CARRERA JUDICIAL. EL OFICIO POR EL QUE LA ESCUELA FEDERAL DE FORMACIÓN JUDICIAL RECHAZA INCLUIR A LOS QUEJOSOS EN LAS LISTAS DE ACCESO Y PROMOCIÓN RELATIVAS CONSTITUYE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 208/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DE LOS MAGISTRADOS PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: ANA PAOLA SURDEZ LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el doce de junio de dos mil veinticinco y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado por interconexión el uno de agosto de dos mil veinticuatro, ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el quejoso ********* ******** ****** denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, (Q.A. 329/2023) y el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito (Q.A. 341/2024).
2. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de siete de agosto de dos mil veinticuatro, se radicó el expediente, el cual se ordenó registrar como contradicción de criterios 208/2024; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar consistente en: "DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTOS RELACIONADOS CON LAS LISTAS DE ACCESO Y PROMOCIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL."
4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Informes. Los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de quince y diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.
6. De igual forma, el cinco de noviembre de año en curso, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guarde relación con el tema que nos ocupa en este asunto.
7. Consideración previa en relación con el turno. Cabe destacar que, mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veinticuatro, se radicó en este órgano jurisdiccional la presente contradicción de criterios y se turnó provisionalmente en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado.
8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269(2) del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta del mes y año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
10. Returno. En proveído de ocho de noviembre antes referido, se turnó el presente asunto al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución.
11. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
12. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas
13. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/1576/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de treinta de abril de esta anualidad el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en la plaza que ocupaba su homóloga Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo del presente año, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados José Patricio González Loyola Pérez y Marco Antonio Rodríguez Barajas.
14. Lista y retiró. Esta contradicción se incluyó en la lista de asuntos de diez de febrero de dos mil veinticinco, para discutirse en la sesión de veinte de febrero siguiente, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano su retiró para discutirse en una sesión posterior.
15. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
16. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(3) y 107, fracción XIII(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(5) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(6) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(7) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(8) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(9) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito comprendido en la Región Centro- Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de materia administrativa.
17. Así, el asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados que pertenecen al Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y sobre la materia administrativa, que es una de las materias sobre las que este Pleno semiespecializado ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
18. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ello, puesto que fue formulada por ********* ******** ******, en su carácter de quejoso y recurrente de los autos de la queja 341/2024 del índice del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
19. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
20. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".(10)
21. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la queja 329/2023.
22. Juicio de amparo indirecto. El quejoso ******** ******* *******, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes:
"III. AUTORIDAD RESPONSABLE:
1. Directora de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
1. El inconstitucional e ilegal oficio *************************, de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual, se elimina a la parte quejosa de las Listas Transitorias de Acceso y Promoción a la Carrera Judicial tanto en la Categoría de Actuario Judicial como de Secretario del Poder Judicial de la Federación.
2. De igual forma en el acto reclamado antes referido se declara inconstitucional e ilegalmente la invalidez de las acreditaciones de seis de diciembre de dos mil dos en la categoría de Actuario Judicial y la diversa acreditación del Curso Básico para Secretarios, ciclo 2006, para la categorías (sic) de Secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunales Colegiados de Distrito."
23. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; quien el dos de agosto de dos mil veintitrés, registró el asunto con el número de expediente 1349/2023, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, solicitó a la responsable la remisión de su informe justificado, dio la vista que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular de la adscripción y entre otras cuestiones, ordenó la apertura e integración del incidente de suspensión respectivo.
24. Negativa de la suspensión provisional. Mediante diverso auto emitido en esa misma fecha, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el cuaderno incidental derivado del citado juicio de amparo, fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y negó la suspensión provisional solicitada.
25. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, ******** ******* *******, por propio derecho, interpuso recurso de queja del que por razón de turno correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente ******** y seguida la secuela procesal, en sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de queja y concedió la suspensión provisional solicitada bajo las siguientes consideraciones:
26. La litis en el recurso consiste en determinar si los actos reclamados son prohibitivos con efectos positivos, si hay apariencia del buen derecho y, si ha lugar a conceder o no la suspensión solicitada.
27. Conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los juicios de amparo, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones determinadas por la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
28. El artículo 128 de la Ley de Amparo señala como requisito para el otorgamiento de la suspensión que sea solicitada por el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
29. Adminiculados los numerales mencionados se advierte que las exigencias que condicionan la procedencia de la suspensión son:
a) Que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos;
b) Que la naturaleza de los actos permita su paralización; y,
c) Que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
30. En el caso, el tema a dilucidar está inmerso en el segundo supuesto, porque debe determinarse si el acto reclamado es susceptible de suspenderse.
31. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que lo importante es que sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho durante la tramitación del juicio, una vez hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social.
32. Las anteriores consideraciones están contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala del máximo tribunal, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, que dice SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.(11)
33. Del citado criterio se advierte que la naturaleza de los actos (positiva, declarativa o negativa), no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.
34. El objeto primordial de la providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al quedar irreparablemente consumado, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste alguna repercusión en sus derechos que la ejecución del acto que reclama o sus efectos pudieran ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto tildado de inconstitucional queda en suspenso mientras se decide si es violatorio de la Constitución.
35. En el caso, los actos reclamados son:
1. Oficio ************************* por medio del cual la Directora de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en atención a la consulta planteada, conforme al contenido del sistema normativo que reglamenta actualmente la carrera judicial le informó que no podía formar parte de las listas de Acceso y Promoción en la Carrera Judicial porque sus acreditaciones en las categorías de Actuario y secretario fueron obtenidas con anterioridad a la fecha prevista en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial (cuatro de noviembre de dos mil dieciocho), lo anterior sin perjuicio del régimen de movilidad contenido en el numeral 64 de dicho ordenamiento.
Destacó que en la página de internet se encontraban disponibles dichas listas en las cuales no se encontraba el quejoso por lo que la vigencia de sus acreditaciones obtenidas respectivamente en dos mil dos y dos mil seis para el cargo de actuario y secretario dejarían de tener utilidad como constancias válidas para habilitar a una persona en las categorías respectivas.
No obstante, anuncia que otra forma de acceder a las listas de carrera judicial es con la aprobación para esas categorías en sus nuevas ediciones. 2. Invalidez de las acreditaciones del seis de diciembre de dos mil dos en la categoría de Actuario Judicial y del Curso Básico para Secretarios ciclo dos mil seis para las categorías de Secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunales Colegiados de Circuito.
36. La anulación de las patentes de Actuario y Secretario previamente obtenidas –reclamadas en el juicio–, se encuentra inmersa en el oficio ************************* emitido por la Directora de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, porque en dicho documento la autoridad responsable informó al promovente que conforme al sistema normativo que rige la carrera judicial, las certificaciones obtenidas previamente para dichas categorías dejarían de tener utilidad como constancias válidas, de ahí que se puedan analizar ambos actos reclamados de manera conjunta por encontrarse estrechamente vinculados.
37. El juzgador sí resolvió la suspensión provisional solicitada, pero determinó negarla al estimar que el oficio reclamado tenía carácter declarativo e informativo, lo que implicó que no lleve implícito un principio de ejecución material y no produce un hacer positivo por parte de la autoridad responsable, dado que la situación jurídica que con la misma se estableció no requería para su prevalencia de un acto posterior ejecutivo; además destacó que de concederse la medida suspensional se resolvería el fondo del asunto y se le constituiría un derecho a la parte quejosa que actualmente no tenía.
38. La Primera Sala del máximo tribunal al resolver la contradicción de tesis 85/2018 precisó que existen varios tipos de actos, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos.
• Los positivos son aquéllos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación.
• Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica.
• Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas.
39. El oficio controvertido, analizado en su integridad, es prohibitivo con efectos positivos pues impide e imposibilita al quejoso que ejerza sus derechos previamente adquiridos (certificaciones previamente obtenidas y expedidas por el entonces Instituto de la Judicatura Federal) y obstaculiza el acceso a los cargos de actuario o secretario.
40. En el oficio reclamado, sustentado en el sistema normativo que rige la carrera judicial, la autoridad responsable determina que el quejoso no puede formar parte de las listas de Acceso y Promoción en la Carrera Judicial porque sus acreditaciones en las categorías de actuario y secretario fueron obtenidas con anterioridad a la fecha prevista en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y por ende, dichas certificaciones dejaron de tener utilidad como constancias válidas.
41. No se soslayó que el quejoso no controvirtió el sistema normativo que regula actualmente la carrera judicial; sin embargo, además que no está obligado a hacerlo, constituye el sustento del oficio reclamado, por lo que debe analizarse en su integridad por la estrecha vinculación que guardan.
