DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO EN UNA BOLETA DE INFRACCIÓN LA AUTORIDAD OMITE SEÑALAR EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE, LA AUTORIDAD ANTE LA QUE DEBE INTERPONERSE Y EL PLAZO PARA ELLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2025).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 177/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 29 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Presentación de la denuncia. Por oficio recibido vía interconexión el trece de noviembre de dos mil veinticinco en este pleno, las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, denunciaron la posible contradicción de criterios.
2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 697/2024 y 639/2024, en sesiones de siete de agosto de dos mil veinticinco y cinco de septiembre de dos mil veinticinco, respectivamente y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar los diversos amparos directos 233/2024, 372/2024 y 457/2024, en sesiones de tres de abril, cinco de junio y siete de noviembre del año en curso, correspondiente.
3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de dieciocho de noviembre dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 177/2025, con el tema: "determinar el plazo para presentar la demanda de nulidad contra un acto administrativo –boleta de infracción de tránsito levantada por un elemento de la dirección general de tránsito y policía vial del municipio de Celaya, Guanajuato– que incumple con lo previsto en el artículo 138, fracción V, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato", y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente para su estudio a la ponencia de la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:
• No obra en el expediente electrónico informe del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
• El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, por oficio 1802/2025 de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, informó que sus criterios siguen vigentes.
• En oficio DGCCST/X/652/12/2025, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
5. Confirmación de turno. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
6. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
II. Competencia
7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del entonces Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Décimo Sexto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
III. Legitimación
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Guanajuato.
IV. Criterios denunciados
9. No es óbice que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito no haya rendido el informe sobre la vigencia de sus criterios que sostuvo al resolver los amparos directos 639/2024 y 697/2024, pues de las constancias que obran en el expediente de esta contradicción, no se advierten elementos para estimar que ha sido abandonado o superado.
10. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 639/2024 y 697/2024. Una persona física demandó vía sumaría ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la nulidad de una boleta de infracción que levantó un policía de tránsito municipal, exponiendo que se encontraba en tiempo para la presentación de la misma, puesto que en la boleta no se había indicado ni la vía jurisdiccional ni el plazo para impugnarla, lo cual constituye un requisito de validez de la misma.
11. Seguido el trámite correspondiente la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los Municipios de Guanajuato, por haberse consentido tácitamente el acto impugnado al no controvertirlo dentro del plazo legal establecido en el artículo 263 de dicho ordenamiento.
12. En contra de dicha determinación la persona actora interpuso recurso de reclamación ante el Pleno Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, quien confirmó la sentencia de sobreseimiento. Inconforme, la persona quejosa promovió amparo directo.
13. El tribunal colegiado –en el expediente AD 697/2024 del que emana uno de los criterios del que deriva esta contradicción– resolvió con base en las siguientes consideraciones:
SEXTO.—Síntesis y estudio de los conceptos de violación.
Los conceptos de violación identificados en la demanda de amparo como primero, segundo y una parte del tercero, los que se analizarán de manera conjunta dada su vinculación, son fundados y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal, por lo que en atención al principio de mayor beneficio, se soslayará el estudio del restante (la parte del motivo de disenso agrupado como tercero en el que se propone la inconstitucionalidad del artículo 304-C del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los Municipios de Guanajuato), en la medida en que su análisis no redundaría en una mayor protección.
La conceptualización del principio de mayor beneficio, aunque proyectado al juicio de amparo directo en materia penal, derivó de la ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, por la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 37/2003-PL.
En dicha resolución, el Alto Tribunal estableció que el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, contenido en el artículo 17 constitucional, debe respetarse no solamente desde una perspectiva formal, conforme a la cual se establece la obligación del Estado mexicano de crear tribunales suficientes para que resuelvan las controversias que se susciten entre los particulares o entre éstos con la autoridad, y de esa forma evitar la justicia por propia mano, sino que para lograr un efectivo acceso a la justicia no basta con la posibilidad de acudir a dichos órganos de justicia, pues es necesario, desde un punto de vista material, que ellos resuelvan de manera pronta, completa e imparcial, las cuestiones que se someten a su jurisdicción.
En este sentido, dijo, el término "completo" que está establecido en el párrafo segundo del numeral 17 de la Constitución, significa que la función jurisdiccional tiene que ocuparse en su actividad de abordar los temas principales a que hace referencia la controversia planteada, ya que con ello se logrará el mayor beneficio jurídico para los particulares que acudan ante ellos.
