I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VI. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VII. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. IX. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y, POR ENDE, INVADEN LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XXXI Y XXXII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE SE INVADE EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS PARA EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XXXI Y XXXII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LE CORRESPONDE LA REGULACIÓN, PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LAS REDES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA ACTIVA, PASIVA Y OTROS INSUMOS ESENCIALES. XII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ES LA AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE LOS SECTORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y LE CORRESPONDE EL OTORGAMIENTO, LA REVOCACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE CESIONES O CAMBIOS DE CONTROL ACCIONARIO, TITULARIDAD U OPERACIÓN DE SOCIEDADES RELACIONADAS CON CONCESIONES EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. XIII. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. A LAS CONCESIONES RELATIVAS LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONJUNTAMENTE CON LOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES QUE CONFORMAN EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE ÉSTA Y, PREFERENTEMENTE, LOS RELATIVOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. XIV. APROBACIÓN DE PLANOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON REDES DE TELECOMUNICACIONES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PASIVA. LA NORMA QUE PREVÉ EL PAGO DE UN DERECHO MUNICIPAL POR SU OTORGAMIENTO INVADE LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNI
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 62/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda, poderes demandados y norma impugnada. Por oficio presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el catorce siguiente, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Norma general cuya invalidez se demanda:
“El Decreto 624 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24 que dispone:
Artículo 24. Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada: [...]
XXXI. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $59,964.00 por permiso para cada pozo.
XXXII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $59,964.00 por permiso para cada pozo.
XXXIII. Por la autorización de la instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras o similares, se cobrará la cantidad de $41,781.00 por unidad.”
2. Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes que el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto impugnado, en su Capítulo Octavo “De los Derechos por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, Sección I, “Por la Expedición de Licencias para Construcción”, el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo y para la expedición de licencias de construcción y funcionamiento de antenas para telecomunicaciones, por lo que, al regular éstos y aprovechar bienes de dominio de la Nación, la entidad federativa demandada invade las atribuciones exclusivas de la Federación.
3. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. El Poder actor expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:
- Primero. Sostiene que el artículo 24, fracciones XXXI y XXXII, del Decreto impugnado permite que cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraiga cualquier hidrocarburo, ya que prevé el pago de un derecho por el permiso para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, por lo que, a la Hacienda Municipal se enterarán montos con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos previstos, los cuales se relacionan directamente con la exploración y extracción de hidrocarburos.
- En ese sentido, refiere que los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales al expedir la norma controvertida invadieron la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación.
- Luego, expresa que conforme a los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto, y 73, fracción X, de la Constitución Federal, le corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre hidrocarburos, siendo que, en uso de dicha facultad, se expidió la Ley de Hidrocarburos que establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde a la Federación regular su exploración y extracción.
- Por tanto, aduce que de ninguna manera la ley permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.
- Además, sostiene que conforme al artículo 115, fracción V, párrafo último, de la Constitución General, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales; de ahí que, la norma impugnada afecta competencias que están expresamente otorgadas a la Federación.
- Indica que si bien la norma controvertida no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, circunstancia que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos; aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.
- Concluye que, conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo cual la norma impugnada afecta la competencia de la Federación al establecer contribuciones en materia de hidrocarburos.
- Segundo. Expresa que el artículo 24, fracción XXXIII, del Decreto controvertido, obliga a cualquier persona que instale antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras o similares, al pago de derechos al municipio; siendo que dictar leyes en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información, así como la comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones (incluida la banda ancha e internet) es facultad exclusiva de la Federación.
- De esta forma, refiere que los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados al expedir la norma impugnada, invaden la competencia exclusiva de la Federación, pues impone un cobro por la autorización de instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras o similares.
- Expone que en términos de los artículos 6, apartado B, fracción II, 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto, y 73, fracción XVII, de la Constitución General, corresponde al Congreso de la Unión dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, por lo que, en uso de esa facultad, expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, acceso a la infraestructura, recursos orbitales, comunicación vía satélite y la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones.
- En esa línea, indica que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de ninguna manera permite a las entidades federativas otorgar autorizaciones relacionadas con la licencia de colocación y permanencia de estructuras para la infraestructura de telecomunicación, por lo que, al regularlo, el Congreso local invade la competencia de la Federación.
- Reitera que en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se reservan a los Estados, y conforme al numeral 115, fracción V, párrafo último, constitucional, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, por lo que el precepto impugnado causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal, pues su contenido se relaciona directamente con la regulación de telecomunicaciones.
- Concluye que los artículos 6, apartado B, fracción II, 25, párrafo tercero, 27, párrafo séptimo, 73, fracción XVII, 124 y 133 de la Constitución Federal, otorgan a la Federación la facultad exclusiva de dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones, por lo que el Congreso estatal al imponer el pago de derechos por la prestación de dichos servicios a través de sus leyes de ingresos, invade la esfera competencial de la Federación.
