PREFERENCIA DE DERECHOS LABORALES. SIENDO PROCEDENTE ESTA ACCION CONTRA EL SINDICATO, DEBE CONDENARSELE AL PAGO DE SALARIOS VENCIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYA HECHO USO INDEBIDO DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION O HAYA OMITIDO PROPONER AL TRABAJADOR.
CONTRADICCION DE TESIS 41/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y SEPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- Las partes considerativas de las sentencias pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito el veintinueve de octubre y quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres en los juicios de amparo directo 8122/93 y 9872/93, promovidos por Fausto Ortega Canales y Francisco Rafael Navarrete Reséndiz, respectivamente, señalan:
AMPARO DIRECTO 8122/93:
"IV.- El primer concepto de violación es infundado, porque de las constancias que obran en el expediente laboral se advierte que el actor demandó el reconocimiento y declaración de su preferente derecho para ocupar una plaza vacante, motivo por el cual es improcedente el pago de salarios dejados de percibir que a título de daños y perjuicios pretende, cuenta habida que tratándose de preferencia de derechos sólo proceden esos salarios cuando la plaza exigida se otorga a un trabajador con menos derechos, postergando los del accionante, pues es entonces cuando se le causan daños y perjuicios, hipótesis diferente de la del caso justiciable debido a que la vacante originada por el traslado definitivo de Ricardo Martínez Avalos no se había otorgado a ningún otro trabajador. Es aplicable al caso el criterio sustentado por este tribunal al resolver los juicios de amparo directos números DT-262/92, DT-7052/92 y DT-2450/93, que es del tenor literal siguiente: `PETROLEROS. PRESUPUESTO PARA QUE PROSPEREN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CUANDO SE RECLAMA PREFERENCIA DE DERECHOS.- En los casos en que por existir en el contrato colectivo de trabajo la cláusula de exclusión por ingreso, un trabajador transitorio reclama el reconocimiento de su derecho preferente para ser propuesto por la parte patronal en la última plaza definitiva que quedó vacante después de efectuarse el movimiento escalafonario, si se prueba en el juicio laboral la existencia de la vacante, es el sindicato el que está obligado a proponer para la ocupación de la misma al trabajador que habiendo cumplido con el requisito de procedibilidad exigido por la ley hubiera solicitado el otorgamiento de tal puesto, en tanto que la empresa queda obligada a aceptar esa proposición y a contratar al demandante. Sin embargo, en estos casos no procede el pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios, toda vez que tratándose de preferencia de derechos una sanción de tal magnitud sólo puede prosperar cuando el sindicato, haciendo uso indebido de la cláusula de exclusión por ingreso, propone para ocupar la plaza reclamada a otro trabajador con menos derechos que el demandante, o cuando la empresa contrata a quien no le fue propuesto en perjuicio del reclamante, presupuestos que no se satisfacen cuando la plaza se encuentra desocupada'.- Por otra parte, no es verdad que los salarios caídos que por concepto de daños y perjuicios reclamó el inconforme sean accesorios de la acción principal y que por haber prosperado ésta se tenga que hacer su pago, cuenta habida de que se demandaron a título de daños y perjuicios y según lo expuesto con anterioridad éstos sólo se causan cuando existe una postergación de derechos.- El segundo concepto de violación también es infundado, en virtud de que el actor demandó el reconocimiento y declaración de su mejor y preferente derecho para ocupar la plaza vacante en el patio de maniobras de la Refinería Miguel Hidalgo, manifestando que empezó a prestar sus servicios con carácter temporal a partir del catorce de febrero de mil novecientos setenta y ocho generando cuatro mil días laborables al servicio del demandado, hecho que Petróleos Mexicanos controvirtió sosteniendo que ingresó a prestar sus servicios a partir del dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta al quince de enero de mil novecientos ochenta y nueve. Ahora bien, aun cuando la Junta responsable en el laudo reclamado omitió señalar expresamente la fecha a partir de cuándo debe computarse la antigüedad general de empresa, lo cierto es que tratándose de trabajadores transitorios sólo tienen derecho a que se les reconozca los días efectivamente laborados y en el caso quedó demostrado con la prueba de inspección que ofreció el enjuiciado, la fecha de ingreso del trabajador, fecha a la que implícitamente se refirió la responsable en el laudo al considerar que dicha antigüedad contaba a partir de que empezó a prestar sus servicios con carácter temporal en la empresa.- Por otra parte, no es verdad que el enjuiciado en el hecho cinco de su contestación a la demanda sostuviera que Ricardo Martínez Avalos dejó vacante el puesto que ocupaba en el lugar 114, haciéndose su publicación en el escalafón vigente del primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve al treinta de septiembre del mismo año, sino que se refirió a que se trataba de una plaza intermedia en el escalafón del departamento de patios y maniobras de la Refinería Miguel Hidalgo que ocupaba el lugar 114 de 143 como constaba en la publicación de la fecha antes mencionada, que la plaza debería ser cubierta por el trabajador de planta que ocupara la plaza inmediata inferior, que el movimiento de dicho trabajador iba a generar que se realizara una corrida de escalafón y hasta esa fecha no se había realizado, que no existía la vacante pero en el caso sería ocupada por la persona que propusiera la representación sindical. Luego entonces, conforme a estos antecedentes, es inexacto que Petróleos Mexicanos manifestara que en la fecha de la publicación del escalafón se generó la vacante.- A mayor abundamiento, se hace notar que si el actor demandó preferencia de derechos para ocupar una plaza desocupada y su acción prosperó, es claro que a partir del laudo en el que se le reconoció ese derecho preferente se generó su antigüedad de categoría y departamental, por lo que la forma en que resolvió la responsable lejos de perjudicarlo le beneficia.- En este orden de ideas, lo que procede es negar la Protección Constitucional solicitada".
AMPARO DIRECTO 9872/93:
"CUARTO.- Los anteriores conceptos de violación son infundados.- En efecto, como se desprende de los antecedentes que han quedado transcritos en esta ejecutoria, la acción ejercitada por el actor fue la de reconocimiento y declaración conforme al contrato colectivo de su mejor y preferente derecho para ocupar con carácter de planta la plaza de obrero general, trabajos generales diversos, en el departamento de transportación de la Refinería Miguel Hidalgo, generada con motivo de la jubilación del diverso trabajador Ricardo Díaz Padilla, vacante cuya existencia fue negada por los demandados. También consta, que la Junta tuvo por demostrada la existencia de esa vacante como el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que condenó a la Sección Sindical a proponer a Francisco Rafael Navarrete Reséndiz para ocupar la plaza de mérito, otorgándosele previa aprobación de los exámenes médico y de conocimientos exigidos por las cláusulas 6 y 115 del contrato colectivo de trabajo, condenando a Petróleos Mexicanos a reconocerle al actor sus derechos de antigüedad y escalafonarios. Asimismo, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas en el inciso c) de la demanda, entre ellas las contenidas en la cláusula 27 del propio pacto colectivo. Cabe destacar que dicha condena resulta acorde con la acción de preferencia de derechos ejercitada por el ahora quejoso, y siendo esto así, bajo ningún concepto puede estimarse aplicable la mencionada cláusula contractual en virtud de que la misma se refiere a los casos en que el patrón sea condenado a reinstalar a un trabajador, supuesto que nunca existió en el caso a estudio, tanto más que tampoco se había propuesto a nadie para ocupar la vacante. Al caso es aplicable el criterio sostenido por este tribunal al fallar los juicios de amparo directo números DT- 262/92, DT-2450/93, DT-7772/93 y DT-8122/93 el trece de marzo de mil novecientos noventa y dos, diecinueve de abril, veintidós y veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, respectivamente, que dice: `PETROLEROS. PRESUPUESTOS PARA QUE PROSPEREN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CUANDO SE RECLAMA PREFERENCIA DE DERECHOS.