También consideró que dicho criterio se orienta a agilizar la administración de justicia y evitar estudios ociosos que no generan beneficio alguno a los gobernados; por tanto, supone un avance en materia de derechos fundamentales al propiciar que los tribunales no desestimen las posibles violaciones que se cometan en perjuicio de los gobernados, so pretexto de cumplir con las formalidades y procedimientos; sin que ello signifique dejar a un lado o soslayar tales aspectos, sino el privilegiar el estudio de posibles violaciones de fondo, cometidas en agravio de la parte quejosa.
Para lo que al caso importa, la Corte estableció que: "las consideraciones hechas deben observarse en cualquier materia, y no solamente en la penal, toda vez que los efectos que se precisaron no se constriñen a ese ámbito, sino que también pueden actualizarse en juicio de naturaleza civil, laboral o administrativa, con los consiguientes beneficios para el quejoso".
Tales consideraciones derivaron en la jurisprudencia P./J. 3/2005, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." (se transcribe).
Esa postura interpretativa del Máximo Tribunal, que ya tenía como sustento constitucional el artículo 17 de la Carta Magna, aparece fortalecida con la adición a dicho precepto constitucional, del párrafo tercero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, conforme al cual todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, pues la intención del legislador es que se privilegie una resolución de fondo sobre la forma, así como evitar reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia.
Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)." (se transcribe).
Oportunidad para presentar la demanda, cuando la autoridad administrativa incumpla con la obligación de informar la vía y plazos para impugnar el acto administrativo.
De la conjunción de los motivos de disenso propuestos por el quejoso, se advierte que en ellos subyace la idea de que la responsable no tomó en cuenta que en el acto impugnado no se indicó el medio de defensa procedente y el plazo para intentarlo; que la responsable realizó una interpretación restrictiva de la fracción V del artículo 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa e insiste en la aplicabilidad de la tesis de rubro: "ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AUTORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL GOBERNADO LA VÍA Y PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO)."
Ahora bien, para justificar lo fundado del planteamiento, debe examinarse el contenido de los artículos 138, fracción V, y 144 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a la luz del postulado de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la norma fundamental.
El derecho a la tutela jurisdiccional garantizado en el artículo 17 constitucional citado, es el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Ese derecho fundamental garantiza al particular el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución.
Así se obtiene de la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." (se transcribe).
Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." (se transcribe).
De tales criterios, es dable advertir que los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción.
Es decir, conforme al principio pro actione, los juzgadores deben buscar, en cada caso, la interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, extremando las posibilidades de acceso a la jurisdicción; lo que se traduce en evitar entorpecer u obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ahora bien, uno de los instrumentos que el sistema constitucional proporciona a los operadores jurídicos para erigirse en garantes del derecho a la jurisdicción, es la aplicación de los principios pro actione y pro homine.
El primero implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
En relación con la dimensión del segundo de esos criterios interpretativos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta solamente en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales, de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución; esa supremacía intrínseca no únicamente opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Carta Magna en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, como parámetro interpretativo, a la fase de su aplicación.
El principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto.
Destacó que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez, es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que únicamente en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procederá declararla inconstitucional.
En esta lógica, razonó, el juzgador debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse, de esa forma, el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción.
Añadió que la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador; en el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez.
Por lo que, los tribunales, en el marco de sus competencias, únicamente pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución.
Esas consideraciones se informan la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." (se transcribe).
Acorde con el último de los criterios reproducidos, el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que eventualmente pudiera provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Además, para la solución de la problemática jurídica observada, también es oportuno tener presente que al analizar los artículos 1, 2, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, cuyo contenido es en esencia, similar a los artículos 1, 298, 299, 300, 301, 302, 303 y 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en la línea de pensamiento del Alto Tribunal, este tribunal colegiado se ha pronunciado en el sentido de que el derecho de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el principio de mayor beneficio jurídico, el cual deben observar todos los órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales en el país.
Por lo que, este órgano colegiado ha razonado, en observancia de ese postulado, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, funcionando en Pleno o en Salas, debe atender, en el contexto del proceso contencioso administrativo local, los motivos de inconformidad que conduzcan a la obtención de una nulidad de fondo, por sobre la declaratoria de extinción derivada de la existencia de vicios formales, ello a propósito de propiciar que se resuelva en el menor tiempo posible y en definitiva los asuntos que le son planteados.
Esas consideraciones derivaron en la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, en su anterior denominación, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del siguiente contenido: "CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)." (se transcribe).
Sentadas esas directrices, se tiene que los preceptos legales referidos en párrafos iniciales de este considerando son del tenor literal siguiente: (se transcriben).
