre dos órganos jurisdiccionales, en términos de la tesis V/88 de la anterior Cuarta Sala, cuyos razonamientos hace suyos esta actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que literalmente dice:
"COMPETENCIA, RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE. ALCANCE.- La resolución de un conflicto competencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo tiene por objeto precisar qué autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la existencia o inexistencia de una prestación reclamada atendiendo a la naturaleza de las prestaciones que se exigen por el actor, pero no tiene facultades la propia Corte para que, sin previo juicio, desconozca los derechos y prestaciones que demanda aquél, ni obligarlo a fundar sus prestaciones o acciones en un ordenamiento legal distinto, al que el demandado cree tener derecho. Si el actor ejercita una acción laboral, no se puede, sin previo juicio, obligarlo a que deduzca sus derechos mediante una acción civil o mercantil, y corresponde a las autoridades del trabajo, mediante el debido proceso legal, resolver si el actor tiene derecho a las prestaciones legales que demanda. Está bajo la responsabilidad del actor el ejercitar bien o mal sus derechos, si ejercita una acción laboral mediante los procedimientos seguidos ante los tribunales del trabajo (en el cual la contraparte tiene plenitud de derechos para defenderse) y se demuestra que no existía relación laboral, sino una regida por el derecho civil o mercantil, se dictará una sentencia que absuelva al demandado, pero en un juicio en que se cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento".
En las relacionadas condiciones, como ya se dijo, la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Julio César Acosta Melgar, en el juicio laboral a que este toca se refiere, lo es la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Saltillo, Coahuila.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- La Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Coahuila, es legalmente competente para conocer del juicio laboral precisado en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos del juicio laboral a la mencionada Junta Federal, hágase saber lo anterior a la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Piedras Negras, Coahuila, para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el primero de los ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3295-57d88831/competencia-alcance-de-las-resoluciones-de-la-suprema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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