Corpus
Modo: Corpus Pro

PORTACIÓN DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE, NO VIOLA EL DERECHO DE REUNIÓN. PORTACIÓN DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 251/2024. · Registro digital (IUS): 32990
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-14
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.55.

AMPARO EN REVISIÓN 251/2024. 3 DE JULIO DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: CARLOS MANUEL BARÁIBAR TOVAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en Reynosa, dictó el auto de vinculación a proceso en la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal **********, contra **********, por hechos contemplados por la ley como los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), con la agravante prevista en el último párrafo de ese artículo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las personas imputadas promovieron demanda de amparo en el que reclamaron el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en específico su último párrafo y referido el auto. Al respecto, Juez de Distrito dictó sentencia en la cual determinó negar el amparo solicitado. Inconformes con dicha sentencia, las quejosas, interpusieron recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del conocimiento reservó jurisdicción a esta Suprema Corte.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 251/2024, interpuesto por **********, en contra de la resolución dictada el diez de enero de dos mil veintitrés, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en el juicio de amparo indirecto **********.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Primero. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en Reynosa, dictó el auto de vinculación a proceso en la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal **********, contra **********, por hechos contemplados por la ley como los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), con la agravante prevista en el último párrafo de ese artículo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

2. Segundo. Juicio de Amparo Indirecto. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, ********** promovieron demanda de amparo indirecto señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

• Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, se reclama la discusión, aprobación y promulgación del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en específico su último párrafo.

• Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en Reynosa, el auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal **********.

3. Por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo Distrito en el Estado de Tamaulipas, a quien le correspondió conocer del asunto, lo registró con el número ********** de su índice y, en ese mismo acto, la admitió a trámite; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional.

4. Seguido el trámite, el diez de enero de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito dictó sentencia en la cual determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa respecto de los actos reclamados.

5. Tercero. Recurso de revisión. Inconformes con dicha sentencia, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, las quejosas interpusieron recurso de revisión. Por razón de turno correspondió conocer del citado recurso al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, quien en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, lo radicó con el número de toca ********** de su estadística, lo admitió y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

6. Cuarto. Interposición de recurso de revisión adhesivo. Posteriormente, por auto de presidencia de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de revisión adhesivo promovido por el Secretario de la Defensa Nacional, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Quinto. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante resolución emitida el catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte, respecto al estudio y pronunciamiento de la regularidad constitucional del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

8. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto Décimo, fracciones I y II, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano Colegiado del conocimiento advirtió que el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre las causas de improcedencia hechas valer por el Presidente de la República y la Cámara de Senadores, por lo que procedió a su estudio y determinó que eran infundadas.

9. Por auto de uno de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta acordó que esta Suprema Corte asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por **********. Asimismo, ordenó que se registrara con el número de expediente 251/2024, que se radicara en esta Primera Sala, y turnó el recurso de revisión al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su calidad de Ministro integrante de la Primera Sala.

10. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de dos de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del señor Ministro que lo suscribe.

I. COMPETENCIA

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Segundo, fracción III, inciso A), del Acuerdo General 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12. Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito que analizó un asunto de naturaleza penal, competencia de la Primera Sala; y no se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que este asunto no reviste un interés excepcional.

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

13. Es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso por parte legitimada y de manera oportuna, pues de ambos temas ya se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento, así como por lo que hace al diverso recurso de revisión adhesivo.

III. PROCEDENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el asunto es procedente, porque se interpone en contra de la sentencia emitida por un juzgado de distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en específico su último párrafo. Por tanto, se surten los extremos del Punto Tercero, con relación al Segundo, fracción III, inciso A, del Acuerdo General Plenario 1/2023.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

15. Del análisis de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto se evidencia que el tribunal colegiado estudió las causas que advirtieron, por lo que no existe necesidad de pronunciamiento sobre este tópico por este Alto Tribunal dado que no se observa de oficio que se actualice otra causa de improcedencia.

V. CUESTIONES PREVIAS PARA RESOLVER

16. Con la finalidad de estar en aptitud de resolver este recurso, se estima pertinente reflejar, en esencia y en lo que interesa, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo indirecto, las consideraciones que al respecto se establecieron en la sentencia recurrido, los agravios hechos valer en el recurso de revisión y los diversos que se hicieron valer en el recurso de revisión adhesivo.

A. Conceptos de violación

17. En relación con el último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo tildó de inconstitucional, aduciendo, medularmente, lo siguiente:

a) Dicha disposición, a su parecer, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que su descripción o su actualización genera interpretaciones distintas y ambiguas cuando las autoridades de procuración de justicia y judiciales las aplican.

