EXCUSAS ABSOLUTORIAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE INSTANCIA DE PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, CUANDO NO FORMARON PARTE DE LA LITIS EN EL PROCESO PENAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2623/2024. 5 DE MARZO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En primera instancia, cierta persona fue condenada por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio culposo; decisión que se confirmó por el Tribunal de Alzada.
Inconforme, el sentenciado promovió amparo directo, y en los conceptos de violación planteó la interpretación del artículo 78 del Código Penal para el Estado de Querétaro, y la propuesta de que violaba el principio de igualdad consagrado en el artículo 1° de la Constitución Federal. El Tribunal Colegiado, pese a que el precepto no fue materia de litis ni en primera ni en segunda instancia, estimó que tratándose de la excusa absolutoria que prevenía la norma cuestionada, su inaplicación se tornaba en un reclamo de inconstitucionalidad; no obstante, determinó que los argumentos del quejoso, carecían de eficacia para emprender el estudio propuesto, porque no cumplían con los requisitos mínimos para la actualización de un genuino problema de constitucionalidad; decisión que fue reclamada en los agravios materia del presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la cual, se resuelve el Amparo Directo en Revisión 2623/2024, que se interpuso contra la sentencia de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, que dictó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el Amparo Directo **********.
El problema que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si se actualizan los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y en su caso, resolver lo que en derecho proceda.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. De las constancias de autos se advierte:
El trece de marzo de dos mil veinte, entre las ocho y las nueve horas, en el patio trasero del domicilio ubicado en calle **********, manzana **********, lote **********, colonia **********, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, **********(1) y su hija **********, preparaban tortillas en un fogón de leña, cuando en el lugar, **********, esposo de esta última, abrió un cilindro de gas LP, lo que provocó una deflagración que alcanzó a las dos mujeres, quienes sufrieron quemaduras de gravedad en cara y cuerpo, por lo que fueron trasladadas al Hospital General de Querétaro, donde el veinte de marzo siguiente, falleció **********.
El cuatro de abril posterior, ********** fue trasladada a la Clínica **********, donde falleció el once de abril subsecuente, al desarrollar acidosis metabólica secundaria a lesión renal aguda, secundaria a un choque séptico severo, asociado a infección por pseudomonas, que tuvo origen en el antecedente de quemadura por fuego directo.
2. Juicio penal. Hechos por los que, ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, se radicó la causa penal **********; y el once de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia de condena en contra de **********, por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 125, con relación al 14, fracción II, y sancionado por el 75, del Código Penal para el Estado de Querétaro,(2) únicamente en agravio de **********;(3) por el que, entre otras sanciones, se le impusieron cuatro años de prisión.
3. Recurso de apelación. Inconforme con esa resolución, la defensa particular del sentenciado interpuso recurso de apelación, del que conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, donde se registró como toca penal acusatorio **********; y en sentencia de catorce de julio siguiente, confirmó el fallo recurrido.
4. Amparo directo. En desacuerdo con lo resuelto, el sentenciado, en escrito que se presentó el trece de abril de dos mil veintitrés, promovió amparo directo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, donde se registró con el número **********; y en sesión de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, se negó al quejoso el amparo que solicitó.
5. Recurso de revisión. En contra de esa decisión, el quejoso, en escrito que se presentó el cinco de marzo siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, interpuso recurso de revisión.
6. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de cinco de abril posterior, registró el recurso con el número 2623/2024, lo admitió a trámite, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
7. Avocamiento. El entonces Ministro Presidente de la Primera Sala, en auto de cinco de junio subsecuente, ordenó avocarse al conocimiento del asunto, y lo envió a su Ponencia para elaborar el proyecto de resolución.
8. Solicitud de constancias. El Ministro Ponente, en dictamen de siete de agosto de dos mil veinticuatro, solicitó las constancias de la Causa Judicial **********, del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, instruida por el delito de homicidio culposo, que dio origen al toca penal acusatorio **********, radicado en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, del que derivó el Juicio de Amparo Directo **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.
