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Modo: Corpus Pro

SALARIO. INCREMENTOS EXTRALEGALES EN EL, CARGA DE LA PRUEBA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 557/95. · Registro digital (IUS): 3368
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JULIO GUADARRAMA GONZALEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, , Pág. 451.

AMPARO EN REVISION 557/95. JULIO GUADARRAMA GONZALEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Los agravios que se hacen valer son infundados en una parte y fundados en otra.

Alega el recurrente que el juez a quo procedió ilegalmente al estimar que la autoridad responsable actuó correctamente al no incluir en el salario que dijo debe servir de base para la cuantificación de la pensión por incapacidad parcial permanente a que condenó al Instituto demandado, las prestaciones accesorias previstas en los artículos 6, 7 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo aplicable en el Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en el aguinaldo mensual, en el fondo de ahorro y en el aguinaldo anual, porque estima que aun cuando la autoridad responsable no condenó al demandado en forma expresa al pago de esas prestaciones, que las mismas sí deben integrarse al salario que debe servir de base para la cuantificación de la pensión por riesgo de trabajo a que fue condenado el aquí tercero perjudicado, por tratarse de prestaciones accesorias que deben seguir la misma suerte de la acción principal y además, porque considera que pasó por alto que de la cédula de identificación de datos del trabajador para efectos de jubilación o pensión que tomó en consideración la autoridad responsable para determinar el salario base de la condena se advierte que el aludido salario debe integrarse, entre otras prestaciones con el aguinaldo.

El agravio que se hace valer es infundado, toda vez que este Tribunal Colegiado estima que el juez de primer grado procedió conforme a derecho al considerar que la Junta responsable actuó legalmente al no incluir en el salario que tomó en consideración para cuantificar el importe de la pensión por incapacidad parcial permanente de carácter profesional, correspondiente al impetrante de garantías, las prestaciones consistentes en el aguinaldo mensual, fondo de ahorro y aguinaldo anual, previstas en los artículos 6, 7 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, habida cuenta de que del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se dictó el fallo recurrido, entre las que se encuentra el juicio laboral 2721/90, en el que se emitió la resolución incidental que constituye el acto reclamado, se pone de manifiesto que no existe condena alguna en contra del Instituto demandado respecto al pago de las aludidas prestaciones (aguinaldo mensual, fondo de ahorro y aguinaldo anual), por no haberlas demandado el actor, así como también que la autoridad responsable al dictar el laudo de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, respecto al cual se promovió el incidente de liquidación que dio origen al acto reclamado, no ordenó que se integraran las prestaciones en cuestión, al salario que debe servir de base para determinar el monto de la pensión por riesgo de trabajo a que fue condenado el Instituto demandado; en consecuencia, debe concluirse que el juez de Distrito procedió conforme a derecho al estimar que las prestaciones consistentes en el aguinaldo mensual, fondo de ahorro y aguinaldo anual, no deben integrarse al salario que debe servir de base para cuantificar el importe de la pensión por riesgo de trabajo y por ende, que lo alegado al respecto por el recurrente en el agravio en estudio es infundado. Tiene aplicación al respecto, la tesis jurisprudencial número 16, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 37 de la Gaceta número 54, correspondiente al mes de junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. SUS ALCANCES LOS DETERMINA EL LAUDO.- El incidente de liquidación tiene como único fin el de cuantificar la condena establecida en el laudo; esto es, que no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no hay condena expresa."

Sólo a manera de aclaración debe decirse, por una parte, que el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (foja 45), el que establece cuáles son los conceptos que integran el salario base para la cuantificación de las pensiones o jubilaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga a sus trabajadores, no incluye el concepto de fondo de ahorro como parte integrante de dicho salario; y por la otra, porque si bien es cierto que el precepto antes referido sí menciona al aguinaldo como parte integrante del salario base para determinar el monto de las referidas prestaciones, sin embargo, también resulta verídico que el juez federal que dictó la sentencia impugnada no causó al recurrente agravio alguno al no incluir el aguinaldo al salario base para la cuantificación de la condena decretada en contra del Instituto demandado (N$1,443.34), el que obtuvo de la cédula de información de datos del trabajador para efectos de jubilación o pensión expedida a nombre del aquí recurrente (foja 62), puesto que según se advierte de la mencionada cédula, la que obra agregada a foja sesenta y dos del juicio laboral 2721/90 que remitió la autoridad responsable anexo a su informe con justificación, el salario que tomó en cuenta la Junta responsable para determinar el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente de carácter profesional correspondiente al actor, se integró, con las prestaciones que establece el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, entre las que se encuentra el aguinaldo.

