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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 6, FRACCIONES I Y II, 34, 55, 63, FRACCIÓN IV, 64, 98, FRACCIÓN III, Y 106 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. EL HECHO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO LO HAYA ELABORADO LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DEL ESTADO ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO POR LA LEY RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE CIRCULACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN, POR LO QUE NO EXISTE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO 294 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). VI. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO. VII. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. EL AUMENTO EN LA EDAD MÍNIMA REQUERIDA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN SUPERA EL EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD (ARTÍCULOS 86 Y 88 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). VIII. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LA IMPOSICIÓN DE UNA CUOTA ADICIONAL AL SUELDO BASE DE LA PERSONA TRABAJADORA, EN UN PORCENTAJE QUE DEBE QUEDAR ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, PARA LA PRESTACIÓN MÉDICA DEL PADRE Y/O A LA MADRE DE LA PERSONA ASEGURADA, COMO SUS PERSONAS BENEFICIARIAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA EL CASO DE LA PRESTACIÓN MÉDICA, EL ASEGURADO DEBERÁ CONVENIR CON EL ISSET, EL INCREMENTO DE LA CUOTA DE SU SUELDO BASE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL, MISMO QUE SERÁ ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LSSET", DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). IX. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO DE LA PERSONA TRABAJADORA Y DE SUS FAMILIARES O QUIEN LA REPRESENTE DE DAR AVISO AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). X. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LAS PERSONAS ASEGURADAS, QUE NO TENGAN DERECHO A PENSIÓN ALGUNA DE LAS AMPARADAS POR LA LEY LOCAL DE LA MATERIA ABROGADA, DEBERÁN APEGARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY, VIOLA EL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO HUMANO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). XI. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS PERSONAS ASEGURADAS QUE ELIJAN TRANSITAR AL NUEVO RÉGIMEN DE PENSIONES, NO AFECTAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS (ARTÍCULOS 66, 70, 78, 87 Y 88 Y TRANSITORIOS SEGUNDO, SÉPTIMO Y DEL NOVENO AL DÉCIMO TERCERO DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). XII. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LA POSIBILIDAD DE RETIRAR EL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL ÚNICAMENTE CUANDO SE ACTUALICE ALGÚN SUPUESTO QUE OTORGUE EL DERECHO A UNA PENSIÓN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, SINO QUE GARANTIZA UN SEGURO DE DESEMPLEO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS (ARTÍCULOS 122 Y 123, TRANSITORIOS SEGUNDO, SÉPTIMO Y DEL NOVENO AL DÉCIMO TERCERO DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). XIII. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SESENTA A NOVENTA DÍAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES, NO VIOLA DERECHO ALGUNO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO). XIV. SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE MUJERES Y HOMBRES, CON LA FINALIDAD DE REMEDIAR LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL EN QUE SE COLOCAN LAS TRABAJADORAS, SE EMITIERON COMO ACCIONES AFIRMATIVAS, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULOS 86, 89 Y 90 DE LA LEY DE SEG

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2016 Y SU ACUMULADA 9/2016. · Registro digital (IUS): 33079
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-14
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2016 Y SU ACUMULADA 9/2016. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 8/2016 y su acumulada 9/2016, promovidas por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que cuestionan la regularidad constitucional del Decreto 294, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que se expidió la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (en adelante también identificada como LSSET).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de los escritos iniciales. A través de sendos escritos recibidos el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco,(1) así como Luis Raúl González Pérez, entonces Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 294, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de dicha entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. Los accionantes sostienen que las normas impugnadas contravienen lo previsto en los artículos 1o., 4o., 14, 16, 123, apartado B, fracción XI, inciso A, 127 y 133 de la Constitución Federal, así como diversos instrumentos internacionales, de acuerdo con los siguientes conceptos de invalidez:

3. A. Acción de inconstitucionalidad 8/2016, promovida por diversos los Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco.

Primero. El artículo 76 de la LSSET es violatorio del derecho a la igualdad en materia de seguridad social y del principio de previsión social, al establecer como requisito para la realización de trámites para acceder a una pensión el que no existan adeudos pendientes con el Instituto. No sólo se transgrede la garantía del trabajador, sino de los familiares derechohabientes, quienes no tienen esa carga y también se les impide realizar cualquier tipo de trámite administrativo.

El entero del pago de cuotas y aportaciones al Instituto le corresponde al patrón, por lo que los trámites que quieran realizar los trabajadores y sus derechohabientes podrían verse obstaculizados por causas no imputables a ellos.

No puede condicionarse el goce del derecho humano a la seguridad social a la inexistencia de un adeudo con el Instituto, pues ello implicaría exigir al asegurado que tiene que pagar el acceso a un derecho que le es inherente.

Segundo. El artículo 80 de la LSSET, al establecer que la pensión máxima total que se otorgue al asegurado no puede ser mayor a treinta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Estado, rompe con el principio constitucional de previsión social, pues de manera injustificada se fija un límite al beneficio que puede recibirse. Si un trabajador cumplió debidamente con los años de cotización previstos en la ley, no puede limitarse el disfrute de la pensión.

Tercero.

3.1. Los artículos 7, párrafo último, y 75 de la LSSET, violan los principios de certeza y seguridad jurídica porque facultan al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para ordenar la verificación de los documentos y hechos que hayan dado origen al derecho de percibir un pago por cualquiera de las modalidades de pensión reconocidas en la Ley. Lo anterior podría traer como consecuencia que una persona para la cual la pensión se constituyó como un derecho adquirido, se encuentre en la incertidumbre que propicia la verificación de documentos y hechos que dieron origen a su derecho. La ley impugnada permite a la autoridad administrativa corregir su propio error con consecuencias perjudiciales para los pensionados. En todo caso, la autoridad debería proporcionar los medios para subsanar el error, pero nunca en perjuicio del derecho adquirido del trabajador.

3.2. Los artículos impugnados, al permitir al Instituto de Seguridad Social suspender el derecho de pensión adquirido por los derechohabientes resulta excesivo y contradictorio de la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cuarto. Los artículos 72 y 73 de la LSSET son inconstitucionales e inconvencionales al suspender el pago del derecho de pensión por el hecho de reingresar al servicio activo. Los pagos por concepto de pensión son los beneficios de un derecho adquirido que no puede ser suspendido por el hecho de reingresar a una relación laboral con el Estado. El artículo 73 llega al extremo de establecer que el derechohabiente está obligado a devolver las cantidades recibidas indebidamente; sin embargo, los pagos realizados como consecuencia del derecho adquirido de los pensionados no pueden considerarse indebidos por el hecho de que pueda obtener otros ingresos, ya que no existe mandado constitucional que lo impida. Con ello, el legislador concibe al derecho a una pensión como susceptible de revocación o suspensión. Además, la ley impugnada presenta contradicciones, porque el artículo 77 establece que las pensiones no podrán ser objeto de enajenación, cesión o gravamen, salvo por mandato judicial y, por otro lado, prevé la posibilidad de que el Instituto suspenda el derecho a la pensión.

Quinto.

5.1. Los artículos 86, 89 y 90 de la LSSET son inconstitucionales al establecer diferencias entre hombres y mujeres en varios sentidos. En concreto, en lo referente a: I) los años de servicio para tener derecho a pensión por jubilación (artículo 86); II) el porcentaje de sueldo regulador en beneficio de los pensionados, con distinción por años para la obtención de pensión por edad y tiempo de servicio (artículo 89); y, III) el porcentaje del sueldo regulador para la obtención de pensión por invalidez derivada de otras causas al accidente o enfermedad profesional (artículo 90). El trato diferenciado que otorga la LSSTE a hombres y mujeres es violatorio de los artículos 1 y 4 constitucionales.

