FISCALÍAS ESPECIALIZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDERACIÓN ESTÁN OBLIGADAS A CREARLAS COMO UNA MEDIDA DIRIGIDA A COMBATIR LOS ÍNDICES DE IMPUNIDAD EN ESA MATERIA.
AMPARO EN REVISIÓN 539/2023. 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y JUAN PABLO ALEMÁN IZAGUIRRE.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública tuvo conocimiento de probables actos de tortura cometidos en contra de una persona durante su detención por parte de la policía ministerial del Estado de Durango en el año 2012.
Por ello, el 28 de octubre de 2021, la titular de la citada Secretaría Técnica formuló una denuncia en nombre de la posible víctima. Sin embargo, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango le informó que no existía una fiscalía especializada para la investigación de ese tipo de delitos, sino una unidad administrativa.
En consecuencia, la Secretaría Técnica referida promovió un juicio de amparo en el que reclamó la omisión de crear una fiscalía especializada para la investigación de los delitos de tortura, en los términos que dispone la ley general de la materia y señaló como autoridades responsables al Gobernador, el Congreso, a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas del Estado de Durango.
El Juez de Distrito que conoció del asunto determinó sobreseer en el juicio de amparo porque consideró que con la creación de la unidad especializada de referencia se había dado cumplimiento a la ley general de la materia, por lo que no existía el acto reclamado.
En contra de esa determinación, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión; asunto que fue atraído por esta Primera Sala al resolver la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 458/2022.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 539/2023 interpuesto por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en su carácter de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en contra de la sentencia dictada el primero de abril de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, dentro del juicio de amparo indirecto 1/2022.
El problema jurídico que esta Primera Sala debe de resolver consiste en determinar si el Gobernador, la Fiscal General, el Congreso del Estado y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos del Estado de Durango, en el ámbito de sus competencias, han incurrido en la omisión de crear una Fiscalía Especializada en Materia de Tortura y Malos Tratos, en términos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y si tal omisión impide a la parte quejosa cumplir adecuadamente con su objeto de combatir efectivamente la tortura.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso para emitir una ley general en materia de tortura. El diez de julio de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a través del cual se estableció que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir, entre otras leyes generales, una que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de tortura.(1)
2. El artículo segundo del régimen transitorio de dicho decreto dispuso que el Congreso de la Unión debería expedir la legislación en dicha materia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del propio decreto.(2)
3. Promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En consecuencia, el Congreso de la Unión expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante Ley General), la cual fue publicada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.
4. Dicha legislación tuvo por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de las tres esferas de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar tales delitos, establecer sus tipos penales, sanciones y las medidas específicas de apoyo, protección y reparación a las respectivas víctimas.
5. En lo relevante para este caso, el legislador estableció, en el artículo 55 de la propia Ley General, que las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas y la federación deberán crear fiscalías especializadas con plena autonomía técnica y operativa para cumplir con el objeto de la ley de la materia; las cuales deberán contar con agentes del Ministerio Público, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estar dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales requeridos para su efectiva operación.(3)
6. Asimismo, en los artículos sexto y octavo transitorios, estableció que la obligación de crear y operar las fiscalías especializadas referidas debía cumplirse en un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor de la Ley General; además de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, debían realizar las gestiones necesarias y llevar a cabo los actos jurídicos y administrativos necesarios para proporcionar a las fiscalías la estructura orgánica y ocupacional necesaria para el cumplimiento de la propia ley.(4)
7. La única excepción que contempló el legislador para no cumplir con ese mandato fue el caso de que alguna unidad administrativa especializada pudiera ejercer las atribuciones de una fiscalía ante un escenario de falta de recursos suficientes.
8. Creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y contexto previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública (en adelante, IFDP) emitió la circular 14/2019, mediante la cual anunció la creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (en adelante, Secretaría Técnica), con el objetivo de diseñar, implementar y coordinar esfuerzos de dicha institución para el combate de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
9. Con motivo de la creación de esa Secretaría Técnica, el Director General solicitó a las personas defensoras públicas federales que remitieran informes mensuales con la información relativa a asuntos donde se hubiera tenido conocimiento de la posible comisión de actos de tortura o malos tratos cometidos en contra de personas representadas por el IFDP.
