MÉDICOS DE INSTITUCIONES FEDERALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA VÍA ORDINARIA CIVIL ES PROCEDENTE PARA DEMANDARLOS EN LO PERSONAL, EN TANTO QUE PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PROCEDE LA VÍA ADMINISTRATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 971/2023. BLANCA NATALY RODRÍGUEZ GRIJALVA. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Una persona física demandó en la vía ordinaria civil de la aquí recurrente diversas prestaciones por los daños que le reputó de una indebida atención médica y quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La demandada al dar contestación opuso, entre otras, la excepción de incompetencia de la vía, por estimar que debía sustanciarse la controversia como una responsabilidad patrimonial del Estado, en la vía administrativa, por dirigirse contra una servidora pública del Instituto referido. Excepción que la alzada estimó que era infundada. En contra de esa determinación, promovió juicio de amparo indirecto, el cual le fue negado, y en el recurso de revisión, controvierte esa determinación. El tribunal colegiado del conocimiento solicitó a esta Suprema Corte la atracción del asunto, por considerar que no se encontraba sentado un criterio en torno a la vía idónea para demandar a los médicos dependientes de una institución de seguridad social, esto es, si ello podía hacerse en lo particular a través de la vía ordinaria civil, o bien, únicamente en la vía administrativa en que se demandara la responsabilidad patrimonial del Estado. Ello constituye la materia de estudio en el presente recurso.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 971/2023, interpuesto por Blanca Nataly Rodríguez Grijalva por derecho propio, en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo indirecto ********** (cuaderno de antecedentes **********).
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar a la luz de los agravios propuestos por la recurrente, si es posible demandar a un médico en lo personal para exigir su responsabilidad civil con base en su actuar culposo o negligente, sin que para ello sea un obstáculo el hecho de que labore en una entidad pública de salud; en su caso, establecer si la vía idónea para tal efecto es la civil o la administrativa; y, si ello implicaría abrir o no la posibilidad de establecer un sistema anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, donde se reformó el artículo 113 (actualmente previsto en el último párrafo del diverso 109) Constitucional, para introducir una responsabilidad patrimonial del Estado directa y objetiva; en otras palabras, si ello establece la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema indirecto, donde habrá de demandarse primero al servidor público y una vez demostrada su responsabilidad subjetiva y su insolvencia, se pueda demandar al Estado.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio de origen 923/2021. ********** demandó en la vía ordinaria civil de Blanca Nataly Rodríguez Grijalva, diversas prestaciones por los daños que le reputó derivados de una indebida atención médica y quirúrgica.
2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, donde se radicó bajo el número de expediente 923/2021. Una vez que se emplazó a la parte demandada, dio contestación a la demanda en el sentido de negar las prestaciones y opuso entre otras, la excepción de incompetencia, por estimar que debía sustanciarse la controversia como una responsabilidad patrimonial del Estado, por dirigirse contra una servidora pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio de sus funciones por parte de una derechohabiente de la referida entidad de salud.
3. Excepción de incompetencia **********. Una vez admitida a trámite la excepción de referencia, de ésta correspondió resolver a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se registró bajo el toca ********** y, en resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la declaró infundada y consideró que la Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, era competente para seguir conociendo del juicio.
4. Juicio de amparo indirecto **********. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Blanca Nataly Rodríguez Grijalva promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
a. Magistrado de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclamó la resolución que emitió el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el toca **********.
b. Juez Sexagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, reclamó el cumplimiento o ejecución de la resolución emitida por la autoridad ordenadora, misma que pretende materializar en el expediente ********** de su índice.
5. De ese juicio correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien ordenó su registro como juicio de amparo indirecto ********** y lo admitió a trámite. Luego, a través del oficio SECNO/STCCNO/431/2023 de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que el Juzgado Federal en cita recibiría apoyo del diverso Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región para el dictado de sentencias.
6. En su oportunidad, el Juez auxiliar dictó sentencia el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.
7. Recurso de revisión **********. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.
8. De ese recurso correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo presidente ordenó su registro con el número ********** y lo admitió a trámite.
9. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción. Mediante resolución dictada en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del tribunal colegiado solicitaron a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver del amparo en revisión.
