DELITO DE USURPACIÓN DE PROFESIONES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8289/2023. 26 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona se atribuyó el carácter de abogado para representar a una señora que fue demandada en un juicio de divorcio, quien le pagó por sus servicios profesionales la cantidad de doscientos setenta mil pesos. Con posterioridad, la señora se percató de que su abogado no contaba con título profesional y que, ante la autoridad ministerial, manifestó tener grado de escolaridad de secundaria y de licenciado en ingeniería metalúrgica.
Con motivo de esos hechos, se instruyó un procedimiento penal acusatorio, que concluyó con el dictado de una sentenciada de condena por el delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México.
Inconforme con la sentencia de condena, el sentenciado interpuso un recurso de apelación, en donde se modificó la pena impuesta.
Inconforme con ello, el sentenciado promovió un juicio de amparo en el que alegó la inconstitucionalidad del precepto antes señalado al considerar que vulnera el principio de taxatividad y el derecho de no autoincriminación.
El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo solicitado, por lo que el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 8289/2023, interpuesto por Persona "A",(1) en contra de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 263/2023.
El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el tipo penal de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.(2)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(3) En dos mil quince, una señora de identidad reservada era parte demandada en un juicio de divorcio promovido por Persona "B", el cual se registró con el número de expediente expediente del juicio de divorcio, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
2. En dicho asunto, Persona "A" le ofreció a la parte demandada ocuparse del mencionado juicio civil y realizar las gestiones necesarias para su trámite, para lo cual se ostentó como licenciado en derecho.
3. El treinta de marzo de dos mil quince, la señora demandada recibió una notificación proveniente del mencionado Juzgado Familiar, en la cual se le solicitaba proporcionar al actor el veinte por ciento de su sueldo, además de diversas prestaciones ordinarias y extraordinarias. Dicha comunicación judicial fue entregada por la señora demandada a Persona "A", quien el trece de abril de dos mil quince le mostró un escrito en el que daba respuesta a la solicitud realizada por el Juzgado Familiar del conocimiento.
4. En virtud de lo anterior, Persona "A" le solicitó a su clienta un depósito, por concepto de honorarios profesionales, por la cantidad de primera cantidad de dinero y otro por segunda cantidad de dinero, a favor de Persona "C", así como diversos documentos. Las transferencias bancarias de esos conceptos se realizaron respectivamente los días veinte de abril y veintiocho de mayo de dos mil quince.
5. Durante la tramitación del juicio civil, la señora demandada se dio cuenta de que Persona "A" no era abogado y no contaba con licenciatura en derecho. Lo anterior, en virtud de que, en principio, en una carpeta de investigación integrada en contra de la demandada por el delito de abuso de confianza, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, Persona "A" manifestó ante la fiscalía tener la profesión de abogado constitucionalista y tener licenciatura.
6. Con posterioridad, el cuatro de noviembre siguiente, al ser entrevistado, expuso que contaba con la ocupación de abogado y que tenía grado de escolaridad de maestría. Los días diez y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, Persona "A" señaló ante el ministerio público que tenía licenciatura en derecho y que era abogado. El once de octubre de dos mil dieciocho, manifestó ante la representación social que tenía escolaridad de secundaria. Finalmente, el trece de enero de dos mil veinte, señaló que contaba con el grado de licenciado en ingeniería metalúrgica.
7. Juicio penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra de Persona "A", del que correspondió conocer a la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que registró la causa penal con el número de expediente expediente de causa penal.
8. En audiencia de juicio, celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés,(4) la titular del mencionado Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Persona "A" por la comisión del delito de usurpación de profesiones, en la modalidad de "atribuirse por cualquier medio el carácter de profesionista",(5) previsto y sancionado en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, y le impuso una pena privativa de libertad de tres años, tres meses, entre otras sanciones.(6)
9. Recurso de apelación. Inconforme con dicha resolución, Persona "A" interpuso un recurso de apelación, del cual conoció el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, que lo registró con el toca expediente de apelación.
10. Mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal de Alzada del conocimiento modificó la resolución recurrida para que se aplicara la pena mínima de un año establecida en la norma vigente en la realización de los hechos.(7)
11. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia de apelación, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, Persona "A" presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:
a) La transferencia bancaria por la cantidad de primera cantidad de dinero, en realidad, correspondió a un préstamo que Persona "A" le solicitó a la víctima, por lo que se contravino el principio de valoración lógica de la prueba.
b) En relación con la transferencia bancaria de segunda cantidad de dinero, correspondió al concepto de pago denominado "bodega". Además, esta transferencia se realizó en favor de una persona distinta al quejoso, de nombre Persona "C".
c) No se acreditó plenamente que el monto de la reparación del daño hubiera provenido del pago de honorarios profesionales.
d) Al no quedar evidenciado un nexo causal entre las transferencias realizadas y el daño patrimonial ocasionado la señora de identidad reservada, es incorrecto que el órgano jurisdiccional de segunda instancia le hubiera reconocido el carácter de víctima.
e) El delito de usurpación de profesiones protege el bien jurídico de la fe pública, el cual es impersonal y no tiene un resultado material, por lo cual es el Estado quien resiente el resultado de la conducta, no así la supuesta víctima.
f) Además, la víctima estuvo representada por el licenciado Persona "D". Por tanto, si bien Persona "A" manifestó que era abogado, nunca representó a la señora de identidad reservada, pues en ningún momento se ostentó de esa manera en el juicio de divorcio.(8) Por tanto, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, no puede reconocérsele el carácter de víctima a la demandada de divorcio.(9)
g) Se valoró un testimonio sobre que alguien llevaba a Persona "A" a diversos juzgados y notarías. Sin embargo, la víctima otorgó un poder general para pleitos y cobranzas a la parte quejosa, por lo que ésta podía trasladarse a cualquier lugar en representación de la víctima, sin que ello implicara que lo hacía en calidad de su abogado.
h) El artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México transgrede el principio de taxatividad, pues no es claro en cuanto a la finalidad de la conducta descrita y al sujeto pasivo del delito porque el bien jurídico tutelado del delito de usurpación de profesiones es la fe pública; y, por tanto, el sujeto pasivo es el Estado, lo que hace inviable que se lesione la fe pública de un particular.
La norma impugnada no es clara ni precisa porque implica que la simple ostentación ante un particular como profesionista, sin serlo, se puede tipificar como delito aún si no se realizan actos propios de la profesión que se atribuye.
La simple ostentación tiene como resultado un cambio de noción, pensamientos o sentimientos de las personas ante las que se presenta como profesionista; mientras que la realización de los actos propios de la profesión tiene como resultado precisamente la prestación del servicio profesional con el que se ostenta la persona y tendría como consecuencia la afectación a un diverso bien jurídico.
El Pleno del alto tribunal del país, al estudiar el delito de usurpación de profesiones previsto en el artículo 250, fracción II, inciso a), del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, estableció que la atribución de profesionista no debe considerarse simple y llana, sino que debe interpretarse en el sentido de que sea con el propósito de prestar posteriormente servicios profesionales o que la atribución sea ante órganos de la autoridad estatal. Pues de otra manera no se lesionan derechos de ninguna persona.(10)
i) Finalmente, el artículo impugnado vulnera el derecho de no autoincriminación porque la simple ostentación como profesionista tiene como resultado el cambio en las creencias y sentimientos que las personas tienen hacia la persona que se nombra como tal. Si el delito de usurpación de profesiones se actualiza con que el sujeto pasivo se atribuya ser profesionista ante terceros, entonces implica la inmediata autoincriminación. Esto tiene sustento en la tesis aislada CCXXIII/2015, de la Primera Sala del alto tribunal.(11)
12. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que la registró con el número de expediente 263/2023. El quince de noviembre de dos mil veintitrés, el mencionado órgano colegiado dictó una sentencia en la que negó el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
a) El delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México contiene elementos claros, precisos y exactos. Además, no genera un grado de incertidumbre que permita desconocer el contenido de tales términos, por lo que no vulnera el principio de taxatividad.
b) El elemento objetivo del tipo penal es "atribuir o aceptar por cualquier medio" y para determinar su significado claro y preciso, basta con emplear el sentido gramatical de las palabras.
c) Los verbos rectores son atribuir o aceptar. El verbo "atribuir" significa aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades a alguien o algo, o bien, señalar o asignar algo a alguien como de su competencia; mientras, "aceptar" se define como recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga, o bien, aprobar, dar por bueno, acceder a algo.
d) Por otra parte, la expresión "cualquier medio" se refiere a cualquier cosa que puede servir para determinado fin, o bien, que se trate de cualquier acción conveniente para lograr algo. Por lo que la porción no representa ninguna falta de precisión.
e) Los elementos normativos "carácter de profesionista" y "título legal" tampoco representan alguna ambigüedad, ya que su significado se obtiene desde un lenguaje natural o jurídico, al ser aspectos que se enmarcan en el contexto del ejercicio de las profesiones reconocidas legalmente.
f) Para desentrañar su alcance se debe acudir a una valoración jurídica conforme al marco normativo aplicable, que en este caso es la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México,(12) el Código Administrativo del Estado de México(13) y el Reglamento de inscripción de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos del Estado de México.(14)
g) De acuerdo con dichos ordenamientos, el carácter de profesionista lo tendrá cualquier persona que cuente con los conocimientos necesarios para el adecuado ejercicio de una profesión, siempre que obtenga un título legalmente expedido por las instituciones de educación.
h) Por otro lado, el "título legal" se identifica propiamente con el título profesional, que es el documento oficial otorgado por una institución educativa legalmente facultada para tal efecto, a favor de una persona que haya concluido los estudios correspondientes.
i) Desde esa perspectiva, el tipo penal de usurpación de profesiones en la porción normativa "se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal", no contiene vicios de claridad, imprecisión o vaguedad, pues es posible advertir que se refiere a que el sujeto activo se asigne o admita voluntariamente, sea cual sea el medio, el carácter de profesionista sin contar con título profesional.
j) Aunado a lo anterior, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte, la atribución o aceptación del carácter de profesionista no debe estimarse simple y llanamente, sino que se debe entender en el sentido de que sea con el propósito de prestar posteriormente servicios profesionales o que la atribución sea ante autoridades, es decir, la ostentación del carácter de profesionista debe ser el necesario antecedente para la prestación de servicios profesionales o en forma oficial.(15)
k) En ese contexto, se concluye que el tipo penal de usurpación de profesiones es claro y no contraviene el principio de taxatividad.
l) Por otro lado, el derecho de guardar silencio o a la no autoincriminación, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción II constitucional, consiste en que toda persona tiene el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Para que se materialice tiene que mediar coerción, tener potencial autoincriminatorio y debe versar sobre un acto de carácter testimonial.(16)
m) El hecho de que la norma impugnada establezca que el sujeto activo "se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista" o se ostente como profesionista sin serlo, de ninguna manera conlleva una declaración contra sí mismo, pues las personas juzgadoras, al motivar su resolución sobre la posible existencia del delito, no se ven en la necesidad de aludir a la credibilidad de la persona imputada para determinar el nivel de certeza sobre la ostentación de una profesión, sino que corresponde, por ejemplo, a un perito, un testigo u otra autoridad que haya percibido que el sujeto activo se atribuyó el carácter de profesionista sin contar con título legal.
n) Por tanto, se concluye que la atribución o aceptación de una profesión sin contar con título que lo avale no tiene el carácter de testimonial de la persona inculpada y, por ende, no transgrede directamente el derecho a la no autoincriminación.
o) Se respetó el artículo 14 de la Constitución del país, ya que se observó el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento. Tampoco se advierte ninguna violación al artículo 16 constitucional dado que la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente la sentencia impugnada.
p) Además, tanto la jueza de primer grado como la autoridad responsable apreciaron los elementos de prueba de forma conjunta, integral y armónica y, en su valoración, atendieron a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos para arribar a la conclusión de que se acreditó el delito y la responsabilidad penal de Persona "A".
q) Fue legal que el tribunal de apelación validara la eficacia probatoria, asignada por la jueza de enjuiciamiento al dicho de la víctima de identidad reservada.
r) Es correcto que se haya atribuido la calidad de víctima a la parte tercera interesada, pues resintió una afectación patrimonial con la conducta ilícita.
s) No pueden analizarse violaciones ocurridas en etapas previas al juicio oral, salvo que en el juicio oral alguna actuación o prueba hubiesen sido materia del contradictorio.(17)
t) Finalmente, fue correcta la individualización de las sanciones.
13. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, mediante escrito presentado vía electrónica el quince de diciembre de dos mil veintitrés, Persona "A", a través de su autorizado Autorizado "A", interpuso un recurso de revisión en el que, en síntesis, expuso los siguientes agravios:
a) El Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido análisis del artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, pues dejó de estudiar su aplicación conforme a una interpretación extensiva acorde a una intelección amplia de la norma, lo que genera que no sea clara su aplicación.
b) El precepto impugnado no señala con precisión si el delito usurpación de profesiones se actualiza con la sola ostentación ante terceros o a través del ejercicio propio de la autoridad ante quien pueda dar validez un acto de la profesión con dicho carácter.
c) El artículo que se combate es impreciso en señalar el momento y el medio en que se atribuye o acepta el carácter de profesionista sin tener título legal y cuál es el medio preciso. El hecho de que la norma señale que sea a través de "cualquier medio" no implica una materialización de actos propios de la profesión que se trate.
d) De ahí que no sea claro en precisar en quién recae la conducta de atribución de profesiones sin serlo legalmente, pues el hecho de que sea ante particulares no implica una ejecución de un acto como profesionista; ya que la profesión requiere, para tener efectos materiales, que sea ante una autoridad, al ser éstas las únicas dotadas de fe pública.
e) Si bien el órgano colegiado señaló las definiciones gramaticales de los términos "atribuir" y "aceptar", no implica que con ello se ejerza efectivamente la profesión, ya que para ello es necesario realizar los actos materiales propios de ésta.
f) En cuanto a la expresión "por cualquier medio", el mencionado Tribunal Colegiado pasó por alto que no cualquier cosa puede servir para lograr el fin de ejecutar la profesión de usurpar, puesto que el medio debe ser útil para que exista una materialización válida de los actos de la profesión.
g) En la resolución que se recurre, se estudió el artículo impugnado a través de una interpretación gramatical, que si bien podrá determinar a qué se refiere cada término del artículo, no es precisa en cuanto a considerar las características de la profesión de que se trate. Pues no por el simple hecho de manifestar tener título de determinada profesión se ejercen las funciones de ésta.
h) Aun cuando se concluye que los elementos normativos "carácter de profesionistas" y "título legal" son claros, lo cierto es que la inconstitucionalidad de la norma parte de que no precisa en qué momento se realizan los actos propios de la profesión, ya que únicamente podría ser a partir de actos propios de la profesión.
i) Por una parte, se sostiene que la simple ostentación de una persona como profesionista, a través de cualquier medio, actualiza la usurpación; pero, por otra, se determina que para ello debe existir una afectación a la fe pública, lo que demuestra que no cualquier acto ni a través de cualquier medio se puede configurar el delito mencionado. j) Por lo tanto, el artículo 176, fracción II del Código Penal del Estado de México es inconstitucional.
14. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión, lo registró con el número 8289/2023 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
15. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.
17. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal en el cual se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de este alto tribunal.
II. OPORTUNIDAD
18. La sentencia recurrida fue notificada vía electrónica a Persona "A" el viernes primero de diciembre de dos mil veintitrés.
19. Dicha notificación surtió efectos el mismo día, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes cuatro de diciembre al viernes quince de diciembre del dos mil veintitrés; descontándose los días dos, tres, nueve y diez del mismo año por haber sido inhábiles.(18)
20. Por tanto, si Persona "A" presentó su escrito de agravios el quince de diciembre de la misma anualidad, se concluye que el recurso se interpuso de manera oportuna.
III.LEGITIMACIÓN
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que Persona "A" cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo 263/2023, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(19) Asimismo, mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el mencionado Tribunal Colegiado tuvo por autorizado, en términos amplios, a Autorizado "A".
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
22. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso previo entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(20)
23. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
24. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
25. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
26. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto sí cumple con los requisitos de procedencia.
27. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que Persona "A" alegó la inconstitucionalidad del artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, pues considera que vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, y el derecho a la no autoincriminación.
28. Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró infundados los conceptos de violación y negó la protección constitucional.
29. Este tratamiento fue impugnado en sus agravios por Persona "A", quien insiste en que la norma es violatoria del referido principio y derecho fundamental.
30. En ese orden de ideas, el primer requisito se encuentra satisfecho, pues existe un tema de constitucionalidad al haberse planteado que el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y el derecho fundamental de toda persona imputada a no autoincriminarse. Por lo cual, se concluye que en el caso sí subsiste un genuino planteamiento de constitucionalidad para el recurso de revisión.
31. Además, el asunto reviste un interés excepcional debido a que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo impugnado.
32. No se soslaya que el Tribunal Pleno de este tribunal constitucional emitió la tesis de tema: "PROFESIONES. CONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 250, FRACCION II, INCISO A), DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. ATRIBUCION DEL CARACTER DE PROFESIONISTAS SIN SERLO."(21) Sin embargo, dicho criterio es una tesis aislada y analizó la constitucionalidad de una norma diversa a la que se impugna en el presente asunto.
33. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que el recurso de revisión es procedente únicamente para analizar la constitucionalidad del artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México a la luz del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad y frente al derecho fundamental a la no autoincriminación.
34. No son materia de estudio en el recurso de revisión los planteamientos del quejoso relacionados con la valoración de las pruebas, la acreditación del delito, la responsabilidad penal, ni las sanciones porque son aspectos que fueron examinados por el Tribunal Colegiado en un plano de legalidad que escapa de la competencia de esta Primera Sala.
V. ESTUDIO DE FONDO
35. La problemática jurídica que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la descripción típica del delito de usurpación de profesiones, prevista en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, vulnera el principio de taxatividad.
36. Precisado lo anterior, para atender los planteamientos de Persona "A", la metodología que seguirá esta ejecutoria se desarrolla a partir de los temas siguientes: V.1 Doctrina constitucional y convencional que esta Suprema Corte ha sustentado sobre el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. V.2 Análisis sobre si el tipo penal de usurpación de profesiones cumple con ese principio. V.3 Breve referencia al derecho humano a la no autoincriminación. V.4 Examen sobre si el precepto impugnado vulnera ese derecho.
V.1 Doctrina constitucional y convencional sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad
37. De acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte, el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.
38. Dicho principio exige que sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.
39. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del país, y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca), y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca).(22)
40. Conforme al principio en estudio, no existe pena ni delito sin ley que los establezca, de ahí que es indispensable que una ley penal repute un hecho o una conducta como delito, para que pueda ser considerado como tal y se pueda motivar o justificar por ello la aplicación de una pena.
41. Los referidos principios implican que el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.
42. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33381-7d7b4e74/delito-de-usurpacion-de-profesiones-su-regulacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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