ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.
AMPARO DIRECTO 1017/91. JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c) y segundo párrafo del inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46, 158 y 182, de la Ley de Amparo y 26, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un juicio de amparo directo que por sus características especiales amerita su conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo sostuvo esta Tercera Sala en su ejecutoria de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con los autos de ambas instancias remitidos por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito.
TERCERO.-Las consideraciones en que se sustentó la sentencia reclamada, son las siguientes:
"III. Por principio de orden, menester es precisar que en materia civil, se debe partir del presupuesto de que la improcedencia de la ACCION, bien sea por la ausencia total de sus elementos constitutivos o por falta de alguno de ellos, puede ser estimada por el órgano jurisdiccional, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de la misma. Anterior presupuesto procesal que se desprende de la interpretación que se hace del criterio que se contiene en la tesis relativa a la ejecutoria número 3, que sustenta la Tercera Sala del más Alto Tribunal jurisdiccional del país, visible en la página 11, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de jurisprudencia, número 1917- 1985, aplicable al caso y cuyo rubro es del tenor siguiente: `ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA'. En tal virtud, con fundamento en el presupuesto procesal que se menciona y contiene en la ejecutoria de mérito; este tribunal que ahora resuelve, procede al estudio de la acción que hiciera valer el actor JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, dentro del Juicio Civil Federal número 4/81-1, motivo de la presente alzada; en la inteligencia de que según se anticipa, la ACCION intentada resulta ser improcedente, en atención a los razonamientos y consideraciones lógico- jurídicas que en seguida se expresan: Así, por razón de método, cabe señalar que como antecedentes del caso que se analiza; de las constancias que informan el juicio federal de origen, aparece que para dar solución a la problemática que afectaba a los pequeños propietarios del estado de Sinaloa, entre los que se encontraba el actor JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA y dado el carácter que tenía de integrante de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), con base en el acta de asamblea de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis, celebrada entre los dirigentes y los miembros de la asociación, en la que, en lo conducente, se acordó otorgar a los primeros, las más amplias facultades para que conforme a su criterio se manejara ante la autoridad federal la solución al problema agrario existente en el Estado de Sinaloa, pudiendo disponer del hectareaje necesario al respecto; con fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis, fue celebrado un convenio de disposición de terrenos particulares, entre los que se incluyó el inmueble rústico propiedad del actor, a la orden del Ejecutivo Federal, destinada a cubrir necesidades agrarias, el cual otorgaron el licenciado Francisco Pérez Ocampo, en aquel entonces, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria y en representación de la misma, con los señores ingeniero Lauro Díaz Castro, en su carácter de presidente del Comité Directivo de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Julio Hernández J., como presidente del Comité Directivo de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur; C.P. Antonio Fonseca Angulo, en calidad de presidente del Comité Directivo de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa poniente, y Emilio Gastélum Angulo, como presidente de la Asociacion de Agricultores del Río Culiacán. Sentados dichos antecedentes, cabe precisar que el actor JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA afirma que aparece de los términos literales del convenio de referencia, que los dirigentes de las citadas asociaciones agrícolas que los suscribieron, declararon falsamente ser sus mandatarios con poder general y especial, para ejercer actos de dominio, expresamente, para poner a disposición de la secretaría de la Reforma Agraria, propiedades rústicas de sus miembros y poderdantes, entre las que se comprendió un bien inmueble de su propiedad; que el mandato contenido en los poderes generales y especiales que les fueron conferidos, se ajustaban a lo dispuesto en los artículos 2428, 2429, 2430, 2433, fracción I, 2435, 2436 y 2437 fracción I, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente en aquella época. Que por ello y estimando que constituyen hechos ilícitos intencionales y manifiestos tanto el que los organismos agrícolas mencionados y las personas que los representaron, dispusieron de bienes pertenecientes a terceras personass, a fin de que el gobierno federal los destinara a cubrir necesidades agrarias, sin estar autorizados por los propietarios para ello, y en cuanto que, para dar forma la indebida disposición de bienes ajenos, los mismos, en combinación con el licenciado Francisco Pérez Ocampo, que representaba a la Secretaría de la Reforma Agraria, asentaran falsamente en el convenio en cita, que tales dirigentes agrícolas contaban con los poderes generales y especiales que se requerían por parte de los afectados; con el único propósito de solucionar a su conveniencia, y librar de afectación sus predios agrícolas o de la propiedad de familiares, amistades íntimas, o asociados de su preferencia, el grave problema que entonces afectaba a los pequeños propietarios agrícolas del Estado de Sinaloa, por la amenaza inminente de la expropiación de sus terrenos agrícolas para dotar a los numerosos núcleos de población solicitantes; por el sistema indebido de señalarle al Gobierno Federal para afectación agraria y expropiación, terrenos de otras personas ajenos al pacto; puede afirmarse según apreciación del actor que todas las personas físicas y morales que se indican responden extracontractualmente frente a él de los daños y perjuicios que ha resentido con motivo de la conducta ilícita observada. Ahora bien, fundándose en esos motivos, en el caso, JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, por su propio derecho, en la vía federal y en ejercicio de la acción noxal, o de reparación de daño, proveniente de responsabilidad extracontractual subjetiva, incurrida por la comisión de hecho ilícito de disponer indebida e intencionalmente sin autorización de bienes ajenos, demandó conjunta, solidaria e indistintamente de las personas físicas y asociaciones agrícolas que se señalan, el pago de las prestaciones que se relacionan en el escrito inicial de su demanda, en concepto de indemnización compensatoria de daños y perjuicios que por ello ha resentido. Adentrándose en el estudio y análisis de la acción que hiciera valer JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA; es de señalarse que como anticipadamente lo afirmara este tribunal, la mima resulta ser improcedente. En efecto, cabe apuntar primeramente que la ACCION NOXAL o de REPARACION DE DAÑO, proveniente de responsabilidad extracontractual subjetiva, incurrida por la comisión de hecho ilícito intencional, tiene como elementos esenciales y constitutivos los siguientes: 1o. La existencia de un daño; 2o. Que ese daño se derive fuera de contrato; 3o. La comisión de un hecho ilícito intencional; y 4o. Que entre este último y el daño causado, exista una relación de causa a efecto. Elementos esenciales anteriormente señalados, que en el caso particular, contrario a lo que se afirma en la resolución materia de la presente alzada, no se encuentran cabal e íntegramente acreditados, en atención a los razonamientos y consideraciones que en seguida expresa este tribunal. 1o. LA EXISTENCIA DE UN DAÑO.- En cuanto a este primer elemento, pudiera pensarse que aparece acreditado, ya que del contenido de las constancias que informan el juicio civil federal de origen, especialmente de la demanda inicial que se planteara, se infiere que JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, según lo afirman, sufrió un daño ante el hecho de que a través de la correspondiente resolución presidencial dotatoria, que el propio cita, el gobierno federal dispuso de determinados predios, entre los que se incluyó el que es propiedad del antes nombrado, para satisfacer determinadas necesidades agrarias, resolución presidencial que tuvo como base el convenio que fuera celebrado con fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis, entre los dirigentes de las asociaciones agrícolas del Estado de Sinaloa y el funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria nombrado con toda oportunidad, sin que para ello, se hubiera exhibido el poder para disponer del inmueble propiedad de la parte actora. 2o. QUE ESE DAÑO SE DERIVE FUERA DE CONTRATO, ES DECIR, EXTRACONTRACTUALMENTE.