Ahora bien, se afirma que asiste razón jurídica a la quejosa, porque las directrices que proporcionan las jurisprudencias transcritas en supra párrafos no fueron observadas por la autoridad responsable.
En efecto, el acto impugnado en el juicio de nulidad de origen, lo constituye la boleta de infracción (...) de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, que la parte actora atribuyó a un elemento de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial Municipal de Celaya, Guanajuato.
En la demanda de nulidad, la parte actora sostuvo que ese acto le fue notificado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós; y manifestó que la autoridad demandada le retuvo la boleta de infracción.
En contra de la referida boleta y su calificación, (...) promovió el juicio contencioso administrativo **************** del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, quien mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, determinó sobreseer en el juicio, al estimar que el proceso administrativo se promovió fuera de los plazos previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Destacó que el acto impugnado carece de los requisitos de validez previstos en la fracción V, del artículo 138, del código antes citado, relativo a que los actos administrativos deben indicar los medios de defensa que procedan, la autoridad ante la cual deba interponerse y el plazo para ello; razón por la que debe interpretarse que el plazo para su presentación debe ser el más amplio, esto es, treinta días.
Señaló que como el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato no establece la consecuencia de que en un acto administrativo se omita cumplir de manera parcial, absoluta o irregular, con los requisitos de validez previstos en la fracción V, del artículo 138, del citado código, es dable asumir una postura diversa a la sostenida en la tesis aislada XVI.1o.A. 179 A (10a.).
Y, por el contrario, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 127/2016 (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITA SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2006)."
No obstante lo anterior, señaló que aunque el plazo para promover el juicio contencioso local sea de treinta días, el juicio se presentó de forma extemporánea, pues el plazo transcurrió del tres de enero al catorce de febrero de dos mil veintitrés; y la demanda se presentó hasta el veinticuatro de febrero del citado año.
De ahí que estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción V, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, relativa al consentimiento tácito del acto.
Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el recurso de reclamación ******** **, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa; quien en Pleno, determinó confirmar la sentencia controvertida, esencialmente por dos consideraciones torales:
1. No es relevante que no se haya analizado ni verificado si la boleta de infracción contenía o no los medios de impugnación, los plazos aplicables y la autoridad ante la que debían intentarse, porque aunque así fuera, la consecuencia legal consistiría en reconocer a la parte actora un plazo legal más amplio para ello (el relativo a la vía ordinaria, de treinta días), que el correspondiente a la naturaleza del acto impugnado (quince días, referente a la vía sumaria).
2. La tesis de jurisprudencia de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2016).", debe preferirse ante la tesis aislada invocada por la parte actora desde la demanda, de rubro: "ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AUTORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL GOBERNADO LA VÍA Y PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO)."; porque la primera constituye una tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Tales consideraciones son erradas.
Como la parte quejosa refiere, la tesis aislada emitida por este tribunal colegiado sí tiene aplicación al caso concreto, la cual se reproduce enseguida: "ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AUTORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL GOBERNADO LA VÍA Y PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO)."
En la ejecutoria que dio lugar a la tesis antes reproducida, emitida el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, al decidir el amparo directo administrativo 437/2018, este tribunal analizó la fracción V del artículo 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establece como requisito de validez del acto administrativo, que la autoridad informe al gobernado la vía y plazos para su impugnación.
De la interpretación conforme de esa porción normativa, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal obtuvo que, dada la amplitud del marco normativo en materia administrativa, la finalidad de esa exigencia legal estriba en que el gobernado pueda instar el medio de defensa procedente contra el acto de autoridad que le resulte adverso; de ahí que no es razonable desvincular la observancia de dicha obligación del cómputo del plazo para instar el juicio de nulidad en su contra, porque incide en la oportunidad de su impugnación.
Por tanto, este tribunal estableció que la observancia de esa obligación debe analizarse como requisito de admisibilidad de la demanda de nulidad promovida en su contra y, ante su incumplimiento, estimarse siempre oportuna su presentación.
Es decir, que cuando la autoridad incumpla con la obligación de informar al gobernado la vía y plazos para su impugnación, debe estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida en su contra.
Es esas condiciones, si la tesis de que se trata versa precisamente sobre la consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento de la obligación de la autoridad administrativa, de informar al gobernado sobre la vía y los plazos para la impugnación del acto, en esta entidad federativa, no queda duda de la pertinencia y aplicación al caso concreto de la tesis aludida.
En este punto, cabe destacar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33916-01fb0c22/demanda-del-juicio-contencioso-administrativo-en-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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