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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 674, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL DIVORCIO INCAUSADO SIN RESOLVER EN DEFINITIVA LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 60/2025. · Registro digital (IUS): 33854
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.631.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 60/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 60/2025 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Decimoquinto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si previo a la promoción del juicio de amparo directo, tratándose de la determinación que decreta el divorcio incausado, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 674, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California o, en su caso, si se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, al requerir de una interpretación adicional para establecer su procedencia o, porque su fundamento legal resulta insuficiente.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el veintidós de abril de dos mil veinticinco, el pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver los juicios de amparo directo 320/2024, 571/2018 (relacionado con el 572/2028), 756/2018 (relacionado con el 781/2018) y 711/2018, y el Primer Tribunal Colegiado de ese mismo circuito, con residencia en Mexicali, al resolver el amparo directo 71/2024.

4. Radicación del asunto. En acuerdo de presidencia de veinticinco de abril de dos mil veinticinco, se admitió a trámite la contradicción de criterios con el expediente 60/2025.

5. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

6. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar si previo a la promoción del juicio de amparo directo, tratándose de una determinación intermedia que decreta el divorcio incausado, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 674, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, sin que su procedencia se sujete a una interpretación adicional, por ser una actuación con efectos de sentencia definitiva.”

7. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito, y se turnó el asunto a la ponencia de la entonces Magistrada Silvia Cerón Fernández para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

8. Informe de tribunal colegiado. En proveído de ocho de mayo de dos mil veinticinco, se recibió el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado al resolver el juicio de amparo directo 320/2023, continuaba vigente. Asimismo, aclaró que los juicios de amparo directo 571/2018 (relacionado con el 572/2028), 756/2018 (relacionado con el 781/2018) y 711/2018, no formaban parte de la contradicción al corresponder a la materia laboral y manifestó que en los diversos 657/2021, 326/2023 y 769/2024, sostuvo el mismo criterio que en el 320/2023.

9. Motivo por el cual, se le requirió para que expresara si era su intención tener como criterios contendientes los juicios de amparo directo 657/2021, 326/2023 y 769/2024.

10. Nueva integración y returno. Mediante acuerdo de presidencia de quince de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la entonces integración de este Pleno Regional, conformado por las personas Magistradas Guillermina Coutiño Mata, Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez, este último en sustitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, a quien se le returnó el asunto.

11. Informe de tribunal colegiado y cumplimiento de requerimiento. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, se recibió el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el juicio de amparo directo 71/2024 continuaba vigente. Así, como el diverso del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en el que, en cumplimiento al requerimiento formulado, manifestó que sí era su intención que los juicios de amparo directo 657/2021, 326/2023 y 769/2024, se integraran como criterios contendientes.

12. Nueva integración y returno. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la entonces integración de este Pleno Regional, conformado por las personas Magistradas Guillermina Coutiño Mata, Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, este último en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez, a quien se le returnó el asunto.

13. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se recibió el oficio DGCCST/X/364/06/2025 y anexo, remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no existía en el Máximo Tribunal contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

14. Confirmación de turno. En auto de uno de julio de dos mil veinticinco, se confirmó el turno del asunto.

15. Nueva integración, returno y confirmación de turno. En auto de presidencia de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, conformado por las Magistradas electas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza.

16. Asimismo, se returnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, el que quedó confirmado.

17. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

II. COMPETENCIA

18. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

19. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por un tribunal colegiado mixto y otro semiespecializado en materia civil y de trabajo pertenecientes al Decimoquinto Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia civil.

III. LEGITIMACIÓN

20. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, el cual emitió cuatro de los criterios que forman parte de la denuncia que motivó este asunto.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

21. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los tribunales colegiados de circuito.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 657/2021, 326/2023, 769/2024 y 320/2023.

Amparo directo 657/2021

a) Antecedentes del caso

22. Juicio ordinario civil. Una persona física demandó la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa, tramitado por la vía ordinaria civil. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con el expediente 597/2021.

23. En auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, la persona juzgadora decretó la disolución del vínculo matrimonial entre las partes.

24. Demanda de amparo directo. Inconforme con esa determinación, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con el expediente amparo directo civil 657/2021.

25. Vista con la posible actualización de una causal de improcedencia. En sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se ordenó dejar el asunto en lista para dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de una causal de improcedencia, sin que esta fuera desahogada.

26. Resolución. En sesión de once de febrero de dos mil veintidós, el citado tribunal sobreseyó en el juicio de amparo directo civil 657/2021, al actualizar de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

b) Consideraciones del tribunal colegiado.

“(...)

TERCERO. Causa de improcedencia. En el caso, resulta innecesario el estudio del acto reclamado, así como de los conceptos de violación que contra el mismo se enderezan, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte de oficio la existencia de una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y por tanto preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.