10. Trámite de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ********** en este Alto Tribunal. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Presidenta ordenó el registró del asunto bajo el número de expediente **********, la admitió a trámite, la turno al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y determinó que el asunto se radicara en la Primera Sala.
11. En sesión de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, esta Primera Sala, por mayoría de tres votos,(1) emitió la sentencia en la que determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión ********** del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
12. Entre otras consideraciones, sustentó su decisión en que la atracción del asunto permitiría a esta Primera Sala analizar a la luz de los agravios propuestos por la recurrente, si es posible demandar a un médico en lo personal para exigir su responsabilidad civil con base en su actuar culposo o negligente, sin que para ello sea un obstáculo el hecho de que labore en una entidad pública de salud; en su caso, establecer si la vía idónea para tal efecto es la civil o la administrativa; y, si ello implicaría abrir o no la posibilidad de establecer un sistema anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, donde se reformó el artículo 113 (actualmente previsto en el último párrafo del diverso 109) Constitucional, para introducir una responsabilidad patrimonial del Estado directa y objetiva; en otras palabras, si ello establece la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema indirecto, donde habrá de demandarse primero al servidor público y una vez demostrada su responsabilidad subjetiva y su insolvencia, se pueda demandar al Estado.
13. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turno del recurso de revisión 971/2023. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a la determinación de la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, impuso que este Alto Tribunal reasumiera competencia para conocer del recurso de revisión, ordenó la radicación del asunto en esta Primera Sala y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
14. Avocamiento. En proveído de siete de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo.
II. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso A), y Tercero del Acuerdo General número 1/2013, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, y modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, competencia de la Primera Sala.
III. OPORTUNIDAD
16. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció originalmente del asunto, examinó dichas cuestiones, determinando que el recurso se presentó en los términos legales establecidos.(2)
IV. LEGITIMACIÓN
17. Se estima que le asiste legitimación a la promovente del recurso de revisión Blanca Nataly Rodríguez Grijalva, por ser quejosa en el juicio de amparo indirecto **********, cuya sentencia es la materia de estudio del presente asunto.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
18. Antecedentes: De las constancias de autos, así como de la sentencia recurrida, se desprenden los siguientes antecedentes.
19. Juicio de Amparo Indirecto **********. Blanca Nataly Rodríguez Grijalva por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto, en el que hizo valer un único concepto de violación -marcado como primero- en el que argumentó:
• Estimó que la Sala responsable trastocó en su perjuicio los preceptos 14, 16, 17 y 116, fracción V, de la Constitución Federal, toda vez que, a su juicio, la naturaleza de la acción es administrativa y no civil como lo resolvió esa autoridad.
• Aseguró que la Sala perdió de vista que la actora natural en su demanda inicial confesó que acudió a las instalaciones de la unidad médica de alta especialidad, hospital de ********** número ********** "**********", del Instituto Mexicano del Seguro Social, en calidad de beneficiaria de seguridad social, con número de afiliación **********, refiriendo que existieron actuaciones negligentes por parte del personal médico del área por la que ingresó, que fue la de urgencias, así como de la unidad tocoquirúrgica donde la atendió la doctora ********** y la propia quejosa e inclusive personal que labora en la Subdirección hospitalaria y área de nefología; lo cual implica que al laborar todos médicamente en el hospital del citado Instituto, era claro que tal reclamo se encuentra comprendido dentro de la "actividad administrativa irregular", que en todo caso involucraría una responsabilidad patrimonial del Estado, en materia administrativa, y no la civil, como fue resuelto.
• Arguyó que la responsable no tomó en consideración el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la responsabilidad patrimonial del Estado se configura cuando la función administrativa se realiza de manera defectuosa, esto es, sin atender las condiciones normativas o los parámetros establecidos en la ley o reglamentos administrativos, por lo que en ese sentido, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes o derechos de los particulares por haber actuado de manera irregular se configura, por un lado, la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y, por otro, se genera el derecho de los afectados a que éste les sea reparado. Por lo cual, a juicio de la quejosa, se dejó de aplicar lo que ya ha establecido este Alto Tribunal, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo.
