ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA (ABROGADA), NO SE DEROGÓ TÁCITAMENTE CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL DIVERSO 69 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 191/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, SEXTO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, denunció la posible contradicción de criterios entre los siguientes órganos jurisdiccionales:
• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 65/2022.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 565/2021.
• Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 265/2020.
• Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 205/2022.
2. El tema de la posible contradicción, conforme a la denuncia presentada, consistente en determinar si el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se contrapone con el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en consecuencia, si aquél precepto fue derogado tácitamente con la entrada en vigor este último ordenamiento.
3. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de uno de julio de dos mil veinticuatro, se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 191/2024.
4. En esa misma actuación se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
5. De igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, el cual, de manera preliminar se precisó en los siguientes términos:
“DETERMINAR RESPECTO DE LA HIPÓTESIS SANCIONABLE DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
• SI DEBERÁ SUBSTANCIARSE Y SANCIONARSE CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;
• SI, CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA CITADA HIPÓTESIS FUE DEROGADA TÁCITAMENTE, HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;
• SI PARA SER SANCIONABLE CONFORME AL CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA CONDUCTA DEBE ESTAR VINCULADA CON UNA FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE ATRIBUIDA A UN SERVICIO PÚBLICO;
• Y, QUÉ LEY DEBERÁ APLICARSE PARA SANCIONAR A LOS PARTICIPANTES QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN.”
6. Asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. TERCERO. Informes. Por autos de ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes solicitados por parte de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Sexto y Decimosexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción continúan vigentes, al no haber emitido alguno en sentido contrario.
8. CUARTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de uno de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por dicha Dirección General, en el que hizo del conocimiento que en el máximo tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática del presente asunto.
9. QUINTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el período de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
10. SEXTO. Nueva integración. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/3327/2024 de once de septiembre del mismo año, el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, a partir del treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.
11. SÉPTIMO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
12. OCTAVO. Nueva integración. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/271/2025 de veintidós de enero del mismo año, el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente a la magistrada Guillermina Coutiño Mata, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, a partir del uno de febrero de dos mil veinticinco.
13. Asimismo, por auto de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/1576/2025, de treinta de abril del mismo año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez para cubrir la plaza que ocupaba la magistrada Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo al quince de agosto del año en curso o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine.
14. Además, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/2192/2025 de once de junio del año en curso, el Secretario Técnico de Adscripción informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Ernesto Martínez Andreu, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la magistrado José Patricio González Loyola Pérez, a partir del dieciséis de junio de dos mil veinticinco.
15. NOVENO. Adscripción de personas juzgadoras electas. El catorce de septiembre de dos mil veinticinco se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras”, conforme al cual este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, quedó integrado por las magistradas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza, lo que se hizo del conocimiento público mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, en el que también se confirmó el turno del asunto a la primera de las nombradas, para la elaboración del proyecto de resolución.
16. DÉCIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
17. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1, fracción III; 39, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
18. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, actuando en materia administrativa.
19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(6)
20. Conforme con tales preceptos, las partes en los asuntos que motivaron los criterios contradictorios cuentan con legitimación para formular la denuncia correspondiente.
21. En el caso, la Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, adscrita a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) tuvo el carácter de tercera interesada en los juicios de amparo directo 265/2020, 565/2021 y 65/2022, del índice de los Tribunales Colegiados Sexto, Segundo y Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente; luego, considerando que en términos del artículo 190, fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública(7) (vigente a la fecha de presentación de la denuncia de contradicción), la persona titular de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública contaba con, entre otras atribuciones, la de representar legalmente a dicha dependencia, a sus unidades administrativas y a sus respectivos titulares en toda clase de procedimientos y procesos jurídicos, incluido el juicio de amparo, así como para realizar toda clase de actos en ejercicio de tal representación legal; se concluye que la autoridad firmante del escrito de denuncia de contradicción cuenta con la legitimación suficiente para ello.
22. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
23. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
24. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(8)
A) Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 65/2022, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.
25. Antecedentes. Juicio de nulidad. Una persona promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte, a través del cual la Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, resolvió imponerle una sanción administrativa consistente en inhabilitación por un plazo de dos años y tres meses para hacer propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, cuando los recursos fueran parcial o totalmente federales, así como una sanción económica, consistente en multa, por proporcionar información falsa durante uno de los procedimientos de licitación en que participó.
26. En dicha resolución, la autoridad administrativa señaló que la promovente, al momento de participar en la licitación pública por invitación a cuando menos tres personas, para la contratación del servicio de seguimiento noticioso del CONACYT en medios de comunicación, impresos y electrónicos, integró en su proposición, en el anexo IV, denominado “Formato del artículo 50 de la LAASSP”, la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para contratar comprendidos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en realidad sí se encontraba en la hipótesis prevista en su fracción VI, al tener una accionista en común, quien también participaba en la licitación.
27. Sentencia. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en el referido juicio, en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada.
28. Demanda de amparo. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, lo admitió y ordenó su registro con el número de expediente D.A. 65/2022; en el mismo proveído tuvo como autoridad tercera interesada a la Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas adscrita a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública.
29. Sentencia. En sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado negó el amparo. En lo que atañe al tema materia de la presente contradicción, expuso las siguientes consideraciones:
“QUINTO. Con el propósito de dar solución a los conceptos de violación planteados por la quejosa, es conveniente informar los antecedentes relevantes del asunto, así como las consideraciones en que se sustenta el fallo reclamado.
Este asunto deriva del juicio contencioso administrativo federal en el que la promovente demandó la nulidad de la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo **********, por la Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública a través de la cual le impuso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación por un plazo de dos años y tres meses para hacer propuestas o celebrar contratos con la administración pública federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, cuando los recursos sean parcial o totalmente federales, así como una multa por la cantidad de $********** (********** pesos), por proporcionar información falsa durante uno de los procedimientos de licitación en que participó.
En dicha resolución, la autoridad administrativa señaló que la promovente, al momento de participar en la licitación pública por invitación a cuando menos tres personas número **********, para la contratación del servicio de seguimiento noticioso del CONACYT en medios de comunicación, impresos y electrónicos, integró en su proposición, en el anexo IV, denominado ‘Formato del artículo 50 de la LAASSP’, la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para contratar comprendidos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en realidad sí se encontraba en la hipótesis prevista en la fracción VII del referido numeral, al tener una accionista en común con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien también participaba en la licitación. En el considerando tercero del fallo reclamado, la responsable sostuvo que la resolución administrativa impugnada no era ilegal por haberse sustentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lugar de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues la primera no fue derogada por la segunda.
Para sostener su decisión, hizo referencia a los artículos transitorios del Decreto por el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, de los que advirtió que la legislación citada en segundo lugar entraría en vigor al año siguiente, así como que quedarían abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarían los Títulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Indicó que al no haber sido derogada expresamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la conducta consistente en haber proporcionado información falsa durante una licitación pública válidamente podía sancionarse en términos de los artículos 59 y 60 de esa legislación, por ser la norma especial aplicable, por lo que la autoridad competente para emitir la resolución administrativa impugnada es la demandada y no el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en supuesta aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, dijo, la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público implica un mayor beneficio a la promovente al establecer como máxima sanción económica un monto inferior al previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En contra de las anteriores consideraciones, la quejosa expone, en su primer concepto de violación, una serie de argumentos encaminados a evidenciar, en esencia, que la responsable omitió analizar que los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los cuales se sustentó la conducta que se le atribuyó, fueron derogados implícitamente al expedirse la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues en ésta se regularon las infracciones cometidas por particulares en procedimientos administrativos, como el de contratación pública en que se le imputó la falta sancionada, por cuyo motivo tanto la resolución administrativa impugnada como el fallo reclamado son ilegales al tener sustento en disposiciones que perdieron vigencia.
Aduce que la derogación de los preceptos invocados deriva de que se contraponen con lo dispuesto en la legislación citada en segundo lugar al regular los actos de particulares vinculados con faltas graves, por lo que la calificación de la conducta debió llevarse a cabo por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no por la demandada, circunstancia que no fue analizada por la responsable, toda vez que basó su determinación únicamente en el hecho de que los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no habían sido derogados expresamente.
Indica, profusamente, que el procedimiento que se le instruyó debió regirse por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el numeral 69 de la primera legislación citada prevé como conducta sancionable la presentación de información falsa dentro procedimientos administrativos por parte de particulares, que fue la irregularidad que se le atribuyó.
Como se observa, la razón fundamental por la cual la promovente sostiene que los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en que se sustentó la conducta sancionada, fueron derogados, es porque su contenido se contrapone con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que al entrar en vigor esta última legislación se debe entender que las normas citadas en primer lugar, implícitamente, perdieron vigencia, planteamiento que, afirma, no fue estudiado por la juzgadora.
La lectura de la sentencia reclamada pone de manifiesto que, si bien la juzgadora determinó que los preceptos mencionados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no se encuentran derogados y, por ende, fue correcta su aplicación por parte de la autoridad demandada, al no haberse mencionado expresamente esa legislación en los artículos transitorios del decreto por el cual se expidió la ley general indicada, también lo es que nada dijo en relación con la derogación implícita que hace valer la quejosa, argumento que se advierte sí fue planteado en la demanda de nulidad, circunstancia que demuestra lo fundado del argumento en el que se acusa la omisión de estudio de ese tópico.
Por tanto, con la finalidad de resolver en su integridad el asunto que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, tercer párrafo, constitucional y 182, último párrafo, de la Ley de Amparo, este tribunal se ocupará de valorar ese planteamiento.
Para tal propósito, conviene precisar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil dieciséis, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos artículos primero y tercero transitorios establecen lo siguiente:
(Se transcriben).
En lo que interesa, los artículos reproducidos disponen que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor el diecinueve de julio del dos mil diecisiete y que, a partir de esa fecha, se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogaron los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aun cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no fue derogada expresamente por el decreto mencionado, es necesario verificar si la regulación prevista para la conducta reprochada a la quejosa se opone a las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para faltas de particulares vinculadas con servidores públicos pues, de ser así, a pesar de que no se haya mencionado específicamente la primera ley invocada, las disposiciones relativas se deberán considerar derogadas implícitamente con la entrada en vigor de la ley general citada, en términos de los preceptos transitorios reproducidos.
Con esa finalidad, conviene precisar que de la resolución administrativa impugnada (folios 67 a 102 del expediente de nulidad) se observa que la conducta reprochada a la quejosa se sustentó en lo previsto en los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales disponen:
(Se transcribe).
Los preceptos reproducidos prevén, en lo que importa destacar, que los licitantes que infrinjan las disposiciones de esa ley serán sancionados con multa de cincuenta a mil veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, elevado al mes.
Se establece que se les podrá inhabilitar temporalmente para participar en cualquier procedimiento de contratación pública cuando proporcionen información falsa, o bien, cuando actúen con dolo o mala fe durante el procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia.
Tales disposiciones señalan conductas desplegadas por los particulares dentro de los procedimientos de contratación pública que son consideradas infracciones o faltas administrativas, es decir, son normas especiales pues regulan un conjunto de relaciones que surgen bajo una situación jurídica específica, ya que únicamente podrían actualizarse dentro de los procesos licitación y no cualquier clase procedimiento.
Por su parte, los numerales 1, 3, fracciones XVI y XVII, 4, fracción III, 65 y 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas disponen:
(Se transcriben).
De los numerales reproducidos se advierte que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Se establece que las faltas administrativas graves son las señaladas por la propia ley y que son desplegadas por servidores públicos, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, así como que las faltas de particulares son aquellos actos llevados a cabo por personas físicas o morales privadas que estén vinculadas con faltas administrativas graves de los funcionarios públicos, cuya sanción también corresponde al mencionado órgano jurisdiccional.
Se prevé que los sujetos de esa legislación son, entre otros, los particulares vinculados con faltas administrativas gra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33840-3615a4ad/adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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