5.2. Los artículos 86, 89 y 90 de la LSSTE son violatorios del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo anterior, porque en términos del numeral 34 de la LSSET, las aportaciones por parte de los derechohabientes pasaron del ocho al dieciséis por ciento en comparación con la legislación anterior. Además, en términos del diverso 87 del referido ordenamiento, los porcentajes de pagos de pensión por jubilación disminuyeron al setenta por ciento del sueldo regulador, cuando en la ley anterior el pensionado por jubilación tenía derecho al pago del cien por ciento de su último sueldo base devengado. Lo anterior, a pesar de que se disminuyeron los beneficios de los derechohabientes, ya que a la luz del artículo 80, el pago final que se puede recibir por concepto de pensión es mucho menor que el 70% de su último sueldo.

Sexto. El artículo decimoprimero transitorio viola las garantías de certeza y legalidad jurídicas, al establecer que el valor de la prima de transición será una cantidad consistente en un porcentaje del monto total de sus aportaciones fijado por la Junta de Gobierno. El no establecer un parámetro fijo en la Ley o en los artículos transitorios implica dejar al arbitrio de la Junta de Gobierno del ISSET el valor de la prima de transición.

Séptimo. El artículo 18 de la LSSET es violatorio de los numerales 123, apartado B, fracción XVI, de la Constitución Federal, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al contravenir el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y el principio de previsión social, al no incluir a los sindicatos como parte de la Junta de Gobierno del Instituto. Tal medida también es violatoria del principio de progresividad, toda vez que en la anterior ley los sindicatos sí participaban en esa Junta, por lo que la reforma implica un retroceso.

Octavo. Los artículos 3, fracciones XVIII y XIX, 70, 78, 89, párrafo primero y 95, todos de la LSSET, son violatorios de los principios de igualdad y previsión social en la porción normativa denominada “sueldo regulador”. Lo anterior, al establecer que éste se computará tomando como único elemento el sueldo base, sin tomar en consideración que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado establece el concepto de salario como la remuneración que debe pagarse al trabajador por los servicios prestados, es decir, la totalidad de las percepciones, sin limitarlas únicamente al sueldo base. Al respecto, la Constitución señala que por remuneración debe entenderse toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Ello impide que los derechohabientes tengan acceso a una pensión que comprenda la totalidad de la remuneración percibida durante su período de cotización. Además, el concepto de “salario regulador”, como base para las cotizaciones, es inequitativo porque existen diversas personas que reciben prestaciones complementarias al sueldo base y que por ellas no se calcula la tasa del 16% por concepto de aportaciones de seguridad social. En ese sentido, en el supuesto de que un trabajador no percibe remuneraciones adicionales y otro sí, el primero percibe menos riqueza al cotizar sobre la totalidad de sus remuneraciones, mientras que el segundo percibirá más al no aplicársele la tasa referida a las remuneraciones adicionales, lo que rompe con los principios de igualdad, proporcionalidad y solidaridad que debe imperar en todo sistema contributivo de seguridad social.

Noveno. Los artículos 23, fracción XII, 106 y 107, párrafo segundo, de la LSSET son inconstitucionales en las porciones que establecen la facultad de la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad Social del Estado de autorizar que las cuotas y aportaciones sean destinadas para prestaciones distintas para las cuales fueron recaudadas. El legislador local otorgó a la Junta de Gobierno del Instituto un cúmulo de facultades discrecionales en cuanto a lo siguiente: a) el monto o periodicidad del porcentaje de contribuciones y/o aportaciones que pueden ser destinadas a fines distintos a los previstos; y b) los montos, periodicidad y porcentajes que deberán destinarse a préstamos. El hecho de que el Instituto pueda promover y realizar actividades culturales, recreativas y deportivas no puede implicar que la Junta de Gobierno disponga a discreción de las cuotas y aportaciones correspondientes a esos rubros.

Décimo.

10.1. El artículo 6, fracciones I y II, de la LSSET establece condiciones desiguales entre hombres y mujeres. Particularmente, la fracción II establece condiciones desiguales al hombre que tenga el carácter de cónyuge o concubino en relación con las previstas en la fracción I para la mujer que tenga el carácter de cónyuge o concubina.

