IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2019, 2020 Y 2021.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 150/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día trece de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN:
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 150/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Decimoquinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, radica en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si el primer acto de aplicación del artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México (vigente en 2019, 2020 y 2021), para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, lo constituye el oficio que determina un crédito fiscal en contra de la parte quejosa, por la omisión en el pago de dicho impuesto, o bien, el ocurso en el que previamente se le requirió el pago de ese tributo.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, en la oficialía de partes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el representante legal de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto que dio origen al recurso de revisión 312/2023 del índice del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el diverso que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 217/2023.
4. Radicación de la contradicción de criterios. En auto de dos de mayo de dos mil veinticuatro, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional, ordenó formar y registrar el expediente con el número de contradicción de criterios 150/2024; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los Tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; y solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.
5. Vigencia de los criterios contendientes. Por acuerdos de presidencia de nueve y dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los órganos contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.
6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de presidencia de quince de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación de turno. Mediante proveído de cinco de julio del año pasado, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de la misma anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre siguiente, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. Nueva integración del Pleno. En acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas; sin embargo, en el diverso auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se comunicó a las partes que con motivo de la jubilación de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, se designó como nuevo integrante del Pleno a Guillermina Coutiño Mata, quedando en consecuencia integrado por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas (Presidente), y por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, correspondientes a esta región, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa, tal como se advierte de los criterios contendientes.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por quien se advierte fue apoderado legal de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto del que derivó el criterio sustentado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 312/2023.
13. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis 1a. III/2023 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.
Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.
Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.
Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron "parte" en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de "parte" comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.
En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.
Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.
Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo.”(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A) Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 217/2023, en sesión de once de enero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.
15. Se formula requerimiento de pago y obligaciones omitidas. Mediante oficio de nueve de mayo de dos mil veintidós, el Director de Determinación de Créditos y Obligaciones Fiscales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informó a una persona moral contribuyente que se configuró la obligación prevista en el artículo 160 del Código Fiscal de la Federación, por lo que le requirió para que realizara el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente a los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, o en su defecto exhibiera el comprobante de pago respectivo, apercibiéndola de que, en caso de ser omisa, se haría acreedora a la multa y a las sanciones establecidas en esa legislación, aunado a que se iniciarían las facultades de comprobación respectivas.
16. Se determina crédito fiscal. A través del oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, la autoridad fiscalizadora hizo constar que la empresa contribuyente no acreditó haber realizado el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respecto de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, por lo que determinó un crédito fiscal en su contra, en el que incluyó la cantidad líquida que debía pagar por los adeudos omitidos, sus actualizaciones y accesorios, así como el monto de la sanción a la que se hizo acreedora.
17. Se promueve juicio de amparo indirecto. La persona moral contribuyente, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó de diversas autoridades legislativas y hacendarias del Gobierno de la Ciudad de México, el proceso de creación de los Decretos por los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, y se adicionó un párrafo segundo al artículo 7o de la Ley de Justicia Administrativa, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en específico el artículo 160, así como su acto concreto de aplicación, consistente en el oficio en el que se determinó un crédito fiscal en su contra, por la omisión en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respecto de los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022.
18. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, la registró con el número de expediente 1485/2022, y una vez concluido el trámite correspondiente, dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues afirmó que la parte quejosa consintió las normas reclamadas, porque no las impugnó dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de su primer acto de aplicación, el que en su concepto, lo constituyó el oficio de requerimiento de pago y obligaciones omitidas que le fue formulado con anterioridad a la fecha en que se emitió la determinante del crédito fiscal.
19. Se interponen recursos de revisión y de revisión adhesiva. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de presidencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite con el número de expediente R.A.217/2023, y en el diverso auto de presidencia de uno de junio siguiente, admitió a trámite la revisión adhesiva interpuesta por diversas autoridades responsables. Estos medios de impugnación fueron resueltos en la sesión de once de enero de dos mil veinticuatro, en los siguientes términos:
“PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión adhesiva.
SEGUNDO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida de conformidad con lo establecido en el considerando octavo de esta ejecutoria.
TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados atribuidos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y al Director de Determinación de Créditos y Obligaciones Fiscales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conforme a lo expuesto en los considerandos tercero de la resolución recurrida y noveno de este fallo.
CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.
20. En cuanto al tema de esta contradicción de criterios, los Magistrados integrantes del tribunal colegiado, determinaron lo siguiente:
“(...)
