RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. FORMA DE CALCULAR LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PERSONAL CAUSADO A MENORES DE EDAD, CUANDO NO ESTÉ ACREDITADA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE SUS PADRES.
AMPARO DIRECTO 11/2024. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 11/2024, promovido por (*********), por propio derecho, y como representante legal de su menor hija de iniciales (********), contra la sentencia dictada el tres de julio de dos mil veintitrés por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente (*********).
El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si fue conforme a derecho la indemnización por daño moral y personal que determinó la Sala Regional por responsabilidad patrimonial del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. De los hechos narrados en la demanda del juicio de origen se desprende que (*********) y (*********) procrearon una hija que nació el (*********). Durante el embarazo, ella presentó síntomas de preclamsia, por lo que fue internada en el Hospital Ginecoobstetricia número quince del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS), ubicado en Chihuahua, Chihuahua, del nueve al once de noviembre de dos mil dieciséis.
2. El catorce de noviembre siguiente, la madre –con treinta y dos semanas de gestación– acudió a un hospital privado porque volvió a tener molestias. La médica responsable le detectó preclamsia severa e informó la necesidad de practicar una cesárea de urgencia. Derivado de lo anterior, la quejosa acudió ese mismo día al Hospital Ginecoobstetricia número quince del IMSS (al ser ese el servicio médico con el que contaba), en donde se le practicó la cesárea y nació la niña de iniciales (*********).
3. La bebé permaneció internada durante treinta y siete días, lapso en que estuvo en terapia intensiva e intermedia. La parte actora narró que, durante ese tiempo, la menor presentó apneas y se le transfundieron plaquetas en un par de ocasiones. Fue hasta el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis que la recién nacida salió del hospital, una vez que fue dada de alta.
4. En febrero de dos mil diecisiete los padres y la persona menor acudieron a revisión médica con el pediatra que estuvo a cargo durante el internamiento. La madre manifestó que la bebé no presentaba seguimiento de objetos; el médico comentó que aún era muy pequeña para concluir alguna patología, pero, para descartar cualquier problema, le recomendó que le practicara un tamiz visual (exploración para detectar alteraciones en las estructuras oculares).(1) El veinte de febrero siguiente acudieron a un hospital privado para la práctica del tamiz visual a la menor; ese mismo día se le detectó retinopatía del prematuro grado 5,(2) lo que le provocó ceguera irreversible en ambos ojos. Se explicó a los padres que dicho padecimiento debía ser detectado durante las primeras semanas del nacimiento mediante la práctica del tamiz visual, lo que no ocurrió porque el IMSS no practicó ese estudio a la niña a pesar de que existían diversos factores para que lo hiciera, pues ésta nació de manera prematura, tuvo trasplante de plaquetas y estuvo varios días en la incubadora.
5. Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. El once de septiembre de dos mil dieciocho, los padres de la niña –por propio derecho y en representación de su hija– presentaron escrito ante el Delegado Estatal del IMSS en el Estado de Chihuahua, en que reclamaron el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivado de la negligente atención médica que le fue proporcionada a la niña por el personal de ese Instituto. Pidieron el pago de las siguientes prestaciones:
• Indemnización por daños materiales ocasionados a la menor por la pérdida de la capacidad visual, en términos de lo ordenado en el artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
• Indemnización por daños materiales con motivo de los gastos erogados en medios privados, por el monto de $(*********) (*********), como consecuencia de la atención médica privada otorgada a la menor, en términos de lo ordenado en el artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
• Indemnización por daño moral y psicológico en favor de la menor, derivado de daños permanentes en su salud, de conformidad con lo ordenado en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en términos de una justa indemnización y sin tomar en consideración el tope que establece el referido artículo, al resultar inconstitucional.
• El pago de daño moral y psicológico en favor de la madre de la menor, de conformidad con lo ordenado en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en términos de una justa indemnización y sin tomar en consideración el tope que establece el referido artículo, al resultar inconstitucional.
• El pago de daño moral y psicológico en favor del padre de la menor, de conformidad con lo ordenado en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en términos de una justa indemnización y sin tomar en consideración el tope que establece el referido artículo, al resultar inconstitucional.