10.2. El artículo 6, fracción VII, de la LSSET no se ajusta a las necesidades del trabajador del Estado, al establecer que el asegurado tiene que pagar una cuota adicional para que su padre y/o madre, que dependan económicamente de él, puedan recibir los beneficios de la ley. Estos requisitos adicionales para que los padres de los asegurados puedan ser beneficiarios establecen una diferencia injustificada respecto de las personas que pueden tener el carácter de beneficiarios del asegurado o pensionado. De un análisis comparativo de disposiciones que regulan aspectos semejantes, en concreto, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, se advierte que éstas no prevén la necesidad del aumento de alguna aportación o pago por parte del trabajador.

Decimoprimero.

Los artículos 6, fracción VII, y 34 de la LSSET son violatorios del principio de progresividad. El artículo 6, fracción VII, establece que, para ser reconocidos por el Instituto como beneficiarios, el padre y/o madre, previa acreditación de la dependencia económica total, deberán convenir con el Instituto el aumento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional para el caso de la prestación médica, lo que vulnera económicamente al trabajador, familiares y dependientes. Al respecto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley Federal) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se desprende la necesidad del aumento de alguna aportación o pago por parte del trabajador; además, obligan a los titulares de las dependencias a cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales.

Esto viola el principio de progresividad porque, a diferencia de la ley abrogada, en la nueva ley se contempla un aumento en la aportación de los trabajadores (del 8% al 16%) a partir de la falsa justificación de que financieramente ya no es posible sostener las cuotas previas. No obstante el aumento de la cuota, en la nueva ley se reducen los beneficios de los trabajadores. Además, el argumento del legislador en relación con la variación de las condiciones socioeconómicas, esperanza de vida y su impacto en las finanzas públicas, no puede tener el alcance de implicar un detrimento en el ejercicio de los derechos humanos de los gobernados.

Decimosegundo. Los artículos 86 y 88 de la LSSET son inconstitucionales al establecer que para la pensión por jubilación se exigen cinco años más de servicio [previo a la reforma se exigían 15 años, mientras que de acuerdo con el artículo impugnado se exigen 20 años, tanto en hombres como en mujeres], lo que resulta injustificado. Además, el requisito de cumplir con una edad equivalente al 85% del indicador de esperanza de vida que para el Estado publique el Consejo Nacional de Población (CONAPO) no tiene precedente alguno y resulta exagerado, pues obligaría a los adultos mayores a continuar laborando hasta los 62 años tratándose de mujeres y 67 años, tratándose de hombres, con las limitaciones propias de esa edad.

Decimotercero. El artículo 55 de la LSSET viola el principio de no regresividad, ya que se contrapone con el diverso 82 de la legislación abrogada, que disponía que el trabajador dado de baja y sus familiares derechohabientes conservarían por cuatro meses el derecho a recibir prestaciones médicas. El artículo vigente disminuye el tiempo de conservación a tres meses. La ley anterior establecía que el trabajador debía aportar el 8% del sueldo base percibido, lo que hacía proporcional la carga parafiscal con los beneficios obtenidos, en ese caso, la conservación de derechos durante cuatro meses. En oposición a lo anterior, la nueva normativa duplicó el porcentaje de aportación y disminuyó los beneficios.

Al no contemplarse en la nueva legislación la posibilidad de continuar bajo la protección y el esquema de seguridad social vigente al momento del ingreso al servicio público o, en su caso, optar por sustituir dicho sistema por el nuevo que se implementa, se coarta la garantía de no retroactividad establecida en el artículo 14 constitucional.

Decimocuarto. De manera injustificada se redujo exorbitantemente el porcentaje de la cuantía de las pensiones. En la ley abrogada se establecía un método para calcular la cuantía de la pensión conforme a la cual podría obtenerse hasta el 100% respecto del 85% del último sueldo devengado. En cambio, la norma impugnada aumentó el requisito de edad cinco años y fijó el límite del disfrute de la pensión al 70% del promedio del sueldo regulador de los últimos tres años. Es decir, se disminuyó 15% el monto de la pensión que se le podría otorgar al asegurado.

