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DELITO DE PECULADO. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN LA PORCIÓN "APLICACIÓN DISTINTA", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. DELITO DE PECULADO. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO POR EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL ES LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3050/2024. · Registro digital (IUS): 33019
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-28
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.231.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3050/2024. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Tesorero del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, durante la administración 2012-2015, estaba legalmente obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos en los años 2014 y 2015, respecto de tres obras públicas derivadas del Ramo 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas del Fondo de Cultura’. Sin embargo, les dio una aplicación distinta. Por esos sucesos, se instauró en su contra un proceso penal. Seguida la secuela procesal correspondiente, en segunda instancia fue condenado, entre otras sanciones, a dos años, tres meses de prisión por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal vigente al momento de los hechos. Inconforme con esa sentencia, promovió juicio de amparo directo. El Tribunal del conocimiento resolvió negárselo. En desacuerdo, el quejoso –ahora recurrente– interpone el recurso de revisión que es objeto de solución en esta ejecutoria.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3050/2024, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada en sesión de siete de marzo de dos mil veinticuatro por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo directo ********** (conexo con el amparo directo **********) de su índice.

El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 223, fracción IV, párrafo primero, en su porción normativa "(...) aplicación distinta (...)", del Código Penal Federal es compatible con el principio legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, consagrado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos: **********, en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, durante la administración 2012-2015, estaba legalmente obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos en los años 2014 y 2015, respecto de tres obras públicas derivadas del Ramo 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas del Fondo de Cultura’. Sin embargo, les dio una aplicación distinta.

2. Obra 1: Biblioteca Municipal en Ex Estación del tren del municipio de Valladolid, Yucatán. El nueve de abril y primero de septiembre de dos mil catorce se realizaron depósitos provenientes del Fondo de Cultura 2014, a la cuenta del municipio de Valladolid, Yucatán, de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, cada uno por un monto de **********. Ambos arrojaron un total de **********.

3. En relación con lo anterior, destacaron siete transferencias hechas de una cuenta de la Institución Bancaria BANORTE, registrada a nombre del municipio de Valladolid, Yucatán (que correspondía a aquella obra), a una cuenta diversa (Tesorería Municipal 2012) de ese mismo banco y municipio.

4. Lo anterior puso en evidencia que el recurso de mérito fue transferido a otra cuenta del municipio, y no se aplicó a su destino. Además, a la persona moral con la que se celebró el contrato de obra pública, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente se le traspasó la cantidad de **********, y quedó pendiente el pago de la suma de **********, mientras que el saldo en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, el último día de la administración, ascendió a **********.

5. El recurso federal no fue aplicado a su destino, ya que la obra pública Biblioteca Municipal en Ex Estación del tren del municipio de Valladolid, Yucatán, no se concluyó, porque se remodelaría el edificio antiguo de la ex estación de tren. Sin embargo, sólo se llevaron trabajos de aplanado de muros internos y externos; colocación de piso de concreto y tubería de poliducto en los muros del inmueble, a pesar de que se estipuló un plazo de ciento veinte días para su ejecución, que iniciaría el nueve de julio de dos mil catorce y culminaría el cinco de noviembre siguiente.

6. Obra 2: Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación del tren del municipio de Valladolid, Yucatán. El treinta de marzo y seis de agosto de dos mil quince se realizaron depósitos provenientes del Fondo de Cultura 2015, a la cuenta del municipio de Valladolid, Yucatán, de la Institución Bancaria HSBC MÉXICO S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, cada uno por un monto de **********.

7. Ambos depósitos cubrirían casi el importe total de la obra **********, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo la suma de **********.

8. Fueron diversos movimientos bancarios, y disposición de efectivo, lo que puso de manifiesto que el recurso fue transferido a otra cuenta del municipio, y no se aplicó a su destino, ya que a la persona moral con la que se celebró el contrato de obra pública, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente se le traspasó la cantidad de **********, y quedó pendiente de pago la suma de **********, mientras que el saldo en la cuenta bancaria del Ayuntamiento el último día de la administración, ascendió a **********.