-En lo que concierne a este segundo elemento, se concluye que en el caso no se encuentra demostrado, en razón de que si bien es cierto, de las constancias que constituyen el juicio federal de origen, se pudiera desprender la existencia de un daño, sin embargo, también es verdad que aquél, no es de carácter extracontractual, ya que dicho daño tuvo como base y fuente de origen un contrato afectado de una nulidad relativa, que como tal, y para el caso que el actor pretendiera el pago del daño ocasionado, requería previamente del ejercicio de una ACCION de nulidad. Lo que antes se afirma, se corrobora y se robustece ante la circunstancia de que después de haber analizado en forma consciente y mesurada, del contenido del convenio de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis, en cuestión, lógica y necesariamente se obtiene que en el caso que se analiza el daño que precisa la parte actora, no se originó fuera de contrato, sino que antes bien, se originó de un contrato previamente existente, ya que ese convenio adquirió ese carácter, porque a través de él, entre otros bienes inmuebles, el que era propiedad de JESUS DE LA ROSA IBARRA, se donó sin recibir a cambio contra prestación alguna, al Gobierno Federal para satisfacer determinadas necesidades agrarias, pero como en esa tramitación no medió su conocimiento, toda vez que en ningún momento los representantes de las asociaciones agrícolas del Estado de Sinaloa, exhibieron el poder general o específico, en el que constara la facultad de disposición; en estricto rigor jurídico, debe decirse que el daño que precisa JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, no proviene fuera de contrato, sino directamente del convenio en cuestión, que técnicamente y por lo antes considerado ha de denominarse contrato de donación, que generó en favor del actor el derecho de exigir daños y perjuicios a quienes indebidamente contrataron en su nombre, ya que no estaban autorizados de su parte, conclusión esta última, que se corrobora ante el fundado presupuesto de que de no existir ese convenio, que alcanzó el rango de un verdadero contrato imperfecto, ante el hecho de que, mediante él, se transmitían sus derechos posesorios y de propiedad, sin que mediara facultad de disposición, carecería de razón afirmar que en el caso existió un daño. Conclusión última, que a su vez, guarda conformidad con lo dispuesto por los artículos 1792, 1793, 1794, 1801, 1802, 1835, 1837 y 2332, todos ellos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que expresamente dice lo siguiente: (artículo 1792). CONVENIO.-`Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. (artículo 1793). Los convenios que producen o transfieren las obligaciones o derechos toman el nombre de CONTRATOS (artículo 1794).-Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento;. II. OBJETO, que pueda ser materia del contrato (artículo 1801).-Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley (artículo 1802). Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante SERAN NULOS, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató (artículo 1835).- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le queda obligada. (artículo 1837).-Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. (artículo 2332).-Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte de la totalidad de sus bienes presentes. En torno al segundo de los elementos que se analizan, cabe precisar que aun y cuando a través de la demanda inicial se mencionó la nulidad del convenio en cuestión, sin embargo, la parte actora, lo estableció y refirió como un punto petitorio y no ejercitó LA ACCION específica de nulidad, sino la NOXAL que se comenta, y no obstante que al parecer, de ello se ocupó el Juez de primera instancia, sin embargo, lo hizo con el único propósito de resaltar -según su apreciación- la justificación de los elementos configurativos de la ACCION específica que promovió el actor. Asimismo, cabe señalar que si bien es cierto, debe atenderse al contenido íntegro de la demanda, también es verdad que ante la deficiencia que se precisa, este tribunal carece de facultades para perfeccionar la acción intentada por la parte actora, en virtud de que sabido es que el derecho en materia civil, es de aplicación estricta. De igual manera, conviene apuntar que el convenio de referencia, ha de calificarse no como un acto inexistente y simulado, sino como un acto jurídico real y existente, en razón de que existe y sigue surtiendo provisionalmente efectos, hasta en tanto no se ratifique por la parte actora o bien, no promueva en la vía civil la ACCION a través de la cual se demanda la declaración judicial de su nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 1802 en relación con el 2226 y 2227, todos, del Código Civil que anteriormente se invocó, que en el caso tienen puntual aplicación porque, en forma expresa, establecen respectivamente, lo siguiente: `Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató' ( 1812).