I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 35, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES PÚBLICOS LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. PODERES PÚBLICOS LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, NO PUEDE CAU
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 121/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de su Magistrado Presidente, en la cual se demandó la invalidez del decreto mil quinientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282, de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Antecedentes del acto impugnado. Del escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Morelos, manifiesta lo siguiente:
• Que en cada ejercicio fiscal la parte actora, ha remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada, sin embargo, no se ha respetado dicho proyecto, dado que el Poder Legislativo del Estado ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.
• El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió al Poder Ejecutivo estatal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial de la entidad, para el ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, por la cantidad de $916’832,428.00 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), en el cual incluía una partida presupuestal para el pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por la cantidad de $399’409,000.00 (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil pesos 00/100 moneda nacional).
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, remitió el uno de octubre de dos mil veinte, a la LIV Legislatura del Estado de Morelos, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno de ese Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
• El quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el decreto número mil ciento cinco, en el cual se autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial la cantidad de $549’034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), distribuida dicha cantidad, en los siguientes rubros: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado; b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia $75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional); y c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes. Sin considerar el aumento de los insumos necesarios para cumplir el mandato constitucional de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados -autorizados por diversos decretos jubilatorios emitidos por el Congreso del Estado-, sin que dicha Soberanía haya conferido recursos necesarios para cumplir con la partida presupuestal de pensiones.
• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós se publicó el decreto número quinientos setenta y nueve por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal para el año dos mil veintitrés, en el que se advierte que se aprobó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la cantidad de $800’000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n.) de los cuales $160’547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.) están destinados para pensiones y jubilaciones y personal de retiro; sin embargo, en dicho rubro y cantidad solo está considerado el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós, es decir no se considera el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparo u asuntos controvertidos.
• El veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282 del Estado de Morelos, el decreto mil quinientos noventa y tres, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por Jubilación a Roberto Vargas Sánchez, en los términos siguientes:
“DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ROBERTO VARGAS SÁNCHEZ
ARTÍCULO 1º.- Se concede Pensión por Jubilación a Roberto Vargas Sánchez, quien prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: oficial judicial “A”.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la entidad, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separó de sus labores, y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 58, penúltimo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones, y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria del Pleno iniciada el seis y concluida el doce de diciembre de dos mil veintitrés. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, secretaria, Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas...”
2. SEGUNDO. Demanda de controversia constitucional. El cuatro de abril de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, una demanda de controversia constitucional promovida por Luis Jorge Gamboa Olea, ostentándose como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en la cual planteó la invalidez del Decreto mil quinientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282 transcrito en el resultando anterior, emitido por el Congreso, refrendado por el Secretario de Gobierno y promulgado y publicado por el titular del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.
3. TERCERO. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez, el actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:
a) El decreto impugnado contraviene los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución local, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.
b) La autonomía de gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, y en la obligación de los poderes legislativos federal y local a garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre con el decreto impugnado, pues el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del poder actor al conceder una pensión con cargo a su presupuesto.
c) El poder demandado lesiona la independencia del Poder Judicial en el grado más grave de violación, que es la subordinación, y como consecuencia de ello su autonomía en la gestión de sus recursos, ya que, la Soberanía demandada por virtud del decreto impugnado dispone de los recursos del poder actor sin que éste último tenga intervención alguna en el decreto impugnado, siendo que este tiene facultad de disponer de sus propios recursos y pasando desapercibido que en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Corte, pues en la partida de pensiones y jubilaciones, se otorgó la cantidad de $160’547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.), misma que como se puede apreciar, apenas es suficiente para cubrir las pensiones previamente otorgadas por el Congreso para el pago de nómina a pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al mes de julio de dos mil veintidós, por lo que no se tiene certeza que dicha cantidad sea suficiente para cubrir las pensiones futuras, como en la especie.
d) Que por acuerdo del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de marzo de ese mismo año, en el Considerando Séptimo, se advierte que, para el pago de los decretos pensionarios en el ejercicio dos mil veintitrés, no se consideró el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo anual ejercicio dos mil veintitrés, en la foja 29, presentado por el Gobernador del Estado; es decir, la autoridad demandada tiene conocimiento que no se tiene numerario presupuestado para el pago del Decreto que aquí se reclama, vulnerando así la independencia y gestión presupuestaria del Poder actor.
e) Se infringe el artículo 92-A, fracción VI de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, ya que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.
f) Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso del Estado. Además, se violan los artículos 123, Apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 Constitucionales, así como el artículo 131 de la Ley Suprema Local, mandatos constitucionales que han sido lesionados en perjuicio del Poder actor al haberse concedido pensión por Jubilación a Roberto Vargas Sánchez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin verificar y/o proporcionar numerario alguno para cubrir dicha pensión en la medida que resulte suficiente para ello. Omisión que permite advertir una notoria afectación al Presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de Poderes, autonomía e independencia, establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal; 92-A y 131 de la Constitución Local.