9. Una vez que se realizaron las gestiones necesarias, el Tribunal Colegiado, en auto de treinta de octubre siguiente, remitió las constancias a esta Primera Sala; el entonces Ministro Presidente de la Sala, en auto de ocho de noviembre posterior, las tuvo por recibidas y las envió a su Ponencia.
I. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y, en términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el mismo medio de difusión el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal,(4) toda vez que el recurso se interpuso contra una sentencia que pronunció un Tribunal Colegiado en amparo directo, cuya resolución no requiere la intervención del Pleno de la Suprema Corte.(5)
II. OPORTUNIDAD
11. El recurso de revisión se interpuso en tiempo y forma, porque la sentencia recurrida se notificó personalmente a la defensora particular del quejoso, el diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que surtió sus efectos el día veinte siguiente, de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo.(6)
12. Así, el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de revisión, transcurrió del miércoles veintiuno de febrero al martes cinco de marzo de dos mil veinticuatro; sin considerar el veinticuatro y veinticinco de febrero, ni el dos y tres de marzo, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.
13. Por tanto, si el escrito de revisión se presentó el cinco de marzo de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, es inconcuso que se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
14. El recurrente cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, porque en el amparo directo **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, le asistió el carácter de parte quejosa.
IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
15. Conceptos de violación. Con ese carácter, la parte quejosa expresó, en síntesis:
a) La sentencia reclamada está indebidamente motivada, porque la autoridad responsable, en la valoración de los medios de prueba, transgredió las reglas de la sana crítica y los principios de la lógica; ello, toda vez que:
- De manera incorrecta consideró que existía prueba suficiente para sostener que el resultado del obrar culposo del sentenciado, fue la pérdida de la vida de **********, cuando se aportaron datos para justificar que la infección que contrajo, también pudo ser a consecuencia del inadecuado manejo hospitalario que se le dio.
La víctima, estaba indebidamente identificada en el expediente médico de la Clínica **********, con apellido "**********", y edad de 53 años; lo que no correspondía con sus datos correctos, que eran "**********" y de 51 años. Por tanto, no se corroboró plenamente la identidad de la persona cuyo estado se certificó, y sobre la que el médico legista emitió sus conclusiones.
- Indebidamente se tuvo por acreditado, a través de testigos de referencia, que existía relación laboral entre el quejoso y la empresa **********, S.A. de C.V., y que el sentenciado tenía habilidades para el manejo de gas licuado del petróleo; por tanto, no era posible afirmar que hubiera infringido un deber de cuidado, al no prever algo que era previsible.
- No estaba justificada la causa que provocó el hecho, porque el perito **********, que fue quien realizó la inspección en el lugar del evento y determinó que existió una "deflagración de una nube no confinada de gas, que produjo daños térmicos", no ajustó su actuación a la metodología establecida en la norma NFPA 921, edición 2017; porque el lugar de los hechos no estaba asegurado, ya que existía evidencia de que en el sitio había un cilindro de gas que antes no se reseñó, y porque el perito dijo que no pudo determinar qué tanque de gas ocasionó la deflagración.
- Sobre esa base, la persona juzgadora no se debió limitar a escuchar a los peritos en materias técnicas, sino que debió razonar respecto a si su dicho cumplía con los parámetros de la sana crítica, y si era suficiente para acreditar lo que se pretendía; de lo contrario, se asumía un modelo presuntivista, que no era compatible con el sistema penal acusatorio; y con mayor razón, porque la fiscalía, en su acusación, se comprometió a demostrar que la causa del hecho fue una deflagración ocasionada por la apertura de un cilindro de gas.
- Indebidamente se tuvo por acreditado que la conducta del quejoso, fue suficiente para materializar el hecho delictivo con el carácter de coautor material directo, al tener probado que abrió un tanque de gas, cuyo fluido encendido al entrar en contacto con las llamas del fogón y produjo una deflagración. Sin embargo, como lo anterior no guardaba relación con la acusación de la Fiscalía y lo vertido en el juicio oral, se debía concluir que existió insuficiencia probatoria.
b) La autoridad responsable omitió aplicar en favor del quejoso, la excusa absolutoria que se establece en el artículo 78 del Código Penal para el Estado de Querétaro; lo que se sustentó en los razonamientos siguientes:
- Se examinaron diversas aproximaciones jurídicas, tanto doctrinarias como legales, en torno al concepto de parentesco, a efecto de justificar que el concubinato es la unión entre dos personas, libres de matrimonio, con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones; cuya existencia se presume cuando los concubinos viven juntos durante tres años, o si antes de ese lapso procrean hijos en común.
