SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS NORMAS RELACIONADAS CON EL PLAZO PARA CANCELAR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 30/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:
ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio 4172/2025 de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, presentado físicamente al día siguiente en este pleno regional, Susana Laura Rojas Castro, persona secretaria en funciones de magistrada integrante del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Vigésimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recursos de queja 84/2025 y 87/2025, respectivamente.
2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de siete de marzo de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 30/2025, con el tema: determinar si procede conceder la suspensión contra los efectos de los artículos que regulan el plazo para realizar la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CDFI), para el ejercicio fiscal de 2025, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:
• Mediante oficio 4189/2025 de doce de marzo de dos mil veinticinco, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.
• Por oficio 4663/2025, de once de marzo de dos mil veinticinco, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.
• En oficio DGCCST/X/209/03/2025 de veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.
4. Confirmación de turno. Por acuerdo de uno de abril de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
5. Nueva integración. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez integra este pleno regional en substitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
6. Amicus curiae. Por oficio presentado en este pleno regional el veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales 1, 2, 3, 4 y 5 “1” del Servicio de Administración Tributaria formuló manifestaciones.
I. Competencia
7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló Susana Laura Rojas Castro, persona secretaria en funciones de magistrada integrante del Vigesimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(5)
III. Criterios denunciados
9. Criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 84/2025, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos.
10. Criterio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 87/2025, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Vigésimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 84/2025 y 87/2025, respectivamente.
13. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el asunto con base en los siguientes antecedentes:
• Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, particularmente el artículo 22, fracción VI, de la ley, con motivo de su entrada en vigor.
También reclamó los artículos 29-A, párrafo cuarto, 81, fracción XLVI, y 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2025, difundida a través del mismo periódico oficial el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
• Además, solicitó la suspensión para los siguientes efectos:
Por lo anterior y previo a demostrar la procedencia de la presente medida cautelar, desde este momento se solicita a su Señoría dicha medida para que a la moral quejosa:
i. No se le apliquen los efectos y consecuencias del sistema normativo impugnado hasta que se emita sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, es decir, se le permita a la quejosa realizar la cancelación de CFDI’s sin restricción de temporalidad alguna.
ii. Se mantengan las cosas (situación de hecho y derecho) en el estado en el que actualmente se encuentran hasta en tanto no se resuelva en definitiva la cuestión debatida en el cuaderno principal, es decir, se permita a la quejosa cancelar comprobantes fiscales fuera del ejercicio de su emisión (lo cual ya sucede), sin que la responsable imponga multas (materia de la suspensión).
iii. Mantener las cosas en el estado que guardan, es decir, suspender los efectos y consecuencias que prevén los artículos 29-A, párrafo cuarto, 81, fracción XLVI, y 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, el artículo 22, fracción VI, de la Ley del Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, en relación con la regla 2.7.1.46. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2025, como esquema normativo, particularmente los efectos que establece un acuse de cancelación de CFDI, es decir, que se suspenda la aplicación de la multa por cancelar comprobantes fuera de los plazos legales hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada sobre la constitucionalidad del sistema normativo reclamado.
• El juzgado de distrito se pronunció sobre la suspensión provisional de los actos reclamados y concedió la medida cautelar.
• Inconforme con esta determinación, las autoridades responsables interpusieron recurso de queja.
14. El tribunal colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:
La autoridad recurrente plantea dos argumentos (...)
En el primer agravio aduce que (...)
Es fundado el agravio a estudio.
Como quedó expuesto en el considerando sexto, la persona juzgadora básicamente consideró que, ponderando el principio de apariencia del buen derecho y perjuicio al interés social, con la medida suspensional solicitada no se transgredían disposiciones orden público ni se ocasionaba perjuicio al interés social y, en esa medida, resultaban aplicables las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 683/2023, en la sesión de veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
Expuso que si la quejosa reclama el contenido de la fracción VI del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con el apartado 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, en una apreciación anticipada, consideró que las razones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar la inconstitucionalidad del artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación sirven de base para estimar, bajo el principio de la apariencia del buen derecho, que el sistema reclamado puede resultar contrario al principio de seguridad jurídica; prerrogativa que el Alto Tribunal estimó transgredida al no ser congruente con el sistema legal normativo que regula el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias.
