I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ARTÍCULO 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DEL FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE COSA JUZGADA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES QUE HUBIERAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ (ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 093, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; DE LA LEY DE ACCIONES URBANÍSTICAS; Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, TODAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TOMO II, NÚMERO 130 EXTRAORDINARIO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 093, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; DE LA LEY DE ACCIONES URBANÍSTICAS; Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, TODAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TOMO II, NÚMERO 130 EXTRAORDINARIO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 24, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 093, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASE CONSTITUCIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-C, Y 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). XIV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA. XV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO CONTIENE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE DE LOS DEMÁS NIVELES DE PLANEACIÓN EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS, PUES LA REALIZADA POR ÉSTOS DEBE GUARDAR CONGRUENCIA CON LA PLANEACIÓN APROBADA POR LOS OTROS DOS NIVELES DE GOBIERNO. XVI. ACCIONES URBANÍSTICAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA FACULTAD DEL EJECUTIVO LOCAL PARA EMITIR LAS CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD TERRITORIAL LIMITA E INVADE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES MUNICIPALES EN MATERIA DE AUTORIZACIONES SOBRE USO DEL SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, AL SUJETARSE EN ÚLTIMA INSTANCIA A LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIONES XIII, XXII Y XXVII
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 471/2023. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO. 8 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado. Diversas disposiciones contenidas en el Decreto 093, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Acciones Urbanísticas y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial local el veinticuatro de agosto de 2023.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 471/2023, promovida por el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, demandando la invalidez de diversos preceptos contenidos en el Decreto Número 093, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Acciones Urbanísticas y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial local el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito depositado en el buzón judicial el cinco de octubre de dos mil veintitrés y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Adrián Armando Pérez Vera, en su carácter de Síndico Municipal del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, promovió demanda de controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la citada entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:
“IV. NORMAS GENERALES Y/O ACTOS QUE SE DEMANDA. La aprobación, sanción, promulgación y publicación del Decreto número 093, por la parte de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 24 de agosto de 2023, Tomo II, Número 130 extraordinario, Décima Época, por el cual:
POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; DE LA LEY DE ACCIONES URBANÍSTICAS, Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, TODAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Del Decreto mencionado en líneas que anteceden invade y vulnera a través del poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, las atribuciones del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, quien, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 115 fracciones II, III, inciso g), IV, incisos a) y c), V, inciso f), regula las atribuciones propias del Municipio Libre en que el presente caso vulnera por las normas impugnadas.
En esencia los artículos que se solicitan su invalidez son los artículos 7 fracciones XIII, XXII y XXVIII, artículo 12 fracción VI, artículo 75, párrafo segundo, artículo 80 primer párrafo fracción I, penúltimo y último párrafo artículo 81 párrafo primero, último y penúltimo, artículo 82 primer párrafo, artículo 83, artículo 84 primer y último párrafo, artículo 85 párrafo primero, segundo y último párrafo, articulo 86 primer párrafo, artículo 88 primer párrafo; artículo 95 párrafo último, artículo 124 fracción I, artículo 155 fracción I, artículo 168 fracción II, artículo 195 fracción I y artículo 198 párrafo primero, todos de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
De igual manera se solicita la invalidez de los artículos 5 fracción I, artículo 46, párrafos primero y sexto, artículo 60, artículo 65 último párrafo y artículo 66 todos de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo.
Se solicita la invalidez del artículo 24 último párrafo Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente del Estado de Quintana Roo.
Y por último el sexto transitorio del decreto 093 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 24 de agosto de 2023”.
2. Conceptos de invalidez de la demanda inicial. En su escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. El artículo 66 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, vulnera la competencia municipal consagrada en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal, porque de manera taxativa impone la tramitación de una Constancia de Congruencia Urbanística Estatal, que expedirá la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable local para que se haga constar que las acciones urbanísticas son congruentes y compatibles con la planeación urbana y metropolitana, y que constituye el ordenamiento urbano del Estado.
El artículo 7, fracciones XIII, XXII y XXVIII de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, describe y especifica lo que se entenderá como Constancia de Congruencia Urbanística, Dictamen de Impacto Urbanístico y Estudio de Impacto Urbano.