-`La nulidad absoluta, por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción'. (Art. 2226).-`La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos; (Art. 227).-Por otro lado, y en seguimiento por lo que antes se expresa, cabe observar que, aunque si bien es cierto, de autos del juicio civil federal de origen, se advierte que a través del amparo que fuera promovido sobre el particular, se consideró violatoria de garantías la respectiva resolución presidencial dotatoria, ante el hecho de que la misma, tuvo como base un convenio en el que faltó el consentimiento de la parte actora para que fuera donado al Gobierno Federal el predio propiedad de la actora; no obstante, tal circunstancia, no desvirtúa lo que se viene sosteniendo por este tribunal, en el sentido de que, previamente debió haberse intentado la acción de nulidad del convenio de referencia, para el caso de que la parte actora pretendiera el resarcimiento de los daños y perjuicios que argumenta le fueron ocasionados, en virtud de que, de la declaratoria de nulidad de un determinado acto jurídico, como lo fue el convenio en cuestión, debe ocuparse un órgano jurisdiccional y no uno de control constitucional, y además, aquélla debe promoverse e intentarse en la vía civil; mientras que el juicio de garantías no tiene tal objeto, sino que en la especie, establecer que hubo transgresión de los derechos públicos subjetivos que consagra la Constitución General de la República en favor del actor, ante el hecho de que la resolución presidencial dotatoria correspondiente, se basó en un convenio, que técnicamente debe considerarse como un contrato afectado de nulidad relativa, como ya se razonó oportunamente. Como conclusión de todo ello, se desprende y se reitera que el convenio en cuestión, en puridad jurídica, constituyó un acto jurídico real y existente, sólo que se encuentra afectado de una nulidad relativa, en la medida en que los representantes de las asociaciones agrícolas que los suscribieron con el representante del gobierno federal, no estaban legitimados específicamente para contratar la cesión del bien inmueble propiedad del actor; cuyos efectos y consecuencias que se materializaron en la transmisión de los derechos de posesión y propiedad que tenía JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, sobre dicho bien, en favor de terceras personas, para ser destruidos, por ende, para exigir el pago de daños y perjuicios que sostiene se le ocasionaron, previamente se requería del ejercicio de la acción de nulidad, es decir, de la existencia de una sentencia pronunciada en materia civil, en la que, judicialmente se hubiese declarado la nulidad de que se trata. Sentencia declarativa que el actor, forzosamente debería tener como base y soporte de su acción correspondiente, si pretendía el pago de esos daños y perjuicios; pero como en la especie, no existe aquella sentencia declarativa, según se desprende de las constancias que informan el juicio federal de origen, luego entonces, cabe señalar que nunca se acredita el segundo de los elementos de la acción que intentara la parte actora. 3o. LA COMISION DE UN HECHO ILICITO INTENCIONAL; Y 4o. LA RELACION DE CAUSA A EFECTO ENTRE EL HECHO ILICITO INTENCIONAL Y EL DAÑO CAUSADO.-En cuanto a estos dos últimos elementos que se señalan, menester es concluir que en el caso, tampoco aparecen acreditados, porque como ya se dijo, si bien es cierto, pudiera considerarse la existencia del daño; sin embargo, no se está ante la presencia de un hecho ilícito intencional, por lo tanto, de éste, no deriva el daño resentido, en virtud de que el daño, precisamente tuvo como fuente de origen un acto jurídico, cual fue el convenio de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis, que se materializó en un contrato imperfecto según lo expuesto con toda oportunidad, habida cuenta que hecho ilícito intencional y acto jurídico, como así debe estimarse el convenio que se impugna, son dos conceptos totalmente diversos, cuya diferencia estriba en las formalidades y solemnidades que por disposición de la ley y para su validez, debe revestir el segundo de ellos, en tanto que, el primero de dichos conceptos, se significa por un suceso o acontecimiento en que interviene el hombre, vulnerando disposiciones de orden público, como lo serían, las contenidas en la legislación civil correspondiente, y causando como consecuencia de ello, un daño en perjuicio de una tercera persona. Además, para que un hecho ilícito deba considerarse como constitutivo de la ACCION NOXAL que intentó la parte actora, menester es su existencia y que en el mismo medie dolo o intención deliberada de causar un daño; lo que no ocurrió en el caso justiciable, toda vez que si bien es cierto, los representantes de las asociaciones agrícolas del Estado de Sinaloa, otorgaron el convenio en cuestión, sin que hubieren exhibido el poder específico en el que el actor los facultaba a fin de que el predio de su propiedad fuera puesto a disposición del Gobierno Federal; también es verdad que, de los antecedentes que existen sobre el particular, y que se infieren, de las constancias que informan el juicio federal de origen, especialmente que el contenido del acta de asamblea de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis, que constituyó el antecedente inmediato del convenio en cuestión, se desprende que los mismos, concertaron ese convenio como legítimos representantes de las diferentes asociaciones agrícolas del Estado de Sinaloa, con base en las facultades que en aquella acta de asamblea les fueron conferidas. Igualmente se desprende la inexistencia de ese dolo o intención deliberada de causar un daño ante la circunstancia de que aun y cuando tal convenio carece de la formalidad de que se ha tratado, su objeto fue plenamente lícito, en razón de que tuvo como finalidad donar determinados predios rústicos, entre ellos el del actor, al Gobierno Federal para satisfacer necesidades agrarias, por lo que su finalidad ulterior, se identificó con un interés plenamente lícito, por ser de orden público dotar con tierras a personas físicas o a núcleos ejidales solicitantes que carezcan de ellas o las que tengan sean insuficientes; como así aconteció en la especie, según se advierte del contenido de la resolución presidencial dotatoria que el actor ofreció como prueba documental y que corre agregada en autos del juicio civil federal de origen. A mayor abundamiento, ante el hecho de que de autos del juicio civil federal de origen, acreditado está que entre la fecha en que se verificó la asamblea de referencia y aquella en que se otorgó el convenio en cuestión, medió un breve lapso de veinticuatro horas, que existió premura y presión en todo momento, sobre los representantes de los organismos agrícolas para encontrar una solución adecuada al problema agrario que prevalecía en ese entonces, y sobre todo que éstos, no dispusieron del inmueble del actor para sí, es decir, para su propio provecho, asimismo, que no está demostrado que por ello hubiesen recibido remuneración alguna; debe partirse del fundado presupuesto de que en el caso, en la elaboración del acto jurídico en que se tradujo el mencionado convenio, no denotaron dolo o intención deliberada de causar algún daño a JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, y que por lo tanto, su actuación, fue absolutamente de buena fe. Razones todas estas que verdaderamente, son significativas y relevantes para sostener que en la especie, no existió un hecho ilícito intencional, sino un acto jurídico imperfecto, como fuente originadora de los daños y perjuicios que según apreciación de la parte actora se le ocasionó; por lo que si conforme a lo antes expuesto, no existe ningún hecho ilícito intencional del cual derive un daño, en consecuencia, tampoco puede hablarse de una relación de causa a efecto entre éste y aquél, ni mucho menos, entre el daño causado y la conducta desplegada por los representantes de las asociaciones agrícolas del Estado de Sinaloa. En las relacionadas consideraciones y tomando en cuenta que la acción NOXAL o de REPARACION DEL DAÑO, proveniente de RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL SUBJETIVA incurrida por la comisión de hecho ilícito de disponer indebida e intencionalmente sin autorización de bienes ajenos, que promoviera el actor JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, resulta ser improcedente, en virtud de no haberse acreditado cabal e íntegramente sus elementos constitutivos, y toda vez que ello fue inadvertido por el Juez del conocimiento, no obstante que el estudio de la improcedencia de la ACCION es de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de la misma, conforme a la jurisprudencia definida que se invocó al inicio de la presente ejecutoria, causando con ello, agravios a los demandados; luego entonces, debe estimarse que la sentencia de condena pronunciada por el a quo, carece de toda consistencia jurídica y al ser así, lo que procede en la especie es revocarla y por ende, dejarla sin efectos, por lo tanto, en vía de reparación de agravios que le fueron ocasionados, menester será dictar una nueva resolución por parte de este Tribunal, en la que se absuelva a las personas demandadas del pago de las prestaciones a que se les condenó".
CUARTO.-El quejoso hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, de los cuales sólo se transcribirá el formulado en primer término, en razón de que resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados:
"PRIMERO.-La sentencia definitiva de segunda instancia que se reclama al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito en Materia de Apelación, señalada como autoridad responsable, OFENDE a mi poderdante, JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, por conculcación en su perjuicio de las garantías individuales de `LEGALIDAD, EXACTA APLICACION DE LA LEY', que protege en beneficio de los particulares interesados, los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; por no ajustarse a los términos e interpretación de la ley y presentar un grave defecto en su constitución formal, que la invalida al incurrir en el vicio de incongruencia por exceso de pretensión y variación de la causa de pedir, por virtud de la introducción oficiosa en la contienda de segundo grado, de elementos, pretensiones y acciones extrañas por completo a la controversia suscitada, y que le vale como justificación para revocar la sentencia condenatoria de primer grado, y dictar otra nueva en su lugar de segunda instancia, por la que declara en sus puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO improcedente la acción que hizo valer por su propio derecho, JESUS EUGENIO DE LA ROSA IBARRA, que absuelve a los demandados de las prestaciones que se les reclaman, de acuerdo con los razonamientos equivocados que se aducen en el CONSIDERANDO III de la sentencia y lo que implica la violación por falta o inexacta aplicación de lo dispuesto por los artículos 222, 335, 348 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como de los principios generales del Derecho Procesal de `CONGRUENCIA, DISPOSITIVO DE PARTE Y DE CONSECUENCIA LOGICA'; así como la tesis de jurisprudencia definida y obligatoria de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al caso, y que bajo número 324 aparece visible, a fojas 985 del tomo IV relativo a la Tercera Sala, Apéndice de 1917-1965 del Semanario Judicial y que a la letra dice: `SENTENCIAS CIVILES. (Se transcribe)'. En efecto, de acuerdo con la doctrina generalizada que priva en el derecho procesal civil, para la confección formal de sentencias, tanto definitivas como incidentales, de primera o segunda instancia, y que rige, por disposición expresa del artículo 349 de la ley de la materia; el principio de `RESPETO A LA CONGRUENCIA' consiste en su aceptación más sencilla en la concordancia o adecuación que debe existir siempre, entre las pretensiones deducidas por las partes mas su razón de pedir y lo resuelto por el juzgado; es así que la congruencia exige siempre que todas las pretensiones formuladas y cuestiones planteadas, oportunamente sean resueltas y sólo ellas. En reconocimiento de tal postulado, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de amparo directo, toca número 7333/68, interpuesto por Angel Piña y que puede consultarse en la página 136 del Volumen XXVIII de la Sexta Epoca, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, precisó con exactitud que la congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes. La existencia de la regla de la `CONGRUENCIA' en las sentencias, deriva del precepto general en materia civil de que la `Justicia es rogada o de estricto derecho' esto es, que salvo disposición expresa en contrario, se requiere siempre la instancia de parte legítima a quien queda reservada la iniciativa del proceso y que sujeta a los tribunales al poder dispositivo de las partes; impidiéndoles actuar oficiosamente, por lo que en el derecho mexicano, como fundamento de la `CONGRUENCIA' se entiende hoy, que ésta constituye ya una aplicación del principio de contradicción según el cual nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en el juicio, como precisa nuestro artículo 14 constitucional. `LA CONGRUENCIA' exige entonces que una sentencia se ajuste y conforme no sólo al objeto de lo que litigan las partes; sino además, a la manera en que fue expuesto en la demanda y combatido en la contestación, y a los términos a que se redujo la cuestión debatida incluyendo los incidentes suscitados. Por tanto, el `DEFECTO PROCESAL DE INCONGRUENCIA', debe resultar del cotejo entre lo litigado y la parte dispositiva de la sentencia, y no es otra cosa que la falta de armonía que debe existir entre dichos términos procesales. Por consiguiente, es `INCONGRUENTE' la sentencia que resuelve por diferente concepto y modo lo pedido y planteado por los litigantes o que se funda en motivos o causas que no han sido objeto de debate o prueba en el litigio, ya por `exceso cualitativo' al incurrir un nuevo elemento en el juicio, o ya por distracción o variación, o de ajuste, en los términos fijados por las partes. Igualmente es `INCONGRUENTE' por `DEFECTO DE PRETENSION' la sentencia que deja de tratar y resolver cuestiones que fueron objeto del li
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/338-97633af7/accion-el-estudio-de-su-improcedencia-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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