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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI TIENE ESE CARÁCTER CUANDO REALIZA EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 151/2023. · Registro digital (IUS): 33723
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-11-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.391.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 151/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día doce de junio de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficios 49/2023 y 53/2023, de veinte y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigidos al otrora Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, hoy Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, el magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, remitió la denuncia de la posible contradicción de criterios, entre ese Tribunal Colegiado y el Cuarto Tribunal Colegiado en ese mismo circuito y entidad, al resolver los amparos en revisión 291/2022 -del índice del primero de ellos-, 406/2021 y 194/2022 -de la estadística del segundo de los nombrados-, a efecto de determinar si la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en su calidad de suministrador del servicio de agua potable, es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando realiza el corte o suspensión del suministro.

2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, la Presidencia de este Pleno Regional radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 151/2023; se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. Por otra parte, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “DETERMINAR SI LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, EN SU CALIDAD DE SUMINISTRADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO”.

4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

5. TERCERO Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de cuatro y doce de mayo de dos mil veintitrés.

6. De igual forma, por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

7. CUARTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de diez de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)

8. QUINTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. Posteriormente, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio”; por lo que, conforme a su artículo 1º, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cambió de denominación para convertirse en Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.

9. Returno. Como consecuencia de los cambios en la denominación, competencia e integración de este Pleno Regional, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se returnó el presente asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, en el mismo auto se confirmó dicho turno.

10. SEXTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre del mismo año, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

11. SÉPTIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta de septiembre del año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

12. Returno. En proveído de cuatro de noviembre antes referido, se turnó el presente asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.

13. OCTAVO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de veintidós enero de dos mil veinticinco el Pleno de dicho Consejo comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba su homóloga Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

14. NOVENO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/1576/2025 mediante el cual el Secretario Técnico encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en la plaza que ocupaba su homóloga Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de esta anualidad, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados José Patricio González Loyola Pérez y Marco Antonio Rodríguez Barajas.

15. DÉCIMO. Aplazamiento. La presente contradicción de criterios fue listada por primera vez el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, para ser vista en sesión de veintisiete siguiente. En esa data los magistrados acordaron aplazar el asunto para verse en sesión posterior.

16. DÉCIMO PRIMERO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

CONSIDERANDO:

17. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

18. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados pertenecientes al Decimoquinto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)

20. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

21. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.

22. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(8)

Ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión la 291/2022.

23. Juicio de amparo indirecto. La persona moral **********, por conducto de su apoderada promovió juicio de amparo indirecto contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos, Subdirector Comercial de dicha Comisión y Jefe de Zona Comercial III de la Comisión de referencia, todos de Mexicali y en el doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, de quienes reclamó:

“a).- Orden y ejecución de los actos consistentes en el retiro del medidor de agua, así como, el corte total del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado sanitario que ha sufrido la quejosa respecto de la cuenta de servicio número **********, el cual se ejecutó de manera furtiva el día 07 de julio de 2021 cerca de las 21:00 horas (de noche) dentro de las instalaciones que ocupa la sociedad que represento ubicadas en **********, también conocido como Zona Industrial, en esta ciudad de Mexicali, Baja California.

Lo anterior, no obstante estar al corriente en el pago de servicio de agua potable como lo acredito con el recibo de pago correspondiente que acompaño como prueba al presente escrito de demanda. La conducta antijurídica desplegada por las responsables trae como consecuencia, la privación en perjuicio de la sociedad quejosa y de las personas que en ella laboran, de gozar del derecho fundamental de acceso y uso de agua potable que protege el artículo 4 de la Ley Suprema.

b).- La ausencia total de notificación, motivación y fundamentación del acto de autoridad señalado en el inciso a) precedente, contravienen en perjuicio de la moral quejosa lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y las interpretaciones que sobre el particular ha realizado el Máximo Tribunal del país, vulnerando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, el acto de molestia dirigido a la sociedad que represento, se realizó sin previo aviso, ni notificación, que permita conocer la causas del actuar de la autoridad, impidiendo que la quejosa pudiera ser oída (garantía de audiencia) o plantear una defensa oportuna con el propósito de evitar la afectación en su esfera jurídica, aunado a la omisión de permitir a la quejosa que se imponga de la información relacionada con el caso particular y alegar en consecuencia, a lo cual, están obligadas las autoridades administrativas del Estado en cumplimiento a los artículos 4, fracciones V, VIII y X, de la LEY DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, que es de aplicación supletoria a la LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

c).- La invasión de esfera competencial en que incurren las autoridades responsables al emitir los actos reclamados en directa violación a lo dispuesto en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que corresponde a los municipios las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, Por lo que es la autoridad municipal quien se encuentra facultada para la emisión y ejecución de los actos de autoridad relacionados con el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, y no la autoridad estatal.”