4. CUARTO. Trámite. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrarlo bajo el número 121/2024 y turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. Por acuerdo del diez siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos y no tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa debido a que se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal.
6. QUINTO. Contestaciones de demanda. El cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado, contestó la demanda y el diecisiete siguiente, lo hizo el Congreso del Estado por medio del diputado presidente de la mesa directiva.
7. SEXTO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
8. SÉPTIMO. Audiencia y cierre de instrucción. El catorce de agosto de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos; el diecinueve siguiente se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la radicación del expediente a esta Primera Sala, para que el Ministro Instructor, se avocara a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud del Ministro instructor, por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veinticuatro, la Primera Sala de este Alto Tribunal, se avocó para conocer del presente asunto.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(3) del Acuerdo General Número 1/2023 publicado el catorce de abril de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
11. SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
12. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
“IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
El decreto número MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6282, de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a Roberto Vargas Sánchez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024”...
13. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte, en específico, del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por Jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
14. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2° y es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2° del Decreto mil quinientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282, de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, como acto impugnado.
15. Se considera un hecho notorio que el doce de febrero de dos mil veintiuno, el aquí Poder actor promovió una controversia constitucional la cual tiene el número de registro 15/2021, en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo del mismo Estado, demandando la invalidez del presupuesto a que se hace referencia, dicha controversia fue resuelta por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.(4)
16. TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
17. En el presente caso, debido a que el Poder actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282 del Estado de Morelos, el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del veintidós de febrero al diez de abril del presente año.(5)
18. Consecuentemente, dado que la demanda se recibió el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
19. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(6) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
20. El Poder Judicial del Estado de Morelos, compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(7)
21. El mencionado Magistrado Presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), constitucional; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) así como 34 y 35, fracción I,(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(10)
22. QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y no se tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa en razón de que, se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal.
23. De conformidad con la fracción II, del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(11) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
24. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
25. Así, el Poder Ejecutivo es representado por el Consejero Jurídico Santiago Núñez Flores; y, el Poder Legislativo es representado por el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
26. Así, dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, el Consejero Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(12)
27. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
28. Lo anterior, se advierte del acta de sesión ordinaria de primero de septiembre de dos mil veintitrés, en donde consta su designación como Presidente de la Mesa Directiva.
29. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la referida ley, el Presidente de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(13)
30. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
31. SEXTO. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este Alto Tribunal.
32. La Consejera Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo, del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.
33. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(14)
34. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) porque la expedición del decreto impugnado no le provoca afectación alguna al Poder Judicial actor y, por tanto, carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.
35. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(16)
36. Asimismo, el Congreso local aduce que se actualiza la causal de cesación de efectos; sin embargo, en las constancias de autos no queda justificado que el decreto impugnado haya sido sustituido por uno nuevo, que permita concluir que efectivamente ha cesado sus efectos a fin de no realizar el estudio de fondo en la presente controversia constitucional. Por lo tanto, se declara también infundada la causa de improcedencia.
37. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El Poder actor demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2º del Decreto mil quinientos noventa y tres, por medio del cual el Congreso local otorgó una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, imponiéndole la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separó voluntariamente de sus labores en razón de que, dicha pensión tiene cabida en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
38. La porción combatida es del tenor literal siguiente:
“DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ROBERTO VARGAS SÁNCHEZ
[...]
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la entidad, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separó de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 58, penúltimo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.”
[...]
39. El planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales(17) relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial del mismo Estado. En dichos asuntos se ha procedido estableciendo los fundamentos constitucionales pertinentes (A), para enseguida analizar con ellos el decreto combatido (B), y, en el presente asunto se seguirá la misma metodología.
40. A. Parámetro de regularidad constitucional. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Federal,(18) en donde se establece que el poder público de las entidades federativas se dividirá para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
41. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías reconocidos constitucionalmente.(19)
42. Además, se ha establecido que, para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar los mandatos prohibitivos de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(20)
43. Al respecto, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave, pues implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, sometiéndose a la voluntad del poder que lo subordina.
44. Además, el Tribunal Pleno ha sostenido que la autonomía de la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal(21) constituye una condición necesaria para que estos poderes ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.
45. Así, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los poderes judiciales locales, misma que no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes sin que ello derive en una violación al principio de división de poderes.(22)
46. B. Análisis del caso concreto. De la lectura del artículo 2º del Decreto mil quinientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282 impugnado, esta Primera Sala observa que, en efecto, la pensión por Jubilación se otorga de manera unilateral por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al erario del Poder Judicial actor. De esta manera, la legislatura estatal establece el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial, pues dispone de recursos ajenos para el pago de dicha pensión sin darle intervención al poder que debiera hacer la provisión económica respectiva.(23)
47. Así, con la emisión del Decreto 1593 el Congreso del Estado de Morelos lesionó la independencia del Poder Judicial de dicho Estado en el nivel más grave, es decir, en el de la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos, pues el hecho de que la legislatura local sea la instancia que decida si procede otorgar una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33030-f5d7c01d/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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