42. No asiste razón al juez de distrito al concluir que el oficio reclamado sólo refleja, reproduce e informa lo que establece el sistema normativo que reglamenta la carrera judicial, toda vez que sí tiene consecuencias y obstaculiza el acceso del quejoso a acceder a los cargos que conforman la carrera judicial.
43. De ahí que el oficio reclamado es prohibitivo con efectos positivos pues se reitera tiene consecuencias que obstaculizan que el quejoso ejerza sus derechos adquiridos y pueda participar en las convocatorias publicadas en la página electrónica de la Escuela Federal de Formación Judicial, así como acceder a las categorías de actuario o secretario.
44. Para efectos suspensionales deben atenderse a las consecuencias que en el caso producen los actos reclamados. De esta manera, ponderando la apariencia del buen derecho de los actos reclamados procede conceder la suspensión solicitada.
45. Es menester tener en consideración que el artículo 138 de la Ley de Amparo contempla la institución jurídica de la apariencia del buen derecho en materia suspensional, al señalar que una vez que se solicite la suspensión del acto reclamado, la autoridad jurisdiccional de amparo, tiene la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho en relación con el orden público y el interés social.
46. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso antes de la Ley de Amparo vigente, ya había señalado en la tesis 2a./J. 204/2009, la importancia de realizar ese análisis ponderado por un lado, de la apariencia del buen derecho para evitar que se ejecute el acto reclamado por la parte quejosa de modo irreparable y por el otro, la obligación de que con la medida cautelar solicitada, no se afecte el orden público y el interés social. La tesis de referencia lleva por rubro: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO(12)
47. En el caso, ponderando la apariencia del buen derecho se deriva que el nuevo andamiaje constitucional y legal que regula la carrera judicial aplicado en el oficio reclamado soslaya el principio de irretroactividad de la ley a la luz de la teoría de los derechos adquiridos.
48. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que existe retroactividad cuando una ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior.
49. En el caso, el once de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación; dicha reforma tiene entre otros objetivos, impulsar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal de la Carrera Judicial, otorgando para ello un rol central a la Escuela Federal de Formación Judicial, así como para la regulación y la organización de los concursos de oposición de las y los integrantes de la Carrera Judicial.
50. Como parte de la Reforma Judicial, el siete de junio de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
51. Luego, el tres de noviembre de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la carrera judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y su artículo décimo quinto transitorio establece:
"DÉCIMO QUINTO. Las listas de acceso y Promoción a la Carrera Judicial entrarán en vigor de forma gradual y escalonada, de conformidad con las siguientes pautas:
I. En un plazo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y durante todo el año 2022, las listas nacionales a que refiere el artículo 60 de este ordenamiento se integrarán de manera transitoria con las personas que en los últimos tres años hayan acreditado los exámenes de aptitud o cursos diseñados por la Escuela Judicial, con excepción de las personas Oficiales judiciales. Durante este periodo transitorio, las y los Titulares podrán nombrar a cualquier persona que esté habilitada sin que necesariamente figure en el 10% más alto de dichas listas.
II. Para efectos de las listas y contrataciones, las categorías de Secretaria o Secretario de Juzgado y de Secretaria o Secretario de Tribunal serán equiparables.
III. Durante el año 2022 la Escuela Judicial llevará a cabo los concursos de oposición necesarios a efecto de integrar las listas de acceso y Promoción por categoría de la Carrera Judicial con las personas que resulten vencedoras.
IV. Las listas de vacantes temporales se integrarán con las personas que resulten vencedoras en los concursos de oposición que se lleven a cabo de conformidad con el presente Acuerdo.
V. A más tardar el 1 de marzo de 2023 entrará en vigor completamente el sistema de Listas de Acceso y Promoción previsto en el presente Acuerdo"
52. La normatividad invocada forma parte del sistema normativo que regula actualmente la carrera judicial del Poder Judicial Federal con motivo de la reforma constitucional de dos mil veintiuno.
53. Del análisis integral realizado a la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó que en el dos mil dos y dos mil seis obtuvo sus respectivas acreditaciones como actuario y secretario conforme a la normatividad vigente en esa época y que ha desempeñado esos cargos desde esas fechas.
54. Por su parte, la autoridad responsable determina que ya no puede formar parte de las listas de Acceso y Promoción en la Carrera Judicial porque sus acreditaciones en las categorías de actuario
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33506-e0703ebb/carrera-judicial-el-oficio-por-el-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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