Decimoquinto. Los artículos 122 y 123 de la LSSET son violatorios de los derechos humanos de seguridad jurídica e irretroactividad porque van en retroceso en comparación con lo que disponía el diverso 139 de la ley abrogada. Esta última disposición otorgaba a los servidores públicos a requerir y obtener las aportaciones realizadas cuando, sin tener derecho a pensión por jubilación, invalidez o vejez, se separaran del servicio o fallecieren. En cambio, los artículos impugnados establecen que el retiro del saldo de la cuenta individual solo podrá ser exigible al momento en que el asegurado o uno de sus beneficiarios concurran en algún supuesto que otorga derecho a pensión, y si no cumple con los requisitos para retirar el saldo de la cuenta individual, ésta permanecerá en el ISSET hasta el día en que el asegurado o sus beneficiaros sean acreedores a retirar ese saldo. Lo anterior es violatorio de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad, al modificar un derecho adquirido por el trabajador.

Decimosexto.

16.1. El artículo 2, párrafo último, de la LSSET es inconstitucional porque excluye de los beneficios de la ley a los trabajadores eventuales, a quienes sólo otorga derecho a los servicios médicos. Lo anterior es violatorio de los numerales 1, 4 y 123, apartado B, de la Constitución Federal, puesto que no se justifica que a los trabajadores eventuales se les excluya de los demás beneficios otorgados por la ley.

16.2. El artículo 10 de la LSSET, que establece la facultad a la Junta de Gobierno de resolver las controversias derivadas de la aplicación de la ley, contraviene lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal porque tales controversias sólo pueden ser resueltas por órganos jurisdiccionales previamente establecidos.

16.3. El artículo 30, fracción V, de la LSSET, es inconstitucional al permitir que las pensiones de los trabajadores prescriban a favor del Instituto. Las pensiones son imprescriptibles, al tratarse de un derecho humano que no puede ser renunciado por el simple transcurso del tiempo. Además, el contenido de la norma impugnada es contradictorio con lo previsto en el diverso 130 de la propia LSSET, que establece el carácter imprescriptible de las pensiones, lo que genera incertidumbre.

16.4. El artículo 130, párrafo último, de la LSSET es inconstitucional en la parte que establece que el Instituto no hará pagos retroactivos por concepto de pensiones, lo cual es violatorio del principio de imprescriptibilidad de las pensiones. Además, conforme al arábigo 79 de la LSSET, el derecho a cobrar pensión se genera a partir del día siguiente al en que cause baja el trabajador, lo que demuestra que se deben realizar pagos de forma retroactiva.

16.5. Es inconstitucional el artículo 63, fracción IV, de la LSSET, al no considerar como accidente de trabajo a los que sean debidos a un caso fortuito o fuerza mayor no imputables al ente público, lo que es contrario al diverso 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, porque dicha disposición constitucional no distingue el origen del accidente de trabajo para determinar la obligación al Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social y atención médica curativa al trabajador.

16.6. El artículo 64 de la LSSET es inconstitucional porque condiciona el derecho a la salud y la atención obstétrica de la mujer a que exista una certificación de su embarazo, lo que podría originar que se le niegue la atención a una mujer por el hecho de que el Instituto no haya certificado previamente su condición. 16.7. Es inconstitucional el artículo 82 de la LSSET, al establecer que se considerará aceptado el monto de la pensión cuando el pensionado no haya manifestado su inconformidad dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se le haya notificado ese monto, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica porque se limita al pensionado a que con posterioridad a dicho término pueda exigir el cumplimiento del correcto pago de la pensión.

16.8. Los artículos 88, 89 y 90 de la LSSET, que establecen la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, así como por invalidez, son inconstitucionales porque realizan una diferenciación injustificada entre hombres y mujeres. En el caso de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, las mujeres con 30 años de servicio pueden tener derecho a una pensión por el 70% del sueldo regulador, en tanto que los hombres necesitan 35 años de servicio para acceder a una pensión igual, lo que resulta discriminatorio y desigual. Esto también acontece con la pensión por invalidez, en la cual se requiere a las mujeres contar con 30 años de servicio para tener derecho a una pensión por el 70% del sueldo regulador y a los hombres se les requiere contar con 35 años de servicio para tener derecho a una pensión por el 70% del sueldo regulador.

