PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS DE RECLUSIÓN. FECHA PARA COMPUTAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO O EL DESAHOGO DE UNA PREVENCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 20/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADA GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIO: LUIS VARGAS BRAVO PIEDRAS.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 20/2025, suscitada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, actualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; y, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
I. ANTECEDENTES
Trámite de la denuncia de contradicción.
1. Mediante los oficios III-567/2025 y III-619/2025 recibidos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el once y doce de febrero de dos mil veinticinco se remitieron las constancias del recurso de queja 130/2024 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, donde el recurrente denuncia la posible contradicción de criterios sustentado por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el Cuarto del Decimoctavo Circuito, actualmente el Segundo en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos y el Segundo en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver la queja 130/2024, amparo en revisión 364/2012 y el amparo en revisión 62/2009, respectivamente.
2. En auto de doce de febrero de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibida la denuncia de referencia y ordenó formar el expediente electrónico de la contradicción de criterios 20/2025; acto seguido, la admitió a trámite, delimitando como tema preliminar el siguiente:
“DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DEL RESPECTIVO CEFERESO CUANDO UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD LA PRESENTA POR SU CONDUCTO, A EFECTO DE VERIFICAR SU OPORTUNIDAD, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.”
3. Asimismo, se extrajo el oficio DGCCST/X/169/02/2025, que contenía el informe rendido por el Director General de la Coordinación de Compilación y sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual señaló que ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar se vinculara con el delimitado preliminarmente en el presente asunto.
4. Por lo antes señalado, la Magistrada Presidenta ordenó requerir a los Magistrados presidente de los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; el Cuarto del Decimoctavo Circuito, actualmente el Segundo en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; y, el Segundo en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, para que remitieran la versión electrónica del proveído en el que informaran si el criterio sustentado, por cada uno, en los asuntos de referencia, se encontraba vigente o, en su caso, informaran del nuevo criterio; asimismo, les requirió la resolución respectiva y que pusiera a disposición de este Pleno Regional el expediente electrónico para su consulta.
5. Finalmente, ordenó turnar la presente contradicción de criterios a la ponencia de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno para su estudio, con la precisión que el turno electrónico sería confirmado una vez que concluyera su integración, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
6. En auto de dieciocho, veinticuatro y veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido los oficios, a través de los cuales, los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes informaron que el criterio que sustentaron en los asuntos de referencia se encontraban vigentes; asimismo, remitieron la versión electrónica de éstos; y, comunicaron que pusieron a disposición para su consulta el respectivo expediente electrónico, del cual se advierte que las sentencias que sustentaron causaron ejecutoria.
7. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese proveído se confirmó el turno electrónico del presente asunto a la ponencia C a cargo de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
9. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia penal suscitada entre Tribunales Colegiados del Sexto, Decimoctavo y Tercer Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el recurrente en el recurso de queja 130/2024 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. LEGISLACIÓN VIGENTE.
11. En el presente asunto se analizarán, en lo que interesa, los artículos 3° y 23 de la Ley de Amparo, cuyo texto corresponde al que se encontraba vigente hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veinticinco, la cual no varió sustancialmente su contenido.
12. Lo anterior, obedece a que, como se expondrá, el recurso de queja 130/2024, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito fue resuelto con base los preceptos legales en su texto vigente hasta la citada reforma.
13. En tanto que los amparos en revisión materia de la presente contradicción, se resolvieron con base en la legislación de amparo abrogada, la cual preveía a dicho recurso como el idóneo para controvertir la determinación de desechar la demanda de amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja 130/2024.
15. Demanda de amparo. Una persona interna en un Centro de Readaptación Social promovió un juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos emitidos dentro de un proceso del orden penal. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda bajo el número 509/2024 y la desechó al considerarla notoriamente improcedente.
16. Recurso de queja. En la diligencia realizada en el centro de reclusión donde se notificó al promovente el citado proveído, interpuso verbalmente el recurso de queja en contra de la determinación de desechar la demanda. Lo conoció el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el que, y al resolver, sostuvo medularmente:
17. Consideró actualizada una causal de improcedencia diversa a la que motivó el desechamiento de la demanda de amparo.
18. En específico, la prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; relativo al consentimiento tácito, al no promover la demanda de amparo dentro del término de quince días.
19. Advirtió que, en la demanda se indicó que fue suscrita el once de septiembre de dos mil veintitrés. En el apartado relativo a los actos reclamados se señaló que el auto reclamado se había notificado el mismo día de suscripción de la demanda de amparo.
20. Por lo cual, el término para la promoción de la demanda de amparo transcurrió del doce de septiembre al cuatro de octubre del dos mil veintitrés. Si la demanda fue depositada en la oficina de correos hasta el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro era claro, que resultaba extemporánea.