Tampoco asiste razón al quejoso recurrente al argüir que es incorrecta la determinación vertida por el juez de Distrito, al estimar que estaba imposibilitado para estudiar la legalidad o ilegalidad de la omisión en que dice incurrió la autoridad responsable al no haber incluido, al cuantificar la condena, el importe de los incrementos a que hizo referencia en su planilla de liquidación y a que fue condenado el Instituto demandado, en términos del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, por no encontrarse agregada a los autos del juicio laboral en el que se dictó la resolución incidental que constituye el acto reclamado, la planilla de liquidación en la que dice el actor realizó la cuantificación de los referidos incrementos; porque considera el recurrente que el a quo pasó por alto que la planilla de liquidación de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro se encuentra anexa al escrito por medio del cual promovió el incidente de liquidación, lo que pone de relieve que el juez federal no realizó un análisis pormenorizado e integral de las constancias que integran el juicio laboral en el que se dictó el acto reclamado.

Se dice que es infundado el agravio en estudio, en virtud a que este Tribunal Colegiado estima que el juez a quo procedió conforme a derecho al considerar que no obra en autos la planilla de liquidación de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a que hizo alusión el quejoso tanto en sus conceptos de violación como en el agravio cuyo estudio ahora nos ocupa, toda vez que del análisis minucioso de las constancias que conforman el juicio laboral en el que se dictó la resolución incidental que constituye el acto reclamado, el que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte, como con acierto lo estimó el juez de amparo al dictar la sentencia que se revisa, que no se encuentra agregada a dicho juicio laboral la planilla de liquidación de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; de ahí que deba concluirse que lo alegado por el inconforme en el agravio en estudio es infundado.

Por otro lado, se duele el recurrente de la consideración vertida por el a quo, en el sentido de que la autoridad responsable actuó legalmente al no incluir, al momento de cuantificar el importe de la pensión por riesgo de trabajo que demandó el trabajador quejoso, los incrementos a que fue condenado el aquí tercero perjudicado, en términos del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, porque estima que el a quo pasó por alto que la responsable se encontraba obligada a incluir, al cuantificar el monto de la condena, los incrementos a que hizo referencia en su planilla de liquidación, por no haber controvertido el patrón el monto ni la existencia de los incrementos que dijo se dieron con motivo de la revisión anual del contrato colectivo de trabajo y además, por no haber demostrado el patrón el monto de tales incrementos.

Son infundadas las anteriores alegaciones, en razón a que, si bien es cierto que de las constancias existentes en autos se advierte que la Junta responsable condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al pacto colectivo de trabajo, a cubrir al actor los incrementos que se otorguen a los pensionados o jubilados conforme al referido artículo, así como también que el juez de primer grado estimó que la autoridad responsable no causó ningún perjuicio al peticionario de garantías al no cuantificar en el acto reclamado el importe de los incrementos a que fue condenado el aquí tercero perjudicado, sin embargo también resulta verídico que lo considerado por el juez de amparo a ese respecto se encuentra ajustado a derecho, puesto que no se encuentra agregada a los autos del juicio laboral antes referido, como se dijo con antelación, la planilla de liquidación en la que dice el recurrente precisó el monto y la cuantificación de los incrementos salariales que se produjeron por virtud de la revisión del contrato colectivo de trabajo y además, porque el trabajador no acreditó durante la tramitación del incidente de liquidación, la existencia y el monto de los incrementos salariales que dijo se otorgaron a los trabajadores del Instituto demandado por virtud de la revisión anual del contrato colectivo de trabajo, lo que le correspondía hacer por tratarse de incrementos de carácter extralegal; luego entonces, debe concluirse que la determinación adoptada por el a quo respecto a la falta de cuantificación de los incrementos salariales por parte de la autoridad responsable, es legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 955 del Tomo XII, de la Octava Epoca, correspondiente al mes de diciembre de 1993, que reza: "SALARIO, INCREMENTOS EXTRALEGALES EN EL, CARGA DE LA PRUEBA.- Tratándose de incrementos salariales extralegales, quien alega que se otorgaron, debe acreditarlos, si su contraparte los niega, y si no lo hace así, es correcto que no se tomen en cuenta en la cuantificación correspondiente."