En las condiciones anticipadas, este tribunal colegiado considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso que le concede la ley ordinaria dentro del procedimiento por virtud del cual el acto reclamado puede ser confirmado, revocado o modificado, lo cual conduce a sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.

El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme al cual antes de acudir ante los tribunales de la federación, la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada, ya que, en caso contrario, el juicio constitucional será improcedente.

Este principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal.

Cobra aplicación la jurisprudencia 17/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no obstante se refiere a la Ley de Amparo abrogada, versa sobre la procedencia del juicio constitucional, figura que en los mismos términos contempla la ley vigente, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de dos mil tres, página quince, que enseguida se transcribe:

‘DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO [...]’

Existen casos de excepción en los que puede salvarse la satisfacción del principio referido, los cuales se encuentran enumerados en los diversos incisos del precepto reseñado, así como en su último párrafo; mismos que tienen como elemento común, la gravedad de la violación reclamada, atendiendo al derecho humano afectado, así como la posibilidad del quejoso de agotar tales medios de defensa, ya sea por la efectiva accesibilidad de que goce por razón de su calidad frente a la autoridad responsable; o bien, por la certeza y viabilidad del recurso existente.

En el particular, ********* ***** ******, promovió demanda de amparo directo, y señaló como acto reclamado el auto de fecha de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en el juicio ordinario de divorcio incausado 597/2021, por medio del cual decretó la disolución del vínculo matrimonial, ordenando la prosecución del juicio ordinario civil respecto a las diversas prestaciones reclamadas.

Cabe precisar, que respecto a la resolución que decreta el divorcio incausado sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio -como lo es la aquí reclamada- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que materialmente corresponde a una sentencia definitiva.

Tal y como se aprecia del criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 75, febrero de 2020, Tomo I, página 597, cuyo rubro y texto son:

‘DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES [...]’

Sin embargo, contra dicho auto al ser materialmente una sentencia definitiva procede el recurso de apelación, en términos del artículo 674, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que establece:

‘Artículo 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.

Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:

I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables...’.

De lo anterior se obtiene, que la legislación aplicable al acto reclamado, dispone que procede el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en cualquier tipo de juicio, salvo que la ley expresamente dispusiera que no resulta apelable; lo cual en la especie no se actualiza; y sin que de los autos del juicio natural se advierta que el aquí promovente de amparo hubiera interpuesto tal medio de impugnación.

Entonces, si el acto reclamado era apelable conforme al numeral ya invocado; es inconcuso que al no haber agotado el demandante el recurso que la ley ordinaria le otorgaba, por el cual podía confirmarse, revocarse o modificarse la resolución reclamada, incumplió el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia.

Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso no se actualiza algún supuesto de excepción de los previstos en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tampoco incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

Tampoco se combate una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; tampoco se reclama resolución alguna que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute; menos aún, determinaciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otra que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se impugna sentencia definitiva dictada en un proceso penal o un auto de vinculación a proceso.

Además, el quejoso no es persona extraña al procedimiento de origen, en virtud a que tiene el carácter de parte demandada y compareció a juicio, como se advierte del expediente de origen.

Por otro lado, este tribunal colegiado estima que la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional, ni carece de fundamento para determinarla, lo anterior, ya que para verificar si el recurso de apelación es procedente contra el auto que decreta el divorcio incausado, no es necesario acudir a una interpretación adicional de diversas disposiciones legales aplicables, ya que ello se obtiene de manera directa de la redacción del precepto que regula la procedencia del recurso de apelación en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en el caso el numeral 674, fracción I.

Además, de que la falta de previsión y de regulación del juicio de divorcio sin expresión de causa, en cuanto al procedimiento y recursos, en la legislación del Estado de Baja California, queda suplida con el Código de Procedimientos Civiles, de esta entidad, ya que dicho ordenamiento prevé la procedencia del recurso de apelación, lo que no requiere de interpretación adicional ni puede estimarse que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, toda vez que la interpretación es literal y sistemática, de forma clara y concreta.

Lo anterior, se afirma ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 73/2014, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 570, implícitamente incorporó la figura del divorcio sin expresión de causa en el sistema jurídico mexicano. Dicha tesis jurisprudencia es de rubro y texto siguiente:

‘DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS) [...]’