- Se destacó que el quejoso y ********** –hija de la señora **********– comenzaron su relación de noviazgo desde el dos mil siete, cuando respectivamente tenían, catorce y dieciséis años; desde entonces, conoció a la familia de su novia, con cuyos integrantes mantuvo una buena relación, que paulatinamente se hizo más cercana y afectiva.
En dos mil doce, el quejoso y **********, comenzaron a hacer vida en común, que duró por más de cinco años; tiempo en el que procrearon dos hijos y compartieron domicilio con sus cuñados y suegros; primero, en **********, y luego en **********, donde ocurrieron los hechos.
Se dijo que la buena relación familiar, se corroboraba con el contenido y la manera en que se rindieron los testimonios durante el juicio oral.
- De esta manera, era innegable que el quejoso y **********, se encontraban unidos en concubinato, lo que traía consecuencias jurídicas, derechos y obligaciones idénticos a los que se prevén para las personas bajo el estado civil de matrimonio, en términos del artículo 274 del Código Civil del Estado de Querétaro, como el derecho a establecer y formar una familia, así como el parentesco por afinidad, derivado de esa formación familiar.
Se invocó la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "CÓNYUGES Y CONCUBINOS. AL SER PARTE DE UN GRUPO FAMILIAR ESENCIALMENTE IGUAL, CUALQUIER DISTINCIÓN JURÍDICA ENTRE ELLOS DEBE SER OBJETIVA, RAZONABLE Y ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA".(7)
Así, el concubinato generaba parentesco por afinidad, porque la normatividad aplicable reconocía los mismos derechos y obligaciones, tanto a personas en unión nupcial, como en concubinato; de lo contrario, se generaría una distinción jurídica entre cónyuges y concubinos, que no sería objetiva y razonable, ni estaría justificada, y violaría el derecho fundamental a la igualdad.
Consecuentemente, entre la víctima directa y el quejoso, existía parentesco por afinidad en primer grado, en línea ascendente; lo que significaba que el quejoso era descendiente por afinidad de la señora **********.
- La autoridad responsable, en el supuesto de que estuviera acreditada la responsabilidad del quejoso en el delito que se le atribuyó, incumplió con su obligación establecida en el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(8) que refería que en toda sentencia de condena, se debía justificar por qué la persona sentenciada no se veía favorecida por las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad; particularmente, omitió justificar por qué no consideró acreditada la excusa absolutoria prevista en el artículo 78 del Código Penal para el Estado de Querétaro; con lo que contravino el principio: "dame los hechos y te daré el derecho".
c) El artículo 78 del Código Penal para el Estado de Querétaro, adolece de un vicio de ambigüedad, que debe ser enmendado a través del principio pro persona, en su vertiente de directriz interpretativa; ello, por las razones siguientes:
- El precepto legal debía comprender, en la hipótesis de excusa absolutoria, a determinados parientes como hermanos y hermanas, cónyuges, concubina o concubinario, y adoptante y adoptado; sin embargo, era impreciso al referirse a los ascendientes y descendientes, porque no establecía a qué clase de parentesco se refería; máxime que en los supuestos anteriores, se hacía referencia a parentesco por consanguineidad, por afinidad y civil.
- Como el legislador no distinguió que solo se debía entender que la excusa absolutoria le asistía únicamente a aquellas personas que hubieran cometido el delito de lesiones u homicidio culposamente, en contra de su ascendiente o descendiente consanguíneo; entonces, la persona juzgadora, al aplicar la norma, tampoco debía realizar esa especificación.