16.9. El artículo 98, fracción III, de la LSSET, vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Ello, porque establece mayores requisitos al esposo o concubinario supérstite que a la esposa o concubina para ser beneficiario de la pensión por fallecimiento.

16.10. Es inconstitucional el artículo 103 de la LSSET porque coloca en incertidumbre jurídica a los beneficiarios de un trabajador asegurado que fallezca, ya que el monto de la prestación que le corresponde no se encuentra establecida en la ley, sino que se sujeta a la decisión arbitraria de la Junta de Gobierno del Instituto.

16.11. Los artículos 131 y 132 de la LSSET son violatorios de los numerales 1, 4, 16 y 123 de la Constitución Federal porque establecen un trato desigual en torno a la forma en que opera la prescripción de derechos. Por un lado, se establece un término de tres años para el reclamo por parte de los trabajadores o beneficiarios de prestaciones que hayan sido reclamadas; por otro lado, se prevé un término de prescripción de diez años a favor del ISSET para hacer exigible cualquier tipo de crédito.

Decimoséptimo. El artículo 6 de la LSSTE es violatorio de los derechos de igualdad en materia de seguridad social y previsión social. Esto, porque propone un incremento en la cuota, lo que contraviene el derecho a un salario digno y a la protección de la salud. Además, porque en la ley anterior se reconocía la calidad de beneficiario al “padre físicamente incapacitado para trabajar y la madre si no tiene ingresos: en ambos casos deberán vivir en el hogar del asegurado y depender económicamente en forma total del mismo”.

Decimoctavo. Los artículos 62, 66, 67, 70, 72 y 78 de la LSSET son violatorios del principio del principio de progresividad, pues implican un retroceso o pérdida de derechos humanos en relación con las disposiciones de la legislación abrogada.

18.1. El artículo 62 de la ley impugnada elimina el derecho del servidor público de dar aviso del accidente. En la legislación anterior era derecho del individuo, de su familia o representante legal llevar a cabo dicha acción.

18.2. El artículo 66 de la LSSET no prevé la preservación de los derechos de los servidores públicos contratados durante la vigencia de la Ley abrogada.

18.3. El artículo 67 de la LSSET amplía el plazo (de sesenta a noventa días) para resolver sobre la procedencia de las pensiones, lo que afecta a los servidores públicos que ya las habían ganado al estar activos, lo que vulnera el numeral 14 constitucional.

18.4. Es inconstitucional el artículo 70 de la LSSET porque, conforme a la anterior ley, la cuantía de la pensión se realizaba conforme al último sueldo, mientras que la norma impugnada prevé el cómputo de la pensión conforme al promedio del sueldo base mensual promedio de los últimos tres años, lo que podría implicar un perjuicio patrimonial para los trabajadores.

18.5. En el artículo 72 de la LSSET fue eliminado el párrafo primero del diverso 42 de la legislación abrogada, en el que se establecía la posibilidad de incrementar la pensión en el futuro.

18.6. El artículo 78 de la LSSET es inconstitucional porque, en términos del numeral 49 de la ley abrogada, la pensión se calculaba conforme al último sueldo devengado, mientras que la norma impugnada prevé que la pensión se cuantificará sobre el promedio del sueldo base mensual de los últimos tres años que haya laborado el servidor público, lo que implica un posible daño patrimonial, considerando que el sueldo base es aproximadamente 25% del sueldo mensual.

Decimonoveno. Los artículos 86, 87 y 88 de la LSSET son inconstitucionales porque violan el principio de no aplicación retroactiva de la ley, por las siguientes razones:

19.1. En el artículo 86 se incrementa en cinco años la antigüedad requerida para que un servidor público acceda a una pensión; además, se le impone la condicionante de que cubra el 85% del indicador de la esperanza de vida publicado por la Comisión Nacional de Población (CONAPO), lo que significa que la edad irá incrementando conforme se publiquen esos estudios.