24. En ampliación de demanda, reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California, como nuevos actos:

“a) La emisión, ejecución y falta de notificación del “requerimiento de pago” con número de oficio ROMMX-846 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el cual contenía un presupuesto por concepto de derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario por la cantidad de doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos con veintiún centavos, así como su falta de fundamentación y motivación atribuibles a las citadas autoridades responsables.

b) La inconstitucionalidad del artículo 9, sección I, inciso D), numeral 6 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021 por violación a los principios de irretroactividad y equidad tributaria contenidos en los artículos 14 y 31, fracción IV.”

25. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien la registró bajo el número 733/2022, la admitió y mediante escrito la parte quejosa amplió su demanda por diversas autoridades y actos reclamados.

26. Seguido el juicio por sus demás trámites, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y por sentencia engrosada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós la juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo.

27. Interposición del recurso de revisión. Inconforme la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede Mexicali, Baja California. La presidencia de ese órgano jurisdiccional lo admitió a trámite y ordenó su registro como amparo en revisión administrativo 291/2022.

28. En sesión de doce de enero de dos mil veintitrés, el órgano colegiado determinó dejar en lista el proyecto presentado, para de conformidad con el artículo 64, segundo párrafo de la Ley de Amparo, dar vista a la parte quejosa por tratarse de un asunto en que se actualiza una causal de improcedencia, lo que aconteció mediante proveído de trece del mes y año en cita.

29. Posteriormente en sesión pública ordinaria de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, los magistrados integrantes de ese tribunal determinaron declarar firme el sobreseimiento; en la materia de la revisión confirmar la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en el juicio de amparo 736/2022; y sobreseer en el juicio de amparo sujeto a revisión.

30. El Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, consideró: • Que ante la falta de impugnación de la parte a quien pudiera perjudicarle, quedó firme el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resolutivo primero y considerando cuarto que rige de la sentencia impugnada.

• Procedió al análisis del agravio contra el sobreseimiento respecto al presupuesto de adeudo de agua, en el que la recurrente argumentó que la jueza de amparo realizó una inexacta aplicación de los artículos 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción I, 6, 74, fracciones I, II, III y IV, 75 de la Ley de Amparo, al haber valorado el oficio que contenía un presupuesto por concepto de derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario como un documento informativo, motivo por el cual la jueza consideró que no le causaba afectación y por ello carecía de interés jurídico; porque dicho documento no era meramente informativo, sino tenía la naturaleza de requerimiento de pago, por ello, el corte de suministro de agua que sufrió fue una sanción impuesta como consecuencia de no pagar las cantidades descritas en dicho oficio, tal y como consta en la confesión hecha por la responsable en su informe justificado; por consiguiente, el citado oficio afecta sus derechos fundamentales de debido proceso legal, debida fundamentación y motivación del acto de autoridad e incluso vulnera el sistema competencial de los municipios, a quienes corresponde la prestación del servicio de agua potable, por lo que, pidió que declare fundado su argumento y proceda al estudio de los conceptos de violación.

• El tribunal consideró que dicho argumento era infundado porque el presupuesto por concepto de derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario no afecta su interés jurídico, porque el oficio de referencia sólo constituye un documento informativo, como lo consideró la jueza federal, al no contener un requerimiento de pago que afecte la esfera jurídica de su representada, esto es, que la mera existencia del oficio no genera la posibilidad de controvertir su constitucionalidad, sino que es necesaria la existencia de una afectación a un derecho subjetivo o difuso (sea de incidencia personal o colectiva) del quejoso que solicite el amparo, para que pueda acudir a dicho juicio tal y como se desprende de una interpretación sistemática de las fracciones I y II del artículo 107 constitucional.

• En caso contrario, se actualizará la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico o legítimo; es decir, la noción de interés jurídico y legítimo se encuentra vinculada con el concepto de parte agraviada, porque el quejoso debe demostrar que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales; asimismo, que el acto de autoridad debe consistir en un acto unilateral emitido en un plano de supra a subordinación, a través del cual se cree, modifique o extingue una situación jurídica que afecte la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.

• Que de su lectura se infiere que es un acto declarativo a través del cual la autoridad le presenta una propuesta de pago a la quejosa que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto, la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades como autoridad fiscal, en consecuencia, emita un requerimiento de pago dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el cual sí podrá incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo.

• Caso distinto, es el ejercicio de la facultad económico-coactiva, en términos del artículo 17 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, en el que la responsable funge como autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, por la existencia de un acto materialmente administrativo en el que no tiene intervención de particular, situación que no ocurre en el presente caso; también, el citado oficio carece de un apercibimiento para requerir algún pago o suspender el suministro domiciliario de agua potable, contrario a lo alegado por la recurrente, sólo contiene una cantidad relativa a un presupuesto por derechos de conexión.

• Por otra parte, respecto a la presunta violación del ámbito competencial de los municipios, el argumento resulta inoperante por novedoso, porque no lo invocó ante la jueza federal ni fue materia de la sentencia impugnada; por tanto en el caso, ante la inexistencia de un requerimiento de pago o un apercibimiento de hacer efectivo el procedimiento administrativo de ejecución por el incumplimiento en el pago de la cantidad contenida en el oficio que la recurrente señaló como acto reclamado en su ampliación de demanda y como la responsable sólo se limitó a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado, resulta procedente declarar infundado el agravio de la quejosa.

• Que del análisis de oficio de la causa de improcedencia respecto a la inconstitucionalidad del artículo 9, sección I, inciso D), numeral 6 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021, se desprende que el quejoso amplió su demanda de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de esa norma general, con motivo de su primer acto de aplicación, que hizo consistir en el oficio de mérito; sin embargo, el juez de distrito no examinó ese acto; por lo que el tribunal colegiado asumió jurisdicción para analizarlo.

• No obstante, advirtió la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la legislación reglamentaria citada, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 71/2000,(9) de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.”

• Por lo que, ese órgano jurisdiccional abordó de oficio el estudio de esa causa de improcedencia, debido a que, de acuerdo con la jurisprudencia invocada no se debe desvincular el estudio de la norma general impugnada de su acto de aplicación, por lo que si no es procedente el amparo en cuanto al acto de aplicación impugnado derivado de la norma tildada como inconstitucional, entonces se sobreseerá en el juicio tanto por el acto de aplicación, como por la norma reclamada.

• Que bajo ese contexto, adujo que si la jueza de distrito se ajustó al derecho en cuanto consideró que el oficio reclamado es un mero presupuesto o documento informativo sobre el supuesto adeudo que la empresa aquí recurrente debe a la autoridad del agua señalada como responsable; por tanto, no le causa agravio alguno que sea real, actual, ni inminente; en tanto que, el quejoso señaló en su ampliación de demanda que dicho oficio constituye precisamente el primer acto de aplicación de la norma general reclamada; entonces, el sobreseimiento respecto al multicitado presupuesto debe hacerse extensivo a la ley reclamada, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000.

• En otro contexto, consideró inatendible el agravio mediante el cual el quejoso controvirtió el sobreseimiento respecto al corte verbal del suministro de agua potable, por motivos diversos a los considerados por la juez de distrito; porque a ningún fin práctico conduciría su análisis, si de cualquier manera el tribunal advirtió una causa de improcedencia distinta a la considerada por el juzgador federal respecto de dicho acto, que condujo a confirmar el sobreseimiento impugnado.

• El tribunal colegiado consideró que se actualizaba la causa de improcedencia invocada por las responsables, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, debido a que el cuestionado corte verbal de agua no es proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo.

• Para sustentar lo anterior, partió de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 9/2000, de la que derivó la jurisprudencia P. /J. 92/2001 (9a)(10) de rubro: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.” en la que estableció que cuando el Estado presta el servicio de agua potable mediante contratos administrativos de adhesión, la relación jurídica entre las partes corresponde a una coordinación voluntaria entre el prestador del servicio y el particular; por ello, en caso de que el usuario incumpla en el pago del suministro, dará lugar a que el prestador ejerza la facultad legal de suspenderlo, la que al ser consecuencia de incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal; por lo que la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato.

• El tribunal precisó que el criterio obligatorio comentado era vigente y aplicable en ese momento, porque si bien el concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se ha modificado con la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo; sin embargo, conserva ciertas notas características a la anterior Época, y que quedaron plasmadas en la diversa jurisprudencia 2a./J. 164/2011(11) de rubro: “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.”

• Refirió que en el caso no se apreciaba la existencia de una relación de supra a subordinación entre las responsables con la quejosa; porque l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33723-56f58243/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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