No es óbice para llegar a la anterior determinación, lo expresado por el recurrente en el sentido de que el juez de amparo que dictó la sentencia recurrida, omitió el análisis y la valoración de la prueba documental que ofreció en el apartado cuarto de la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías de donde deriva el presente recurso, consistente en las portadas del periódico denominado "Seguridad Social", con las que considera se demuestra la existencia de los incrementos a las pensiones, así como las fechas y el porcentaje de éstos; en razón a que conforme a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías no se deben de tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable con la finalidad de comprobar hechos que fueron objeto del fallo combatido y que las partes estuvieron en aptitud de ofrecer con toda oportunidad ante la propia responsable, puesto que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca acreditado ante dicha autoridad; en consecuencia, debe estimarse que el a quo no irrogó al peticionario de garantías agravio alguno al no avocarse al estudio y valoración del medio de convicción antes referido. Resulta aplicable al respecto, la tesis relacionada con la jurisprudencia número 1779, visible en la página 2873, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1988, que reza: "SENTENCIA DE AMPARO, LEGALIDAD DE LA. NO REQUIERE DEL ANALISIS EXPRESO DE TODAS LAS PRUEBAS DE AUTOS. SOLO DEBEN ESTUDIARSE LAS RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y LA CONSTITUCIONALIDAD DEL MISMO.- El juzgador, conforme al segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, al sentenciar sólo debe tomar en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo que no agravia a los recurrentes el hecho de que no se haga alusión ni razonamiento alguno, en la sentencia, de todas y cada una de las pruebas que ofrecieron, si las mismas no estaban relacionadas con la existencia del acto reclamado, ni tampoco con su constitucionalidad."Es fundado el agravio que hace valer el recurrente en el sentido de que el juez a quo actuó ilegalmente al declarar infundado el concepto de violación en el que alegó que la Junta responsable procedió incorrectamente al cuantificar la condena decretada en contra del demandado, respecto a la devolución de los descuentos indebidos que por concepto de ajuste le realizó al actor, únicamente por lo que hace al período comprendido del primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve al primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por considerar el a quo que al haber absuelto la responsable al aquí tercero perjudicado de la devolución de cobros indebidos por concepto de impuesto sobre productos del trabajo, fondo de jubilaciones y pensiones y cuota sindical, no tenía por qué haber cuantificado tal prestación (devolución de cobros indebidos).

Se afirma lo anterior, en razón a que este Tribunal Colegiado estima que el juez de Distrito procedió ilegalmente al declarar infundado el concepto de violación que hizo valer el aquí recurrente en contra de la cuantificación de la condena decretada en contra del demandado respecto a la devolución de las cantidades que por concepto de ajuste le descontó el patrón, por lo que hace exclusivamente al período comprendido del primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve al primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno, toda vez que aun cuando la Junta responsable en el laudo de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, absolvió al demandado de la prestación que reclamó el actor en el inciso f) de su demanda laboral, consistente en la devolución de las cantidades que le descontó el patrón por concepto de impuesto sobre productos del trabajo, fondo de jubilaciones y pensiones y cuota sindical, ello no es motivo suficiente, contrariamente a lo considerado por el juez de primer grado, para declarar infundado el anterior concepto de violación, habida cuenta de que, por una parte, la autoridad responsable al dictar el laudo antes referido condenó al aquí tercero perjudicado a la devolución de la prestación en cuestión (devolución de descuentos por concepto de ajuste) a partir del primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y por la otra, porque contrariamente a lo considerado por el juez federal, la absolución decretada por la responsable respecto al pago de la prestación que reclamó el impetrante de garantías en el inciso f) de su demanda laboral, no la exoneraba de la obligación de cuantificar la condena decretada respecto a la devolución de los descuentos realizados al quejoso por concepto de ajuste, a partir del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y hasta la fecha en que emitió la resolución incidental que constituye el acto reclamado, la que se dictó el día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco y no únicamente hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Asimismo, es fundado el agravio en el que aduce el recurrente, que el juez a quo al dictar la sentencia recurrida, omitió analizar lo que alegó en su primer concepto de violación, en el sentido de que la Junta responsable al resolver el incidente de liquidación que promovió, no efectuó la cuantificación de la condena decretada en contra del Instituto demandado respecto al pago de la pensión por incapacidad parcial permanente por riesgo de trabajo, a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno y hasta el día en que se dictó la resolución incidental que constituye el acto reclamado.