19.2. El artículo 87 establece que la pensión por jubilación dará derecho al 79% del sueldo regulador y al uso del saldo de su cuenta individual para complementar la pensión, lo que infringe el numeral 14 constitucional, al eliminar el cálculo de la pensión por jubilación conforme al último sueldo devengado.

19.3. El artículo 88 de la LSSET establece que la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio se concederá a los asegurados que habiendo cumplido la edad correspondiente al 85% del indicador de esperanza de vida publicada por la CONAPO y tengan 20 o más años de servicio e igual tiempo de contribuir al ISSET, lo que viola el numeral 14 constitucional al aplicarse retroactivamente. El artículo 57 de la ley abrogada otorgaba al incapacitado una pensión del 100% del último sueldo devengado y ahora se redice al 70% del sueldo regulador. Además, la definición de invalidez total y permanente difiere de lo establecido en el artículo 57 de la ley abrogada. Asimismo, la norma impugnada es discriminatoria porque incorpora una distinción entre hombres y mujeres.

Vigésimo. Los artículos transitorios del Decreto impugnado (segundo, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo y decimotercero) violan los principios de progresividad y no aplicación retroactiva.

20.1. Es inconstitucional el aumento de los años de servicio, puesto que existen personas que, bajo las disposiciones de la ley anterior, estaban próximas a jubilarse y conforme a las nuevas normas tendrán que trabajar los años que se aumentaron.

20.2. El artículo transitorio noveno establece que los asegurados con derecho a pensión tendrán seis meses a partir de la publicación de la ley impugnada para solicitar su permanencia en el régimen anterior o la transición al establecido en la nueva ley; sin embargo, ello solo beneficia a quienes ya tienen derecho a una pensión, pero no a quienes estuvieran a días o meses de alcanzar ese derecho. Las nuevas condiciones deben ser aplicables a las personas de nueva contratación, mas no a las personas que conforme a la legislación abrogada estaban próximas a alcanzar el derecho a ser jubilados o pensionados.

Vigesimoprimero. El Decreto impugnado viola los derechos a un debido proceso legal y de legalidad, toda vez que el Congreso del Estado de Tabasco no cumplió con el debido procedimiento, al no haber circulado a sus integrantes el Dictamen respectivo un día antes de la sesión en la que se iba a discutir, como lo señala el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad.

4. B. Acción de inconstitucionalidad 9/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Primero.

1.1. El artículo 6, fracción II, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco establece una discriminación por razón de género y transgrede el derecho a la prestación de servicios médicos. Esto, porque establece que el esposo de la trabajadora o el concubinario sólo tendrán acceso a ese derecho si se encuentran incapacitados física y/o mentalmente, de acuerdo con lo determinado por dictamen médico expedido por el ISSET, y que dependan económicamente de la cónyuge y concubina. Con esto se otorga un trato inequitativo en función del género de los beneficiarios en función del género, sin que para ello exista justificación. Esa diferenciación no supera un test de proporcionalidad, ya que no se advierte una finalidad relacionada con el bien general ni el equilibrio entre el sector femenino y masculino.

1.2. El artículo 98, fracción III, de la LSSET también establece una discriminación por razón de género. De acuerdo con la disposición impugnada, los hombres sólo podrán gozar de la pensión por viudez cuando sean mayores de sesenta años o estén incapacitados para trabajar y, con esa condición, dependan económicamente de la derechohabiente. Esta diferenciación es inconstitucional, toda vez que a las mujeres no se les exige requisito alguno para tener acceso a una pensión por viudez. En el caso, no se está frente a una acción afirmativa, ya que no se genera igualdad, sino desventaja del varón frente a la mujer, sin que se desprenda razón que lo justifique.

Segundo. El artículo 33 de la LSSET es inconstitucional por transgredir la obligación del Estado de garantizar el más alto nivel posible de salud, ya que supedita el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones a las posibilidades económicas del Instituto. La norma impugnada establece que si los recursos del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33079-fc03976a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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