• El pago del interés legal y/o factor de actualización que resulte por el transcurso del tiempo, a partir de la resolución del procedimiento y hasta que se realice el pago, en términos de lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
• El pago de daños y perjuicios ocasionados en términos del artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al tener que afrontar gastos de representación jurídica, traslados, consultas médicas y de rehabilitación.
• El pago de una pensión por invalidez a la menor con fundamento en la Ley del Seguro Social, ya que la pérdida de la capacidad visual le afectará a lo largo de su vida, imposibilitándola para laborar.
• La aplicación de una medida que logre concientizar a los servidores públicos del IMSS, así como para crear memoria en la sociedad, solicitando como mínimo una disculpa pública por parte del Delegado Estatal en el Estado de Chihuahua del IMSS, en un periódico de circulación estatal, a una cuartilla, en la página principal.
• Que sea normada institucionalmente la aplicación del examen de tamiz visual y auditivo a bebés prematuros y con factores de riesgo.
• El pago de intereses legales que se han generado y se generen durante el período de la mora, a partir de la fecha en que se ocasionó el daño.
• El otorgamiento de terapias y atención médica en los centros y fundaciones en los cuales recibe atención la menor con motivo de su problema de salud, consistente en terapia física, sensorial, ocupacional, grupal, de lenguaje y todas las que se requieran para obtener su máximo beneficio.
6. Juicio contencioso administrativo. Al no existir respuesta de la autoridad, los solicitantes demandaron la negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Del asunto correspondió conocer a la Sala Regional del Norte-Centro I del citado Tribunal, quien lo registró con el expediente (*********).
7. El tres de julio de dos mil veintitrés, la Sala del conocimiento dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada al considerar que existió responsabilidad patrimonial del Estado. Expuso que quedó acreditado: I) el daño ocasionado a la niña –consistente en la pérdida de la visión–; II) que la atención proporcionada por el IMSS no fue la debida, ya que su personal no solicitó la realización del tamiz visual con oportunidad, en contravención a lo ordenado en el artículo 61, fracciones III y IV, de la Ley General de Salud;(3) y III) el nexo causal entre el daño a la salud producido a la niña y la actividad irregular del IMSS, porque de haberse detectado a tiempo la retinopatía de la menor se hubiera podido evitar la ceguera o disminuido sus efectos. Derivado de lo anterior, la Sala administrativa. consideró procedente el pago de las siguientes cantidades:
• $(*********) (*********) por concepto de indemnización por daño personal causado a la menor, con base en el artículo 14, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.(4)
• $(*********) (*********) por daño personal causado por gastos médicos erogados, con base en el artículo 14, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.(5)
• $(*********) (*********), por daño moral, con base en el artículo 14, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;(6) que serán distribuidos entre los reclamantes en función al grado de afectación que sufrieron, otorgándose el (*********)% a la menor y a cada uno de los padres el (*********)%.
8. En relación con el resto de los conceptos solicitados por los actores (daños y perjuicios, intereses, pensión por invalidez y medidas para concientizar a los servidores públicos), la Sala administrativa los consideró improcedentes al no estar previstos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a la petición relativa a que fuera normada institucionalmente la aplicación del examen de tamiz visual y auditivo a bebés prematuros con factores de riesgo, la Sala la consideró improcedente porque ese tópico ya está normado en el artículo 61, fracciones III y IV, de la Ley General de Salud.(7)
9. Amparo directo y revisión fiscal. Inconformes con la sentencia anterior, la parte actora promovió amparo directo y la autoridad demandada interpuso recurso de revisión. Los asuntos fueron turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que los registró con los expedientes (*********) y (*********), respectivamente.
10. En la demanda de amparo la parte quejosa hizo valer cinco conceptos de violación en los que, en síntesis, alegó:
• Primero. La sentencia reclamada es incongruente al considerar, en un principio, que para el cálculo de la indemnización por daño personal en favor de la menor debe tomarse en cuenta la suma de dos unidades de medida y actualización, dividida entre tres, lo que causa agravio al pretender que sea considerada como una justa indemnización la cantidad de $(*********) (*********) diarios por concepto de daños personales, no obstante que el IMSS, con su gravoso actuar, ocasionó que la menor perdiera la capacidad visual, lo que en la especie no retribuye ni resarce el daño provocado.
• Tampoco puede considerarse una sanción ejemplar con fines preventivos, no para disuadir, sino para cambiar el estado de cosas que permitieron la violación en primer lugar, lo cual se consigue a través de las "garantías de no repetición”.
