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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL, AL NO HABER FORMULADO ARGUMENTO ALGUNO AL RESPECTO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR QUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, EN TANTO QUE ÉSTE HIZO VALER OTRAS POSIBLES AFECTACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL, MÁXIME QUE NO HAY DETERMINACIÓN POR LA QUE SE HAYA REVOCADO TAL DECRETO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "(...) SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, CUMPLIENDO CO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2024. · Registro digital (IUS): 33606
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1197.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Judicial actor promovió controversia constitucional, en contra del Decreto mil ochocientos cincuenta publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 del Estado de Morelos, el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a **********.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 174/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra del Decreto mil ochocientos cincuenta, por el que se concede pensión por Jubilación a **********, publicado el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en representación del citado Poder, promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno de la misma entidad federativa.(1)

2. Acto reclamado. El Poder Judicial actor en su escrito de controversia constitucional demandó la invalidez del siguiente acto:

“El decreto número MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6306 de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024, (...)”

3. Conceptos de invalidez. En su demanda el Poder Judicial del Estado de Morelos en su único concepto de invalidez en síntesis expuso los siguientes argumentos:

Manifiesta que el Decreto impugnado vulnera en su perjuicio los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.

Ello, ya que con su emisión el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del Poder Judicial actor, al disponer directamente de sus recursos financieros, concediendo una pensión vitalicia a la C. **********, quien ha prestado sus servicios al citado Poder, y quien tiene la facultad de disponer de sus recursos financieros, sin que haya tenido intervención en la expedición del decreto impugnado, máxime que el legislativo de manera expresa determina que la pensión vitalicia será cubierta por el actor, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de pensiones en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

Sin embargo se pasa por alto que en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2024, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Corte, pues si bien en la partida de pensiones y jubilaciones, se otorgó la cantidad de $ ********** (**********), dicha cantidad apenas es suficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso, consistente en el pago de nómina a pensionados, jubilados y personal en retiro vigentes al mes de julio de 2023, de ahí que, no se tenga certeza que dicha cantidad sea suficiente para cubrir pensiones futuras.

Refiere que el Congreso vulnera en su perjuicio el artículo 49 de la Constitución Federal, que obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes de modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés; así como se vulnera lo previsto en el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Local, ya que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa; y también se vulnera lo contenido en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local.

El Decreto impugnado a través del cual el Congreso del Estado de Morelos, le concede una pensión por jubilación a **********, determina sea sufragada por el Poder Judicial con cargo al presupuesto autorizado sin verificar y/o proporcionar numerario alguno para cubrir dicha pensión lo que se traduce en una omisión que permite advertir una notoria afectación al Presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnera el principio de división de poderes, autonomía e independencia, más aún que conforme al Anexo 2, se precisó que se anexaban los cálculos de adeudos a personal jubilados por diferencia de pensiones en proporción al incremento del salario mínimo general desde abril 2015 a 2023, así como los cálculos de posibles jubilados en razón del número de años de servicio en el tribunal, que en caso de otorgarse y ser exigibles se deberían asignar los recurso adicionales correspondientes.

Así, no basta la presunción de que existe una partida destinada a pensiones, para estimar que ésta tiene fondos suficientes para cumplir con la nueva imposición, pues la pensión otorgada debe encontrarse garantizada por quien la expide.

Por otra parte, la Legislatura del Estado de Morelos, vulnera el principio de división de poderes y de autonomía de gestión señalado en el artículo 116 en correlación con el numeral 123, apartado b), ambos de la Constitución Federal, al determinar que realice el pago de la pensión por jubilación a **********, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención, incluso indicando en todos los casos, que el pago de las pensiones (aun las de invalidez) operan "una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones".

Sostiene que, al resolver la controversia constitucional 35/2000 promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el Tribunal Pleno consideró que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia, y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, por tanto, al ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible, carrera judicial e inmovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.

Manifiesta que se demuestra la existencia de la intromisión con lo señalado artículo 2° del Decreto impugnado, que establece que la pensión por jubilación deberá cubrirse al 100% del último salario, a partir del día siguiente en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo al presupuesto autorizado a éste, cuya orden implica una subordinación del Poder Judicial al Legislativo Estatal.

4. Acuerdo de radicación y turno. Por auto de diez de junio de veinticuatro,(2) la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el número de expediente 174/2024 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. Admisión. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro,(3) el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de la citada entidad, al tratarse de un órgano interno y subordinado al Poder Ejecutivo Local; ordenando su emplazamiento y requiriéndoles los antecedentes legislativos del Decreto, así como su publicación en el Periódico Oficial, respectivamente. Finalmente, dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de su Consejero Jurídico y representante legal, contestó la demanda en los términos siguientes:

• Manifiesta que el Poder Judicial se abstuvo de formular conceptos de invalidez en los que se combata el Decreto por vicios propios respecto de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que su impugnación resulta improcedente e infundada ya que dichos actos los llevó a cabo en el ejercicio de sus atribuciones, sin que de manera alguna invada el ámbito de facultades establecidas a favor del Poder actor.