5. Radicación y turno. Por proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 62/2024, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento, al existir conexidad con la acción de inconstitucionalidad 24/2024, en la cual se combate el mismo Decreto legislativo.
6. Admisión y trámite. Mediante auto de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenando su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente.
7. Tomando en cuenta la existencia de conexidad entre la presente controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad 24/2024, en tanto que en ambas se solicita la invalidez del mismo Decreto, por economía procesal, se estimó innecesario requerir en este asunto las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos de éste, pues los que se exhiban en el primer medio de control constitucional se tendrían a la vista al momento de emitir la resolución que corresponda a este asunto.
8. Finalmente, tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, a las que dio vista a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
9. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por escrito recibido el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcela Guerra Castillo, quien se ostentó como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Precisa que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal en el Sistema Jurídico Mexicano existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales en tratándose de los Estados, y conforme al numeral 73, fracciones X y XXIX, de la Norma Fundamental corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación.
• En ese sentido, señala que la litis constitucional se centrará en determinar si la norma impugnada resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución General, así como si dicha norma invade facultades de la Federación, por lo que estará al tanto de la resolución.
10. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante oficio recibido el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ana Lilia Rivera Rivera, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• En cuanto a materia de telecomunicaciones, expone que del artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal, se advierte que es facultad del Congreso de la Unión dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet; y de los numerales 6, apartado B, fracción II, 25, 27 y 28 de la Norma Fundamental, se desprende que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, siendo dicho Instituto, además, la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, correspondiéndole el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en dicha materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
• Así, indica que en todo momento el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico, y sólo a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones permite el uso, aprovechamiento y explotación del mismo.
• Que si bien en términos del artículo 115 de la Constitución General, los gobiernos municipales cuentan con la facultad de imponer gravámenes a la propiedad inmobiliaria a través del otorgamiento de licenciadas de construcción, lo cierto es que el numeral impugnado excede los supuestos sobre los cuales la autoridad municipal puede percibir una prestación por el servicio otorgado a la ciudadanía.
• De esta forma, señala que, no obstante que el artículo controvertido no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión de telecomunicaciones, sí prevé un pago por la licencia para la instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones, circunstancia que implica que a la hacienda municipal se enterarán montos con motivo de la expedición de las licencias por el supuesto antes descrito, el cual se relaciona directamente con la regulación de las telecomunicaciones, entendidas como toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión, en términos del artículo 3, fracción LXVIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• Por tanto, sostiene que, si la norma impugnada tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio, de un servicio de explotación y regulación, resulta claro que el Congreso local invadió las facultades de la Federación.
• Respecto a la materia de hidrocarburos, precisa que en términos del artículo 124 de la Constitución Federal las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales, siendo que el numeral 73, fracción X, constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos; facultad exclusiva de referencia que de igual manera se advierte del diverso 27 del mismo ordenamiento, al establecer que la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales ahí plasmados son del dominio directo de la Nación, el cual es inalienable de imprescriptible.
• Además, refiere que el artículo 28 de la Constitución General establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre las cuales se encuentra la exploración y extracción de hidrocarburos. En ese sentido, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos.
• En consecuencia, concluye que la norma impugnada invade la facultad expresa del Congreso Federal, de conformidad con el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, pues la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación y, por ende, las entidades federativas no pueden otorgar permisos de construcción o remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, por lo que, se debe declarar la invalidez de la norma controvertida.
11. Mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a las Presidentas de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, por presentadas con la personalidad que ostentan, realizando manifestaciones en su carácter de terceros interesados.
12. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho siguiente, Joseline Zaharay González Gutiérrez, quien se ostentó como Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:
• Aduce que la disposición impugnada no contiene un sentido normativo tendiente a permitir o negar como autoridad municipal actividades sobre hidrocarburos, sino que únicamente se faculta a las autoridades municipales a fin de expedir licencias de construcción, por lo que no existe una invasión a la esfera competencial de la autoridad federal.
• Argumenta que si bien del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, lo cierto es que el diverso 115, fracción V, del mismo ordenamiento contempla una serie de facultades que se reservan a los municipios, como lo es el otorgar licencias y permisos para construcciones.
• Por tanto, refiere que no se invade la competencia del Poder actor, sino que se trata del ejercicio legítimo de una atribución otorgada por la Constitución Federal.
• Expone que conforme a la exposición de motivos del proceso legislativo mediante el cual se reformó la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, se advierte que se buscó que los municipios intervinieran, no solo para controlar y vigilar el uso de suelo, sino para autorizarlo a regular las distintas actividades que se pueden ejecutar en éste con miras a lograr un desarrollo municipal ordenado que permita incidir en el desarrollo nacional.