• En ese tenor, aseguró que se evidencia el actuar ilegal de la autoridad responsable y, por ende, lo inconstitucional de la resolución combatida.
20. Sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. El juez federal dictó el fallo correspondiente bajo las consideraciones siguientes:
• La sentencia partió de la base de que, de la demanda inicial entablada por **********, se observaba que demandó por la vía ordinaria civil a Blanca Nataly Rodríguez Grijalva, el pago de diversos conceptos indemnizatorios y resarcitorios por responsabilidad civil, así como indemnización por daño moral y daños punitivos.
• Situación la cual evidenciaba que dicha demanda se presentó particularmente en contra de Blanca Nataly Rodríguez Grijalva y no así contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a que la enjuiciante en sus hechos relató que acudió a tal dependencia por virtud de ser beneficiaria de seguridad social de dicho instituto, pues la responsabilidad se la adjudicó directamente a aquélla al ser la médico que la atendió y practicó su cirugía, señalando que por virtud de su negligente, perdió uno de sus riñones.
• Así se determinó que, contrario a lo que pretendió evidenciar la justiciable, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 4/2004, determinó que la actividad irregular del Estado se configura cuando la función administrativa se realiza de manera defectuosa, esto es, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros establecidos en la ley o en los reglamentos administrativos, por lo que, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes y derechos de los particulares, por haberse actuado irregularmente, se configura la responsabilidad del Estado de resarcir el daño; y que la actividad administrativa irregular del Estado comprende la prestación de un servicio público deficiente, por lo que la responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza cuando el personal médico que labora en las instituciones de salud públicas actúa negligentemente, ya sea por acción u omisión (presta un servicio público deficiente), y ocasiona un daño a los bienes o derechos de los pacientes.
• Después se consideró que, tomando como base tales criterios, esta Primera Sala estableció que, aun cuando en tal caso sea necesario demostrar la irregularidad de la actuación del Estado consistente en la prestación de un servicio de salud deficiente, debe tenerse presente que el sujeto demandado no es el médico en lo personal, sino el Estado como ente responsable de la prestación adecuada de los servicios públicos a su cargo y, en consecuencia, deben trasladarse los requisitos propios de la responsabilidad médico-sanitaria al esquema de responsabilidad patrimonial del Estado, sin ser necesario probar la culpa de un agente del Estado en particular, sino la actuación irregular de la dependencia demandada; que los procesos con fines indemnizatorios son la vía civil, si se demanda al médico en lo particular, o bien, la vía administrativa, si se demanda al Estado; y que, en relación con esta última indemnización, el artículo 113 Constitucional dejó un amplio margen al legislador para diseñar el procedimiento a través del cual podía hacerse efectivo el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado.
• De todo lo anterior, el Juez Federal concluyó que tales consideraciones lejos de demostrar el ilegal actuar que le adjudica la justiciable a la autoridad responsable, justifican su determinación relativa a que para los procesos con fines indemnizatorios es procedente la vía civil, si se demanda al médico en lo particular; y, la administrativa, si se demanda al Estado. Motivo por el que, si en el caso la parte accionante demandó a la médico que la atendió en lo particular; entonces, procede la vía civil y no así la administrativa.
• Bajo todas esas consideraciones, el Juez Federal desestimó los motivos de inconformidad de la parte quejosa.
21. Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, la quejosa hace valer los siguientes agravios:
• Primero. El juez de distrito tomó en cuenta únicamente la responsabilidad civil que le fue reclamada en el asunto de origen, sin considerar su carácter de servidora pública. Al respecto, destaca lo resuelto por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 10/2012, donde se resolvió que en los casos de negligencia médica existen diversas vías para reclamarla, pero dentro de los indemnizatorios existe la vía civil si se demanda al médico y/o a una sociedad privada en lo particular; y, la administrativa, si se demanda al Estado.
• Menciona que prestó sus servicios como servidora pública, pues la actora acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social como beneficiaria de éste, lo que la excluye de incurrir en responsabilidad civil, ante la inexistencia de una relación contractual o extracontractual entre las partes.