Esto es así en atención a que de las constancias que integran el juicio de garantías del que deriva el presente recurso de revisión se advierte, como lo alega el quejoso recurrente, que el juez de Distrito al dictar la sentencia combatida omitió efectuar consideración alguna respecto a lo que adujo el quejoso en su primer concepto de violación, en el sentido de que la Junta responsable no cuantificó la condena decretada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto al pago de la pensión por riesgo de trabajo a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno y hasta el día en que se dicte la resolución incidental de liquidación; de ahí que deba concluirse que el agravio en estudio es fundado.

En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado, atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I de la Ley de Amparo, se avoca al análisis del primer concepto de violación, en lo relativo a la abstención en que incurrió la autoridad responsable en relación a la cuantificación de la condena al pago de la pensión por riesgo de trabajo decretada en contra del demandado, a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno, que es la parte de la que no se ocupó el a quo al analizar el aludido concepto de violación, el que resulta fundado.

En efecto, asiste razón al peticionario de garantías al expresar que el acto reclamado es incongruente y por tanto, infractor del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, por no haber cuantificado la autoridad responsable al emitir éste, la condena decretada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto al otorgamiento y pago de la pensión por riesgo de trabajo a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Es fundado lo anterior, en atención a que del laudo de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, el que obra agregado a fojas de la ciento sesenta a la ciento sesenta y tres del juicio laboral 2721/90, el que se encuentra glosado al juicio de garantías promovido por el aquí recurrente, se evidencia que la autoridad responsable condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, al otorgamiento y pago de la pensión por riesgo de trabajo a partir del día dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en tanto que del análisis del acto reclamado se pone de manifiesto que la Junta responsable al dictar éste, sólo se limitó a determinar el importe mensual de la aludida pensión, el que dijo era de mil trescientos noventa y nueve pesos, ochenta centavos, sin realizar la cuantificación de la condena en cuestión (pago de pensión por riesgo de trabajo) a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno y hasta el día que dicte la resolución incidental correspondiente; en consecuencia, al haber omitido la autoridad responsable cuantificar la condena decretada en contra del demandado respecto al pago de la pensión por riesgo de trabajo, debe concluirse que el acto reclamado es incongruente y por tanto, violatorio del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Sólo a manera de aclaración, debe decirse que no es dable analizar las demás alegaciones que vierte el quejoso en el primer concepto de violación, en razón a que el juez de Distrito se ocupó de ellas al dictar la sentencia recurrida.

Las consideraciones que anteceden permiten concluir que lo procedente en el caso es modificar la sentencia recurrida en lo relativo a los efectos de la Protección Constitucional otorgada al quejoso, para quedar en los siguientes términos:

La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio Guadarrama González, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la resolución incidental que constituye la condena decretada en contra del demandado respecto al pago de cincuenta días de salario por cada año de servicios prestados sin extraerle el 30%, cuantifique la pensión por riesgo de trabajo correspondiente al actor así como la condena al pago de la cantidad que le fue descontada al actor por concepto de ajuste, a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno, y hasta que emita la resolución incidental correspondiente, debiendo reiterar las demás cuestiones que no son materia de la concesión constitucional.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77, 78, 80, 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Queda intocado el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, por no haber sido materia del presente recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se modifica el fallo recurrido; en consecuencia,

TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JULIO GUADARRAMA GONZALEZ, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, el que hizo consistir en la resolución incidental de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el juicio laboral 2721/90, promovido por el aquí quejoso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El amparo se concede para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, archívese el expediente.

ASI, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los magistrados: Martín Borrego Martínez, José Manuel Hernández Saldaña y el licenciado Antonio Hernández Meza, secretario de este tribunal, quien fue designado para suplir a la magistrada Ma. Yolanda Múgica García (ausente por licencia), por acuerdo tomado por el tribunal con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3368-2d1655c5/salario-incrementos-extralegales-en-el-carga-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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