21. En relación con el asiento del quejoso contenido en el sobre que contenía la promoción presentada, a través del correo, donde escribió:
“...Fecha en la que entrego este sobre al oficial en prevención penitenciaria de servicio en el Módulo al que pertenezco, para su depósito en el Buzón de Correspondencia y inmediata entrega al Servicio Postal Mexicano para su trámite correspondiente como correo registrado - - - 11 once de septiembre de 2023 dos mil veintitrés. - - - Número de folio de correspondencia personal –61/2023...”
22. El Tribunal Colegiado determinó que no existían elementos para constatar que en esa fecha fue verdaderamente entregada la demanda de amparo al personal del centro carcelario. Concluyó que era indispensable que contara con un sello de recepción, firma o nombre del funcionario encargado del área.
23. Por lo cual no podía tomarse en consideración una leyenda asentada por el propio quejoso.
24. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 364/2012 (amparo en revisión resuelto bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada).
25. Presentación de la demanda. Una persona interna en un centro de reclusión presentó una demanda de amparo en la que reclamó su regreso al primer lugar de internamiento del cual se le trasladó. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca registró la demanda bajo el número 1259/2012-II y le previno para que se aclararan diversos hechos que permitieran precisar los actos reclamados y las fechas en las cuales los conoció.
26. El juzgador de amparo consideró que el promovente no desahogó el requerimiento y, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal. Después de lo cual, desechó la demanda.
27. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el promovente interpuso el citado medio de impugnación, el que, por turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, actualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, donde se revocó el auto mencionado y ordenó se emitiera otro en el que se considerara presentado de forma oportuna el escrito de desahogo de prevención, bajo las consideraciones siguientes:
28. Para determinar la fecha de presentación del escrito de desahogo, debía considerarse que el promovente se encontraba interno en un Centro de Readaptación Psicosocial. Por lo que, si asentó que el nueve de agosto de dos mil doce entregó a la oficina de trabajo social el escrito de desahogo de la prevención formulada el dos anterior, en caso de duda, tal afirmación podía ser corroborada a través de un informe solicitado al director del centro de reclusión.
29. El tribunal consideró un hecho probado que el promovente se encontraba privado de su libertad, ya que el acto reclamado consistió en la solicitud de ser trasladado a otro lugar de internamiento.
30. Analizó el contenido del artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada, que prevé que las promociones se presenten por correo cuando el promovente resida fuera del lugar del asiento del órgano que conozca del juicio y se tendrán por presentadas desde el momento mismo de su depósito.
31. Con base en ello, consideró que la autoridad jurisdiccional no debía observar el momento en que las promociones se entregan en su oficina de partes, sino cuando son presentadas ante la oficina de correos de su localidad. Como apoyo a tal consideración, citó la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro: “PROMOCIONES POR CORREO. ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACIÓN.”
32. El órgano colegiado estimó que existía una excepción a la regla contemplada en el precepto citado, la cual se basaba en la distancia. Por lo cual, por mayoría de razón, debía considerarse la imposibilidad material que tienen los internos en un centro de rehabilitación para acudir personalmente a la oficina de correos.
33. Por lo que, tanto la dificultad de allegar las promociones a la citada oficina, como la distancia, son elementos que escapan del ámbito de quien se encuentra en un estado de reclusión, lo que debe considerar el juzgador para el cómputo de los términos. Por ende, concluyó, debe considerarse el momento en que el recluso hace entrega de su promoción a la oficina que, previo trámite, la hará llegar a su destino mediante vía postal.
34. En ese sentido, si el escrito del promovente con el que se pretendió desahogar la pretensión formulada el dos de agosto de dos mil doce se signó el nueve posterior, debía considerarse tal data como la de presentación.
35. Consideró precipitada la decisión del juez de amparo de desechar la demanda, pues para cuando recibió el escrito de desahogo ya había desechado la demanda y se encontraba impedido para revocar, por sí mismo, tal decisión.
36. Concluyó que el desahogo se encontraba presentado en tiempo, pues el quejoso suscribió el escrito por derecho propio y solicitó al personal del centro de reclusión lo remitiera a través de la vía postal. Ello, para otorgarle un real y efectivo acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. Razones por las cuales, el Tribunal Colegiado revocó el auto recurrido y ordenó que el juzgador de amparo tuviera por desahogada la prevención de forma oportuna.
37. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el toca de improcedencia 62/2009, relativo a la revisión interpuesta por el quejoso (amparo en revisión resuelto bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada).
38. Demanda de amparo. Una persona recluida en un Centro Federal de Readaptación presentó una demanda de amparo en la que reclamó las condiciones de la ejecución de la pena de prisión. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco radicó la demanda bajo el número 97/2009 y previno al promovente para que aclarara la demanda.