• Estima que resultan aplicables como precedentes las contradicciones de tesis 89/2010 y 441/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiéndose concluir que los municipios tienen la facultad constitucional para emitir licencias, permisos o autorizaciones para construcciones, incluyendo aquellas que se otorgan respecto de lugares en los que a posteriori se habrán de construir estructuras para la realización de actividades reservadas a la Federación, por lo que no se configura una invasión de esferas competenciales.
• Concluye que el numeral controvertido no hace referencia a la explotación de hidrocarburos en sí misma, pues la expedición de permisos de construcción no busca regular la actividad de extracción de éstos, lo que se puede constatar, dado que al momento en que se solicite y expida el permiso de construcción, aun no existirá actividad de extracción. • Luego, respecto a la impugnación de la fracción V, incisos a) y b) del precepto impugnado, indica que es cierto que el artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución General reconoce en favor del Congreso de la Unión el dictar leyes sobre vías generales de telecomunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet; no obstante, es menester acudir a la redacción literal de la porción normativa reclamada, la cual se relaciona con la expedición de licencias de construcción.
• De esta forma, señala que el artículo controvertido únicamente contempla la expedición de permisos de construcción en vía pública y en propiedad privada; materia sobre la cual los Congresos locales se encuentran facultados para ejercer.
• Que dentro de la jurisprudencia 2a./J. 50/2010 de rubro “DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PÚBLICA O INSTALACIÓN DE CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA. LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES QUE LOS ESTABLECEN, NO INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN”, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que los derechos por la autorización municipal para la construcción de infraestructura en la vía pública o instalación de casetas para la prestación del servicio público de telefonía contempladas en leyes de ingresos municipales no invaden la esfera de competencias del Congreso de la Unión.
• Asimismo, refiere que la Segunda Sala sostuvo razones similares en la contradicción de tesis 441/2009, donde al analizar si la legislación que regula la emisión de permisos de construcción para la instalación de cables de telefonía es una facultad de las legislaturas estatales, concluyó que la norma en cuestión no especificaba ni se refería directamente a la actividad de instalación de cables, sino que se enfocaba exclusivamente en la instalación de infraestructura en bienes de dominio público.
13. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el treinta de abril de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciséis de mayo siguiente, Valeriano Valdés Cabello, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda, aduciendo, en esencia, lo siguiente:
• Indica que la controversia constitucional es infundada, porque respecto al Poder Ejecutivo estatal no se atribuyó de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada.
• Refiere que, si bien el Poder Ejecutivo local realizó la promulgación y publicación de la ley impugnada, lo cierto es que ello fue así por ser un deber previsto en la propia Constitución de la entidad, sin que se interviniera en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma controvertida.
14. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, dando contestación de la demanda; luego, determinó que había transcurrido el plazo otorgado al Municipio de Ramos Arizpe a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
15. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
16. Audiencia. El cuatro de julio de dos mil veinticuatro, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal.
17. Cierre de instrucción. Mediante proveído de uno de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó integrar a los autos el acta de la audiencia, y tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas por su propia y especial naturaleza, así como los alegatos formulados. Finalmente, acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO
18. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I,(4) del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Pleno de este Alto Tribunal, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;(5) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y una entidad federativa, en el que se solicita se declare la invalidez de normas generales.
19. SEGUNDO. Precisión de las normas impugnadas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.
20. Del análisis integral de la demanda y sus anexos, se desprende que la norma efectivamente impugnada es el artículo 24, fracciones XXXI, XXXII y XXXIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, contenido en el Decreto 624, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
21. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera necesario precisar el contenido del artículo y fracciones controvertidas:
Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
“Artículo 24. Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:
[...]
XXXI. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $59,964.00 por permiso para cada pozo.
XXXII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $59,964.00 por permiso para cada pozo.
XXXIII. Por la autorización de la instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras o similares, se cobrará la cantidad de $41,781.00 por unidad”.
22. TERCERO. Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
23. El artículo 21, fracción II,(7) de la Ley Reglamentaria de la materia, dispone que el plazo para la interposición de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
24. En el caso, el Decreto 624, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo aludido transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil veinticuatro,(8) por lo que si la demanda de controversia constitucional fue presentada en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil veinticuatro, se concluye que su presentación fue oportuna.
25. CUARTO. Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa; (...)”
26. Por su parte, los artículos 10, fracción I,(9) y 11, párrafos primero y tercero,(10) de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo; siendo que, respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal, puede ser representado por el secretario de estado, el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
27. En el sumario que se examina, se tiene que la demanda fue promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de dos de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por el Preside
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33255-f871aa0f/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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