NOVENO. Precisado lo anterior, en el único agravio propuesto por la parte quejosa recurrente esencialmente aduce que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo al determinar que esa parte consintió las normas reclamadas por no combatirlas con motivo de su primer acto de aplicación, considerando el Juez Federal que el primer acto de aplicación de las normas reclamadas lo constituyó el oficio ********** notificado a esa quejosa el **********, por medio del cual la Dirección de Determinación de Créditos y Obligaciones Fiscales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, realizó el requerimiento de supuestas obligaciones omitidas del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Sin embargo, señala que es incorrecta tal determinación, pues la emisión y notificación del citado oficio no trascendió a su esfera jurídica, ya que no le causó perjuicio alguno, por lo cual no puede ser considerado como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas; lo anterior, puesto que en el primero la autoridad responsable únicamente le requirió el pago de un tributo al que no se encontraba obligada, así como que no le señaló cantidad líquida alguna por concepto de los presuntos adeudos, por lo que no tuvo ni podía tener conocimiento directo, exacto e inmediato de los actos reclamados para efecto de acudir al juicio de amparo.
Por lo que concluye que tuvo un conocimiento general de los actos reclamados hasta que se le determinó el crédito fiscal a través de la emisión del oficio **********, reclamado en el juicio de amparo.
Los planteamientos en estudio son fundados.
Como punto de partida, debe tenerse presente que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del oficio reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, puesto que determinó que el primer acto de aplicación fue un diverso oficio de requerimiento de pago y obligaciones omitidas, a través del cual se le hizo del conocimiento a la parte quejosa que derivado de la información con que contaba la autoridad fiscal, se advertía que no se tenía registrado el correcto cumplimiento de sus obligaciones en materia del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, por lo que únicamente se le requirió para que realizara el pago del impuesto en cuestión por los periodos omitidos o en su caso exhibiera el comprobante de haberlo realizado. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
En tal sentido, debe mencionarse que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el que comenzará a computarse, en lo que interesa al caso de las normas reclamadas con base en su primer acto de aplicación, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución en que se haya aplicado la norma cuestionada o a partir del día siguiente al que se ostente sabedor del acto.
De lo hasta ahora expuesto, en el caso concreto se reclaman los Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o de la Ley de Justicia Administrativa, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en específico el artículo 160, como normas heteroaplicativas, entonces, resulta válido concluir que el acto que constituye el primer acto de aplicación para efectos del juicio de amparo lo constituirá aquél en el que se haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa el artículo tildado de inconstitucional.
Luego, tratándose de leyes tributarias, el primer acto de aplicación para efectos del juicio de amparo, será aquél en el que la autoridad emita la determinación tributaria, esto es, el acto a través del cual la autoridad administrativa determine un crédito fiscal, el cual consiste en la emisión de un escrito en el que de manera fundada y motivada cuantifica el monto al que asciende la obligación tributaria, en el cual, aquélla debe basarse a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, con el fin de precisar el sujeto del tributo, las circunstancias en que se suscitó la hipótesis de causación, la cuantificación del parámetro que sirva para obtener la base y la tasa o tarifa que aplicará a esta última.
Por ende, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe estimarse que cuando se expide dicho acto, en él se realiza la aplicación de las hipótesis normativas que contienen la totalidad de los elementos esenciales del tributo, como son su objeto, el sujeto, el procedimiento para determinar la base y la tasa o tarifa aplicable, bien sea que se encuentren en un mismo dispositivo o en diversos, pues desde esa determinación, con independencia de que la autoridad someta su actuar a los términos precisos de la ley, el contribuyente tendrá obligación de pagar el crédito fiscal respectivo, dentro del plazo legal, lo que significa que tal determinación tributaria le genera un perjuicio, afectándole en su interés jurídico.
Lo anterior se dice así, pues al emitirse tal determinación es que existe la individualización de la ley respecto del gobernado, ya que son el conjunto de hipótesis jurídicas que contienen los elementos del tributo las que prevén el hecho imponible y las que facultan y acotan el actuar de la responsable cuando emite la determinación tributaria.
Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CLXXVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190629, Tomo XII, diciembre de 2000, página 448 de rubro y texto siguientes:
‘LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PARA EFECTOS DEL AMPARO, DE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA CONTRIBUCIÓN, TIENE LUGAR EN LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA POR UNA AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (se transcribe texto)’
Por lo tanto, tal como lo afirma la parte quejosa recurrente, el oficio por medio del cual la autoridad fiscal le impuso el crédito fiscal, esto es, el oficio **********, de **********, en el que se le determinó a **********, el crédito fiscal por la cantidad de $**********, por la omisión del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 relativo al vehículo Marca **********, constituye el primer acto de aplicación de las normas combatidas, pues como se dijo, es hasta ese momento en el que la autoridad fiscal individualizó las hipótesis legales respecto de la moral quejosa, y por lo tanto, hasta entonces ésta última tuvo el conocimiento completo y exacto del acto, estando en posibilidad de acudir a la instancia constitucional a defender los derechos que considerara vulnerados.
Consecuentemente, en sentido opuesto a lo resuelto por el Juez de Distrito, el oficio reclamado en el juicio de amparo consistente en el oficio **********, de **********, a través del cual se determinó un crédito fiscal a cargo de **********, por la cantidad de $**********, por la omisión del pago del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 relativo al vehículo **********, constituye el primer acto de aplicación de las nomas tildadas de inconstitucionales, no así el diverso mencionado por el A quo, por medio del cual la autoridad fiscal únicamente requirió el pago del impuesto supuestamente omitido por la quejosa, dado que éste último como lo sustenta la recurrente no ocasionaba un perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que el actuar de esa parte de realizar o no el pago requerido, fijaría las bases en su caso, para el proceder que tomaría la autoridad, actuación que, en su caso, sería la que le generaría un perjuicio a esa moral quejosa, tal como aconteció en el presente asunto, al emitirse la determinación del crédito fiscal; de ahí lo fundado de los argumentos en estudio.
Por lo antes expuesto, se concluye que, contrario a lo sostenido por el Juez del conocimiento, el oficio y las normas reclamadas en la demanda, no fueron consentidos por la quejosa, ya que aquélla promovió el juicio constitucional dentro del plazo legal concedido para ello, motivo por el que se debe revocar el sobreseimiento decretado por el A quo respecto tales actos.
Consecuentemente, con base en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, se revoca el sobreseimiento en el juicio respecto del acto de aplicación y los decretos reclamados, al no actualizarse el sobreseimiento por la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.
(...)”
B) Criterio sustentado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 312/2023, en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.
21. Se formula requerimiento de pago y obligaciones omitidas. Mediante oficio de quince de agosto de dos mil veintidós, el Director de Determinación de Créditos y Obligaciones Fiscales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informó a una persona moral contribuyente que se configuró la obligación prevista en el artículo 160 del Código Fiscal de la Federación, por lo que le requirió para que realizara el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente a los ejercicios fiscales 2021 y 2022, o en su defecto exhibiera el comprobante de pago respectivo, apercibiéndola de que, en caso de ser omisa, se haría acreedora a la multa y a las sanciones establecidas en esa legislación, aunado a que se iniciarían las facultades de comprobación respectivas.
22. Se determina crédito fiscal. A través del oficio de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad fiscalizadora hizo constar que la empresa contribuyente no acreditó haber realizado el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respecto de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, por lo que determinó un crédito fiscal en su contra, en el que incluyó la cantidad líquida que debía pagar por los adeudos omitidos, sus actualizaciones y accesorios, así como el monto de la sanción a la que se hizo acreedora.
23. Se promueve juicio de amparo indirecto. La persona moral contribuyente, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó de diversas autoridades legislativas y hacendarias del Gobierno de la Ciudad de México, el proceso de creación de los Decretos por los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, y se adicionó un párrafo segundo al artículo 7o de la Ley de Justicia Administrativa, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en específico el artículo 160, así como su acto concreto de aplicación, consistente en el oficio en el que se determinó un crédito fiscal en su contra, por la omisión en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respecto de los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
24. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, la registró con el número de expediente 1738/2022, y una vez concluido el trámite correspondiente, dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues afirmó que la parte quejosa consintió las normas reclamadas, porque no las impugnó dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de su primer acto de aplicación, el que en su concepto, lo constituyó el oficio de requerimiento de pago y obligaciones omitidas que le fue formulado con anterioridad a la fecha en que se emitió la determinante del crédito fiscal.
25. Recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurs
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33180-c1024826/impuesto-sobre-tenencia-o-uso-de-vehiculos-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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