El Congreso local, de manera injustificada, amplió y solo modificó unas palabras en el objeto de la ley, pretendiendo imponer, bajo el principio de jerarquía normativa, la orientación y el contenido de las políticas públicas municipales, así como las reglas y prohibiciones específicas relacionadas con la forma en que la autoridad de ese nivel de gobierno ejerzan sus atribuciones constitucionales como lo son los planes y programas de desarrollo urbano municipales, reduciendo con ello el ámbito de libertad necesario para desarrollar sus competencias constitucionales.
El Congreso y el Ejecutivo locales, al expedir las normas impugnadas no se limitaron a distribuir competencias, sino que extralimitaron su función delegada al materialmente legislar en materia de ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano de los Municipios y sus respectivos centros de población, anulando el ámbito de libertad política y técnica necesario para que el Municipio pueda configurar su régimen interior, bajo los principios democráticos que inspiran el pacto federal y el sistema de distribución de competencias.
La legislación dedicada a la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal impugnada se encuentra desarrollada no solo en la Ley de Acciones Urbanísticas local, sino también en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la entidad federativa, incluso existen previsiones en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.
El procedimiento para llevar a cabo alguna acción urbanística comienza con la solicitud de autorización que el particular haga al Municipio y, una vez obtenida, se debe estar al albedrío del Gobierno del Estado para emitir una Constancia de Congruencia Urbanística Estatal, ya que previo al inicio y protocolización de las obras, se impone la obligación de tramitar y obtener, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la Constancia correspondiente, siendo que, las autorizaciones municipales que resulten contrarias a ella, se considerarán nulas.
Lo anterior condiciona todas luces las autorizaciones municipales de obras y acciones urbanísticas concretas, como son la creación de fraccionamientos o conjuntos urbanos, en cualquiera de sus modalidades, traduciéndose en una invasión a la esfera competencial del Municipio actor.
Al ser el Estado Mexicano una Federación y no un Estado unitario, el ordenamiento territorial debe respetar los principios del sistema federal, motivo por el cual, para considerar que el ordenamiento territorial y/o planificación de uso de suelo pudiera ser competencia del Congreso del Estado, tendría que existir una facultad constitucional expresa, en los términos de los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 constitucionales.
Aun cuando el artículo 115, fracción V, primer párrafo, de la Constitución Federal, establece que las facultades de los Municipios serán ejercidas en términos de las leyes federales y estatales relativas, no puede perderse de vista que tales competencias siguen teniendo un carácter sustantivo por esa misma previsión, pues tanto las leyes federales, como las generales y locales, tienen todas definidas su objeto material conforme a la Carta Magna.
En ese sentido, los artículos 124 y 133 constitucionales al referirse al diverso 115, fracción V, primer párrafo, a “leyes federales y estatales”, no se refiere en estricto sentido a la “ley impugnada” en materia de asentamientos humanos ni al resto de “leyes”, sino a las leyes federales a que se contraen del artículo 73 constitucional, ello en la medida en que se relacionen en su aspecto sustantivo con las materias a que se refiere cada uno de las competencias constitucionales establecidas en el referido artículo 115, fracción V.
En cambio, las leyes locales se relacionan de manera diferente con el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional, pues éstas tienen por objeto articular las competencias constitucionales de los diferentes órdenes de gobierno, sin llegar al extremo de anular el aspecto sustantivo de las competencias constitucionales municipales, en lo que corresponde a su jurisdicción territorial; es decir, sin cancelar el margen de libertad política necesaria para configurar su propio y particular contexto, ni la libertad para adoptar e implementar políticas públicas que estimen más convenientes en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de centros de población ubicados dentro de su jurisdicción.
Por tanto, el objeto de la regulación de la Ley impugnada resulta inconstitucional, por haber sido ampliado y cambiado algunas palabras por el Congreso local sin contar con facultades expresas para tal efecto, invadiendo, restringiendo y anulando el aspecto sustantivo de las competencias constitucionales expresamente conferidas al Municipio actor, al grado de distorsionar el sistema de distribución de competencias y provocar un deficiente e incorrecto desempeño del Ayuntamiento como órgano de representación política en el ámbito del gobierno municipal y de las comunidades locales, en lo que se refiere al ordenamiento territorial y uso de suelo, así como la planificación urbana.
Ese Alto Tribunal debe tener en cuenta que los artículos impugnados son inconstitucionales, toda vez que de la sentencia emitida el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la controversia constitucional 177/2018, promovida por el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde se declaró la invalidez de los artículos 5, fracción I y 46, penúltimo párrafo, de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 194, publicado oficialmente el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, así como por extensión diversas normas en sus respectivas porciones normativas.
