I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 11, FRACCIÓN XXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE, POR LO QUE SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y LAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. V. HIDROCARBUROS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE DICHA MATERIA. VI. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VII. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. IX. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, POR LO QUE SE TRATA DE CONTRIBUCIONES QUE RECAEN SOBRE UN ÁMBITO RESERVADO A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LOS POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE CUALQUIER HIDROCARBURO", Y SUS NUMERALES 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE INVADE EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS PARA EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LOS POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE CUALQUIER HIDROCARBURO", Y SUS NUMERALES 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LOS POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE CUALQUIER HIDROCARBURO", Y SUS NUMERALES 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 68/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Acto impugnado:
Artículo 21, fracción I, numerales 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, expedida mediante Decreto 612, publicado en el Periódico Oficial local, el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 68/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, demandando la invalidez del artículo 21, fracción I, en sus numerales 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, de la citada entidad federativa, para el Ejercicio Fiscal 2024 expedida mediante Decreto 612, publicado en el Periódico Oficial local el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito depositado en el buzón judicial el trece de febrero de dos mil veinticuatro y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que impugnó lo siguiente:
"IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó:
El Decreto 612 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24 (sic) que dispone:
ARTÍCULO 21.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de:
I.- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica aerogeneradores o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas ale, gas natural y gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, se cobrará anualmente la siguiente tarifa: (...)
5.- Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $32,324.50 por cada pozo.
6.- Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $32,324.50 por cada pozo."
2. Conceptos de invalidez de la demanda inicial. En su escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• ÚNICO. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados al expedir el Decreto impugnado invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación.
A. Los numerales 5 y 6 de la fracción I del artículo 21 del Decreto que se combate, regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, es decir, permite que cualquier persona a través de un permiso expedido por el Municipio de Juárez extraiga cualquier hidrocarburo.
El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le otorgó el Poder Constituyente, emitió la Ley de Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Federal en materia de hidrocarburos, de donde deriva que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde a la Federación regular su explotación y extracción.
En términos del artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, en su fracción XIV, dispone: "Exploración: Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos, encaminados a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida;" y en su fracción XV establece: "Extracción: Actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de hidrocarburos, incluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la Recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, dentro del área contractual o de asignación, así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción."
Por lo que, de ninguna manera la ley permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del Pleno de ese Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, en la cual resolvió que si la norma en análisis tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del Municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas de la Federación, es claro que el legislador invadió las facultades de ésta, por lo que resulta inconstitucional.
De una interpretación sistemática de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracción XVII, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 4 y 6 de la Ley de Hidrocarburos, la Federación tiene la facultad exclusiva de legislar en toda la República sobre hidrocarburos, por lo que al legislar en esa materia la entidad federativa demandada invade la esfera competencial de la Federación.
B. La invasión a la esfera competencial de la Federación causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal en materia de hidrocarburos.
El párrafo último de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales, sin embargo, de los preceptos impugnados se advierte que el Congreso local dispuso cobros por el otorgamiento de permisos para la extracción de cualquier hidrocarburo, lo que actualiza la afectación de atribuciones cuando esa competencia está expresamente otorgada a la Federación.
Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, circunstancia que implica que, la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos. Lo anterior, aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.
El artículo 1 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivado de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contractos a que se refiere el diverso 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las contraprestaciones que se establecerán en los contratos.
Por su parte, el artículo 2, fracción II, en relación con el 44 de esa Ley, refiere que el Estado Mexicano percibirá ingresos por la actividad de extracción de hidrocarburos donde el asignatario estará obligado a pagar mensualmente el derecho por extradición.
Conforme a la Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo cual, el Decreto impugnado afecta la competencia de la Federación al legislar y establecer contribuciones en materia de hidrocarburos.
Así, establecer el pago de derechos por permisos que tengan como finalidad la extracción de hidrocarburos en una legislación de carácter municipal actualiza un principio de afectación en perjuicio de la esfera competencial del Poder Ejecutivo Federal en dicha materia.