- En los casos en que por existir en el contrato colectivo de trabajo la cláusula de exclusión por ingreso, un trabajador transitorio reclama el reconocimiento de su derecho preferente para ser propuesto por el sindicato a fin de que sea contratado por la parte patronal en la última plaza definitiva que quedó vacante después de efectuarse el movimiento escalafonario, si se prueba en el juicio laboral la existencia de la vacante, es el sindicato el que está obligado a proponer para la ocupación de la misma al trabajador que habiendo cumplido con el requisito de procedibilidad exigido por la ley hubiera solicitado el otorgamiento de tal puesto, en tanto que la empresa queda obligada a aceptar esa proposición y a contratar al demandante. Sin embargo, en estos casos no procede el pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios, toda vez que tratándose de preferencia de derechos una sanción de tal magnitud sólo puede prosperar cuando el sindicato, haciendo uso indebido de la cláusula de exclusión por ingreso, propone para ocupar la plaza reclamada a otro trabajador con menos derechos que el demandante, o cuando la empresa contrata a quien no le fue propuesto en perjuicio del reclamante, presupuestos que no se satisfacen cuando la plaza se encuentra desocupada".- Por otra parte, se desestiman los argumentos que se expresan en el segundo concepto de violación relativos a que la Junta debió condenar a Petróleos Mexicanos a incluirlo en el escalafón de manera correcta, reconociéndole su antigüedad de categoría y departamental a partir de la fecha en que se generó la vacante, y general de empresa desde que empezó a prestar sus servicios con carácter temporal para la demandada, reclamados en el inciso b) del capítulo de prestaciones de su escrito inicial. Lo anterior, porque basta leer el laudo que ha quedado transcrito, para percatarse de que precisamente la Junta así lo consideró y en el resolutivo tercero fincó condena respecto del reconocimiento de la antigüedad y de los derechos escalafonarios del peticionario en los siguientes términos `...se condena también a que lo incluya correctamente en el escalafón, y le reconozca la antigüedad de categoría y departamental y general de empresa, en los términos del considerando que antecede', por lo que evidentemente el motivo de inconformidad deviene infundado.- En tales condiciones apuntadas y al no ser el laudo reclamado violatorio de garantías, lo procedente es negar el amparo y Protección Constitucional solicitados".
El criterio sustentado en las anteriores resoluciones, sostenido también en los diversos juicios de amparo directo 262/92 promovido por Petróleos Mexicanos; 2450/93 promovido por Rosa Isela Salinas Torres; y en el amparo directo 7772/93 promovido por Fausto Martínez Alvarez, cuyas consideraciones no se transcriben por no obrar en autos copias certificadas de tales resoluciones, dio lugar a la siguiente tesis jurisprudencial:
"PETROLEROS. PRESUPUESTO PARA QUE PROSPEREN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CUANDO SE RECLAMA PREFERENCIA DE DERECHOS.- En los casos en que por existir en el contrato colectivo de trabajo la cláusula de exclusión por ingreso, un trabajador transitorio reclama el reconocimiento de su derecho preferente para ser propuesto por el sindicato a fin de que sea contratado por la parte patronal en la última plaza definitiva que quedó vacante después de efectuarse el movimiento escalafonario, si se prueba en el juicio laboral la existencia de la vacante, es el sindicato el que está obligado a proponer para la ocupación de la misma, al trabajador que habiendo cumplido con el requisito de procedibilidad exigido por la ley hubiera solicitado el otorgamiento de tal puesto, en tanto que la empresa queda obligada a aceptar esa proposición y contratar al demandante. Sin embargo, en estos casos no procede el pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios, toda vez que tratándose de preferencia de derechos una sanción de tal magnitud sólo puede prosperar cuando el sindicato, haciendo uso indebido de la cláusula de exclusión por ingreso, propone para ocupar la plaza reclamada a otro trabajador con menos derechos que el demandante, o cuando la empresa contrata a quien no le fue propuesto en perjuicio del reclamante, presupuestos que no se satisfacen cuando la plaza se encuentra desocupada".- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 262/92. Petróleos Mexicanos. 13 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: César Esquinca Muñoa. Secretaria: Lidia Beristáin Gómez.- Amparo directo 2540/93. Rosa Isela Salinas Torres. 19 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Ma. Teresa Negrete Pantoja.- Amparo directo 7772/93. Fausto Martínez Alvarez. 22 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: César Esquinca Muñoa. Secretario: Miguel Angel Rivas León.- Amparo directo 8122/93. Fausto Ortega Canales. 29 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: César Esquinca Muñoa. Secretario: Miguel Angel Rivas León.- Amparo directo 9872/93. Francisco Rafael Navarrete Reséndiz. 15 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Bonilla Solís. Secretario: Juan Antonio Avila Santacruz.
TERCERO.- Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 4337/95 promovido por la Delegación Número 9 de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, sostuvo:
"Tercero.- Son infundados en parte e insuficientes en otra los conceptos de violación.- Félix Carbajal Lomas en el juicio laboral número 913/90, demandó de Petróleos Mexicanos, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la Delegación Número Nueve de la Sección 40 y de Alberto o Adalberto Molina Gutiérrez, entre otras prestaciones, el reconocimiento y declaración del mejor y preferente derecho que posee para que se le otorgue con carácter de planta el puesto de obrero general T.G.D., originado con motivo de la jubilación de Francisco Molina González, o bien en la categoría, lugar o departamento donde fue contratado originalmente y en definitiva el codemandado físico; en escrito aclaratorio el actor dijo que la empresa ya rescindió el contrato del aludido codemandado físico, por lo que con tal motivo lo reclama.- Petróleos Mexicanos, al producir su contestación, reconoció que la plaza reclamada se le otorgó al codemandado físico, toda vez que la Delegación Número Nueve de la Sección Sindical número 40, lo propuso para ocupar la misma, por lo que sólo acató la cláusula de exclusividad que se encuentra estipulada en el pacto colectivo y que respecto a la aclaración dijo que era cierto que rescindió el contrato del codemandado físico y por eso está vacante la plaza, pero que este movimiento es distinto al reclamado originalmente por el actor, sin que a la fecha la sección sindical haya propuesto a otro trabajador. Entre otras excepciones y defensas, opuso la de improcedencia de la acción por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad a que se refiere el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo.- El sindicato demandado negó tener alguna responsabilidad en el juicio, pues observó que las secciones sindicales administran autónomamente la cláusula de exclusividad, por lo que en su caso corresponde a la Delegación Nueve de la Sección 40, la responsabilidad consiguiente, toda vez que la plaza reclamada se encuentra en la jurisdicción de la referida delegación sindical. Entre otras excepciones y defensas opuso la de improcedencia de la acción, por falta de la solicitud a que se refiere el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo.- La Delegación Número Nueve, la Sección Sindical 40 de la industria petrolera y el codemandado físico, cuyo nombre correcto es Adalberto Molina Gutiérrez, en su escrito contestatorio, opusieron entre otras excepciones y defensas la de falta de acción, apoyada en el hecho de que el actor no ha cubierto los requisitos de los artículos 154, 155 y 156 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que no ha hecho la solicitud de la plaza reclamada. En el apartado IV, opuso la excepción de plus petitio consistente que en el caso de que el actor acreditara su derecho preferente, la condena al pago de daños y perjuicios, consistente en los salarios dejados de percibir por el obrero, debe fincarse desde el momento en que se reconozca ese derecho de la actora, pues antes sólo tenía una expectativa de derecho.- En el laudo reclamado la Junta consideró que Félix Carbajal Lomas acreditó su acción de preferencia de derecho que ejercitó y como consecuencia, condenó a la Delegación Nueve de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a formular propuesta ante Petróleos Mexicanos en favor del reclamante para que ocupe con carácter de planta el puesto de categoría obrero general T.G.D. en las oficinas de la Agencia de Ventas en Petróleos Mexicanos ubicadas en Toluca, Estado de México, quien deberá además cubrir al actor los daños y perjuicios que se traducen en los salarios y prestaciones dejados de percibir a partir de que se generó la vacante y hasta que se cumpla con el laudo, para lo cual ordenó la apertura del incidente de liquidación.- Alega la quejosa que es ilegal la condena que le impuso la Junta en el laudo de pagar salarios dejados de percibir, no obstante que en los autos del juicio laboral 913/90 y en el acumulado 1006/90, se desprende que la plaza reclamada estuvo vacante y que la Delegación quejosa no propuso a ningún otro trabajador para ocuparla, puesto que así lo señaló Petróleos Mexicanos en sus contestaciones que dio en ambos juicios; que igualmente el actor en su aclaración de demanda, dijo que se reservaba el derecho de llamar como tercero interesado a la persona que se propusiera en la plaza reclamada, con la circunstancia de que no hubo tercero interesado, de ahí que se le debió absolver del pago de salarios caídos en cumplimiento de la jurisprudencia número 24 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que transcribe.- Es infundado el anterior concepto de violación de acuerdo con las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe tenerse presente que el pago de daños y perjuicios constituye una sanción por el incumplimiento de una obligación y que se definen como el menoscabo que sufre el patrimonio de la persona afectada por el referido incumplimiento y la ganancia lícita que se dejó de percibir por el mismo motivo.- En tal virtud, es evidente que en los juicios de preferencia de derechos, se causan daños y perjuicios al obrero por la falta de pago de sus salarios, con el hecho de que el sindicato titular del pacto colectivo, haga uso indebido de la cláusula de exclusividad, o por no haber realizado la proposición a favor de aquél, y no sólo en el primer caso, pues con independencia de que la plaza pretendida no esté siendo ocupada por otro trabajador, al accionante se le ocasionan los referidos daños y perjuicios, dado que también en este supuesto deja de percibir su estipendio.- Así las cosas y si bien es cierto que de autos se desprende que con posterioridad a la rescisión del contrato individual de Molina Gutiérrez, que fue el movimiento que originó la vacante reclamada por el actor conforme a su ampliación, no se otorgó a ningún otro trabajador la plaza, ello no es bastante para absolver del pago de salarios caídos, pues como ya se explicó, ello constituye la sanción que debe cubrir el sindicato por la omisión de proponer ante el patrón al actor laboral para ocupar en definitiva la plaza que demandó.- Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo número DT- 3707/93, promovido por Guillermo Manuel Martínez García el primero de junio de mil novecientos noventa y tres y en el amparo directo número DT-10697/93 promovido por Benedicto Juárez García, resuelto el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro.- Toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria es contradictorio con el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos datos de identificación ya se anotaron, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la contradicción existente entre ambos criterios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida cuál de ellos debe prevalecer.- En otro aspecto, deviene insuficiente en parte e infundado en otra el segundo concepto de violación, dado que por un lado el quejoso no precisa cuáles medios de prueba se dejaron de analizar en su perjuicio, no pudiendo este tribunal suplir esa deficiencia, por no ser el obrero el que acude al amparo, como lo previene el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.- Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en los precedentes que no constituyen jurisprudencia correspondientes a los años de 1969-1986, consultable en la página 80 y que es del tenor literal siguiente: `CONCEPTO DE VIOLACION NO FUNDADO.- Si el trabajador quejoso no precisa qué pruebas, de las que aportó, y qué alegato o alegatos, en particular, no tomó en cuenta la Junta responsable, y de cuyas pruebas y alegatos se desprende la ilegalidad del laudo reclamado, su concepto de violación no reúne las condiciones que la técnica jurídico-procesal señala para entrar a su estudio y, en consecuencia, siendo infundado el concepto de violación hecho valer procede negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal'.- Por otro lado, cabe decir que no es verdad que el agraviado hubiera ofrecido como prueba en el juicio laboral número 913/90 la fotocopia de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo número 8100/66/2a., promovido por Antonio Uribe Castillo y Juan Vicente Castellanos Uribe, a que hace alusión en los conceptos de violación y con la que dice acredita su excepción de plus petitio, ya que del escrito de ofrecimiento y admisión de pruebas de la Delegación Número Nueve de la Sección Cuarenta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que corre agregado a fojas 149 a 152 del expediente, se desprende que en el apartado IV, ofreció diversas ejecutorias a la citada, como puede constatarse de la siguiente transcripción: `IV. LA DOCUMENTAL, consistente en la copia simple de la ejecutoria dictada en el amparo 2994/69/2a. Q.S.T.P.R.M. tercero: Antonio Uribe Castillo. Esta resolución confirmó las anteriores resueltas en el mismo sentido y dictadas en los expedientes 9173/66/2a. Q. Carmen R., viuda de Ochoa y 9298/67/2a. Q. Rosendo Gutiérrez. La referida ejecutoria 2994/69/2a., se dictó por unanimidad de 5 votos de los CC. ministros: Lic. Angel Carbajal, Lic. María Cristina Salmorán de Tamayo, Lic. Manuel Yáñez Ruiz, Lic. Ramón Caneda Aldrete y Lic. Alberto Orozco Romero. Con esta ejecutoria la H. Suprema Corte fijó su criterio definitivo en el sentido de que los salarios caídos deberán empezar a contar a partir del momento en que se determine el derecho del actor pues antes de este acto, el demandante sólo tenía una expectativa de derecho y no un derecho en sí, según quedó establecido en la excepción de plus petitio, opuesta con el número IV del escrito de contestación a la demanda. En caso de objeción, se deberá cotejar este documento con su original que obra agregado al Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al finalizar el año de 1969'.- Respecto a que el laudo reclamado no hace referencia al expediente 1006/90, ni a las pruebas rendidas al mismo, cabe decir que ello es infundado, habida cuenta que la Junta en el acuerdo de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, visible en la página 76, ordenó dejar sin efecto lo actuado en el juicio 1006/90, por tratarse del mismo actor y reclamarse idénticas prestaciones, de ahí que no tuviera obligación legal de estudiar ese juicio.- En parte del tercer concepto de violación se argumenta que en todo caso el pago de los salarios caídos debe ser a partir de la notificación del laudo, y no se cumpla éste, pues antes de ello, el reclamante sólo tiene una expectativa de derecho, que se actualiza con la declaración que se hace en el laudo.- Es infundado lo antes expuesto, pues es inexacto que al entablarse los juicios sobre preferencia de derechos, elreclamante sólo tenga una expectativa de derecho, dado que éste se actualiza cuando el trabajador da cumplimiento con la solicitud a que se refiere el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo, pues a partir de entonces adquiere el derecho para ser propuesto por el organismo sindical. En ese tenor, si ante la negativa del sindicato para proponerlo, el trabajador presenta una demanda laboral, haciendo valer su preferente derecho para ocupar el puesto de que se trata y acredita haber presentado su solicitud, así como la existencia de la vacante definitiva que reclama, entonces, no es dable considerar, que ante la presentación de dicha demanda el trabajador sólo tuviera una expectativa de derecho, porque el derecho en sí mismo, ya existía desde que el propio trabajador cumplió con los requisitos de solicitud, independientemente de que dicho derecho sea reconocido hasta el laudo que se dicte en el juicio relativo.- Idéntico criterio sostuvo este tribunal, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo número DT-7927/93, promovido por Hugo Estrada Amezcua, resuelto el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, cuya tesis aparece publicada en la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 427.- En la parte final del último concepto de violación alega la Delegación de la sección sindical quejosa que es ilegal la parte del laudo en que la Junta consideró que la condena económica que se le impuso se debe cubrir con el salario que dijo el actor laboral, no obstante que el mismo no lo demostró rindiendo la prueba idónea correspondiente.- Es infundado el argumento que la Delegación Número Nueve de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, esgrime y que se resume en el párrafo anterior, habida cuenta que no puede considerarse contraria a derecho la decisión de la autoridad laboral responsable de establecer como salario base para el cálculo de la condena económica que se impuso al quejoso el afirmado por el trabajador, con independencia de que hubiera ofrecido o no pruebas al respecto toda vez que el agraviado deja de tomar en cuenta que en términos del artículo 734, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, siempre que en un juicio laboral se suscite controversia sobre el monto del salario percibido por el obrero, la carga de la prueba corresponde al patrón, consecuentemente debe desestimarse el motivo de inconformidad en el que se pretende que sea el obrero el que demuestre su salario.- Bajo las anteriores consideraciones, lo procedente es negar a la Delegación Número Nueve de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el amparo que pide".
El anterior criterio, respecto del cual también se citan como resoluciones que sostienen el mismo sentido las dictadas en los juicios de amparo directo 3707/93, promovido por Guillermo Manuel Martínez García, y 10697/93, promovido por Benedicto Juárez García, cuyas consideraciones no se transcriben por no obrar en autos copias certificadas de las mismas, dio lugar a la siguiente tesis:
"PREFERENCIA DE DERECHOS. DAÑOS Y PERJUICIOS, CUANDO SURGE LA OBLIGACION DEL SINDICATO DE PAGAR LOS.- Si se ejercita acción de preferencia de derechos, la responsabilidad sindical y el consiguiente pago de daños y perjuicios, surge, en los casos que existe contrato colectivo de trabajo que contenga cláusula de exclusión por ingreso, cuando el sindicato respectivo no hace uso debido de dicha cláusula, supuesto que se actualiza no solamente cuando un trabajador en particular es postergado en sus derechos por el ente sindical, proponiendo a otro trabajador diverso, con menos derechos, para ocupar un puesto vacante o uno de nueva creación, sino también cuando, existiendo una vacante y habiendo presentado previamente el trabajador la solicitud a que se refiere el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo, ante el órgano sindical correspondiente, para que sea tomado en cuenta al ocurrir la vacante, este órgano no formula proposición respectiva, causándole así un perjuicio al trabajador, al impedirle, con su omisión, ocupar la plaza de que se trate y gozar de los salarios inherentes a la misma".- SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.- DT-4337/95. Delegación Nueve, de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 30 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz.- SOSTIENEN EL MISMO CRITERIO: AMPARO DIRECTO 3707/93. Guillermo Manuel Martínez García. 1o. de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Lic. Antonio Hernández Meza.- DT-10697/93. Benedicto Juárez García. Relacionado con el DT-10707/93. Enero 25, 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Lic. Casimiro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3356-622905f3/preferencia-de-derechos-laborales-siendo-procedente-esta-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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