Como se ve, la consideración recurrida está motivada, sustancialmente, en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 683/2023 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en sesión de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés).
Dicha ejecutoria, en la parte que interesa, resolvió: (se transcribe).
De la imposición de tal ejecutoria se puede advertir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación en cuanto establece la obligación de cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet a más tardar en el ejercicio fiscal en que se emitan, en virtud de que:
1. En razón de que la emisión de los comprobantes cobra relevancia hasta que las operaciones que amparan devengan sus efectos fiscales, precisamente al presentar las declaraciones respectivas y liquidar las contribuciones a cargo de las personas físicas y morales, lo que no necesariamente ocurre dentro del ejercicio fiscal que se emiten.
2. Porque en el caso del impuesto sobre la renta, llevado al extremo, puede ocurrir que se efectúen operaciones comerciales los días treinta y treinta y uno de diciembre; sin embargo, conforme a la redacción de la norma reclamada no procederá la cancelación correspondiente en caso de errores en la emisión del CFDI si no se efectúa a la última hora del último día del ejercicio, cuando la obligación de darle efectos fiscales a ese gasto por concepto de ingreso o deducción, según se trate, se genere ya sea hasta el tercer mes del ejercicio siguiente (personas morales) o hasta abril del año siguiente (personas físicas).
3. Porque la norma reclamada pasaba por alto el dinamismo de las operaciones comerciales en la realidad, en que pueden ocurrir no solamente errores al momento de la emisión del CFDI, sino también terminación anticipada o incumplimiento de contratos, cancelación de servicios, entre otros.
4. En virtud de que la propia norma reclamada prevé más condiciones para estar en aptitud de cancelar un CFDI, lo que evidencia que, de hecho, la cancelación correspondiente se lleve a cabo con mayor dilación.
5. Porque la norma reclamada establecía que salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación, lo que evidencia que se delegaba en favor de la autoridad administrativa la posibilidad de regular que la cancelación deba ocurrir en un plazo incluso menor al ejercicio fiscal en que se lleva a cabo la operación amparada por el CFDI, lo que tampoco guardaba congruencia con el sistema legal.
6. Porque incluso cuando de las reglas 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós y Primera Resolución de Modificaciones a esa resolución, el Sistema de Administración Tributaria estableció un primer momento en la cancelación de los CFDI podría efectuarse a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal siguiente, mientras que en un segundo momento dispuso que se podía efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, esas disposiciones no podían salvar la constitucionalidad de la norma reclamada.
Conforme a tales premisas, el citado precedente no puede servir de base para resolver sobre la medida cautelar, pues el vicio advertido por la Segunda Sala del Alto Tribunal respecto del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación derivó de que este numeral establece que los comprobantes fiscales digitales por Internet se pueden cancelar a más tardar en el ejercicio fiscal en que se emitan, lo que no guardaba relación con el momento en que dichos comprobantes cobrarían relevancia; es decir, con el momento en que las operaciones que ahí se consignaran devengaran sus efectos fiscales, esto es, en el momento en que se presentaran las declaraciones fiscales en marzo o abril del siguiente año al ejercicio fiscal en que se emitieron, respectivamente, tratándose de personas morales o físicas.
Sin embargo, contrario a lo que afirmó la persona juzgadora, en tal criterio no se analizó concatenadamente el artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación ni la regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2025, y si resultan contrarios al principio de seguridad jurídica.