Lo anterior, porque no es claro si la existencia de un "grupo" prevista en la agravante debe ser delictivo, como por ejemplo una asociación delictuosa, una pandilla o delincuencia organizada.

Consecuentemente, la norma es vaga e imprecisa, toda vez que al no contemplar elementos delictivos, distintos del dolo, o de la misma no se entiende o bien no se puede interpretar si es una norma que regula algún tipo de pandilla o asociación delictuoso, o bien, cualquier grupo con finalidad lícita.

b) La norma viola el derecho fundamental de reunión, en virtud de que sanciona la unión de tres o más personas que en un mismo momento sean detenidas portando armas de fuego, tengan o no intención grupal de delinquir.

Por otra parte, en relación con el auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal **********, se expuso, en esencia, lo siguiente:

a) La detención es ilegal, bajo la premisa que sin orden judicial entraron al inmueble, sin que esa intromisión encuentre justificación, así como indebidamente se consideró que el ingreso al domicilio por parte de la autoridad estuvo justificado bajo la figura de flagrancia.

b) El acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que existe una insuficiencia probatoria para acreditar los hechos que se les imputan y su participación, así como el Juez de Control estaba impedido para dictar el auto de vinculación a proceso, dada la insuficiencia de datos de prueba, por lo que al hacerlo violó los derechos fundamentales de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada.

c) En relación con la agravante prevista en el último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se argumentó que el acto reclamado se encuentra indebidamente motivado, toda vez que la agravante nada tiene que ver con la coautoría en los términos que se expusieron.

B. Sentencia del Juez de Distrito

18. El Juez de Distrito dictó sentencia en la que determinó negar el amparo solicitado, toda vez que:

a) En relación con la regularidad constitucional del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se determinó que los motivos de inconformidad devienen infundados, pues se estimó que se partió de la concepción incorrecta relativa al tipo básico y la que corresponde a las agravantes o atenuantes que lo complementan.

Asimismo, se observó que en el caso, ni el tipo básico del delito, ni la mencionada agravante contemplan entre sus componentes algún supuesto o elemento subjetivo distinto o similar al dolo, sin que ello implique ambigüedad que pueda llevar a confundir a los operadores de la administración o impartición de justicia, toda vez que cuando la figura descriptiva no contempla en su descripción algún aspecto de esa naturaleza, no la hace inconstitucional o violatoria de derechos fundamentales.

Igualmente, señaló que tampoco puede confundirse la referida agravante con las hipótesis de asociación delictuosa, pandilla o delincuencia organizada, pues si bien la citada modalidad tiene similitud con las precitadas, en cuanto exige se trate de diversas personas integrantes de un grupo, en el caso no se requiere que la reunión de estos tenga alguna finalidad específica, ello con independencia de que tal modalidad no es autónoma, su actualización depende primordialmente de la acreditación del tipo básico.

Además, de que dicha agravante únicamente exige supuestos específicos y propios del delito previsto en el referido tipo básico de portación de arma de fuego, como son, que los objetos bélicos que se porten sean de los contemplados en la fracción III del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que sean más de uno y que quienes los porten sean tres o más.

Por lo que se concluyó que difícilmente puede generar interpretaciones ambiguas que motiven confusión o atenten contra la garantía de reunión, o transgredan los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

El Juez de Distrito sustentó su determinación en la jurisprudencia 1a./J. 48/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE ACTUALIZA CUANDO TRES O MÁS PERSONAS, INTEGRANTES DE UN GRUPO, PORTAN AL MENOS DOS ARMAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LA FRACCIÓN III DEL REFERIDO PRECEPTO."

b) En torno al auto de vinculación a proceso, se advirtió que se encuentra debidamente fundado, pues el Juez de origen enunció los numerales en los cuales se basó para su emisión, motivando la misma con los datos de prueba anunciados por la fiscalía, los cuales estimó suficientes para acreditar hechos señalados por la ley como delitos y la probabilidad de que las quejosas son quienes los cometieron, por lo que no les asistió la razón.

Asimismo, se estimó que el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, ya que los datos de prueba relacionados por el órgano de acusación fueron valorados debidamente y permiten establecer, como lo consideró el Juez responsable, que se cometieron hechos señalados por la ley como delitos y existen la probabilidad que las quejosas participaron en su comisión, de ahí que la resolución reclamada no vulnere derecho fundamental en su perjuicio.

c) En lo relativo a que hubo una supuesta intromisión al domicilio donde se practicó la detención, sin que mediara una orden emitida por autoridad competente, se determinó que, tal y como lo afirma el juez de Control, en el caso no se está en una audiencia de control de detención para efecto de resolver la dinámica de una manera completa, y los imputados se encuentran llevando su proceso en libertad, lo que trae como consecuencia, que aún y cuando fuere cierto, no tendría, al menos en este momento, ningún efecto en beneficioso sobre los imputados, pues no se encuentran detenidos con motivo de los hechos que se les imputan.

Además, de los datos de prueba, como efectivamente lo afirma el juez de Control, se desprende que se está ante la presencia de un delito flagrante.

d) Finalmente, se estimó infundado el concepto de violación en relación con la actualización de la agravante contemplada en el último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que se expresaron similares argumentos a los hechos valer en el apartado donde cuestionó la constitucionalidad de dicha modalidad y, por tanto, con la finalidad de no incurrir en repeticiones innecesarias, se tuvieron por reproducidos, conforme a los cuales se tuvo como infundados.

C. Recurso de revisión

19. En el recurso de revisión, las recurrentes hicieron valer, en esencia, lo siguiente:

a) Expusieron que les causa agravio la determinación del juez de amparo, toda vez que fue omiso en estudiar el concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin confrontar los conceptos de violación de inconstitucionalidad con la norma impugnada, sino que lo justificó con argumentos de legalidad, pasando por alto que lo que se hizo valer era que la norma impugnada viola los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Lo que constituye el motivo de inconstitucionalidad de la agravante de "grupo", es que su descripción o inclusión como agravante genera inseguridad jurídica, contraviniendo a su vez el derecho de reunión y principio de legalidad.

Para aclarar, estimaron que la norma no es clara, toda vez que no se puede saber si tres o más personas hacen un grupo o se refiere a un grupo criminal o a uno sin finalidad delictiva.

b) Adujeron que la sentencia recurrida se determinó de manera indebida que el auto de vinculación a proceso se encontraba debidamente sustentado, así como incorrectamente se apreció el acto reclamado.

Además, el Juez de Distrito indebidamente justificó la valoración realizada por la autoridad responsable, dejando de considerar que dicha valoración no se sostuvo en las máximas de la experiencia, la lógica y las sana critica.

En adición, se argumentó que en la sentencia recurrida indebidamente se determinó no estudiar si se acreditaba o no la agravante, así como no existe disposición en la Ley de Amparo que le permita al A quo actuar en dichos términos y se dejó de considerar que no existen elementos suficientes que la acreditaran.

c) Manifestó que, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, las recurrentes no comparecieran detenidas a la audiencia inicial, no era obstáculo para no estudiar el concepto de violación relativo a la intromisión al domicilio sin orden judicial, pues se pretendía que se excluyeran datos o medios de prueba.

d) Se señaló que la sentencia se encuentra indebidamente sustentada, toda vez que no se cuentan con datos de prueba razonables para establecer el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de los hechos que se le atribuyen a las recurrentes.

D. Recurso de revisión adhesivo.

20. Agravios del recurso de revisión adhesivo. En el escrito de agravios del recurso de revisión adhesivo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, se señaló lo siguiente:

• Aduce que el A quo determinó de forma correcta que los argumentos de inconformidad devienen infundados, porque parte de una concepción incorrecta que se tiene de lo que es un tipo básico y de lo que son las modalidades, agravantes o atenuantes que lo complementan.

• Asimismo, como lo expuso el Juez de Distrito, ni el tipo básico del delito, ni la mencionada agravante contemplan entre sus componentes algún supuesto o elemento subjetivo distinto o similar al dolo, sin que ello implique ambigüedad que pueda llevar a confundir a los operadores de la administración o impartición de justicia, toda vez que cuando la figura descriptiva no contempla en su descripción algún aspecto de esa naturaleza, no la hace inconstitucional o violatoria de derechos fundamentales. • Igualmente, como acertadamente lo señaló el A quo, tampoco puede confundirse la referida agravante con las hipótesis de asociación delictuosa, pandilla o delincuencia organizada, pues si bien la citada modalidad tiene similitud con las precitadas, en cuanto exige se trate de diversas personas integrantes de un grupo, en el caso no se requiere que la reunión de estos tenga alguna finalidad específica, ello con independencia de que tal modalidad no es autónoma, su actualización depende primordialmente de la acreditación del tipo básico.

VI. ESTUDIO DE FONDO

21. El tema a dilucidar por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constriñe a determinar la regularidad constitucional del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que sirvió de fundamento para la determinación del auto de vinculación a proceso, dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal **********.

22. En el entendido que el estudio se desvinculará del acto concreto de aplicación de la norma en perjuicio del quejoso, porque el análisis de su legalidad es competencia del Tribunal Colegiado. Es decir, queda al margen de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la correcta o incorrecta aplicación de la norma impugnada al caso concreto.

23. En los conceptos de violación, se expresó que el último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vulneraba el principio de taxatividad y el derecho de reunión. El referido precepto determina lo siguiente:

"Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble."

24. Para dar respuesta a la problemática planteada, se dividirá el estudio respecto de cada una de las violaciones alegadas.

A. Principio de Taxatividad.

25. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado con relación al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, y determinó que no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, que debe quedar redactada de tal forma que los términos a través de los cuales se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.

26. El principio de taxatividad, deriva del derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el artículo 14 constitucional, que no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensiva al creador de la norma. En efecto, de acuerdo con estos principios, al legislador también le es exigible la emisión de normas claras y precisas, respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.(1)

27. Este Alto Tribunal, señaló que el mandato de taxatividad se podía definir como "la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma". Como también lo ha señalado la doctrina, el principio de taxatividad, no es otra cosa que la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; lo que tiene como finalidad, que se preserven los principios penales de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma.(2)

28. Bajo esa lógica, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la precisión de las disposiciones era una cuestión de grado, pues lo que se buscaba con ese tipo de análisis, no era validar las normas si y sólo si se detectaba la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que tal empresa sería imposible; lo que se exigía, era que el grado de imprecisión fuera razonable, es decir, que el precepto fuera lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto que el mensaje legislativo cumpliera esencialmente su cometido, dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(3) El otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable; esto es, un grado de indeterminación tal que provocara en los destinatarios, confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.

29. Así, tomando en consideración que el principio de taxatividad sólo podía obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable, tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalaron que al analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión normativa, el intérprete no sólo debía tomar en consideración el texto de la ley, sino también debía acudir al significado literal de la expresión, tomando en cuenta sus conexiones con expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa; el contexto en el que se desenvolvían las normas, así como a sus posibles destinatarios.(4)

30. En ese orden de ideas, de la interpretación que sostuvo este Máximo Tribunal respecto del principio de legalidad en materia penal y el mandato de precisión normativa, se entendía que toda norma que prevea una pena o describa una conducta que deba ser sancionada penalmente, resultará inconstitucional por ser contraria al principio de taxatividad, cuando su grado de imprecisión resulte excesivo o irrazonable; lo que implica un grado de indeterminación tal, que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.(5)

31. Por lo que la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. Así, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento.(6)

32. De igual forma, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la inconstitucionalidad de las leyes no deriva exclusivamente de la falta de definición de los vocablos utilizados por el legislador, puesto que las leyes no son diccionarios, y la exigencia de un requisito de esa naturaleza, volvería imposible la función legislativa, ya que se trataría de una labor interminable e impráctica.(7)

33. En la especie, el último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece una agravante, la cual es exclusiva de la conducta descrita por el legislador en el tipo básico de la fracción III, del referido numeral, pues el supuesto acontece cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en los incisos c), d), e), f), g), h), j), k) y l), del artículo 11, de la ley; en este caso, la pena que corresponda imponer a cada uno de los sujetos activos se aumentará al doble.

34. Al respecto, este Alto Tribunal en la contradicción de tesis (ahora Contradicción de Criterios) 240/2016,(8) determinó que de la literalidad del texto en el que se estableció la agravante de mérito, revela que el legislador dispuso expresamente que la portación por los integrantes de un grupo debía ser de las "armas" comprendidas en la fracción III, del artículo 83 de la ley, es decir, conforme a tal redacción descartó que fuese una sola arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la que, debían portar tres o más personas, integrantes de un grupo, para que se actualizara la agravante.

35. En ese orden de ideas, al establecer el término "armas", el legislador dispuso gramaticalmente que fueran más de una, lo que revela que la actualización de la calificativa está condicionada tanto a la pluralidad de sujetos, como al número de armas de fuego de las comprendidas en la fracción III, del artículo 83 en estudio.

36. Entonces, como lo determinó este Alto Tribunal en la referida Contradicción de Criterio, lo trascendente para la actualización de esa agravante es la existencia de tres o más personas, integrantes de un grupo, y la disponibilidad o alcance que tengan de diversos artefactos bélicos, no sólo de uno.

37. Ahora bien, se procede a verificar si la locución "grupo", que prevé la agravante del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es contraria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues así se estimó por parte de las recurrentes.

38. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es posible saber de acuerdo al uso común de los términos, a qué se refiere el legislador cuando hace referencia a un "grupo" como elemento de la citada agravante.

39. En efec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32990-cd591ae4/portacion-de-armas-de-uso-exclusivo-del-ejercito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.