- Máxime que conforme a la interpretación teleológica y axiológica, se desprendía que la finalidad de la norma, conforme a la correspondiente exposición de motivos, era ampliar el espectro de protección del derecho a la libertad de las personas víctimas del dolor moral, de haber ocasionado, sin quererlo, el daño a personas tan allegadas desde el punto de vista afectivo; en cuyo caso, la aplicación de la causa de remisión de la pena, obedecía a "lo excedido que pudiera resultar la aplicación de la pena"; lo que buscaba cumplir con el parámetro de regularidad establecido en los artículos 22 y 23 constitucionales.
- Invocó en apoyo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO".(9)
- Y si bien ese entendimiento podía ser calificado como una forma de interpretación por analogía, prohibida en materia penal; lo cierto era que la prohibición de aplicación analógica, se refería exclusivamente a "la imposición de penas que estén decretadas por una ley exactamente aplicable", y como el estudio de las causas de inexistencia del delito y las excusas absolutorias, no cambiaban en el supuesto anterior, entonces, era válido utilizar la analogía y mayoría de razón.
Máxime que la prohibición de analogía, se aplicaba solamente in malam partem, cuando era desfavorable para el reo; y a contrario sensu, se podía admitir perfectamente en la interpretación de las excusas absolutorias en cualquier aspecto que beneficiara al acusado; lo que significaba que sí se admitía in bonam partem.
d) De considerar que el vicio del artículo 78 del Código Penal para el Estado de Querétaro, no era susceptible de interpretación a partir del principio pro persona, se planteó su inconstitucionalidad, por infracción al derecho fundamental de igualdad, ya que contenía una exclusión implícita o tácita injustificada.
- La razón de ser de la excusa absolutoria, de acuerdo con su exposición de motivos, radicaba en lo excesivo que resultaba la imposición de la pena a la persona que era víctima del dolor moral de haber ocasionado, sin quererlo, el daño a personas allegadas, desde el punto de vista afectivo.
- Por la importancia que el legislador otorgó a esos valores afectivos, se tutelaron a través la excusa absolutoria, las relaciones en que se presumía que existían lazos de afecto, y de manera casuística se enunció un catálogo que comprendía a ascendientes, descendientes, hermanos, hermanas, cónyuges, concubinas o concubinarios, así como adoptantes y adoptados. Con lo que se dejó fuera de ese beneficio, a personas que eran víctimas del dolor moral indicado, pero que no guardaban alguno de los grados de parentesco contemplados en el precepto impugnado.
Así, el legislador local mostró preocupación y tuteló el dolor moral de las personas que incluyó en su catálogo, pero dejó en estado de indefensión y decidió no tutelar el dolor moral de las personas que causaban daño involuntario a personas afectivamente allegadas, pero que no se encontraban en los supuestos del catálogo.
Al hacer esa distinción, el legislador local no dio razones suficientes que justificaran la legitimidad de establecer una excusa absolutoria, para tutelar derechos de personas víctimas de un dolor moral, y a la vez, dejar en estado de indefensión y sin tutela, los derechos de personas que también eran víctimas de dolor moral, incluso por la misma causa que las primeras.
- El legislador consideró dos criterios para establecer la excusa absolutoria; en primer lugar, el parentesco, porque en todos los supuestos que estableció, se guardaba algún grado de esa relación; y en segundo término, el grado de parentesco, en primero o segundo grado.
Con base en ello, infirió que existían fuertes relaciones y vínculos de afecto entre aquellas personas que tenían parentesco, a efecto de conceder el beneficio de la excusa absolutoria; pero excluyó del beneficio, a familiares u otras personas con quienes podían existir vínculos afectivos fuertes, y que también podían ocasionar involuntariamente daño y sufrir dolor moral; supuestos en los que tampoco se encontraría justificada la imposición de la pena. Así, se estimó que el legislador partió de presupuestos equivocados, porque de manera arbitraria e injustificada, presumió que una persona tenía vínculos afectivos más fuertes o "quería más" a determinados familiares que a otros; lo que era una expresión de juicios de valor a priori, que carecía de legitimidad y razonabilidad.
Se esbozaron, a guisa de ejemplo, diversos supuestos que se podían calificar como "casos difíciles", de acuerdo con la tradición de la jurisprudencia analítica, para justificar la existencia de casos en que la existencia de un vínculo afectivo intenso, no necesariamente se relacionaba con el parentesco, y en ese sentido, la aplicación formalista del precepto impugnado, conducía a escenarios de injusticia, derivado de que contenía una exclusión implícita por razones de estado civil o parentesco, que cabían en la noción de categoría sospechosa, de acuerdo con el artículo 1° constitucional.