• Por otra parte sostiene que el Poder Judicial del Estado de Morelos recibió una partida equivalente al 4.7% del total del gasto programable del presupuesto de egresos anual, por lo que está en condiciones de cubrir con el pago de las obligaciones derivadas de los Decretos de pensión, jubilación o viudez de sus ex servidores públicos, esto es, con dicho porcentaje fijo asignado está en posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos y venideros que deben prospectarse y programarse presupuestalmente.

Señala que mediante Decreto mil seiscientos veintiuno se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, donde de conformidad con el Anexo 2, se asignó al Poder Judicial de la entidad la cantidad de $********** (**********), para el pago de pensiones y jubilaciones.

Por tanto, considera que el Poder Judicial actor cuenta con el recurso suficiente para hacerse cargo del pago del Decreto de pensión impugnado, sin que sea dable que un ente diverso se sustituya en el cumplimiento frente a las personas jubiladas del Poder Judicial Local, pues en su caso, las dificultades que tuviere para hacer frente al pago sería atribuible sólo a una indebida planeación, presupuestación y ejercicio de su gasto.

• Causa de sobreseimiento. Finalmente sostiene que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuenta con el recurso para cumplir con el pago de pensión por jubilación en favor de la C. **********, ya que el monto respectivo está considerado dentro de la ampliación presupuestal que se otorgó al Poder actor el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro mediante transferencia interbancaria, la cual se realizó para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.

Por tanto, la presente controversia ha quedado sin materia, por lo que debe sobreseerse en términos de la fracción II, del artículo 20, en relación con el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política.

7. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Al dar contestación a la demanda el Poder Legislativo, por medio del Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Estado de Morelos, señaló lo siguiente:

• Improcedencia de la Controversia Constitucional. Señala que se actualizan las causales previstas en el artículo 19, fracciones V y VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad, por lo tanto, la actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional. Cita como aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS”

Por otra parte, menciona que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, por lo que con fundamento en la fracción II, del artículo 20, de la propia Ley, solicita el sobreseimiento.

• Conceptos de invalidez. Manifiesta que los trabajadores del Estado de Morelos tienen derecho a disfrutar de una pensión (por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte), que se otorga mediante Decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil. Conforme a dicho ordenamiento, corresponde al Congreso del Estado otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron su servicio al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.

Ahora bien, mediante Decreto quinientos setenta y nueve se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, en el que se previó en su artículo 18º las asignaciones para el Poder Judicial Local por la cantidad de $********** (**********), de los cuales, $********** (**********), son para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos tal y como se aprecia del Anexo 2 del presupuesto.

Por tanto, al otorgar recursos suficientes para el pago de la pensión concedida mediante el decreto impugnado en nada violenta la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución, ya que la partida fue suficiente para el pago de pensiones otorgadas.

8. Se tiene por contestada la demanda y se señala fecha para audiencia. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro,(4) el Ministro Instructor tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos dando contestación a la demanda de controversia constitucional y se señaló fecha para audiencia a través del sistema de videoconferencias.

9. Referencia a la opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento.

10. Cierre de Instrucción. El doce de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por cerrada la instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

11. Radicación en la Primera Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de once de abril de dos mil veinticinco se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Mediante acuerdo de veintitrés de abril del presente año, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto devolviendo los autos a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h),(5) de la Constitución General de la República y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(6) en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción I, a contrario sensu del Acuerdo General 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de ese mismo mes y año; por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

13. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el Poder Judicial actor.

14. En la demanda de controversia constitucional, se señala como acto reclamado el siguiente:

“El decreto número MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6306 de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuenta con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024 (...)”

15. Del análisis que se realiza al expediente, en particular del único concepto de invalidez que hace valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, se aprecia que de lo que se duele es que se le haya ordenado otorgar una pensión por jubilación a una personas con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local sin haberse cerciorado de que efectivamente se cuente con los recursos económicos necesarios para ello, determinación que se encuentra prevista en el artículo 2º del citado Decreto,(8) por lo que únicamente se tiene como impugnado dicho precepto.

III. OPORTUNIDAD

16. Conforme al artículo 21, fracciones I y II,(9) de la Ley Reglamentaria, el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días, atendiendo al tipo de materia impugnada. En términos del precepto en cita, tratándose de la oportunidad para la impugnación de actos, existen tres supuestos, dentro del plazo de treinta días contados a partir: a) del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, y c) del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

17. En el presente caso se actualiza la hipótesis referida en el inciso a), pues el Poder Judicial Local actor impugna el Decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, por lo que a partir del día en que fue publicado en el Periódico oficial de la entidad, esto es, el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del nueve de mayo al diecinueve de junio de dos mil veinticuatro; ello, con exclusión de los días sábados y domingos por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal del Trabajo. 18. Por tanto, toda vez que la demanda fue presentada ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de junio de dos mil veinticuatro,(10) se estima que la controversia constitucional es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. De conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo(11) de la Ley Reglamentaria, tendrá el carácter de actor la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que en términos de la norma que lo rige esté facultado para representarlo.

20. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, personalidad que le fue reconocida en el auto de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro. Para acreditar lo anterior, acompañó al escrito de demanda copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del Pleno Público Solemne de ese órgano jurisdiccional celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós,(12) en el que se eligió al servidor público como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.(13)

21. Por su parte el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(14) establece que corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad representar al Poder ante los otros poderes y en su nombre. En consecuencia, ********** quien suscribió la demanda, cuenta con las facultades necesarias para representar al Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que el actor cuenta con la legitimación necesaria en la presente controversia constitucional.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

22. Por acuerdo de admisión de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, quienes acreditan su legitimación conforme a lo siguiente:

a) Poder Ejecutivo Estatal. Es representado por Santiago Núñez Flores, Consejero Jurídico y representante legal de dicho Poder, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro y cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 36, fracciones I a III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos,(15) en relación con el numeral 74 de la Constitución Política,(16) así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

b) Poder Legislativo Estatal. Es representado por el Diputado **********, Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien acredita su personalidad con copia certificada del acta de sesión ordinaria de Pleno de uno de septiembre de dos mil veintitrés, y quien cuenta con facultades para actuar como tal de conformidad con lo previsto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(17)

23. En consecuencia, se concluye que tienen legitimación para comparecer en el presente juicio en representación de los poderes demandados.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

24. Antes de entrar al estudio de fondo es necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio advierta esta Suprema Corte.

25. Al respecto, es conveniente señalar que las causales formuladas en el asunto que nos ocupa, tanto por el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, fueron planteadas en los mismos términos que en las controversias constitucionales 178/2024;(18) 123/2024, 146/2024 y 160/2024;(19) y 182/2024,(20) resueltas por esta Primera Sala conforme a lo siguiente:

VI.1. Falta de interés legítimo.

26. El Poder Legislativo Local alega que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Federal porque considera que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial Local y que por ello carece de interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.

27. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una persona pensionada es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este apartado.(21)

VI.2. Cesación de efectos.

28. La segunda causal de improcedencia invocada por el Poder Legislativo es la cesación de efectos. No obstante, no formuló argumento alguno ni indicó de ninguna manera cómo o por qué habían cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se declara infundado su argumento sin necesidad de mayor análisis.

29. Por su parte, el Poder Ejecutivo sostuvo que el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, se realizó una transferencia en cantidad de $********** (**********) por concepto de ampliación presupuestal para el Poder Judicial Local, monto dentro del cual está considerada la cantidad de $********** (**********) para cubrir la pensión de **********, por lo que a su consideración la controversia debe sobreseerse en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(22)

30. Este argumento también es infundado. El acto reclamado en esta controversia constitucional es el Decreto Mil ochocientos cincuenta y no encontramos ninguna determinación con la que las autoridades demandadas hayan revocado este Decreto. Si bien el Poder actor hizo referencia a la falta de provisión de fondos para cubrirlo, su reclamo de inconstitucionalidad es por la determinación del Poder Legislativo de disponer de su presupuesto; en otras palabras, lo que se demanda es la invalidez del acto de otorgar una pensión con cargo a su presupuesto en sí mismo considerada, por lo que la provisión adicional de fondos (sean o no con destino específico a cubrir las obligaciones impuestas por el Decreto) no es suficiente para sobreseer la controversia por cesación de efectos. Además, la ampliación presupuestal referida por el Ejecutivo solo atiende al monto que se necesita cubrir en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, mientras que el Decreto impugnado tiene una proyección temporal que también abarca ejercicios fiscales subsecuentes.

VI.3. La promulgación y publicación no se impugnaron por vicios propios.

31. El Poder Ejecutivo Estatal, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no les atribuye algún vicio de forma directa a los actos que se le atribuyen, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan la promulgación, refrendo y publicación del decreto impugnado por vicios propios.

32. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que las autoridades mencionadas forman parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(23)

33. Así, al haberse desestimado las causales planteadas por los Poderes demandados y no advertirse de oficio la actualización de alguna diversa, lo conducente es analizar los planteamientos del promovente encaminados a controvertir la validez del Decreto impugnado.

VII. ESTUDIO DE FONDO

34. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez del Decreto mil ochocientos cincuenta, por el que se concede la pensión por jubilación a **********, cuya impugnación se centra en el artículo 2 del citado Decreto, en el cual se ordena al Poder Judicial actor a que cubra la pensión con cargo a su presupuesto, argumentando que el Congreso local no se cercioró de que cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo cual vulnera su autonomía e independencia en la vertiente presupuestaria.

35. Adelantando nuestra conclusión, se estima que los planteamientos de invalidez desarrollados por el Poder actor son fundados. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras, la 125/2024;(24) 121/2024, 144/2024, 164/2024, 178/2024;(25) 123/2024, 146/2024, 160/2024(26) y 182/2024.(27)

36. En dichos precedentes se estableció el parámetro de regularidad constitucional para analizar los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos que han tenido como finalidad ordenar al Poder Judicial de dicho estado el pago de pensiones con cargo a su presupuesto público.

37. Al respecto se precisó que el principio de división de poderes dentro de las entidades federativas está previsto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Federal(28) conforme al cual el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legislativo y judicial, sin que puedan reunirse dos o más en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

38. Se destacó que el Tribunal Pleno ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda produc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33606-fa780238/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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