10. En ese contexto, la Secretaría Técnica tuvo conocimiento de probables actos de tortura o malos tratos cometidos en contra de una persona durante su detención por parte de la policía ministerial del Estado de Durango, en el año dos mil doce.
11. Así, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y el personal adscrito a la Delegación Estatal en Durango del IFDP formuló una denuncia en nombre de la persona víctima de actos de tortura. Al comparecer ante la Fiscalía General del Estado, se les informó que no existía una fiscalía especializada para la investigación de este tipo de delitos, sino una unidad administrativa.
12. Demanda de amparo indirecto. En ese contexto, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en su carácter de Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del IFDP, promovió una demanda de amparo indirecto en la que señaló como autoridades responsables al Gobernador, a la Fiscal General, al Congreso y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas autoridades del Estado de Durango, a quienes les reclamó la omisión de crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, en términos de lo dispuesto en la Ley General.
13. En su demanda de amparo, hizo valer un único concepto de violación en el que esencialmente argumentó lo siguiente:
a) ÚNICO. La omisión de las autoridades responsables de establecer una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes viola el derecho a que la autoridad competente investigue, de manera diligente y en un plazo razonable, delitos de esta índole.
i. Las obligaciones generales alrededor de la creación de una fiscalía especializada en la investigación de los delitos de tortura o malos tratos. Los artículos 30 y 33 de la Ley General establecen la obligación de las personas servidoras públicas de denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de los delitos de tortura o tratos crueles,(5) lo cual no pudo realizar ante la inexistencia de una fiscalía especializada para tal fin.
ii. Si bien la Ley General prevé en sus artículos sexto y octavo transitorios una excepción del establecimiento de esta fiscalía especializada cuando las entidades federativas no cuenten en determinado momento con recursos económicos para tal fin, ello no es una justificación para evitar hacerlo con posterioridad. La unidad administrativa creada por la fiscalía local es una respuesta temporal, pero las autoridades responsables tienen la obligación de tomar medidas encaminadas a culminar el proceso de creación de una fiscalía especializada.
iii. El contexto nacional y local en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. México es un país con un elevado número de casos de tortura o malos tratos en el sistema de procuración de justicia. Distintos organismos internacionales han externado su preocupación sobre el escaso número de sentencias condenatorias en relación con el número de denuncias presentadas e investigaciones en trámite por el delito de tortura.
Esta impunidad se ve reforzada por la falta de independencia, imparcialidad y eficacia de las personas a cargo de investigar las denuncias relacionadas con casos de tortura. Lo que resalta la importancia de contar con fiscalías especializadas que cuenten con autonomía técnica y operativa para garantizar la independencia e imparcialidad, así como las herramientas necesarias para hacer frente a los delitos cometidos en casos de tortura y malos tratos.
iv. La importancia de la transformación de la unidad a una fiscalía y la especialización de las áreas investigadoras de tortura y malos tratos. La necesidad de crear fiscalías especiales en materia de tortura y malos tratos se distingue de otras fiscalías en varios aspectos regulados en la Ley General, en la que se establecen facultades de investigación de la posible comisión de delitos de tortura o malos tratos. Aun y cuando tales atribuciones fueran concedidas a una unidad administrativa, estas cuentan con menos recursos financieros, humanos y materiales que impiden el ejercicio adecuado de las mismas.
Por esta razón, la creación de unidades solo constituye una vía temporal para la garantía de acceso a la justicia y no un sustituto permanente ni definitivo como lo han estimado las autoridades de Durango. Además, la especialización de una fiscalía para el tratamiento de posibles víctimas y hechos de tortura o malos tratos constituye un avance trascendental para el combate efectivo a estas violaciones graves de derechos humanos, pues las circunstancias específicas de las víctimas refieren un enfoque adicional y distinto para la protección efectiva de sus derechos humanos.
En el caso en concreto, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura del Estado de Durango se encuentra bajo el mando de la Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas de Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo cual no garantiza la autonomía funcional de la Unidad. Lo que es contrario al objeto de la Ley General de crear fiscalías especializada que se rijan por los principios de autonomía y especialidad.
En las primeras iniciativas de ley presentadas en el Senado de la República se hablaba de “unidades especializadas”, dicho término fue sustituido por “fiscalías especiales” en la Ley General de la materia. Dichas fiscalías especiales no solamente deben contar con recursos humanos especializados, financieros y materiales, sino con dos elementos que una unidad no tiene: autonomía técnica y operativa.
v. Omisiones específicas de las autoridades responsables.
a) El Congreso del Estado de Durango incurrió en una omisión absoluta de ejercicio obligatorio a la luz de la Ley General para legislar y crear una fiscalía especializada en materia de actos de tortura y malos tratos. La cual no se justifica con la falta de recursos económicos pues dicho congreso local ya ha establecido una fiscalía anticorrupción, obligación que también se encontraba regulada en una ley de carácter general y a la cual le dio cumplimiento dentro del plazo otorgado.
Esta comparación demuestra que la justificación por falta de recursos no es aplicable, pues ante normas que imponían una misma obligación con fechas similares de vencimiento, el congreso local acató una de ellas y fue omiso respecto de la Ley General.
b) Del Congreso del Estado de Durango. Las personas integrantes del Congreso local han sido omisas en proponer una iniciativa para legislar respecto de la creación de la fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y delitos vinculados conforme a la Ley General.
c) El Gobernador del Estado de Durango ha omitido vigilar y asegurar el cumplimiento de la Ley General, aunado a que tampoco ha presentado ninguna iniciativa de ley para crear la fiscalía especializada. Lo que origina un incumplimiento en la supervisión y garantía de la observancia de ordenamientos de la Ley General.
d) La Fiscal General del Estado de Durango no ha creado una fiscalía especializada, a pesar de que la Constitución local y la Ley Orgánica de dicha institución le otorgan facultades expresas para ello. Si bien la autoridad responsable creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, esta no fue transformada en una fiscalía.
e) El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha omitido presentar una iniciativa ante el congreso local que permita la creación de la fiscalía especializada. El presidente de la comisión estatal tiene directamente la facultad de presentar iniciativas de ley en materia de derechos humanos.
vi. Conclusión. A la fecha de la presentación de la demanda, el Estado de Durango no cuenta con una fiscalía especializada para la investigación de los delitos de tortura y malos tratos. Esto se traduce en una imposibilidad para que el quejoso denuncie ante una autoridad competente y capacitada, los actos de tortura y malos tratos, así como la falta de acceso a la justicia de personas víctimas de estos delitos.
14. Admisión de la demanda. Del asunto conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, quien lo admitió a trámite, lo registró con el número de expediente 1/2022, y solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados, ello mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós.
15. Informe justificado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. A través de un escrito recibido en el Juzgado de Distrito el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango rindió su informe justificado en el que negó el acto que le fue reclamado.
16. Adujo que el organismo a su cargo dio vista a la Fiscalía General del Estado por los posibles actos de tortura que habría sufrido la persona que representa el IFDP, además de que el trece de julio de dos mil dieciocho fue creada en la Fiscalía Estatal la Unidad Especializada de Desaparición y Búsqueda de Personas, Trata de Personas y Tortura, por lo que consideró “inverosímil que se reclame tal omisión a este Organismo protector de Derechos Humanos”.(6)
17. Informe justificado del Gobernador del Estado de Durango. El titular de la Consejería General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango, en representación del Gobernador del Estado, firmó electrónicamente su informe justificado el veintiséis de enero de dos mil veintidós.