Así, se concluyó que el artículo 78 del Código Penal de la Entidad, transgredía el derecho a la igualdad, porque dejaba fuera a personas que eran víctimas de un dolor moral, por haber ocasionado, sin quererlo, lesiones o la muerte, a personas unidas por vínculos afectivos fuertes, cuando no se encontraban en un primero o según grado de parentesco; como si la formalidad o un documento permitieran establecer la efectiva existencia de dolor moral que podía sentir una persona ante tal escenario.
Por último, se destacó que la Primera Sala había sostenido que, cuando en el juicio de amparo se reclamaba violación a la igualdad, bajo el argumento que la norma generaba un trato desigual por exclusión tácita, no se debía desestimar el concepto de violación, bajo el argumento de que el tema involucraba un problema de omisión legislativa.
Argumentos que apoyó en las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubros: "IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA",(10) e "IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA SI SE ADVIERTE QUE LA NORMA GENERA UN TRATO DESIGUAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA".(11)
- Luego, se desarrolló el test de igualdad, apoyado en la metodología empleada por la Suprema Corte, bajo un escrutinio intenso, al considerar que el trato diferenciado obedecía a razones de estado civil y parentesco, que cabían en la noción de categoría sospechosa.
Se consideró que la medida legislativa de establecer la remisión de la pena cuando la persona se encontraba en una condición social, estado civil o situación familiar determinada, obedecía a una finalidad constitucionalmente imperiosa, porque contribuía a salvaguardar la proporcionalidad de las penas y evitar el doble enjuiciamiento, en términos de los artículos 22 y 23 de la Constitución Federal; y de manera indirecta, evitaba a las personas que fueran objeto de revictimización.
Sin embargo, al estudiar la grada de idoneidad, se estimó que la porción normativa en estudio, no estaba estrechamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales indicados (relación medio-fin), porque la exclusión tácita que se materializaba en la distinción plasmada por el legislador local, no contribuía imperiosamente a la eficacia de la proporcionalidad de las penas; de modo que no era necesario distinguir por parentesco y por grado de parentesco, para la procedencia de la remisión de la pena.
Sin que fuera necesario examinar si la medida legislativa era imperiosa para contribuir al fin constitucional de evitar el doble enjuiciamiento, pues la distinción en estudio tampoco abonaría a la consecución del artículo 23 constitucional.
16. Sentencia del Tribunal Colegiado. En síntesis, se sostuvieron las siguientes consideraciones:
i) Con relación al derecho fundamental de defensa adecuada, en su vertiente formal, se corroboró que en la audiencia de juicio se verificó la calidad de licenciado en derecho de las personas defensora que asistieron al quejoso; y en su vertiente material, se hizo patente la existencia de elementos objetivos y ciertos, que permitían visualizar la salvaguarda de ese derecho.
ii) También se estimó que existía congruencia entre los hechos materia de la acusación y los que sirvieron de sustento al Juez de Enjuiciamiento para dictar la sentencia de condena.
iii) Se determinó que en la sentencia reclamada, de manera correcta se tuvieron por colmados los elementos del tipo penal de homicidio, a título culposo.
- Con relación a la acreditación de la causa que generó el hecho, se calificó de infundado e ineficaz el argumento relativo a que el perito que depuso para ese efecto, no se apegó a la metodología de la norma NFPA 921, edición 2017.
Ello, porque efectivamente se basó en esa norma para realizar una aproximación sistemática desde el lugar donde el fuego provocó menores daños, hasta el área donde fueron mayores, con el propósito de determinar la causa que originó el incendio. Y si bien reconoció que no recolectó indicios ni encontró acordonada la zona; lo cierto era que se apreciaba que hizo una revisión exhaustiva, contrario a lo aseverado por el quejoso, y además, no se trataba de una norma vinculante, sino que únicamente servía de apoyo a las personas encargadas de investigar y analizar incidentes de incendios y explosiones, a efecto de opinar sobre su origen y causas.