Dicho asunto solo se ciñó al artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que es preciso en que el límite temporal para la cancelación es, como máximo, el propio ejercicio fiscal en que se emite el CFDI, lo que, dijo la superioridad, adolece del vicio de inseguridad jurídica, porque, a manera de ejemplo, puede ocurrir que se efectúen operaciones comerciales los días treinta y treinta y uno de diciembre, sin embargo, conforme a la redacción de la citada norma, no procedería la cancelación correspondiente en caso de errores en la emisión del CFDI si no se efectúa a la última hora del último día del ejercicio.
A mayor abundamiento, en la referida ejecutoria la Segunda Sala expuso que no pasaba por alto la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, que si bien favorecía a los contribuyentes con la posibilidad de cancelar los CFDI, en un primer momento, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal siguiente y en su segundo momento, a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, yendo más allá del límite legal que en esa ejecutoria se analizaba, lo cierto era que esa disposición no podía salvar la constitucionalidad de la norma reclamada por adolecer, entre otras, del vicio de inseguridad jurídica.
Lo anterior evidencia que las demás normas reclamadas en este juicio de amparo —artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025 y regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el mismo ejercicio— no fueron materia de análisis por el Alto Tribunal.
Máxime que, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, con tales disposiciones el legislador pretendió subsanar el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Segunda Sala, al permitir que la cancelación de los comprobantes de mérito ocurra cuando estos cobran relevancia fiscal, esto es, al momento de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta.
En efecto, de la lectura de las disposiciones reclamadas en el juicio de amparo del cual deriva la medida cautelar que se analiza, en particular, el artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025 y regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el mismo ejercicio, el legislador federal y el Servicio de Administración Tributaria afirmaron haber solventado el vicio advertido en el artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación y, para ello, consideraron básicamente que en sustitución de la porción normativa correspondiente al plazo para la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet, estos podrán cancelarse a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante.
De ahí que se pueda advertir que se trata de normas con un texto distinto al analizado por la Segunda Sala del Alto Tribunal.
Por tales motivos, como lo afirma la autoridad recurrente, fue indebido el sustento en el amparo en revisión 683/2023 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que de una lectura el texto de las normas comparadas, no contienen la misma disposición; máxime que, se insiste, solo se analizó la regularidad constitucional del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y no del artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación ni la Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.46 para 2025. De tal suerte que dicha ejecutoria no puede ser fundamento ni motivo para determinar, en aplicación del principio de apariencia del buen derecho, un asomo de inconstitucionalidad de las normas reclamadas que haga procedente la medida suspensiva en su contra.
Por tanto, se procede a resolver sobre la medida cautelar y se reasume jurisdicción.
Acorde con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, uno de los requisitos que debe satisfacerse para conceder la suspensión es que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Como puede verse, una de las exigencias legales que deben cumplirse en la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es aquella referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social.
El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.
Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público.
Por consiguiente, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, evitar un mal o proveer a la satisfacción de una necesidad de la sociedad, siempre que la medida afecte ese orden público, y por interés social se debe considerar el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o utilidad, la satisfacción de una necesidad colectiva o le evite una perturbación pública.
Resulta ilustrativa la tesis aislada de la Segunda Sala del Alto Tribunal que expresa: “INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN (se transcribe)”.
Las normas reclamadas por la parte quejosa son: (se transcriben).
Del primer artículo se advierte que en sustitución de la porción normativa correspondiente al plazo para la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet, estos podrán cancelarse a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante, siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación.
Por su parte, la regla 2.7.1.46 dispone que para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la cancelación del CFDI se podrá efectuar a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante.
La tercera norma transcrita dispone que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.
Los diversos 81 y 82, advierten que cuando se cancelen los comprobantes fiscales digitales fuera del ejercicio en el que se expidieron, los contribuyentes se harán acreedores a una multa del 5% o del 10% del monto del comprobante fiscal.
Ahora, la quejosa solicitó la suspensión de los actos para los efectos siguientes:
1. No se apliquen los efectos y consecuencias del sistema normativo impugnado, es decir, se le permita a la quejosa realizar la cancelación de los CFDI'S, sin restricción de temporalidad alguna.
