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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 36, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PART

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 158/2024. · Registro digital (IUS): 33360
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.666.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 158/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 12 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto mil setecientos cuarenta y nueve publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 del Estado de Morelos, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a Dolores Castillo Cuevas.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 158/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, en la que impugna el Decreto mil setecientos cuarenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 del Estado de Morelos, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes. De su escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Morelos, manifiesta los siguientes:

• Que en cada ejercicio fiscal la parte actora, ha remitido al Titular del Poder Ejecutivo su anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada, sin embargo, no se ha respetado dicho proyecto, dado que el Legislativo ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.

• Que, se ha manifestado a este Alto Tribunal en diversas controversias promovidas, del ejercicio fiscal 2013 al 2017, que el presupuesto otorgado al Poder Judicial Estatal, se mantuvo intocado, en el monto de $ 451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N); no obstante el aumento en insumos necesarios para cumplir con el mandamiento constitucional de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados (estos últimos por virtud de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso del Estado de Morelos) sin que durante dicho periodo existiera la partida presupuestal para pensiones a cargo de la cual determinaba el congreso del Estado de Morelos, fueran sufragadas las mismas; con base en este último punto es que el Poder Judicial, controvierte los decretos ante este Alto Tribunal vía controversia constitucional.

• El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió al Ejecutivo estatal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo anual para el Poder Judicial de la entidad, para el ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, previamente autorizado por la Junta de Administración vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, para su discusión y aprobación.

• En el citado anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, se consideró, atendiendo a las necesidades presupuestales y financieras del Poder Judicial, fuera asignado por lo menos la cantidad de $916,832.428.00 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N), enfatizándose que dicha cantidad solo corresponde al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, independientemente del presupuesto que se destinaría al pago de decretos pensionarios, y a la implementación del sistema de Justicia Laboral, los cuales, en total, suman la cantidad de $1,480’051,000.00 (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), atendiendo a la siguiente distribución:

Ver distribución

• El Poder Ejecutivo del Estado, remitió el uno de octubre de dos mil veinte, a la LIV Legislatura del Estado de Morelos, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de ese Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial de dicha entidad, sobre la base en el porcentaje que establecen los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, reducción de recursos monetarios que se llevó a cabo vulnerando tanto el artículo 70, fracción XVIII, inciso c) de dicho instrumento, como el principio de autonomía e independencia judicial prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal, al enviar (mas no remitir, como lo mandata la Constitución Local,) al Poder Legislativo un proyecto de Presupuesto diametralmente opuesto al contenido del anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial de la entidad.

• El quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el decreto número mil ciento cinco, en el cual se autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial la cantidad de $549,034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), distribuida dicha cantidad, en los siguientes rubros: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado $449, 034,000.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional); b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia [$75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional)]; y c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes $25,000,000.00. (veinticinco millones de pesos 00/100 moneda nacional). Sin contemplar la partida “apoyo extraordinario o sindicalizados del Poder Judicial”, que sí se hacía en otros ejercicios fiscales anteriores. Cantidad que dice no corresponde al 4.7% del gasto programable como se debió haber aprobado.

• El Congreso del Estado de Morelos, no aprobó en diciembre del año dos mil veintiuno, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por tanto, de manera tácita, se autorizó el mismo presupuesto que para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el periódico oficial de Morelos “Tierra y Libertad”, el Decreto quinientos setenta y nueve, por el cual se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se advierte que se aprobó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la cantidad de $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) de los cuales $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) están destinados para pensiones, jubilaciones y personal de retiro; sin embargo en dicho rubro y cantidad solo está considerado el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós, sin considerar el pago de incrementos.

• El veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, se publicó el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el decreto mil setecientos cuarenta y nueve a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Dolores Castillo Cuevas, en los términos siguientes:

“DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A DOLORES CASTILLO CUEVAS. ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por jubilación a DOLORES CASTILLO CUEVAS, quien ha prestado sus servicios para el Poder Judicial del Estado de Morelos; desempeñando como último cargo el de: Capturista adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Zacatepec, Morelos. ARTÍCULO 2°. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO 3°- EI monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la ley de la misma ley. ARTICULOS TRANSITORIOS PRIMERO. Remítase el presente decreto el titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. SEGUNDO. Notifíquese personalmente al quejoso la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de ampro pronunciada dentro del expediente número: 1308/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos. TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial -Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado. Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el veintiocho de febrero y concluida el veinte de marzo de dos mil veinticuatro. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Franciso Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Margis Zoraida del Rayo Salcedo. secretario. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas. ...”.

2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Poder, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitido por las autoridades que a continuación se mencionan:

a) Entidad, poder u órganos demandados:

• Poder Legislativo del Estado de Morelos.

• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

b) Norma general o actos cuya invalidez se reclama:

“Decreto número MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 6302 veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación Dolores Castillo Cuevas, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024, ...”

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos, en su único concepto de invalidez, en síntesis, expuso lo siguiente:

a) Señala que, el decreto que se impugna vulnera en su perjuicio los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.

Dicha autonomía de gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece la garantía de expedites en la administración de justicia y en la obligación de los poderes legislativos federal y local de garantizar la independencia, lo que no ocurre con el decreto impugnado, pues el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del poder actor al conceder una pensión con cargo a su presupuesto.

Lo anterior lesiona la independencia del Poder Judicial, en un grado grave de violación, como lo es la subordinación y en consecuencia la autonomía en la gestión de sus recursos, ya que en el artículo 2° y 3° del Decreto impugnado, se determinó que la pensión decretada deberá cubrirse por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo al presupuesto autorizado a éste, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.

Lo anterior es así, ya que el Poder Legislativo demandado, dispone directamente de los recursos financieros del actor, al conceder pensión una pensión vitalicia a Dolores Castillo Cuevas, quien ha prestado sus servicios en el Poder representado, y quien es el facultado para disponer de sus recursos financieros, siendo que, no tuvo intervención alguna en el Decreto aquí impugnado, máxime que, de manera expresa se determina que será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

Pasando desapercibido el propio Congreso Local que en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, no se contempló partida alguna para pago de decretos controvertidos ante la Corte, pues en este anexo, en la partida de pensiones y jubilaciones, se otorgó la cantidad de $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), cantidad que apenas es suficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso, consistente en el pago de nómina a pensionados, jubilados y personal en retiro vigentes al dos mil veintitrés, de ahí que, no se tenga certeza que dicha cantidad sea suficiente para cubrir pensiones futuras.

Aunado a que en el presente ejercicio fiscal, la cantidad aprobada para el pago de pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario es sustancialmente menor a la aprobada en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, pues en aquel se aprobó por la cantidad de $290,547,842 (doscientos noventa millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos 00/100 M.N) para el pago de pensiones, jubilaciones y personal de retiro, mientras que en el presente, únicamente fueron autorizados $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N) para el pago de pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario, (agregando esos dos últimos conceptos) es decir, $43,318,955.00 (cuarenta y tres millones trescientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), menos que el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés.

b) Por acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que, para el pago de los decretos pensionarios en el ejercicio dos mil veinticuatro, no se consideró el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del ejercicio dos mil veinticuatro, presentado al Gobernador del Estado, es decir, la autoridad demandada tiene conocimiento que no se tiene numerario presupuestado para el pago del Decreto que aquí se reclama, vulnerando la independencia y gestión presupuestaria del Tribunal accionante.

El Congreso del Estado de Morelos, vulnera en su perjuicio el artículo 49 de la Constitución Federal, que establece la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de los Estados de la Federación en una sola persona o corporación, es decir, obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo tal, que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés; así como el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Local, ya que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a este la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa; así como se vulnera el contenido del artículo 116 de la Constitución Federal, ya que pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso Local.

c) Indica que, se vulnera la independencia y gestión presupuestaria del Tribunal, toda vez que, con la emisión del Decreto impugnado se concede una pensión por jubilación a Dolores Castillo Cuevas, en donde el Congreso del Estado de Morelos determina que la misma sea sufragada por el Poder Judicial con cargo al presupuesto autorizado a éste, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, sin verificar y/o proporcionar numerario alguno para cubrir dicha pensión en la medida que resulte suficiente para ello, circunstancia que se traduce en una omisión que permite advertir una notoria afectación al Presupuesto del Poder Judicial, y por ende, vulnera el principio de división de poderes, autonomía e independencia, más aún, que conforme al anexo 2, se precisaron los cálculos de adeudos a personal jubilado por diferencia de pensiones en proporción al incremento del salario mínimo general desde abril de dos mil quince a dos mil veintitrés, monto que asciende a la cantidad de $144,543,283.84 (ciento cuarenta y cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 84/100 moneda nacional); así como los cálculos de posibles jubilados en razón del número de años de servicio en el Tribunal, que ascienden a la cantidad de $119,560,299.30 (ciento diecinueve millones quinientos sesenta mil doscientos noventa y nueve pesos 30/100 moneda nacional), así como los cálculos de posibles jubilados en razón del número de años de servicio en el Tribunal, que ascienden a la cantidad de $88,208,381.10 (ochenta y ocho millones doscientos ocho mil trescientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional), que en caso de otorgarse y ser exigibles se deberían asignar los recursos adicionales correspondientes.

Así, el decreto impugnado violenta la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, al no permitir que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de las prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.

Lo anterior, tomando en consideración que si bien el Congreso del Estado de Morelos aprobó una partida presupuestal para el pago de los decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia por la cantidad de $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), lo cierto es que en dicho numerario está considerado el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro al dos mil veintitrés, sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u otros asuntos controvertidos. De ahí que, no basta la presunción de que existe una partida destinada a pensiones, sino que necesariamente se deben garantizar los fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada debe encontrarse garantizada por quien la expide, de modo que, al no existir justificación legítimamente constitucional que soporte el actuar del Poder Legislativo demandado, resulta válido colegir que dicho acto es constitutivo de una intromisión injustificada, corruptor del principio basal del estado de derecho conocido como división de poderes.

Que ante la inexistencia de un grado de previsibilidad admisible constitucionalmente para rebasar el robusto principio de autonomía presupuestal de que goza el Poder Judicial, el acto del poder demandado es invasivo a la esfera competencial de dicho ente, al cual le corresponde la proyección del personal que puede pasar al retiro, bien porque se encuentra dentro de los supuestos por años de servicio, por edad, para ejercitar el derecho a obtener pensión o dicho en otras palabras potencialmente jubilable. Luego, si con base a ese probable acontecer, se solicita una partida de pensiones y esta no es tomada en cuenta como referente al momento de decidir la procedencia de un decreto jubilatorio por el Congreso del Estado, no puede concebirse de otra manera el actuar del Congreso, sino como arbitrario y tendente a someter al Poder Judicial, lo que es posible apreciar con la redacción actual del referido decreto.

Para evidenciar el grado de afectación indicado, basta referir que por la franca vulnerabilidad económica que se genera con la emisión de decretos jubilatorios sin la correspondiente garantía económica que asegure su cumplimiento, se genera que se violen los derechos de los trabajadores que pasan al retiro, ante la innegable falta de recursos.

Aduce que, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los autorizados en el presupuesto anualizado, es decir, no percibe ningún ingreso extra que le permita hacer frente integral a las cargas impuestas de modo extraordinario (jubilaciones no previstas) al gasto ordinario programado (pago de emolumentos al personal activo); o al menos mitigar de algún modo el impacto en sus finanzas, siendo netamente su capitalización a través del presupuesto otorgado.

d) Con el decreto impugnado, la Legislatura del Estado de Morelos, transgrede la autonomía de la parte actora, al violentar el principio de división de poderes y de autonomía de gestión señalado en el artículo 116 de la Constitución Federal en correlación con el numeral 123, apartado b) de la citada norma Constitucional, pues tal ente de gobierno se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Poder Judicial y sus trabajadores, al determinar inconstitucionalmente que realice el pago de la pensión por jubilación a Dolores Castillo Cuevas, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención, incluso indicando en todos los casos, que el pago de las pensiones (aun las de invalidez) operan "una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones".

e) Al respecto, señala que el artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Federal, consagra el principio de independencia judicial, que debe regir tanto en el ámbito federal como en el local, así como la plena ejecución de las resoluciones emitidas por los órganos estatales que conformen el Poder Judicial, por lo que tal disposición debe entenderse como una garantía dirigida a los juzgadores para que, en virtud de dicha independencia, se encuentren en plena libertad para emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico. No obstante, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales, la forma de proceder del Congreso estatal se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestaria.

f) Así pues, sostiene que no se explica por qué si los trabajadores tuvieron la relación de trabajo con el Poder Judicial, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que un trabajador de otro Poder sea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley, con cargo a la hacienda pública del Poder actor. Lo anterior, sin que se haya tomado en cuenta a éste y sin ampliar a la par el presupuesto para cubrir la misma.

g) Refiere que, al resolver la controversia constitucional 35/2000 promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la autonomía de la gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de juzgadores, por ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible, carrera judicial e inamovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.

h) Refiere que, en el caso, el Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, al expedir el decreto impugnado con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado, lo que resulta un acto intromisivo, considerado por este Alto Tribunal como el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues uno de ellos se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia del otro, como acontece en el presente caso.

i) Se demuestra la existencia de la intromisión con lo señalado en decreto que se ataca en su artículo 2° pues se establece que la pensión por jubilación decretada deberá cubrirse al 100% del último salario, a partir del día siguiente en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo al presupuesto autorizado a éste, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

j) Señala que resulta aplicable la jurisprudencia P/J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”

De ahí que, la orden impugnada implique una subordinación del Poder Judicial.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 158/2024 y que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Luego, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, tuvo como acto impugnado el siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO: El decreto número MIL SETENCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 6302 (sic) veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a (***), con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024, (...)”.

6. Se admitió a trámite la demanda, respecto a la impugnación del referido acto y ordenó emplazar como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no así al Secretario de Gobierno, por tratarse de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal, todos del Estado de Morelos.

7. Además, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.

8. Contestaciones de la demanda.

9. Poder Legislativo. Mediante escrito arribado el siete de agosto de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:

• En relación a los hechos, niega que el Poder Legislativo autorizó única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubo de pago de pensiones, además de que sostiene que el presupuesto asignado al actor, si ha variado en los años del dos mil trece a dos mil diecisiete.

• Reconoce que el primero de octubre de dos mil veinte, el Titular del Ejecutivo Estatal, remitió a la LVI Legislatura del Estado de Morelos, el proyecto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

• Reconoce como cierto haber asignado al Poder Judicial la cantidad de $ 549,034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) como presupuesto para el ejercicio fisc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33360-a818b1d5/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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