Máxime que el origen del incendio, también se podía determinar mediante la información que proporcionaron los testigos.
Así, se concluyó que fue correcta la decisión de la Sala responsable, al respaldar el dicho del especialista, respecto de la conducción de su inspección y su opinión en los términos en que lo hizo. Sin que la referencia a un cuarto tanque de gas (azul y de tamaño pequeño) fuera determinante para restar eficacia demostrativa a la información que proporcionó el testigo experto, quien concluyó que la deflagración derivó de una nube de gas no confinada que provino de alguno de los tanques que estaban en el lugar, y no del incendio de algún tanque en específico.
Lo anterior, valorado en conjunto con lo dicho por la ofendida en el video que describió uno de sus hijos durante el juicio oral, brindaba razones suficientes para establecer que la acción que realizó el sujeto activo –abrir un tanque de gas– fue determinante para generar la nube de gas no confinada, que produjo la deflagración, y tuvo como único punto de ignición, la estufa de leña donde se encontraban la víctima y su hija.
- En lo relativo a la infracción al deber de cuidado que debía y podía observar el sujeto activo, se calificaron de ineficaces e infundados los argumentos relativos a que no se acreditó su relación laboral con la empresa distribuidora de gas LP, ni que las capacitaciones que recibió, efectivamente lo hubieran dotado de habilidades para su manejo.
Lo anterior, porque lo declarado por diversos testigos, revelaba que el quejoso tuvo la posibilidad de no realizar la acción –abrir el tanque de gas– y mantener el deber de cuidado que debía observar; además, se demostró que era empleado –chofer vendedor– de la empresa distribuidora de gas LP, así como las diversas actividades que realizaba con ese carácter, y el vehículo que tenía asignado para ese efecto, y por ello, era innecesaria la formalidad de exhibir su contrato laboral; máxime que esa calidad no fue controvertida en juicio.
Asimismo, porque se comprobó que en diversas ocasiones, el quejoso manipuló tanques de gas LP; y por dicho de sus familiares, esa era una actividad muy peligrosa, aunado a que los testigos que depusieron de parte de la empresa, informaron que sus empleados debían acudir a cursos de habilidades relacionadas al menos con el manejo de herramientas para gas, manejo de vehículos para gas, manejo y supresión de fugas, así como uso de aplicación del gas LP.
- Por tanto, no le asistía razón al quejoso, al señalar que no estaba probado su conocimiento en el manejo de gas LP, porque era de conocimiento público que se trataba de una sustancia altamente flamable y peligrosa, que reaccionaba con el fuego, y los cilindros que lo contenían, se debían manejar de forma especial; aunado a que los testimonios rendidos, ponían de manifiesto que sí tenía conocimiento en el manejo de tanques de gas, e incluso, de la presión contenida en ellos. Así, se acreditó que lesionó a la víctima mediante una acción que no previó, aunque era previsible, por haber infringido un deber de cuidado que podía y debía observar.
- Con relación al elemento consistente en que el resultado del obrar culposo fue la pérdida de la vida de la víctima, se calificaron de infundados los planteamientos en el sentido que no se encontraba acreditado el nexo causal entre la conducta y el resultado que se produjo.
Ello, porque si bien era verdad que no se practicó un dictamen de necropsia en el cuerpo de la víctima directa, y derivado de los informes médicos se estableció que la causa directa de muerte fue "acidosis metabólica secundaria a lesión renal aguda, que fue secundaria a un choque séptico severo asociado a infección por pseudomonas"; también era verdad que el grado (tercero) con el que se calificaron las quemaduras y el porcentaje (treinta y cinco) de superficie corporal afectada, ponían en riesgo la vida de la pasivo y representaban un riesgo considerable de sepsis o infección como la que finalmente causó el deceso, por exposición a factores contaminantes.
Así, sobre la base de cómo se regula el nexo causal en el artículo 10 de la legislación penal sustantiva de la Entidad, se determinó que las causas inmediatas del fallecimiento de la víctima, eran resultado de las complicaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33508-f5372492/excusas-absolutorias-no-existe-obligacion-de-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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