2. Se permita a la quejosa cancelar comprobantes fiscales fuera del ejercicio de su emisión.
3. Se suspenda, en su caso, la aplicación de multas por cancelar fuera de los plazos.
Como lo sostiene el recurrente, no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, relativo a que el otorgamiento de la medida cautelar no siga perjuicio al interés social, ya que la sociedad está interesada, entre otros aspectos, en lo siguiente:
• Se dé certeza de los actos que reflejan los comprobantes fiscales.
• La autoridad fiscal tenga certeza jurídica de contar con la información completa y necesaria para conocer la situación fiscal de los contribuyentes.
• La autoridad hacendaria cuente con la información completa al realizar sus facultades de verificación y comprobación.
• Se tomen mecanismos de control para evita conductas perjudiciales contra el fisco.
• Se eviten malas prácticas en la cancelación unilateral de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI).
• Se evite la cancelación unilateral de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), solo para evitar el pago de contribuciones determinadas por la autoridad.
• Se disminuyan los actos de molestia a los contribuyentes.
• Se fortalezca la herramienta de fiscalización y recaudación a fin de satisfacer las necesidades públicas.
• Se optimice la facultad hacendaria de verificación.
Por tanto, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, se estima que de concederse la medida cautelar se impedirá que las autoridades cuenten con la información completa relativa a la situación fiscal de los contribuyentes de manera actual, lo cual deriva en una recaudación deficiente de los recursos públicos al no existir un plazo determinado para la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, pues no existiría certeza de que constituyen la base de las contribuciones a cargo de los contribuyentes o, en su defecto, si han sido dejados sin efectos.
Aspectos que resultan de mayor afectación al que pudiera resentir la quejosa con la negativa de la suspensión provisional solicitada.
Si bien la autoridad pudiera tener otros métodos para prevenir las prácticas de evasión o elusión fiscal, también lo es que el legislador, dentro de su libertad de configuración legislativa, puede válidamente diseñar el sistema tributario a efecto de determinar la forma en la que se puede tener un mejor control de los contribuyentes, modificando las reglas en atención a las necesidades económicas, administrativas o sociales, entre otras, que considere pertinentes en contexto a la situación imperante y dentro de las facultades que tiene previstas, máxime que de conformidad con el artículo 31, fracción IV, constitucional, todos los mexicanos tienen la obligación de tributar de manera proporcional y equitativa en la forma en que dispongan las leyes.
Lo que beneficiaría que las facturas no se ocupen como estrategias para evadir, sino para simplificar tanto el cumplimiento (por parte de los contribuyentes) como la supervisión del acatamiento (por parte de las autoridades fiscales) de las obligaciones fiscales a cargo de las personas contribuyentes inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, reflejando los datos indispensables para identificar tanto a quien enajena el bien o presta el servicio como a quien lo adquiere, así como la fuente del ingreso-egreso generado, el desglose de los impuestos pagados y la fecha de la transacción.
Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 7/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). (se transcribe)”.
De acuerdo con lo expuesto, al ser fundados los agravios que expone la recurrente, lo que procede es revocar el auto recurrido y negar la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias de los artículos 29-A, 81, fracción XLVI, y 82, fracción XLII, todos del Código Fiscal de la Federación, 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, así como de la regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal del mismo ejercicio.
15. El Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, particularmente el artículo 22, fracción VI, de la ley, con motivo de su entrada en vigor.
También reclamó los artículos 29-A, párrafo cuarto, 81, fracción XLVI, y 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2025, difundida a través del mismo periódico oficial el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
• Además, solicitó la suspensión para los siguientes efectos:
Por lo anterior y previo a demostrar la procedencia de la presente medida cautelar, desde este momento se solicita a su Señoría dicha medida para que a las morales quejosas:
i. No se les apliquen los efectos y consecuencias del sistema normativo impugnado hasta que se emita
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33486-1fe1cc7c/suspension-en-amparo-indirecto-es-improcedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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