• Segundo. El juez federal no atendió los conceptos de violación en los que reclamó que los servicios que prestó a la actora fueron en su carácter de servidora pública del Instituto Mexicano del Seguro Social; y la actora reclamó un deber ‘in vigilando’, respecto a todo el personal que la atendió en el referido instituto, doliéndose de los médicos que la atendieron en el servicio de nefrología, emitieron un diagnóstico que no coincide con el del médico particular que antes consultó.
• También, asegura que la resolución reclamada es contraria la doctrina jurisprudencial de esta Primera Sala, en cuyos términos la actividad del personal médico que labora en instituciones de seguridad social, se encuentra comprendida en el concepto de actividad administrativa irregular.
• Refiere entonces, que la supuesta responsabilidad que se le reclama no es en el ámbito privado sino público, pues si bien conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte es posible demandar en lo particular a un servidor público, ello sólo es en caso de que actúe fuera de las atribuciones públicas, ya que los médicos no tienen impedimento para prestar servicios particulares; sin embargo, señala esto último en la especie no sucedió. • En otro aspecto, la recurrente alega que la resolución impugnada contraviene el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución (que hoy corresponde al 109), porque divide la acción de responsabilidad civil para el servidor público y responsabilidad del Estado para el ente público; sin embargo, precisa que conforme a la acción de inconstitucionalidad 4/2004, la reforma constitucional (del mencionado artículo 113), tuvo por objeto establecer que cuando el Estado en ejercicio de sus atribuciones dañara a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrían demandar directamente al primero, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño, sino únicamente la irregularidad de su actuación, no estando obligados a demandar previamente al servidor responsable, como ahora pretende indebidamente el juez de distrito.
• Tercero. Plantea que para resolver un conflicto competencial, debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual se desprende de las prestaciones, hechos, pruebas y preceptos legales invocados en la demanda; por ello, se duele de la consideración del juez federal, en el sentido de que no existen pruebas que acrediten el carácter de servidora pública de la quejosa, pues a su juicio ello evidencia que no hizo un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, que se encuentran contempladas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; aunado a que la propia actora narró en su demanda que acudió a su unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la demandada le atendió medicamente por ser derechohabiente y contar con su número de afiliación respectivo.
• Asegura que el juez de amparo pasó por alto las pruebas adjuntadas al escrito de demanda, como lo son las copias simples del expediente clínico de la actora (cuyas copias certificadas solicitó se requirieran al referido instituto), lo que, aunado a las confesiones de la accionante, demuestran que la acción intentada debe ser resuelta en la vía administrativa y no civil.
• Se duele de que el juzgador de amparo, soslayara los preceptos en que se apoyó la demanda, como son los numerales 1916 y 1927, del Código Civil para la Ciudad de México, de los cuales se desprende que es el Estado quien tiene la obligación de responder del pago de los daños que hubiesen causado sus empleados y servidores públicos, por lo que indebidamente el juez de distrito soslayó la relación jurídica sustancial entre las partes, al no tomar en cuenta que los servicios que prestó fueron como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social y que éstos los recibió la actora por ser derechohabiente.
22. Resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito. El tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto, dictó la resolución mediante la cual remitió los autos a este Alto Tribunal, a fin de que en ejercicio de la facultad de atracción resolviera el presente recurso.
23. Ello a partir de las siguientes consideraciones:
• Para justificar la solicitud de ejercicio de facultad de atracción, en principio aludió al marco jurídico que prevé la responsabilidad patrimonial del Estado, haciendo énfasis en las notas distintivas de la responsabilidad civil y se refirió a los cambios normativos en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos y del Estado.
• Indicó que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2ª./J.82/2015 (10ª), de rubro: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DE UN SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE. PARA EXIGIRLA PROCEDE LA RECLAMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO",(3) del cual se advierte que la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado del actuar irregular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la prestación deficiente de servicios de salud, debe ser reclamado ante la dependencia o ente presuntamente responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que hace remisión a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Que dicha Sala fue enfática en señalar que la prestación irregular de un servicio médico, prestado por un agente de alguna institución de seguridad social del Estado, debe substanciarse, sin excepciones, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, consideración que excluye la vía civil.