Siendo importante destacar que si bien en el Estado de Baja California no existe dicha figura jurídica — divorcio sin expresión de causa—, y por lo tanto no hay ninguna regulación especial para su tramitación; lo cierto es, que como la jurisprudencia del Alto Tribunal es fuente de derecho y obligatoria, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, se hace necesaria la aplicación de la legislación procesal en materia de divorcio, preferentemente en los lineamientos generales y, subsidiariamente, en lo relativo al régimen necesario, es decir, las reglas procesales que rigen el juicio de divorcio en lo general, previstas tanto en el Código de Civil, como en el de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Baja California, así como las del divorcio necesario que sean acordes y no contravengan la naturaleza del divorcio incausado, incluido en lo anterior las normas relativas a los recursos ordinarios de defensa contempladas en la citada legislación.

Por tanto, si contra el acto reclamado, procedía un medio de defensa ordinario que podía tener como efecto su confirmación, modificación o revocación, pero la parte quejosa no lo agotó, es incuestionable que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a los numerales 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo.

(...)”

Amparo directo 326/2023

a) Antecedentes del caso.

27. Juicio ordinario civil. Una persona física demandó la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa, tramitado en la vía ordinaria civil. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con el expediente 2568/2021.

28. En auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, la persona juzgadora decretó la disolución del vínculo matrimonial entre las partes.

29. Demanda de amparo directo. Inconforme con esa determinación, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con el expediente amparo directo civil 326/2023.

30. Vista con la posible actualización de una causal de improcedencia. En sesión de diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, se ordenó dejar el asunto en lista para dar vista con la posible actualización de una causal de improcedencia, la cual fue desahogada por la parte quejosa.

31. Resolución. En sesión de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, el referido órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio de amparo directo civil 326/2023, al actualizar de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

b) Consideraciones del tribunal colegiado.

“(...)

CUARTO. Sobreseimiento. Es innecesario el estudio del acto reclamado, así como de los conceptos de violación, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte de oficio la existencia de una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y por tanto preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.

En la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso que le concede la ley ordinaria dentro del procedimiento por virtud del cual el acto reclamado puede ser confirmado, revocado o modificado, lo cual conduce a sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.

El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme al cual antes de acudir ante los tribunales de la federación, la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada, ya que, en caso contrario, el juicio constitucional será improcedente.

Este principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal.

Cobra aplicación la jurisprudencia 17/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no obstante se refiere a la Ley de Amparo abrogada, versa sobre la procedencia del juicio constitucional, figura que en los mismos términos contempla la ley vigente, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de dos mil tres, página quince, que enseguida se transcribe:

‘DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO [...]’.

Existen casos de excepción en los que puede salvarse la satisfacción del principio referido, los cuales se encuentran enumerados en los diversos incisos del precepto reseñado, así como en su último párrafo; mismos que tienen como elemento común, la gravedad de la violación reclamada, atendiendo al derecho humano afectado, así como la posibilidad del quejoso de agotar tales medios de defensa, ya sea por la efectiva accesibilidad de que goce por razón de su calidad frente a la autoridad responsable; o bien, por la certeza y viabilidad del recurso existente.

En el particular, ***** ******* ******* ***** ********, promovió demanda de amparo directo, y señaló como acto reclamado el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio civil de divorcio incausado número 2568/2021, por el Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, por medio del cual decretó la disolución del vínculo matrimonial, ordenando la prosecución del juicio ordinario civil respecto a las diversas prestaciones reclamadas.

Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la resolución que decreta el divorcio incausado sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio —como lo es la aquí reclamada—materialmente corresponde a una sentencia definitiva.

Tal como se aprecia del criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 75, febrero de 2020, tomo I, página 597, cuyo rubro y texto son:

‘DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES) [...]’.

En contra de dicho auto, al ser materialmente una sentencia definitiva, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 674, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que establece:

‘Artículo 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.

Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:

I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables...’.

Sin que de los autos del juicio natural se advierta que la aquí promovente de amparo hubiera interpuesto tal medio de impugnación, por el cual podía confirmarse, revocarse o modificarse la resolución reclamada, por lo que incumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional.

Debe decirse que en el caso no se actualiza algún supuesto de excepción de los previstos en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tampoco incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

Tampoco se combate una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; tampoco se reclama resolución alguna que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute; menos aún, determinaciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otra que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se impugna sentencia definitiva dictada en un proceso penal o un auto de vinculación a proceso.

Además, la quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen, en virtud a que tiene el carácter de parte demandada y compareció a juicio, como se advierte del expediente de origen.

Por otro lado, este tribunal colegiado estima que la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional, ni carece de fundamento para determinarla, lo anterior, ya que para verificar si el recurso de apelación es procedente contra el auto que decreta el divorcio sin expresión de causa, no es necesario acudir a una interpretación adicional de diversas disposiciones legales aplicables, ya que ello se obtiene de manera directa de la redacción del precepto que regula la procedencia del recurso de apelación en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en el caso el numeral 674, fracción

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33854-5b644f27/recurso-de-apelacion-previsto-en-el-articulo-674 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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