39. Ante la falta de desahogo, el juzgador de amparo desechó la demanda.
40. Toca de improcedencia, relativo a la revisión interpuesta por el quejoso. Inconforme con lo anterior, el recurrente interpuso el citado medio de impugnación, el que, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el que revocó el acuerdo recurrido y ordenó al juzgador de amparo indagar sobre la oportunidad del escrito aclaratorio, bajo las consideraciones siguientes:
41. Atendió al contenido de los artículos 24 y 25 de la Ley de Amparo abrogada al señalar que, en los casos en que alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio, se tendrá por hecha en tiempo la promoción si es depositada en la oficina de correos que corresponda al lugar de su residencia. Lo cual debe aplicarse a las personas que se encuentren privadas de su libertad que hayan señalado como domicilio para recibir notificaciones las instalaciones del lugar de su internamiento y no tengan autorizados para tal efecto. Destacó que tales personas no pueden apersonarse ante las autoridades jurisdiccionales para cumplir con los requerimientos formulados dada su situación de reclusión.
42. Indicó que, para los depósitos de los escritos, los internos deben ajustarse al Manual de Correspondencia del Centro carcelario de la cual se destaca que no es factible que el interno tenga acceso a una oficina de correos sino necesariamente debe entregarse la correspondencia al personal de seguridad, como se lee en los artículos 30, 31 y 32.
43. De no permitir la promoción a través de tal medio, se haría nugatorio el derecho fundamental contemplado en el artículo 17 constitucional. Además, el artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada no prevé expresamente a las personas privadas de su libertad, pero tampoco las excluye, por lo cual debe entenderse interpretarse de forma en que puedan tener acceso a los órganos jurisdiccionales.
44. En ese sentido, estimó que el juzgador de amparo no consideró que el promovente, al encontrarse privado de su libertad, solo podía comparecer ante él, para desahogar el procedimiento, a través del escrito presentado en el Servicio Postal Mexicano, máxime que no autorizó a persona alguna para oír y recibir notificaciones.
45. Consideró que el A quo debió indagar sobre la oportunidad de la presentación del escrito aclaratorio, por lo cual, ordenó la reposición del procedimiento para tal efecto.
VI. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
46. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
47. Sirven de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.” y tesis aislada P. XLVII/2009 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS”, emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 48. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es su unificación y el problema radica en los procesos de interpretación —no en los resultados— adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumpla los requisitos siguientes:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, independientemente del método utilizado.
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista, al menos, un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
49. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y, en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
50. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”
51. Por otro lado, no es obstáculo para que este Pleno Regional se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que ninguno de los criterios contendientes constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 27/2001 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.” y tesis aislada P. L/94 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
52. En atención a lo anterior, se analiza si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
53. Este Pleno Regional considera que se acredita el primer requisito toda vez que los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como se expuso con antelación, los tribunales contendientes realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias que sustentaron.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
54. Este Pleno Regional considera que el segundo requisito sí se cumple, toda vez que ambos tribunales colegiados contendientes se pronunciaron sobre un mismo problema jurídico, atinente a determinar si en el juicio de amparo indirecto penal y sus recursos, ¿Qué debe tomarse en consideración para determinar la oportunidad de la presentación de los escritos provenientes de personas que se encuentran privadas de su libertad? La fecha en que fueron presentados ante la oficina postal; la data de suscripción de los escritos asentada por los promoventes o, debe indagarse cuándo se entregó al personal del centro de reclusión para su envío.
55. Sin embargo, arribaron a conclusiones divergentes, en virtud que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determinó que, si no existen elementos para constatar la fecha en la que el promovente privado de la libertad entregó la demanda de amparo al personal del centro de reclusión, tales como un sello, nombre y firma del funcionario encargado del área, para determinar la oportunidad de la presentación de tal libelo, debe considerarse la data en que se recibió en la oficina postal, sin que obste lo asentado por el promovente, al no constituir un elemento objetivo.
56. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, determinó que, si el promovente se encontraba interno en un centro de reclusión, ello dificultaba allegar las promociones a la oficina postal. Por lo que, al interpretar, por mayoría de razón, el artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada, para el cómputo de los términos debía considerarse el día que el promovente afirmó haber entregado el escrito al personal del centro de reclusión, para que éste, a su vez, lo depositara en la oficina postal.
57. Por último, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determinó que, en caso de existir alguna duda de la fecha en la que el promovente presentó su escrito ante la autoridad carcelaria, debía ser esclarecida por el juzgador de amparo. Ello, al interpretar el artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada y por no contar con una persona autorizada persona para oír y recibir notificaciones.
58. Lo anterior evidencia que los órganos colegiados se pronunciaron sobre el mismo tema, relativo a cómo debe proceder el órgano colegiado cuando, para determinar la oportunidad de la promoción de una demanda de amparo indirecto o de la interposición de un recurso de una persona privada de su libertad en un centro de reclusión y afirme que entregó en tiempo el documento al personal de esa institución y, sin embargo, ésta fue depositada ante la oficina postal con posterioridad a la conclusión del término.
59. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 7, registro digital 164120, del tenor siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33312-d6f758b3/personas-privadas-de-la-libertad-en-centros-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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