9. Se afirma que el recurso federal no fue aplicado a su destino, ya que la obra pública ‘Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación del tren del municipio de Valladolid, Yucatán’ no se concluyó, porque en la Plaza de la Jarana únicamente se hicieron trabajos de excavación y cortes en el terreno destinado a su construcción; mientras que del Museo Regional sólo existen dos edificaciones con cimientos, cadenas de concreto y muros de block, que carecen de pisos y techos, a pesar de que se estipuló en un plazo de noventa días para su ejecución, que iniciaría el primero de agosto de dos mil quince y culminaría el ocho de noviembre siguiente.

10. Obra 3: Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco del municipio de Valladolid, Yucatán. El treinta de marzo y siete de agosto de dos mil quince se realizaron depósitos provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, a la cuenta del municipio de Valladolid, Yucatán, de la Institución Bancaria HSBC, MÉXICO S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, cada uno por un monto de **********.

11. Ambos depósitos cubrirían casi el importe total de la obra por **********, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo la suma de **********.

12. Con diversas transferencias bancarias y dos retiros de cheque sin autorizar, se advirtió que el recurso fue transferido a otra cuenta del municipio y no se aplicó a su destino, ya que a la persona física con la que se celebró el contrato de obra pública **********, únicamente se le traspasó la cantidad de **********, y quedó pendiente el pago de la suma de **********, mientras que el saldo en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, el último día de la administración, ascendió a **********.

13. Se afirma que el recurso federal no fue aplicado a su destino, ya que la obra pública ‘Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco del municipio de Valladolid, Yucatán’ no se concluyó, porque no se observó edificación alguna, únicamente se hicieron trabajos de excavación y cortes en el terreno destinado a su construcción, así como trabajos de limpieza y colocación de tierra colorada, a pesar de que se estipuló un plazo de noventa días para su ejecución, que iniciaría el primero de agosto de dos mil quince y culminaría el ocho de noviembre siguiente.

14. Proceso penal. Por tales sucesos, se instauró un proceso penal en contra del Tesorero del municipio de Valladolid, Yucatán. En audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento en la causa penal ********** resolvió que ********** y otro, eran penalmente responsables de la comisión del delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción IV, y sancionado en el penúltimo párrafo de ese precepto, del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos. Audiencia que se hizo constar por escrito el veinte del mes y año referidos.

15. Lo anterior, al demostrarse su participación en el delito por el que fue procesado en su calidad de partícipe auxiliar doloso, por lo que se le impuso una pena privativa de la libertad de dos años tres meses; una multa de trescientas treinta y siete veces el salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal; e inhabilitación de dos años, tres meses para el desempeño de otro empleo, cargo o comisión públicos.

16. Recurso de apelación. En desacuerdo con esa resolución, el defensor particular del sentenciado, el de su cosentenciado (Presidente Municipal del mismo municipio, quien fue condenado como autor material de la conducta) y el agente del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, respectivamente.

17. Aquel medio de impugnación fue registrado como toca penal adversarial ********** del índice del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado de Apelación), habilitado para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, en términos del artículo tercero transitorio del Acuerdo General 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán.

18. Concluida la secuencia procesal de esa segunda instancia, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós el Tribunal Unitario dictó sentencia definitiva al tenor de los puntos resolutivos que se transcriben a continuación:

"(...) PRIMERO.—Es procedente pero infundado el recurso de apelación del Ministerio Público.

SEGUNDO.—Son procedentes pero infundados los recursos de apelación de los sentenciados a que este toca se refiere.

TERCERO.—Se confirma la sentencia condenatoria emitida en audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, hecha constar por escrito el veinte del citado mes y año, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en funciones de Tribunal de enjuiciamiento, en la causa penal **********.

CUARTO.—En términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace constar por escrito la presente resolución. Se autoriza a las partes la expedición de copia del registro de audio y video de la audiencia [con respectivo sello de agua que identifique a quien se le proporciona], así como de la versión escrita de la sentencia.

QUINTO.—Con testimonio de esa misma ejecutoria, previas las anotaciones de ley, devuélvase el disco compacto remitido para la sustanciación de la alzada, el juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como concluido. (...)."

19. Demanda de amparo directo. Inconforme con esa resolución, por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes del entonces Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito (ahora Tribunal Colegiado de Apelación del citado circuito), con residencia en la ciudad de Mérida, el condenado, por conducto de su defensor **********, promovió juicio de amparo directo.

20. Correspondió conocer del medio de control constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, quien lo registró con el número de expediente ********** de su índice.

21. Seguido el proceso federal en sus cauces legales, en sesión de siete de marzo de dos mil veinticuatro el Tribunal resolvió no amparar ni proteger al quejoso en contra de la sentencia reclamada.

22. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, el día diez de abril de dos mil veinticuatro el quejoso interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado electrónicamente por medio del sistema MINTERSCJN.

23. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 3050/2024. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento. Esto último aconteció en auto de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

24. El acuerdo admisorio que precede fue notificado el día diez de julio de dos mil veinticuatro, por oficio tradicional,(1) al Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación;(2) a quien se le reconoció el carácter de parte tercera interesada en el juicio, por virtud de un auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el amparo directo ********** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito.(3)

25. Recurso de revisión adhesiva. En fecha nueve de julio de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Heladio Elías Ramírez Pineda, Director General Jurídico, en representación de la Auditoría Superior de la Federación y su titular, en calidad de tercero interesado, interpuso recurso de revisión adhesiva.

I. COMPETENCIA

26. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B), Tercero y Quinto, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

27. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

28. Recurso de revisión principal. La sentencia recurrida fue notificada electrónicamente al quejoso el primero de abril de dos mil veinticuatro, y surtió efectos ese mismo día. De ahí que el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dos al quince de abril de esa anualidad, descontándose los días sábados y domingos seis, siete, trece y catorce, respectivamente, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.

29. Por tanto, si el recurrente presentó vía electrónica su escrito de agravios, ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el diez de abril de dos mil veinticuatro, su interposición fue oportuna.

30. Recurso de revisión adhesiva. El acuerdo admisorio del recurso de revisión principal fue notificado al Directo General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación a través de oficio tradicional, recibido por dicha parte tercero interesada el diez de julio de dos mil veinticuatro, y surtió efectos al día hábil siguiente, once de julio de la misma anualidad.

31. De lo que precede se deriva que el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de julio al cinco de agosto de dos mil veinticuatro. Se resta de este cómputo los días trece y catorce de julio, así como los diversos tres y cuatro de agosto del dos mil veinticuatro, por ser sábados y domingos, por lo tanto, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Tampoco se consideran los días dieciséis a treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)

32. Por lo tanto, si el recurrente adhesivo interpuso su recurso de revisión el nueve de julio de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su interposición fue oportuna, pues se presentó antes de que iniciaría el plazo respectivo.(5)

III. LEGITIMACIÓN

33. Recurso de revisión principal. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que el quejoso ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer este medio de impugnación, porque está probado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.

34. Recurso de revisión adhesiva. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que la parte tercera interesada, Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, cuenta con la legitimación necesaria para interponer este medio de impugnación, porque está probado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo directo,(6) en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

35. A fin de resolver si el recurso de revisión es procedente es necesario reseñar los argumentos esenciales expuestos en los conceptos de violación, las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida, y los agravios hechos valer por el recurrente.

36. Conceptos de violación. En la demanda de amparo el quejoso expresó, en esencia, los conceptos de violación siguientes:

a) El quejoso afirmó que la resolución reclamada violaba en su perjuicio los principios de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, contradicción, presunción de inocencia, in dubio pro reo, duda razonable, y el reconocido en el artículo 21 constitucional, porque –a diferencia de lo resuelto– no se acreditaron los elementos del delito, ni su responsabilidad penal en su comisión.

b) Solicitó que se analizara la inconstitucionalidad de la expresión ‘aplicación distinta’ contenida en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal, con fundamento en la cual fue condenado. Planteó que tal porción normativa adolece de falta de claridad o de precisión, por lo que deviene en ambigua, imprecisa, otorgando a quien juzga un amplio margen de interpretación y, con ello, permite meras apreciaciones personales o morales, lo que viola los derechos de seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad.

c) Sustentó que la porción normativa, particularmente por lo que corresponde al vocablo ‘aplicar’, cuenta con diversas acepciones que no hacen del todo palpable lo que pretendió el legislador con su establecimiento.

d) Argumentó que, conforme a una lectura íntegra del artículo cuestionado, la porción ‘aplicación distinta’ debe ser considerada como parte de la distracción de recursos para usos propios o ajenos. De ahí que estime que la norma es inexacta y ambigua en cuanto a su redacción.

e) En otro orden de ideas, el quejoso se dolió de no haberse acreditado la conducta ilícita que se le imputa; amén de que se le condenó con meras presunciones, y no pruebas plenas.

f) Con posterioridad, el quejoso citó la doctrina de este Máximo Tribunal en torno al principio de presunción de inocencia, así como parte de la doctrina sostenida en la materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, a fin de asegurar que no se derrotó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia; porque, a su juicio, no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. g) Dijo que los hechos materia de la acusación no habían quedado demostrados, cuenta habida que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión, por ende, no se actualizaron los elementos del tipo penal por el que fue condenado.

h) Aseguró que haber invocado la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán a fin de fincarle responsabilidad penal era insuficiente para revelar la forma en que posiblemente participó en la comisión del delito de peculado. Partir de esa norma para fincarle responsabilidad, sin haberse obtenido las pruebas necesarias para demostrarlo, es violatorio en su perjuicio de los principios de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal.

i) Sustentó que el sólo desempeñó el cargo de tesorero en la época en que sucedieron los hechos no asegura su participación plena en la comisión del hecho.

j) Más adelante, refirió que el hecho de que el Ayuntamiento no proporcionara la documentación que justificara las salidas del dinero de las cuentas se traduce en una infracción administrativa que debe ser sancionada por esa vía, pero no hace prueba plena para emitir una condena en la materia penal.

k) Afirmó también, que en atención al principio de presunción de inocencia, no es el acusado a quien corresponde demostrar su inocencia, sino en su caso, únicamente, desvirtuar o hacer valer la insuficiencia probatoria en el proceso para responsabilizarle.

l) Del mismo modo, adujo que no se pudo demostrar el elemento subjetivo del delito consistente en el dolo. La afirmación de que, como Tesorero del Municipio, era su obligación vigilar que se canalizaran correctamente los recursos, y que se haya demostrado que los mismos no se aplicaron, y que ello revelara el conocimiento y la intención de cometer la conducta, es una apreciación subjetiva, desapegada a las probanzas.

m) Argumentó que la conducta por la que se le acusó es atípica, por no conformarse todos los elementos que integran su descripción normativa. En consecuencia, estima que se excluye el delito, en términos de lo previsto en la fracción II, del artículo 15 del Código Penal Federal, por lo que es dable absolverle.

n) En esa línea de ideas, el quejoso cita el criterio de esta Primera Sala de rubro siguiente: "PECULADO".

o) Añadió que no comparte que en el asunto se hable de prueba circunstancial, porque para ello debe acreditarse el hecho base del que, indirectamente, puedan inferirse otros hechos. Al no haber quedado esclarecido que el dinero ingresó a las cuentas, como tampoco quiénes podían disponer de las mismas, es claro que no se puede partir de hechos secundarios para pretender llegar al principal.

p) Con base en esos planteamientos torales, el quejoso asegura que el juzgador responsable realizó una incorrecta aplicación del artículo 265 del código adjetivo, porque el enlace lógico y jurídico de las probanzas no llevó a tener por establecido, más allá de toda duda razonable, el hecho, ni mucho menos su plena responsabilidad penal.

q) Iteró que el órgano persecutor no aportó medios de convicción que permitieran acreditar que cometió el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción IV, y sancionado por el penúltimo párrafo del mismo numeral, del Código Penal Federal. Por ende, incumplió con la obligación impuesta por el artículo 20 constitucional, consistente en sostener la carga de la prueba. En tanto, tampoco se desvirtuó el principio de presunción de inocencia que opera en su favor.

r) En ese contexto, citó los criterios de esta Primera Sala de rubros siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.", y "PRUEBAS EN EL PROCESO, VALORACIÓN DE LAS (AUTO DE FORMAL PRISIÓN)."

s) Agregó que no debió otorgarse valor probatorio a las probanzas recabadas por la auditoría, ya que no fueron corroboradas por el agente del Ministerio Público de la Federación, conforme a su obligación de investigar delitos, a la luz del artículo 21 constitucional. Además, nunca se ocuparon de allegarse de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cotejar lo referido por las pruebas periciales.

t) Asimismo, sostuvo que no debió otorgarse valor probatorio a los dictámenes periciales por el sólo hecho de no haber sido objetados. En este sentido, dijo que el hecho de que los acusados guarden silencio no es más que el ejercicio de un derecho procesal, nunca un indicio de cargo, porque el valor del silencio es más argumentativo que probatorio.

u) Finalmente, reiteró que la resolución reclamada viola en su perjuicio el estándar de prueba.

37. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo solicitado, esencialmente, bajo los argumentos siguientes:

a) Sustentó que eran infundados los conceptos de violación del quejoso, sin que se advirtiera deficiencia qué suplir en su favor.

b) Resolvió que el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal no transgrede el principio de taxatividad, porque si bien el legislador tiene que elaborar disposiciones normativas penales utilizando expresiones o conceptos, esta Primera Sala ha reconocido que no necesariamente una norma es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa.

c) En ese mismo orden de ideas, refirió que la norma, en su porción normativa "aplicación distinta" es lo suficientemente clara y precisa, dado que su contexto permite obtener su significado sin confusión para el destinatario de la misma, ya sea desde un lenguaje natural, gramatical o incluso jurídico.

d) En tanto, cabe señalar que el tipo penal en cuestión sanciona a cualquier persona que, sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligado legalmente a la aplicación de recursos públicos federales, los use, emplee o utilice en forma diferente, contraria u opuesta, esto es, les dé una aplicación distinta a la que se le destinó.

e) Una vez identificada la expresión "aplicación distinta" desde un lenguaje natural y jurídico, a juicio del Tribunal sería posible para la autoridad judicial verificar, en la decisión del caso, cómo los hechos probados se adaptaron o correspondieron con su significado.

f) En relación con el alegato del quejoso en el que asegura la invalidez constitucional, también, de la porción normativa "usos propios o ajenos", el Tribunal sustentó que dicho argumento estaba vinculado con una hipótesis diversa del delito de peculado que no le fue aplicada al quejoso.

g) Más adelante, estableció también que en el escrito de acusación sí se estableció que el quejoso, en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, durante su administración estaba legalmente obligado a aplicar recursos federales de tres obras públicas en los años 2014 y 2015.

h) Después de destacar el contenido protector del principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo, el Tribunal aseguró que, a propósito del análisis del delito y la responsabilidad, se le respetaron al quejoso tales principios, puesto que con el material probatorio existente en el expediente se acreditó plenamente que realizó la conducta típica.

i) Agregó que en un proceso penal puede generarse la prueba indiciaria, porque cuando existe un cúmulo de hechos probados de forma debida, y de los mismos se deriva de forma razonada y fundada un juicio de culpabilidad, por la propia lógica de los indicios, no se podría estimar vulnerado el principio de presunción de inocencia.

j) En ese aspecto, invocó los criterios de esta Suprema Corte de rubros: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR." y "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES."

k) Añadió que los elementos de prueba ofrecidos por el órgano investigador y persecutor de los delitos, en contrapartida a los diversos de descargo, habían resultado aptos, suficientes e idóneos, para tener por acreditado el delito materia de estudio, así como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión.

l) En ese sentido, invocó los criterios de este Alto Tribunal de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.", y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO."

m) Asimismo, el Tribunal resolvió que la autoridad señalada como responsable no sustentó su determinación exclusivamente en la premisa de por el solo hecho de desempeñarse como Tesorero del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en la época de la comisión del delito, implicaba que les dio una aplicación distinta a los recursos federales, sino que tal extremo lo tuvo por acreditado a partir de la valoración de testimonios, peritos y documentos.

n) En otro tenor, sostuvo que la autoridad señalada como responsable sí señaló las pruebas documentales con las que, indiciariamente, se logró demostrar que el dinero tuvo una aplicación distinta a la que se debía.

o) Aseguró que se había dado una explicación clara y sucinta de los dictámenes que se rindieron en el proceso, del contenido de sus opiniones, del planteamiento del problema y de los métodos de estudio que aplicaron. Y, de igual forma, en todo momento se contestaron de forma clara y congruente las interrogantes que les fueron hechas a los peritos, sin que se hubieren mostrado dubitativos.

p) El Tribunal continuó sustentando que la autoridad señalada como responsable había realizado correctamente el ejercicio de valoración probatoria. En ese tenor, invocó la tesis de rubro: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33019-810c9f87/delito-de-peculado-el-articulo-223-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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