• Por otro lado, destacó que en la tesis 1ª. CLXXVI/2014 (10ª), sustentada por esta Primera Sala, de rubro: "NEGLIGENCIA MÉDICA. OBJETIVOS Y FINES DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL",(4) se estableció que en el juicio ordinario civil no es posible demandar la responsabilidad patrimonial del Estado derivado de los servicios de salud que preste alguna de sus instituciones federales, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puesto que esa vía quedó obsoleta con la derogación del artículo 1927 del Código Civil Federal, para ahora reclamar tal tópico a través de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, expedida para el efecto.
• Sin embargo, destacó que esta Primera Sala hizo la acotación de que subsistía la vía civil para demandar a un médico en lo personal y/o una sociedad privada que presten servicios médicos, donde se discutirá la responsabilidad de dichos agentes por su responsabilidad subjetiva, caso en el que habría de demostrarse la culpa o negligencia del galeno responsable, es decir, se volvió, respecto de ellos, a la responsabilidad subjetiva, que se eliminó la reforma Constitucional.
• En ese tenor, señala que si bien las posturas expuestas por ambas Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que la responsabilidad patrimonial del Estado debe reclamarse mediante el procedimiento administrativo y regulado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esto en congruencia con el sistema normativo previsto con la reforma constitucional al artículo 113 (actualmente previsto en el último párrafo del diverso 109) de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos.
• Lo cierto era que en el criterio emitido por esta Primera Sala, se afirmó que la vía ordinaria civil subsiste para reclamar la responsabilidad subjetiva de un médico en lo particular y/o una sociedad privada que preste servicios médicos, y que hubiese actuado negligentemente, aunque trabara en una entidad pública.
• Razón por la cual, el tribunal colegiado del conocimiento cuestionó si el hecho de que sea posible demandar a un médico en lo personal para exigir su responsabilidad civil con base en su actuar culposo o negligente, aunque trabaje en una entidad pública, abre o no la posibilidad de establecer un sistema anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, donde se reformó el artículo 113 (actualmente previsto en el último párrafo del diverso 109) constitucional, para introducir una responsabilidad patrimonial del Estado directa y objetiva; en otras palabras, si la interpretación dada por la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis de referencia, establece la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema indirecto, donde habrá de demandarse primero al servidor público y una vez demostrada su responsabilidad subjetiva y su insolvencia, se pueda demandar al Estado.
• Además, el tribunal colegiado del conocimiento estimó oportuno precisar que, la Primera Sala, también resolvió la contradicción de tesis 210/2012, el diecisiete de octubre de dos mil doce, en donde consideró que la vía idónea para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado del actuar del personal médico que trabaje en instituciones de seguridad social, es la administrativa, como se evidencia de las jurisprudencias 1a./J. 129/2012 (10a.)(5) y 1a./J. 130/2012 (10a.)(6).
• Sin embargo, a juicio de ese órgano colegiado, esta Primera Sala, a partir de la ejecutoria que derivó en la tesis 1a. CLXXVI/2014 (10a.), planteó la posibilidad excepcional de iniciar una instancia civil contra un servidor público en lo personal aun cuando trabaje para una institución pública de seguridad social, criterio reiterado en el amparo directo 3542/2013, resuelto el quince de enero de dos mil catorce, es decir, con posterioridad a la ejecutoria de la que derivaron los criterios obligatorios aludidos.
• Bajo esa perspectiva, el tribunal colegiado destaca que el problema jurídico ante él planteado, consiste en determinar si una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social puede demandar en la vía ordinaria civil a uno de los médicos (en lo particular) que la atendieron en su unidad de atención, para reclamarle su responsabilidad civil y otras prestaciones por los servicios que le prestó; ello sin demandar al referido instituto en la vía administrativa.
• Así, considera que el problema a dilucidar consiste en establecer si debe seguirse el criterio conforme al cual toda prestación deficiente de un servicio médico de una de las instituciones del seguro social del Estado, debe reclamarse en la vía administrativa, o bien puede también hacerse en la diversa civil, cuando se demande en lo personal al médico que presta servicios en el sector público de salud.
VI. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO
24. Como se destacó al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción por virtud de la cual se determinó el conocimiento del presente recurso. Del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que deriva de un juicio de amparo indirecto en el qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33115-e97405b1/medicos-de-instituciones-federales-de-seguridad-social-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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