El Decreto ahora impugnado sigue las mismas violaciones que se declararon inválidas en ese precedente, ya que las autoridades demandadas únicamente cambiaron la palabra y en lugar de publicarlo con Constancia de Compatibilidad Territorial Estatal, lo modificaron a Constancia de Congruencia Urbanística Estatal, es decir, el texto normativo sigue siendo el mismo, las violaciones que se declararon inválidas en los artículos impugnados siguen causando violaciones a la esfera jurídica del Municipio, en esencia, termina por condicionar las autorizaciones sobre uso de suelo y licencias de construcción que previamente emitió el Municipio, con base en el escrutinio que efectúe la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable local a través de dicha Constancia.
Ni la Constitución Federal ni la local de Quintana Roo, prevén competencia a favor del Ejecutivo de la entidad federativa que lo habilite para que emita ese tipo de órdenes, lo cual distorsiona el sistema de distribución de competencias constitucionales.
Tal previsión viola el principio de división de poderes, puesto que representa una intromisión injustificada del Gobierno local en el desarrollo de una competencia municipal, que a su vez conduce a una dependencia y subordinación frente al pretendido Dictamen de Congruencia de Proyecto que debe ser analizado por el Ayuntamiento a la luz de la participación ciudadana.
En suma, la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal que emita el Ejecutivo estatal no permite una participación real y efectiva del Municipio, pues llega al extremo de construir un mecanismo de desconocimiento de las competencias municipales en la materia que se analiza, en la medida en que, si el ente municipal ha concedido la autorización para que se lleve a cabo la acción urbanística, el Estado puede determinar, finalmente, no conceder dicha Constancia y, en consecuencia, dejar sin efectos la actuación municipal.
Es decir, el efecto que causa la imposición de una Constancia de Congruencia Urbanística Estatal es que los trámites de licencias y pagos realizados por los interesados queden sin efecto, en el caso de que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable considere que no es congruente la acción urbanística, por lo que evidentemente dicha imposición causa un daño económico a la sociedad en general y una invasión a la esfera de competencia del Municipio actor.
La imposición de la Constancia precitada es un acto definitivo que pone fin a todas las actuaciones realizadas por el ciudadano interesado y las autorizaciones que previamente ha realizado el Municipio actor con la ciudadanía, al no especificar las leyes impugnadas que pasa con los trámites y gastos económicos que previamente realizó el ciudadano en caso de que no se emita la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal. Nos encontramos en una violación de legalidad en su vertiente de taxatividad, lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley.
Es evidente que la previsión de que el Gobierno local califique que el programa de desarrollo urbano municipal y/o zonificación de territorio, incumple con la ley de la materia y el procedimiento de consulta popular, ya que el objeto del Dictamen de Congruencia que emite el Gobierno local no solo implica la evaluación del proyecto de plan o programa de desarrollo urbano y/o zonificación del territorio municipal, en comparación con los planes o programas que integren el nivel superior de planeación en el Sistema Estatal de Planeación, sino también calificar si cumple con las normas contenidas en la ley de la materia y con el procedimiento de consulta popular, lo que vulnera la autonomía municipal en el desarrollo de sus facultades de formular, aprobar y administrar tales planes, prevista en el artículo 115 constitucional.
Tal previsión conlleva a la intromisión del Congreso local en la configuración del orden jurídico municipal y en el proceso de planeación y administración urbana del Municipio, y produce dependencia y subordinación a una previsión no esencial que requiera ser homogeneizada en la totalidad del territorio local.
Además, contraviene los principios de razonabilidad y proporcionalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no existe motivo que justifique condicionar la eficacia jurídica normativa de los planes y programas de desarrollo urbano municipal.
• SEGUNDO. Los párrafos primero y sexto del artículo 46 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, vulneran el reconocimiento del Municipio actor a una intervención real y efectiva en materia de asentamientos humanos, al limitar el deber que tiene los desarrolladores de conjuntos urbanos tipo condominio de transmitir las áreas de cesión para áreas verdes, equipamiento y servicios públicos municipales.
Es menester hacer referencia a las controversias constitucionales 94/2009, 99/2009, 100/2009 y 62/2011, resueltas por el Pleno y la Segunda Sala, respectivamente.
La regulación del dominio del suelo tiene sustento en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Federal, a través del cual se dispone que la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, por lo que se deben dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Así, las entidades federativas se encuentran habilitadas para establecer mecanismos a través de los cuales se regulen las áreas de cesión para garantizar que su transmisión en favor de los Gobiernos estatales y municipales, y que los recursos adquiridos sean instrumentales para sus finalidades públicas.
No obstante, las normas establecidas por el legislador local en relación con las áreas de cesión deben ser compatibles con el ejercicio de las facultades exclusivas del Municipio, así como el reconocimiento de una intervención real y efectiva en materia de asentamientos humanos, tal como se reconoció en la jurisprudencia P./J. 17/2011, de rubro: “ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA”.
Por tanto, al materializarse tal compatibilidad de las normas permitiría al Municipio disponer libremente de su patrimonio, como lo mandata el arábigo 115, fracción V, de la Constitución Federal, para que esté en aptitud de cumplir con los deberes relativos a la promoción, ejecución de acciones e inversiones y servicios públicos para el mejoramiento, crecimiento de centros de población y la prestación que le impone la Ley General de la materia, así como la que concierne a la prestación de los servicios públicos en términos de lo preceptuado por la Ley Suprema.
Ahora, la aparente voluntad del legislador local, respecto de la reestructuración del artículo 46 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, fue con la finalidad de que, en los nuevos desarrollos, incluyendo los de tipo fraccionamiento, exista la obligación de transmitir a los Ayuntamientos las áreas de cesión para destinos, las que, a dicho de quienes impulsaron la iniciativa, permitirían generar o alojar áreas verdes, de equipamientos, infraestructura de esparcimiento social, educativo, deportivo, cultural y oficinas públicas; sin embargo, la reforma que tuvo lugar respecto del multicitado canon fue en el sentido de exceptuar a los desarrolladores de conjuntos urbanos tipo condominio de transmitir a los Municipios las áreas de cesión para destinos; pretendiéndose que, en su lugar, aquellos garanticen mediante aportación, o bien, hagan entrega de algún tipo de infraestructura en favor de los Municipios.
Medida normativa que transgrede y vulnera la competencia del Municipio actor, consagrada en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal, pues incide en la potestad municipal de incorporar a su esfera patrimonial aquellos bienes inmuebles indispensables para destinarse, según así se decida por el cuerpo edilicio, a áreas verdes o equipamientos de los centros de población ubicados dentro de su demarcación territorial, lo que limita su deber de preservar la homogeneidad material en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Federal, restringiendo, en consecuencia, una intervención real y efectiva del Municipio en la materia. En efecto, partiendo de que toda política pública en materia de asentamientos humanos que emane de cualquier nivel de gobierno, incluyendo los Estados, tienen el deber ineludible de observar el principio de protección y progresividad del espacio público, el cual, implica la creación de los espacios públicos que podrán, siempre, ampliarse o mejorarse.
Así, se garantiza que se incorporen a la esfera de patrimonio municipal los bienes suficientes para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 11, fracciones IV y XI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, es decir, para cumplir con los deberes relativos a la promoción, ejecución de acciones e inversiones y servicios públicos para el mejoramiento, crecimiento de los centros de población y la prestación que le impone la citada Ley General, así como la que concierne a la prestación de los servicios en términos de la Ley Suprema.
Sin embargo, la reforma al artículo 46 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo vulnera la autonomía municipal, así como el sistema de distribución de competencias, la regulación de los principios generales y normas básicas establecidas por la Ley General.
Dicha medida legislativa trae aparejada que tampoco se garantice el cumplimiento de las obligaciones consistentes en establecer los mecanismos a través de los cuales se regulen las áreas de cesión para garantizar que su transmisión en favor de los Gobiernos municipales, y que los recursos adquiridos por la misma sean instrumentales para sus finalidades públicas.
El Municipio actor se ve limitado para obtener superficies necesarias para crear y adecuar espacios públicos, es decir, para incorporar a su patrimonio los bienes inmuebles indispensables para dirigirse al establecimiento de vialidades, equipamientos y espacios públicos, áreas verdes, en localización y proporción adecuadas, y en dotación suficiente de esos espacios por habitante, a través de la adquisición y habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del polígono sujeto a densificación, y de este modo cumplir con el deber de promover y ejecutar acciones y servicios públicos para el mantenimiento y crecimiento de los centros de población.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son los artículos 1o. párrafos primero y segundo, 14, 115, fracciones II, III, inciso g), IV, incisos a) y c), V), inciso f), 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 133, 145 y 153, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 471/2023; y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa par que instruyera el procedimiento respectivo, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en el Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión. Mediante auto de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo, a quienes ordenó emplazar para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda; asimismo, requirió a la autoridad legislativa copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; y al Ejecutivo, copia certificada de un ejemplar de su publicación oficial; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
6. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por escrito recibido el primero de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Humberto Aldana Navarro, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Quintana Roo, compareció a dar contestación a la demanda donde manifestó, en esencia, lo siguiente:
• PRIMERO. El artículo 66 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, no interfiere en el ámbito de competencia municipal, toda vez que la materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano es una facultad concurrente de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Federal.
En ese sentido, la Ley General de la materia, al igual que la local respectiva, reconocen y amplían las facultades de los Municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional.
En la Ley impugnada no existe vulneración a las atribuciones municipales, como se comprueba de la comparativa del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal, el artículo 11 de la Ley General de la materia y 13 de la Ley de Asentamientos Humanos local, en las cuales se reconocen las facultades del Municipio en materia de asentamientos humanos, pero también obligaciones y responsabilidades, en un marco de concurrencia y coordinación.
Ahora bien, de las normas impugnadas se desprenden los supuestos en los que la persona física o moral, pública o privada, deberá obtener la Constancia de Congruencia Urbanística, en caso de que se pretenda realizar una acción urbanística, obras o introducir servicios en materia de asentamientos humanos en el Estado. Cabe mencionar que, para tramitar dicho documento, los solicitantes deberán acreditar que cuentan con las autorizaciones municipales correspondientes.
• La Constancia de Congruencia Urbanística Estatal va más allá de confirmar el uso de suelo de responsabilidad municipal, ya que pretende asegurar que una acción urbanística de grandes dimensiones, sea compatible con el ordenamiento territorial y la planeación urbana y metropolitana, y que contribuye al ordenamiento territorial del Estado; también hace constar su adecuada inserción en las redes del espacio público, el equipamiento y la infraestructura, así como la factibilidad de dotar de servicios públicos.
En tal sentido, el Congreso local actuó en el ámbito de su libertad configurativa para legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de conformidad con la fracción I del artículo 10 de la Ley General de la materia.
• SEGUNDO. La Constitución Federal, la local de Quintana Roo y la Ley General de Asentamientos Humanos que rige la materia, no contemplan mandato alguno para que en específico los conjuntos urbanos condominales transmitan a los Municipios las áreas de cesión para destinos.
La Constitución Federal únicamente otorga al Municipio la facultad de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como la participación concurrente en la formulación de planes de desarrollo regional y, por otra parte, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, expedirán reglamentos y disposiciones administrativas.
De conformidad con los artículos 155 y 156 de la Constitución de Quintana Roo, únicamente se desprenden facultades del Municipio en materia de desarrollo urbano, sin que se desprenda mandato o alguna obligación por la cual los conjuntos urbanos tipo condominio deban transmitir a los Municipios áreas de cesión para destinos.
El Congreso local acató de manera eficiente lo establecido en el artículo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos que rige la materia, a fin de garantizar que se efectúen las donaciones y cesiones correspondientes a vías públicas locales, equipamientos y espacios públicos que se requieran para el desarrollo y buen funcionamiento de los centros de población; en el mismo sentido se cumple con el artículo 76 de la Ley General, en cuanto a la obligación de los fraccionadores y desarrolladores de ceder al Municipio para ser destinados a áreas verdes y equipamientos.
Resulta necesario puntualizar que los Congresos locales tienen libertad de configuración legislativa, que únicamente está limitada por mandatos constitucionales y los derechos humanos, y en uso de esa facultad, se atendieron los mandatos previstos en la Constitución Federal y en el referido ordenamiento marco que rige la materia de asentamientos humanos.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Mediante escrito recibido el quince de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Felipe Fuentes del Río, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, formuló contestación a la demanda, en la cual señaló, en esencia, lo siguiente:
Causales de improcedencia
• PRIMERO. El Municipio actor carece de interés legítimo para promover su demanda, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal.
El Municipio actor pretende que se estudie la posible vulneración a su competencia y principios que refiere, partiendo de que tiene total autonomía e independencia para autorizar, regular y vigilar la utilización del suelo, sin que exista ninguna disposición en el que el Poder Ejecutivo pueda intervenir de conformidad con el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.
Partiendo del mismo análisis que el actor indica, en el artículo 115, fracción V, constitucional existe un reconocimiento expreso de que la materia de asentamientos humanos no es exclusiva de los Munic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33761-0c166dc5/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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