18. En él, negó el acto reclamado y señaló que, en atención a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el quince de abril de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el acuerdo a través del cual se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, de la Fiscalía General del Estado. Por ello, solicitó al Juez de Distrito decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo ante la inexistencia del acto reclamado.
19. Informe justificado de la Fiscalía General del Estado Durango. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado rindió el informe justificado en representación de la persona titular de dicha institución.
20. En dicho informe, negó la existencia del acto reclamado porque la autoridad de referencia no ha girado órdenes para que el Gobernador, el Congreso o el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos omitan presentar alguna iniciativa de ley o decreto para la creación de una fiscalía especializada en la investigación de la tortura en los términos de la LGPIST.
21. Además, señaló que en la propia fiscalía existe, desde el quince de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, haciendo la aclaración de que “no se cuenta con una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como se desprende del escrito de demanda de garantías”.(7)
22. Con base en esa negativa, pidió que se decretara el sobreseimiento en el juicio de amparo.
23. Solicitud de prórroga del Congreso del Estado de Durango. Mediante escrito recibido en el Juzgado de Distrito el veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Durango, en representación de esa autoridad responsable, solicitó una prórroga de diez días hábiles para rendir su informe justificado, debido a que en aquel entonces Durango se encontraba bajo el color naranja en el semáforo epidemiológico nacional por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo que generó que no contara con personal suficiente para atender la carga de trabajo y el requerimiento que le fue formulado.
24. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Juez de Distrito le concedió la prórroga solicitada. Sin embargo, en los autos del juicio de amparo no obra el informe justificado de la autoridad responsable referida.
25. Sentencia de amparo. El uno de abril de dos mil veintidós, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango dictó la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, con base en las consideraciones siguientes:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo,(8) pues, al momento de la presentación de la demanda, no existía la omisión reclamada por el quejoso ya que el quince de abril de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el Acuerdo por el cual se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura como órgano encargado de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles. Con ello, consideró el juez, se dio cumplimiento a la obligación establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 26. Recurso de revisión. Inconforme, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de la Defensoría Pública interpuso un recurso de revisión, en el cual formuló los siguientes agravios:
a) ÚNICO. La existencia de una omisión legislativa absoluta en términos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Pena Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el caso existe una omisión absoluta en competencias de ejercicio obligatorio porque el legislativo federal obligó a la Federación y a las entidades federativas a la creación de una fiscalía especializada en materia de tortura y malos tratos.
b) Aunque el dieciséis de abril de dos mil dieciocho se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, ello no cumple con la obligación estipulada en la Ley General porque para que fuera aplicable la excepción establecida en los artículos sexto y octavo transitorios de la ley, la entidad federativa debía demostrar la falta de recursos para la creación, así como haber realizado las gestiones necesarias para obtenerlos. Esto no puede presumirse, pues la procedencia de esta excepción debe ser comprobada para tenerse por acreditada.
c) El juez de la causa realizó un análisis aislado del contenido de la Ley General porque dentro de su cuerpo normativo solo en una ocasión se menciona la “unidad administrativa especializada”, mientras que en el contenido de sus artículos se señala la obligación de las autoridades a nivel federal y local de crear las fiscalías especializadas con plena autonomía técnica y operativa. En esta tesitura, la opción de crear unidades no tenía como objetivo la sustitución de las fiscalías especializadas sino otorgar facilidades a las entidades federativas para reunir los recursos que, posteriormente, serían utilizados para crear la fiscalía especializada.
d) Las autoridades responsables sí cumplieron con sus obligaciones derivadas de la ley en materia de corrupción, en cuanto a crear una fiscalía especializada, lo que demuestra que cuentan con los recursos necesarios para instaurar una en materia de tortura, por lo que es claro que las autoridades responsables han omitido cumplir con los estipulado en la Ley General.
e) El juez asumió que el hecho de que la unidad administrativa contara con facultades en materia de investigación de la tortura era suficiente para satisfacer la obligación de crear una fiscalía especializada. Sin embargo, sí existe una diferencia funcional y estructural entre las unidades administrativas y las fiscalías especializadas en la entidad, pues las unidades se encuentran bajo supervisión de un superior jerárquico que compromete su autonomía técnica. Esto es contrario al artículo 55 de la Ley General que señala la autonomía técnica y operativa con la que debe contar la fiscalía especializada, como vía para combatir el alto índice de impunidad en materia de actos de tortura y malos tratos.(9)
27. Admisión y trámite. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito; autoridad que, mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo radicó con el número de expediente 59/2022.
28. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, el recurrente envió al tribunal colegiado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un escrito en el que solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del presente asunto.
29. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito decidió, mediante acuerdo plenario de quince de julio de dos mil veintidós, hacer suya la petición de la parte quejosa y recurrente para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el recurso de revisión a la luz de la relevancia y trascendencia del caso.
30. La solicitud fue admitida y registrada con el número de expediente 458/2022 mediante acuerdo de la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de agosto del mismo año. Del asunto conoció esta Primera Sala y, en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del presente recurso de revisión.(10)
31. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los autos, ordenó registrar el asunto con el número de expediente 539/2023, lo radicó en la Primera Sala y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
32. Avocamiento. El diez de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento al conocimiento del asunto y el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
33. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo indirecto, respecto del cual esta Suprema Corte determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto.
III. OPORTUNIDAD
34. La sentencia recurrida fue notificada a la parte quejosa por lista del día cuatro de abril de dos mil veintidós.
35. Dicha notificación surtió efectos al día siguiente, cinco de abril de dos mil veintidós, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo. De manera que el plazo de diez días que prevé artículo 86 del mismo ordenamiento para la interposición del recurso de revisión transcurrió del seis al veintidós de abril de dos mil veintidós.(11)
36. Por tanto, si el señor Leyva Morelos Zaragoza presentó su escrito de agravios el veinte de abril de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es posible concluir que interpuso el recurso de revisión de forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
37. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el señor Leyva Morelos Zaragoza, en su carácter de Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, está legitimado para interponer el presente recurso de revisión toda vez que tiene reconocido el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo indirecto.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
38. El presente recurso de revisión es procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo,(12) pues se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, respecto del cual esta Primera Sala decidió ejercer su facultad de atracción para conocerlo.
VI. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN CONTRA DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO
39. Como fue precisado en el apartado de antecedentes de esta resolución, la parte quejosa en el juicio de amparo reclamó al Gobernador, al Congreso, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas autoridades del Estado de Durango, la omisión de crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en términos de lo dispuesto en diversos preceptos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
40. Una vez recibidos tres de los cuatro informes justificados por parte de las autoridades responsables referidas, el Juez de Distrito consideró que debía decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo porque al momento de la presentación de la demanda no existía la omisión reclamada por la parte quejosa. Lo anterior, explicó, toda vez que el quince de abril de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el Acuerdo por el cual se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, como la autoridad encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con dicho delito, con lo que se había dado cumplimiento a la obligación establecida en la Ley General.
41. En sus agravios, la Secretaria Técnica recurrente cuestiona esa decisión e insiste en que las autoridades responsables han incurrido en una omisión absoluta de ejercicio obligatorio, porque el legislador federal dispuso con claridad que las entidades federativas debían crear una fiscalía especializada en materia de tortura, por lo que la creación de una unidad especializada no cumple con el mandato establecido en la Ley General.
42. Esta Primera Sala considera que es fundado el agravio expresado porque sí existe un mandato c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33242-34b7b2df/fiscalias-especializadas-para-la-investigacion-y-persecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FISCALÍAS ESPECIALIZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDER (1a./J. 84/2025 (11a.))
- FISCALÍAS ESPECIALIZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA Y VINCULADOS. LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS INCURREN EN UNA OMISIÓN ABSOLUTA AL INCUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN D (XIII.2o.P.T.8 P (11a.))
- DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ESTÁN FACULTADOS PA (I.9o.P.327 P (10a.))
- DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIAL EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ FACULTAD (I.9o.P.328 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis