Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SÓLO SE IMPUGNA UNA NORMA DE VIGENCIA ANUAL Y HAN CESADO SUS EFECTOS. I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, INCISOS QQ), RR) Y SS), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2025. · Registro digital (IUS): 34016
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-22
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.358.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDUARDO MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 37/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del artículo 21, fracción I, incisos qq), rr), y ss, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, emitido por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla, en contravención a los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso a, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes antecedentes y considerandos:

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticinco, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el catorce siguiente, la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:

2. Entidad, poder u órganos demandados:

• Poder Legislativo del Estado de Puebla

• Poder Ejecutivo del Estado de Puebla.

3. Norma general cuya invalidez se demanda: Artículo 21, fracción I, incisos qq), rr) y ss), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

4. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso a, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Concepto de invalidez. La accionante demanda la invasión de la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos; en síntesis, presentó los argumentos siguientes:

De un análisis sistemático de los artículos constitucionales aplicables a la materia de hidrocarburos, se concluye que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de las áreas estratégicas, entre ellas, el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo.

El sector público, en específico, el Gobierno Federal ostenta la propiedad y el control de las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como de su explotación, uso o aprovechamiento y mantiene la vigilancia de los organismos y de las empresas públicas del Estado que se establezcan en estas áreas; sin que estas funciones exclusivas, se entiendan como una actividad monopólica.

El artículo 115, fracción V, inciso f, constitucional le otorga al orden municipal la facultad de conceder licencias y permisos para construcciones, siempre en consonancia con los términos de las leyes federales y estatales; sin embargo, esta facultad excluye licencias y permisos para el desarrollo de actividades de la industria de hidrocarburos.

Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal, que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que almacenen o distribuyan gas L.P. o natural, así como los que almacenan y comercian al por mayor productos derivados del petróleo, dado que la licencia de funcionamiento sirve para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro de la esfera territorial del municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye en una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos cuya competencia es Federal.

6. Radicación y turno. Por proveído de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veinte de febrero de dos mil veinticinco, se registró la presente controversia constitucional con el número 37/2025, el cual fue turnado para su instrucción correspondiente.

7. Admisión. Mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veinticinco se admitió la demanda de controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal. Se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla.

8. Terceros interesados: El Congreso de la Unión y el Municipio de San Pedro Cholula, entidades a las cuales se les dio vista con la demanda y el auto de admisión de ésta, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

9. Vista a la Fiscalía General de la República: En términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante Ley Reglamentaria de la materia), el cinco de marzo de dos mil veinticinco, se le dio vista con la demanda y el acuerdo de admisión.

10. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante escrito recibido el veintidós de abril de dos mil veinticinco, por conducto de su representante legal, manifestó que eran fundados los argumentos del Ejecutivo Federal respecto de la competencia del Congreso de la Unión para legislar la materia de hidrocarburos.

11. Asimismo, indicó que la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación. Por ende, las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en esa materia, por lo que deben atender únicamente, a las atribuciones que le confiere el texto constitucional, acorde a la interpretación contrario sensu del artículo 124 constitucional.

12. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante escrito recibido el once de abril de dos mil veinticinco, por conducto de su representante legal, manifestó, esencialmente coincidir con el planteamiento realizado por el Ejecutivo Federal y solicitó que se dictara sentencia que conforme a derecho corresponda.

13. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Por escrito recibido el veinticinco de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso de Puebla, contestó la demanda, para lo cual hizo valer que, el artículo impugnado no regula la materia de hidrocarburos, sino que la disposición controvertida tiene elementos normativos claros, a partir de los cuales es posible concluir que su sentido normativo es exclusivamente facultar y regular la expedición de licencias de uso de suelo, licencias de construcción por obras materiales, por lo que de ninguna manera se está invadiendo competencia alguna, pues no regula una materia que se encuentre conferida exclusivamente al Congreso de la Unión.

14. Asimismo, indicó que el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, permite a los municipios entre otros otorgar licencias y permisos para construcciones. Por ello, estimó que la facultad de regular el otorgamiento de las licencias y permisos de construcciones resulta una materia reservada a los municipios. En tal virtud, las normas impugnadas, al referirse a una potestad municipal, no se contraponen a las facultades otorgadas a los poderes federales.

15. Conforme a lo anterior es de concluirse que en todo momento el Estado (Federación) mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre la exploración y extracción de hidrocarburos, pero corresponde a los Ayuntamientos otorgar licencias y permisos de construcción.

16. Contestación del Poder Ejecutivo de Puebla. Mediante escrito presentado, de manera electrónica, el treinta de abril de dos mil veinticinco en este Alto Tribunal, la persona que se ostentó como Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, dio contestación a la demanda haciendo valer que, los actos reclamados al Poder Ejecutivo son constitucionalmente válidos, toda vez que fueron realizados conforme al proceso legislativo determinado por la Constitución del Estado de Puebla.

17. El contenido del artículo impugnado, según esa Consejería Jurídica, ha derivado de la facultad constitucional que tienen los gobiernos municipales para imponer gravámenes a la propiedad inmobiliaria, a través del otorgamiento de licencias o permisos de construcción, o bien, licencias de uso de suelo específico; siendo que, dichas premisas no versan o intentan regular alguno de los elementos que conforman las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, constitucionalmente reservadas para el Gobierno Federal, es decir, las disposiciones cuya invalidez se pretende declarar quedan fuera de la cadena de hidrocarburos.

18. Máxime que, el precepto combatido, no regula actividades que conforman la cadena de producción de hidrocarburos, o bien, que se relacione directamente con las actividades de exploración y extracción de los mismos, puesto que la teleología de la norma general en comento tiene por objeto regular el uso, inclusive “doméstico” en el almacenamiento y distribución de hidrocarburos de uso común y cotidiano, no así en los aspectos que atañen a la economía nacional.

19. Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinticinco: Se tuvieron por rendidas las manifestaciones de la Cámara de Senadores; por presentada la contestación de la demanda de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla; luego se determinó que había transcurrido el plazo otorgado al Municipio de San Pedro Cholula a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y, finalmente, señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

20. Opinión del Fiscal General de la República. Se abstuvo de formular pedimento.

21. Audiencia. El once de junio de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por las partes.

22. Cierre de instrucción. Mediante proveído de doce de junio de dos mil veinticinco, se ordenó integrar a los autos el acta de la audiencia, y se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por su propia y especial naturaleza, así como los alegatos formulados. Finalmente, se acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

23. Returno. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el asunto fue radicado en la Ponencia de la Ministra María Estela Ríos González para la elaboración del proyecto respectivo; lo anterior, de acuerdo con el sexto transitorio del Acuerdo General 1/2025 de este Pleno.

24. Publicación de nueva ley. El 19 de diciembre de 2025, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla la Ley de ingresos del Municipio de San Pedro Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2026,(1) la cual dejó sin efectos la ley fiscal relativa al ejercicio fiscal 2025.

I. COMPETENCIA.

25. Conforme a los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como al Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, el Pleno de esta Suprema Corte es competente para resolver la controversia constitucional.

II. NORMAS IMPUGNADAS.

26. La parte promovente señaló como norma impugnada el “DECRETO del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que expide la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, para el Ejercicio Fiscal 2025”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro. En particular, se duele del artículo 21, fracción I, incisos qq), rr) y ss), que a la letra refiere:

“ARTÍCULO 21. Por la expedición de licencias de uso de suelo, licencias de construcción de obras materiales, y la suma de los conceptos de: licencia de construcción, aprobación de planos y proyecto, y terminación de obra, se causarán y pagarán, de conformidad con las cuotas siguientes:

Ver cuotas

III. OPORTUNIDAD.

27. La norma impugnada se publicó oficialmente el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo legal de treinta días hábiles que refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria, transcurrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil veinticinco, sin contar los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de enero, así como el 1, 2, 3, 5, 8 y 9 de febrero, todos de dos mil veinticinco, por ser inhábiles. Lo anterior con base en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia. En tales condiciones, si la controversia constitucional fue presentada el trece de febrero de dos mil veinticinco, se concluye que se interpuso de forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

28. Conforme a los artículos 10, fracción I, y 11, párrafos primero y tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la parte accionante cuenta con legitimación activa para promover la controversia constitucional, por lo que se continúa con su análisis, ya que fue promovida por conducto de la persona titular de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que se tiene por acreditado con la copia certificada del nombramiento expedido en su favor por parte de la Presidenta de la República(2).

V. LEGITIMACIÓN PASIVA.

29. De acuerdo con los artículos 10, fracción II,(3) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional.

30. El Poder Legislativo de la entidad, que compareció el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento de fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro.

31. Por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, contestó la demanda el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación de uno de agosto de dos mil veintitrés.

32. También cuentan con legitimación pasiva, en tanto que terceros interesados, las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como el Municipio de San Pedro Cholula, de conformidad con el artículo 10, fracción III,(4) y 26 de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

33. Las personas representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, comparecieron en el presente juicio de Controversia Constitucional, al presentar las manifestaciones correspondientes.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

34. Este Tribunal Pleno advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V,(5) y 20, fracción II,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que han cesado los efectos que motivaron la presentación de la demanda.

35. En efecto, la norma general impugnada forma parte de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula para el Ejercicio Fiscal 2025, la cual, conforme a su propia naturaleza y a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, tiene vigencia exclusivamente anual.

36. Al momento de dictarse esta sentencia, ha concluido el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, por lo que las disposiciones combatidas han dejado de surtir efectos jurídicos, sin que se advierta la subsistencia de consecuencias jurídicas concretas o autónomas que ameriten un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal Constitucional.

37. En ese sentido, la eventual declaración de invalidez carecería de eficacia práctica, pues no tendría la aptitud de incidir en el sistema normativo vigente ni de restituir esfera competencial alguna, lo que torna innecesario el análisis del planteamiento competencial formulado por el Poder Ejecutivo Federal.

38. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional, al haberse actualizado una causa de improcedencia superveniente, relacionada con la cesación de efectos.

VII. DECISIÓN.

Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee la presente controversia constitucional.

Notifíquese; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite correspondiente y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El Señor Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Ministra Ponente, con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

________________

1. Publicación disponible en: https://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_7_19122025_C.pdf

2. Artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

(...)

X Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas. (...)

3. Artículo 10., Ley Reglamentaria de la materia: Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

(...)

II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia; (...)

4. ARTÍCULO 10 de la Ley Reglamentaria de la materia:

Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

(...)

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

5. ARTÍCULO 19 de la Ley Reglamentaria de la materia:

Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.

6. ARTÍCULO 20. de la Ley Reglamentaria de la materia:

El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34016-5b5cb377/controversia-constitucional-procede-el-sobreseimiento-cuando-solo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.