• Si bien se tomó en cuenta el valor conforme al Decreto de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, lo correcto era que se otorgara una justa indemnización atendiendo a los derechos lesionados y al grado de responsabilidad del culpable.
• La Sala responsable, de manera errónea, cuantificó el monto de la indemnización por daños personales en supuesto cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la revisión fiscal 517/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito –de la que no forman parte las quejosas–. En aquel asunto se ordenó que se dejara insubsistente la sentencia recurrida para que en su lugar se cuantificara la indemnización en unidades de medida y actualización y no en salarios mínimos, lo que transgrede la esfera jurídica de la menor de edad.
• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha expresado en relación a casos que se han afectado derechos de menores de edad que sufren una incapacidad a consecuencia de la deficiencia en la atención médica proporcionada por el IMSS; en el juicio de amparo 18/2015, resolvió que para los casos en que se ocasionó una incapacidad permanente a un menor de quince años de edad, no puede atenderse al artículo 14, inciso a), fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al resultar ese precepto de la Ley inconstitucional por resultar subinclusivo. Lo anterior implica que la sentencia reclamada está fundada en preceptos declarados inconstitucionales. Además, para efectos de la cuantificación de la indemnización por daños personales, no se pueden tomar en consideración los parámetros establecidos en la Ley Federal del Trabajo y mucho menos la unidad de medida y actualización, cuyo valor es inferior al salario mínimo, al atender a una racionalidad que no resulta aplicable por daños ocasionados a menores, ya que los estándares de dicha Ley fueron creados para riesgos de trabajo de personas en edad laboral, por lo que no puede ser considerada para efectos de calcular el daño generado a menores de edad que no trabajan ni se encuentran en condiciones de hacerlo.
• En ese asunto se determinó que la reparación o indemnización ha de concederse de forma apropiada y proporcional a las circunstancias de cada caso, atendiendo al daño físico, la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante y los gastos de asistencia jurídica, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales. En atención al interés superior del niño, su desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como ejes rectores para la aplicación de las normas, asegurando su óptimo desarrollo y la satisfacción de sus necesidades básicas. Para tales efectos, es necesario considerar la edad de la víctima, la expectativa de vida que tiene, su historial y atributos específicos, así como el tipo de daño causado.
• En el caso, para calcular los alimentos para manutención y cuidado de la menor, se debe tomar en consideración el cuádruplo del salario mínimo más alto convertido a unidades de medida y actualización, en términos del artículo 1915 del Código Civil Federal, al no haberse desahogado prueba que conllevara a determinar el salario que sus padres percibían al momento de los hechos.
• La Sala responsable omitió considerar los eventos que la ceguera produce en el cuerpo de la menor y en su vida práctica, inadvirtiendo que uno de los principales derechos violados es el de oportunidad en el trabajo.
• La Sala debió establecer el alcance de la incapacidad por ceguera legal de acuerdo con lo siguiente:
• Perjuicio por una enfermedad de carácter continuo e irreversible. Se considera que el 80% de la información se recibe a través del sentido de la vista, lo que ocasionó una disminución en la calidad de vida de la menor por un daño de carácter continuo y permanente. El daño no se limita al perjuicio generado por el tipo de enfermedad, sino que además resultaba necesario considerar todas las mermas que la enfermedad puede generar a la funcionalidad de quien padece ceguera, como es la pérdida de autonomía para llevar actividades cotidianas y todo lo que genere una disminución en la calidad de vida, como la reducción en el canal de información, la dimensión del medio ambiente como generador de respuesta, el aprendizaje observacional, la visión y su misión integradora de la realidad, implicaciones pedagógicas, individualización, atención al perfil de desarrollo, aspectos motóricos, aspectos perceptivos-cognitivos y lingüísticos.
• Limitación al tipo de empleo a conseguir o llevar a cabo por la condición de ceguera o barreras laborales. Según los estudios realizados, el desempleo entre las personas invidentes y con discapacidad visual es enorme. La gran mayoría de las personas ciegas están fuera del mercado laboral; una media del 75% de las personas con discapacidad visual. No obstante que no se encuentran incapacitadas totalmente, su universo laboral es limitado puesto que únicamente pueden desempeñar actividades que sean acordes con las aptitudes físicas que presentan. La Sala responsable debió partir de la base de que la menor se encuentra incapacitada totalmente, haciendo prácticamente nulas sus opciones de vida, incluyendo las laborales, en el entendido de que se trata de una enfermedad de carácter permanente e irreversible, resultando claro que una persona que padece ceguera no tiene las mismas oportunidades de empleo que una persona que no padece dicha discapacidad. También se debieron considerar la discriminación y el estigma contra las personas con ceguera, lo que es un problema público y notorio. En este sentido, la indemnización debe considerar la pérdida de oportunidades y de ingreso que el daño le ha generado.
• Limitaciones al proyecto de vida. La ceguera tiene una repercusión sobre el proyecto de vida que quiera llevar la menor, no sólo por las limitaciones laborales que esto generará, sino también por el impacto que tendrá sobre su vida en su entorno social y la relación con las personas que la rodeen, inclusive tener una pareja o una vida de familia. Lo anterior obliga a tomar en cuenta la edad de la menor y el hecho de que no tendrá oportunidad de hacer muchas cosas que podría haber hecho en caso de no haber perdido la vista. La cancelación de estas posibilidades se traduce en un daño grave.
• La reparación debe generar una compensación suficiente para que la persona se encuentre, dentro de lo posible, en circunstancias similares a aquellas que tenía antes de que se produjera el daño, sin que esto le represente un enriquecimiento injustificado.
• Por la condición especial que presenta la menor, pudiera inferirse válidamente que los alimentos que se destinaban a su manutención y cuidado correspondían a una tercera parte de los ingresos que en conjunto percibían sus padres, lo que implica que su cuantificación debería realizarse en salarios mínimos, ya que la unidad de medida y actualización y el salario mínimo persiguen fines distintos. Si de conformidad con el artículo 123 constitucional el salario mínimo puede ser utilizado como base para fines acordes a su naturaleza, la base para calcular la indemnización por daños personales en el caso, si bien debe cuantificarse en unidades de medida y actualización, éstas deben ser equiparadas al salario más alto que prevalece en la región en atención al artículo 1915 del Código Civil Federal vigente a la fecha de los hechos. Dicha interpretación, además, es la que mayor beneficia a la menor, máxime que entre la unidad de medida y actualización y el salario mínimo existe una diferencia sustancial en cuanto a su valor.
• Si se considera que la anterior interpretación no es la más benéfica para la menor, debe señalarse que la sala responsable erróneamente cuantificó el monto de la indemnización, ya que para ello debió considerar que el artículo 1915 del Código Civil Federal indica que “para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal”, es decir, omitió considerar el cuádruplo de la unidad de medida y actualización.
• Lo anterior, únicamente por lo que respecta al concepto de alimentos devengados y por devengar, resultando además necesario cuantificar el importe de indemnización que le correspondería por concepto de perjuicio por una enfermedad de carácter continuo e irreversible, limitación al tipo de empleo a conseguir o llevar a cabo por la condición de ceguera o barreras laborales y limitaciones al proyecto de vida por ceguera.
• Segundo. La Sala responsable calculó de manera deficiente la indemnización por daño moral en favor de la menor. Dicho importe no resarce el daño moral producido a ésta. Además, la Sala omitió pronunciarse respecto de todos los aspectos cualitativos generadores del daño y fijar una indemnización que pueda considerarse como una justa indemnización. Lo anterior se evidencia al dividir el importe de indemnización $(*********) (*********), entre (*********) (que es la esperanza de vida en el año dos mil dieciséis), lo que da un resultado de $(*********) (*********) anuales, esto es, $(*********) (*********) pesos diarios, monto que ni siquiera alcanza a cubrir el importe de una unidad de medida y actualización para el año dos mil veintitrés $(********) (*********), amén de que se aproxime a un salario mínimo para ese año $(*********) (*********). • Si bien es cierto que la Sala responsable se refirió a los parámetros que consideró adecuados para el cálculo de una indemnización por daño moral (ponderación de los derechos lesionados, existencia del daño y nivel de gravedad, gastos devengados y por devengar, objeto y fin de la indemnización, demás circunstancias del caso, naturaleza de la relación jurídica en el marco en la cual tuvo lugar la responsabilidad patrimonial del Estado y el grado de responsabilidad), omitió individualizar cada uno de los elementos relevantes para medir el daño moral causado en grados de mayor y menor importancia. La Sala omitió referirse a las circunstancias relevantes del caso, como resultan: el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud; el derecho a la igualdad y a la no discriminación; el derecho al desarrollo familiar; los derechos del niño; la libertad de trabajo; y el derecho al sano esparcimiento y al desarrollo cultural.
• La responsable se limitó a señalar los supuestos derechos lesionados, pero no explicó razonadamente cómo es que se afectaron los mismos, siendo que tales aspectos deben analizarse en el ámbito psicológico y en cómo afecta la integridad psíquica y relación con el entorno de la menor. La valoración que debía realizar la Sala era en relación con la afectación a las capacidades de desenvolvimiento, querer o sentir de la persona, y la consecuente determinación del estado al que esas circunstancias llevan a quien lo resiente, es decir, la valoración de la forma en que se reduce el nivel de satisfacción o utilidad, personal e íntima de la niña.
• La Sala consideró que a la menor le correspondía recibir el mayor porcentaje de la indemnización por daño moral al estimar como sumamente graves las conductas en que incurrió la demandada, pero el importe que fijó no refleja el daño producido ni representa una justa indemnización.
• En momento alguno la Sala explicó por qué consideró una justa indemnización la compensación que fijó, acorde a los derechos lesionados, ya que era previsible y evitable la perdida de la visión ocasionada a la menor y quedó comprobada la actividad irregular por parte del IMSS.
• Al analizar la existencia del daño y su nivel de gravedad, la Sala realizó una cuantificación que no restituye ni satisface el daño causado, ya que para ello debió tomar en consideración el grado de responsabilidad del IMSS y el daño ocasionado, para restaurar en la medida de lo posible las cosas al estado original. Para ello, debió tomar en cuenta los antecedentes del caso, desde que nació la menor hasta que se determinó que perdió la capacidad visual de forma irreversible (narrados a lo largo del expediente), de los que se advierte el actuar negligente del IMSS.
• Respecto al apartado de gastos por devengar, aun cuando la sala tuvo por acreditadas las diferentes atenciones que se le han brindado a la menor con motivo de su padecimiento, así como la atención médica que requirió, requiere y va a requerir a lo largo de su vida, condenó a la autoridad demandada al pago de (*********) unidades de medida y actualización conforme al valor fijado de $(*********) (*********) pesos diarios para el año dos mil veintiuno, lo que equivale a la cantidad de $(*********) (*********) que, según dice, incluye: “el otorgamiento de terapias y atención médica en los centros y fundaciones en los cuales recibe atención con motivo de su problema de salud, consistente en terapia física, sensorial, ocupacional, grupal, de lenguaje y todas y cada una de las que se requieran para obtener su máximo beneficio.”
• La responsable omitió identificar los derechos fundamentales que le fueron afectados a la menor, ya que se limita a realizar una operación aritmética sin ocuparse del caudal probatorio, así como de hechos notorios para el común de las personas, omitiendo tomar en consideración los gastos devengados para la atención médica y terapias que requiere y requerirá a fin de desarrollar sus habilidades motrices y lingüísticas principalmente, omitiendo, a su vez, tomar en consideración que la afectada requerirá recibir formación escolar básica, media superior y superior, además de diversas herramientas que pudieran auxiliar en su condición, como el uso de un perro lazarillo, herramientas tecnológicas (como pudieran ser tabletas electrónicas para invidentes, gafas inteligentes, bastón de sondeo, entre otros dispositivos que pudieran ayudar a mejorar su condición).
• Se manifiesta como hecho notorio que un niño que cursa el primer año de primaria en el Instituto Guía del Niño Chihuahuense, A.C. paga mensualmente la cantidad de $3,990.00 (tres mil novecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional); además, actualmente por terapia de lenguaje se paga la cantidad de $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, aunado a lo anterior, de forma ilustrativa se pone en conocimiento el costo de la educación en nuestro país para dos mil veintitrés:
Ver costos
lo que respecta a la educación superior, actualmente el costo promedio por carrera en una universidad privada oscila entre los $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y los $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) anuales, los costos dependerán de la carrera y universidad elegida, sin considerar material, libros, prácticas, intercambios, etcétera, cuestiones todas estas que omite valorar la Sala responsable y que debió ponderar para efectos de la cuantificación de gastos por devengar.
• En el apartado de naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar la responsabilidad patrimonial del Estado, la sala condenó al Instituto a pagar a la menor la cantidad de $(*********) (*********), a pesar de que determinó como grave el grado de responsabilidad del IMSS. Dicha indemnización (que resulta en $(********), diarios si se divide entre la esperanza de vida de la menor que la propia sala consideró –(********) años–) en nada restituye las cosas al estado en que se encontraban ni con ello se pueden adquirir satisfactores que en su caso pudieran restituir el daño causado.
• La Sala no explica por qué consideró justa la referida indemnización acorde al grado de responsabilidad que atribuyó al causante, considerando que en el caso eran previsibles y evitables las consecuencias (pérdida de la visión), lo que evidencia que la responsabilidad es mayor dado el grado de negligencia de la responsable conforme al ejercicio de su profesión.
• Respecto al apartado de grado de responsabilidad (como sujeto responsable), la Sala, a pesar de considerar que éste era alto; impuso una indemnización por $(*********) (*********), lo que no refleja la gravedad de las acciones, pues en nada restituyen las cosas al estado en que se encontraban ni con ello se pueden adquirir satisfactores que en su caso pudieran restituir el daño causado. Además, la Sala no explica por qué consideró justa la referida indemnización de acuerdo con el grado de responsabilidad determinado, considerando que en el caso eran previsibles y evitables las consecuencias de la enfermedad de la menor.
• Respecto al apartado de finalidad y objeto de la indemnización, la Sala condenó al IMSS a una indemnización de $(*********) (*********), cantidad que arroja un total de $(*********) (*********) diarios si se divide en los (*********) años de esperanza de vida que consideró la propia responsable. Por su parte, en el apartado señalado como las demás circunstancias del caso (como víctima), la Sala condenó a la demandada al pago de $(*********) (*********), es decir, $(********) (*********) de acuerdo a la fórmula ya referida.
• Entonces, la indemnización global por daño moral que se concedió a la menor, en cantidad total de $(*********) (*********), no puede ser considerada una justa indemnización ya que esa figura implica volver las cosas al estado en que se encontraban (el restablecimiento de la situación anterior) y, de no ser posible, establecer una indemnización como compensación por los daños ocasionados; asimismo, la reparación debe, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias de la fuente del daño y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no hubiera acontecido, lo que no ocurre en el caso.
• Tercero. La Sala omitió pronunciarse respecto a la atención médica vitalicia que requerirá la quejosa a lo largo de su vida, misma que solicitó en su escrito inicial de demanda (en que pidió el “otorgamiento de terapias y atención médica en los centros y fundaciones en los cuales recibe atención con motivo de su problema de salud, consistente en terapia física, sensorial, ocupacional, grupal, de lenguaje y todas las que se requieran para obtener su máximo beneficio”).
• La responsable debió atender la petición con base en dos principios generales: I) no puede haber daño sin reparación, a menos que haya obligación jurídica expresa de soportar ciertos daños y; II) solidaridad social.
• Cuarto. La Sala condenó a una indemnización por daño moral a los padres de la menor que no es acorde a los derechos o intereses violados, dado el actuar negligente de la responsable, por lo que no puede considerarse como una justa indemnización, alejándose, a su vez, de los criterios orientadores emitidos en juicios conexos, identidad o simili
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33461-f8e9ae57/responsabilidad-patrimonial-del-estado-forma-de-calcular-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL ESTADO. CASO EN EL QUE DEBE RECONOCERSE QUE AFECTÓ LOS DERECHOS DE UNA VÍCTIMA INDIRECTA. (I.4o.A.135 A (10a.))
- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO TRATÁNDOSE DE VÍCTIMAS DEL DELITO CON CAPACIDADES DIFERENTES O EN ESTADO DE VULNERABILIDAD POR CONDICIONES DE ABANDONO. PARA LOGRARLA LOS ÓRGANOS JURIS (I.9o.P.323 P (10a.))
- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEBE PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE SU PROCEDENCIA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS IN (1a./J. 29/2024 (11a.))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA FALTA DE ELEMENTOS PARA CUANTIFICAR EL DAÑO MORAL POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR NO IMPIDE SU RECONOCIMIENTO CUANDO SU EXISTEN (I.5o.A.7 A (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis