COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE PAGO DE UNA PENSIÓN. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA SOLICITANTE, AUN CUANDO ESTÉ FUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN EN LA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) EJERCE FUNCIONES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 243/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Presentación de la denuncia. Por oficio 175/2024, signado por las personas titulares integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito recibido en la oficialía de partes el doce de noviembre de dos mil veinticuatro en este pleno regional.
2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver los conflictos competenciales 6/2024, 12/2024, 18/2024, 24/2024 y 25/2024 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al fallar los conflictos competenciales 5/2024 y 37/2023.
3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, se radicó el asunto con el número de expediente 243/2024, con el tema: determinar cuál es el juzgado de distrito competente por razón de territorio, para conocer del reclamo de los actos omisivos por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente a la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante oficio 175/2024 de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, formuló la denuncia de contradicción de criterios e informó que su criterio se encuentra vigente.
• El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, omitió rendir informe, no obstante, de la consulta del expediente electrónico se advierte que mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro determinó que su criterio se encuentra vigente.
• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/31/01/2025 de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que guarde relación con el tema en disputa.
5. Nueva integración. Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que la Magistrada Guillermina Coutiño Mata integra este pleno regional —en sustitución de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos— y se le turnó el expediente.
6. Confirmación de turno. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
7. Nueva integración. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez integra este pleno regional —en sustitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández—.
8. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
I. Competencia
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
10. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
III. Criterios denunciados
11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver los conflictos competenciales 6/2024, 12/2024, 18/2024, 24/2024 y 25/2024, en sesiones de siete de febrero, siete de marzo, veintitrés de mayo, veinte de junio y veintisiete de junio, de dos mil veinticuatro, respectivamente, por unanimidad de votos en todos los asuntos.
12. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al fallar los conflictos competenciales 5/2024 y 37/2023, en sesiones de veinticinco de marzo y dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, respectivamente, por unanimidad de votos en todos los asunto.
IV. Requisitos de existencia de la contradicción
13. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Inexistencia de la contradicción de criterios
14. En el caso, no existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 6/2024, 24/2024 y 25/2024 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al fallar los conflictos competenciales 5/2024 y 37/2023.
15. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2024, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 1
16. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 24/2024, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 2
17. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 25/2024, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 3
18. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 5/2024, analizó un asunto con las siguientes características:
Hechos
Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la omisión de pago correspondiente a su pensión por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Juzgado de distrito
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto y ordenó remitirlo a un juzgado de distrito de la Ciudad de México.
Por razón de turno, le correspondió conocer del asunto al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinticuatro, rechazo la competencia y ordenó devolverle los autos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, insistió en declinar la competencia por razón de territorio y ordenó remitir los autos al tribunal colegiado en turno para que resolviera el conflicto competencial.
Consideraciones del tribunal colegiado de circuito
CUARTO. Existencia del conflicto competencial. Este tribunal colegiado considera que está legalmente configurado un conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de que ambos estimaron carecer de competencia para conocer del juicio de amparo y, por ende, no aceptaron resolver la litis planteada, pues, en ejercicio de su autonomía y potestad, no admitieron conocer de un mismo asunto sometido a su jurisdicción.
Así es, del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que solo puede configurarse un conflicto competencial entre los tribunales de la federación, entre estos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para la existencia del conflicto competencial, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes, manifiesten de manera expresa en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.
Con base en lo anterior, resulta procedente el estudio del asunto al encontrarse integrado el conflicto competencial, toda vez que, como se dijo, los órganos jurisdiccionales contendientes Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, manifestaron de manera expresa que no aceptaban la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por (...), por propio derecho, contra actos del Director General y Jefa del Departamento de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de quienes reclamó la omisión de emitir el pago de su pensión, en cumplimiento al dictamen de pensión notificado mediante oficio (...), de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.
Es así, ya que el primero de los juzgados contendientes señaló que si bien el acto reclamado es un acto omisivo, sí tiene efectos positivos en el plano fáctico, al afectar el derecho humano a la seguridad social en su vertiente de derecho a la pensión y del principio de seguridad jurídica, por lo que su ejecución material se verificará en el lugar en el que la persona solicitante de la pensión reside, debiéndose tomar en consideración tal circunstancia para fijar la competencia del juzgado de distrito que debe conocer del juicio promovido en su contra.
Asimismo, precisó que conforme la primera regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia se surte al juzgado de distrito en cuya jurisdicción se realizará el pago de la pensión, es decir, aquel que señaló la solicitante como domicilio, esto es, (...), lo que advirtió de la copia certificada del acuse del formato de aceptación de pensión de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el cual se adjuntó a la demanda de amparo.
Concluyó que corresponde conocer del asunto a un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dado que el domicilio particular de la quejosa se encuentra en la jurisdicción en la que ejerce competencia, lugar en el que se materializarán las consecuencias positivas del acto reclamado, consistentes en el pago de una pensión previamente otorgada.
Mientras que el segundo de los juzgados contendientes manifestó que el acto reclamado constituye un acto negativo de naturaleza omisiva con consecuencias positivas en el mundo fáctico, pues deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa en forma directa en detrimento de la parte quejosa.
Precisó que la ejecución del acto reclamado comenzó en el Estado de México; además, la demanda de amparo se presentó en esa entidad; por tanto, conforme a la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo, corresponde al juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya promovido la demanda, esto es, en el Estado de México.
Indicó que no soslayó lo sustentado en la tesis de jurisprudencia de rubro: “PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO”; sin embargo, en el caso se surte una excepción a la regla, porque la ejecución del acto reclamado inició en el Estado de México, máxime que el dictamen de pensión se emitió en cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo 1923/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
En consecuencia, de lo señalado se observa que existe el conflicto competencial de referencia.
Quinto. Estudio del conflicto. Este tribunal colegiado considera que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por (...), por propio derecho, corresponde al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de lo que a continuación se expresa.
Para resolver dicho conflicto resulta conveniente tomar en consideración que el artículo 107, fracción VII, constitucional establece lo siguiente: (...)
Dicho artículo establece la competencia por razón de territorio de los juzgados de distrito, al disponer que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional.
El artículo 37 de la Ley de Amparo especifica esas reglas de competencia en los términos siguientes: (se transcriben).
Como se puede observar, el numeral transcrito indica la “ejecución material”, como criterio orientador para asignar competencia por territorio a los juzgados de distrito que conozcan de juicios de amparo; de manera que esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.
Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación:
1. Cuando el acto o resolución reclamados no requieren ejecución material; es competente el juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda;
2. Si el acto o resolución reclamados requieren ejecución material, es competente el juzgado que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y,
3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgado de distrito ante el que se presente la demanda.
También, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juzgado de distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos juzgados dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución.
La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juzgado de distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo.
Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda reclamó el acto siguiente:
IV. Acto reclamado:
La omisión de emitir el pago de mi pensión a que tengo derecho, por parte de las autoridades responsables, en cumplimiento al dictamen de pensión que se me informó en su atento oficio número (...) de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mismo que se acompaña al presente escrito en copia fotostática simple (...)
De ello se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión por parte del Instituto de Seguridad Social de Estado de México y Municipios, de pagar a la quejosa la pensión otorgada por dicho instituto.
En este sentido, si bien el acto reclamado es de carácter omisivo, no menos cierto es que el mismo sí tiene una ejecución material, pues en caso de que se conceda el amparo contra tal acto, el efecto sería para que el instituto responsable procediera al pago de la pensión.
Ahora, el Alto Tribunal del país ha determinado que en tratándose de ese tipo de pensiones, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo surte a favor del juzgado de distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. El criterio de referencia se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: “PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO” (se transcribe).
De la ejecutoria de la que derivó el citado criterio jurisprudencial, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
(...)
Dilucidado que el acto reclamado es ejecutable, resta distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del numeral citado en el párrafo que antecede.
De acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado, tal como se aprecia de los siguientes numerales:
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete).
Artículo 80. (lo transcribe)
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a partir del 1o. de abril de marzo de dos mil siete).
Artículo 16. (lo transcribe).
Artículo 105. (lo transcribe).
Artículo 137. (lo transcribe).
Conforme a estos numerales, tanto la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como la vigente, ligan el pago de pensión al domicilio del pensionado, situación que atiende a una lógica natural por ser razonablemente el lugar en el que cobre y disfrute de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza.
En esa tesitura, puede afirmarse válidamente que la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a la pensión tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de estas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad.
En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil Federal, establece:
Artículo 29. (lo transcribe).
Artículo 30. (lo transcribe).
Artículo 31. (lo transcribe).
Artículo 32. (lo transcribe).
Del artículo 29 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas: El lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de estos dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar en donde se encontraren.
Los artículos 30 y 31 definen, uno, lo que debe entenderse por domicilio legal y, otro, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que ya no tengan esa calidad, caso en el cual por cuestión lógica se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional.
En relación con el domicilio de las personas físicas, se advierte que los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde estas residen habitualmente y presumiendo que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio a aquel en el que se encontrare la persona.
Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente; lo anterior significa que solo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa legal.
De este modo, si de acuerdo con lo expuesto la indebida cuantificación de la pensión por no haberse aplicado los aumentos respectivos, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de derechos de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de estas, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación al caso la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo relativo a que: Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
Entonces, cuando se reclame la indebida cuantificación de la pensión respectiva o como técnicamente se le denominó en los amparos de los que derivó esta contradicción: ’la aplicación retroactiva de las reformas a lo previsto en el párrafo tercero el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, así como las reformas al indicado precepto legal que entraron en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos’, debe considerarse competente, conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, primer párrafo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser este el lugar en que debe entenderse tuvo ejecución tal acto.
No es obstáculo para arribar a la indicada conclusión la circunstancia de que no se señale como acto reclamado de manera destacada la falta de pago material de la pensión respectiva, porque tal situación es consecuencia (ejecución) natural de aquel acto reclamado, tomando en consideración que la incorrecta cuantificación de la pensión no significa falta de ejecución, pues en todo caso como ya se ha desarrollado en líneas arriba, las pensiones cuyo ajuste se reclaman se pagan en un lugar distinto del Distrito Federal y, de concederse el amparo ordenando otorgar los incrementos, la resolución tendría ejecución en un lugar distinto del que se emite esa decisión por la autoridad ordenadora en acatamiento de la sentencia respectiva.
Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales.
De igual modo, con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el Distrito Federal los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no solo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales.
De lo transcrito se aprecia que la Segunda Sala en comento determinó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado, lo cual atiende a una lógica natural por ser, razonablemente, el lugar en el que cobre y disfrute de su pensión, pues al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza.
En tal virtud, ese Alto Tribunal determinó que en atención a que la indebida cuantificación de la pensión por no haberse aplicado los aumentos respectivos, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de estas, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios.
Por esas razones determinó que cuando se reclame la indebida cuantificación de la pensión respectiva debe considerarse competente, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, al juzgado de distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser este el lugar en que debe entenderse tuvo ejecución tal acto.
Además, ello era acorde con la voluntad del constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juzgado de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales.
Máxime que con dicha resolución se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 constitucional, porque considerar competente al juzgado de distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, llevaría a concentrar en los juzgados de distrito que ejercen jurisdi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33471-dca7aea8/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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