En conclusión, los artículos 25, párrafo tercero, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracción XVII, 124 y 133 de la Constitución Federal, otorgar a la Federación la facultad exclusiva de dictar y regular en materia de hidrocarburos, por lo que permitir al Congreso local que, a través de la Ley de Ingresos Municipal que se impugna contemple el pago de derechos por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburos, se invade la competencia de Federación.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de quince de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 68/2024; y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento respectivo, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las cuales ordenó emplazar para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su respectiva contestación a la demanda; requirió al Ejecutivo local para que exhibiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste la publicación del Decreto impugnado; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Juárez, Estado de Coahuila de Zaragoza y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes de la celebración de la audiencia de ley, formulara el pedimento que le corresponde.
6. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro,(2) Marcela Guerra Castillo, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, compareció a juicio en su carácter de tercero interesado, a través del cual, en síntesis, manifestó:
• La litis constitucional en el presente asunto se centra en determinar si los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, vulneran la competencia exclusiva de la Federación en materia de regulación de hidrocarburos, al establecer en la Ley de Ingresos Municipal respectiva, la contribución relativa al derecho sobre el otorgamiento de licencias para la construcción y remodelación de pozos para la extradición de cualquier hidrocarburo, lo cual evidentemente se relaciona con la explotación y extracción de bienes reservados de manera exclusiva a la Nación.
Del artículo 124 de la Constitución Federal se desprende el principio rector en el sistema jurídico mexicano, según el cual existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales para los Estados.
En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación, así como derivados del petróleo.
En relación con lo anterior, el Pleno de ese Alto Tribunal ha sostenido criterios visibles en las tesis de rubros: "LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COAHUILA (VIGENTE EN 1954) SU ARTÍCULO 66, INCISO A), INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN (PETRÓLEO Y GAS NATURAL).", con registro 232238; y "POZOS ARTESIANOS. EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE EL 27 DE AGOSTO DE 1976, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.", con registro 232470.
En ese sentido, el fondo de la litis se centra en determinar si la Ley impugnada es contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Federal, así como si dicho ordenamiento invade facultades de la Federación, en relación con la regulación de atribuciones en materia de hidrocarburos.
Por lo anterior, este órgano legislativo estará al tanto de la resolución que adopte esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la invasión de facultades a la Federación.
7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro,(3) Ana Lilia Rivera Rivera, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, compareció a juicio en su carácter de tercero interesado, en el que, en síntesis, manifestó:
• El actor principal expone en dos conceptos de invalidez que el Decreto impugnado invade la competencia del Congreso de la Unión en materia de hidrocarburos contenida en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, así como las del Ejecutivo Federal en dicha materia, al regular en el artículo 21, fracción I, numerales 5 y 6, de la Ley impugnada el cobro de derechos por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo.
Este órgano legislativo estima que los conceptos de invalidez son esencialmente fundados.
Las atribuciones de la Federación se encuentran precisadas en la Constitución Federal de dos maneras, en forma expresa y en forma implícita.
Respecto de las facultades otorgadas al Congreso de la Unión, la Norma Fundamental en su artículo 73 establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones con que expresamente cuenta, mientras que las facultades implícitas se prevén en la fracción XXXI del precepto constitucional en cita.
Por otra parte, las facultades atribuidas a las entidades federativas se encuentran previstas en el artículo 124 de la Constitución Federal, el cual establece que todo lo que no corresponde a la Federación es facultad de los Estados.
Es importante precisar la diferencia que existe entre facultad implícitas y facultades reservadas a las legislaturas locales, esto es, las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y cuya regulación importa su objeto o fin, mientras que las segundas son susceptibles de desempeño en materias que la Constitución no reserva al Congreso de la Unión, en puntual observancia del principio contenido en el citado artículo 124 de la Ley Suprema.
De dicho precepto se advierte que las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentran concedidas expresamente a los funcionarios federales.
Además, existen facultades coincidentes que son las que se ejercen simultáneamente por la Federación y por los Estados, y que constituyen en realidad una excepción al régimen federal, según el cual una atribución conferida a la Federación supone necesariamente su supresión a la esfera de competencia estatal.
Así, son fundados los argumentos del Ejecutivo Federal respecto a que se afecta la competencia del Congreso de la Unión para regular la materia de hidrocarburos.
La fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal faculta de manera expresa al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos, entre otras cosas.
Facultad exclusiva que, de igual manera, se advierte del artículo 27, párrafos cuarto y sexto, de la Norma Fundamental, al establecer que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de la plataforma continental, todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema, entre otros elementos, son del dominio directo de la Nación, el cual es inalienable e imprescriptible, es decir, la explotación, el uso o aprovechamiento de dichos recursos son actividades que sólo pueden realizar los particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, a través de las concesiones que les sean otorgadas por el Ejecutivo Federal.
Así, como el precepto 28 constitucional, relativo a que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre las cuales se encuentran la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución Federal, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Como medida residual para asegurar el ejercicio efectivo de las atribuciones del propio órgano legislativo federal y de los restantes Poderes de la Unión, la fracción XXXI del referido 73 constitucional, lo habilita para expedir toda clase de leyes que puedan resultar necesarias para ello.
Conforme a las atribuciones que le confieren los artículos constitucionales en estudio, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos, con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.
La Ley de Hidrocarburos, en lo que interesa, tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos, y prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos.
Conforme a las disposiciones constitucionales y legales en análisis, queda demostrado que la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación y las entidades federativas no pueden otorgar permisos de construcción o remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, como lo hace la norma impugnada, por lo que debe declararse su invalidez.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, formuló contestación a la demanda, en la que manifestó, en esencia: • Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo local realizó la promulgación y publicación de la Ley impugnada, también lo es que es su deber previsto en la Constitución local, conforme a sus artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, que dispone que el Gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado y de lo que puede deducirse que no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de las normas combatidas.
• Asimismo, se considera necesario admitir que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto por el que el Ejecutivo da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial, requisitos indispensables de fundamentación y motivación, que solo requieren que provengan de autoridad competente y que en el caso se cumplen.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Joseline Zaharay González Gutiérrez, ostentándose como Directora de Asuntos Jurídicos y apoderada especial del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, formuló contestación a la demanda en donde manifestó, en esencia lo siguiente:
• Dentro de nuestro sistema legal el presente no es el único caso en el que algún derecho municipal o estatal convive con una actividad que se debe de ejecutar por las autoridades federales según la Constitución Federal. Si bien es cierto que existen facultades que se conceden exclusivamente para su ejercicio a las autoridades federales por el texto constitucional como lo es la relativa al artículo 73, fracción X, en el presente caso no se está ante la presencia de legislación que invada la esfera de las autoridades federales.
• Para arribar a dicha conclusión, primero es necesario acudir a la redacción literal de la porción normativa que se reclama, de donde se observa que los legisladores al expedir la norma en ningún momento regularon la materia de hidrocarburos, sino que se trata únicamente de un permiso que es incluso previo a la actividad de hidrocarburos y que es factible regularlo a nivel local.
• En ese sentido, la materia del fondo del asunto deberá consistir sobre si es constitucionalmente válido y de acuerdo con el sistema de distribución de competencias que el Congreso local expida leyes de ingresos municipales que contemplen permisos de construcción o autorizaciones en vías públicas, en las que en lo posterior las autoridades federales podrán realizar actividades relacionadas con la materia de hidrocarburos.
• De la iniciativa del Decreto de la Ley de Hidrocarburos presentada por el Ejecutivo Federal se contempló dentro del apartado de "Procedimiento especial para la realización de actividades reguladas" la porción normativa que contempla que las entidades federativas y los Municipios pueden contribuir al desarrollo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, principalmente agilizando en otorgamiento de autorizaciones, en el ámbito de su competencia.
• En consecuencia, es un hecho notorio que el legislador federal contempló la importancia de que los Municipios intervengan dentro de sus respectivas competencias en el desarrollo de proyectos o áreas que se reservan para su ejecución a las autoridades federales, sin que por ese simple hecho se trate de una invasión de esferas competenciales.
• La presente no es la única materia en la que se observa la convivencia de un derecho municipal respecto de actividades que constitucionalmente se encargan a la Federación para su ejecución. Lo anterior es así, pues es el propio texto constitucional en donde se reconoce la facultad del Municipio para expedir licencias y autorizaciones, concretamente en el artículo 115 del Texto Fundamental.
• La autorización de uso de suelo es una facultad que se concede por el propio Constituyente reformador en favor de los Municipios para expedir, por ejemplo, licencias de construcción que permiten su control y vigilancia, así el desarrollo de infraestructura y construcciones en el Municipio que sea ordenado y en el que se tomen las medidas de protección necesarias para su sano desarrollo en beneficio de la sociedad.
• La Segunda Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse, directa e indirectamente, al resolver las contradicciones de criterios 441/2019 y 89/2010, respecto a los permisos de construcción municipales y la posibilidad de que éstos se emitan sobre vías públicas en los que la Federación ejecute alguna actividad respecto de aquellos que la Constitución Federal expresamente les confiere y se llegó a la conclusión de que los Municipios pueden emitir permisos de construcción y autorizaciones para actividades que se lleven a cabo en lugares donde se realizarán actividades reservadas a la Federación, como es el caso de la materia de hidrocarburos. Esta facultad de emitir permisos no invade la competencia del Congreso la Unión, pues se limita a regular el uso de la vía pública dentro de la jurisdicción municipal, tal y como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 50/2010, de rubro: "DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PÚBLICA O INSTALACIÓN DE CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA. LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES QUE LOS ESTABLECEN, NO INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN."
• Así, se puede concluir que el presente caso no constituye una invasión de esferas competenciales de las autoridades federales por parte del Municipio. La normativa en cuestión no regula la materia de hidrocarburos, ni graba dicha actividad por sí misma, sino que se refiere exclusivamente a la expedición de permisos y autorizaciones previstos a la ejecución de actividades relacionadas con esa materia, por lo que se solicita se reconozca la validez de la norma impugnada.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. El citado funcionario no formuló manifestación o pedimento alguno.
11. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y por acuerdo de la Ministra instructora de dos de octubre siguiente se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o.(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental, y 10, fracción I,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente y modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
13. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) es necesario fijar de manera precisa el o los actos cuya invalidez demanda la parte actora y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009(9) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
14. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
15. En ese sentido, se observa que en su demanda el Poder Ejecutivo Federal menciona como norma impugnada "específicamente el artículo 24"(10) de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, expedida mediante Decreto 612, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
16. Sin embargo, de la revisión integral del escrito de demanda se advierte, por una parte, que transcribe el artículo 21 de esa ley y, por otro, sus conceptos de invalidez van dirigidos a impugnar este último precepto, en la parte que regula el cobro de derechos para regular, aprovechar y explotar de bienes de dominio de la Nación y, en específico, al desarrollar sus argumentos, el cobro de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento para la perforación de pozos destinados a la extracción de cualquier hidrocarburo. El texto de este último precepto es el siguiente:
"SECCIÓN VII
POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y SERVICIOS DE CONTROL AMBIENTAL
ARTÍCULO 21.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de:
I.- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica aerogeneradores o similares, así como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33099-e8a36e9c/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-federal-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. II. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. II. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. II. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. II. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- HIDROCARBUROS. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU EXPLORACIÓN O EXTRACCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA F (P./J. 61/2026 (12a.))
- CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DE COAHUILA, SON INCONSTITUCIONALES. (s/clave)
- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COAHUILA, SON INCONSTITUCIONALES.- (620)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN A (P./J. 56/2001)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis