I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2025. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA CON CONSIDERACIONES ADICIONALES, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA CON CONSIDERACIONES ADICIONALES, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. LA SEÑORA MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDGAR ARMANDO AGUIRRE GONZÁLEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: La resolución de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente **********, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la controversia constitucional 4/2025, promovida por la Fiscalía General de la República en contra de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal Federal de Justicia Administrativa); lo anterior, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez del acto emitido por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
2.Poder demandado. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
3. Acto impugnado:
“IV. ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
La resolución de 2 de diciembre de 2024, dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal de Justicia Administrativa), por medio de la cual asume competencia para conocer y resolver del juicio contencioso administrativo identificado con el número de expediente **********, afectando las facultades y autonomía de este órgano constitucionalmente autónomo.”
4. Hechos. De las constancias que obran en autos, se aprecia que:
• El primero de marzo de dos mil veintitrés, una persona ingresó a laborar en la Fiscalía General de la República como Auxiliar Ministerial C (en adelante el extrabajador), causando baja el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés por la terminación de la vigencia de su nombramiento.
• El cinco de agosto de dos mil veinticuatro, el extrabajador promovió juicio de nulidad en contra de “la terminación injustificada del contrato laboral categoría Auxiliar Ministerial C, plaza ********** la cual manifiesta que nunca le fueron entregadas en cédula de notificación, copias certificadas de resolución, desconociendo el contenido de éstas”.
• El veinte de agosto siguiente, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente ********** y tuvo como autoridad demandada a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
• La Fiscalía General de la República, en su calidad de autoridad demandada, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de admisión, señalando que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es incompetente para conocer y resolver sobre la legalidad del acto impugnado.
• El dos de diciembre de dos mil veinticuatro, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto y ordenó confirmar el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinticuatro.
• El diecisiete de enero de dos mil veinticinco, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del acto emitido por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
5. Conceptos de invalidez. La Fiscalía General de la República, en síntesis, señaló en su único concepto de invalidez lo siguiente:
• Que la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al emitir el acuerdo controvertido en el expediente **********, extralimitó las facultades previstas en el artículo 73, fracción XXIX-H, y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al asumir una competencia con la que constitucionalmente no cuenta, actualiza una intromisión o interferencia indebida en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Fiscalía, afectando su autonomía jurídica, administrativa e independencia funcional, pues revisa actos emitidos por este órgano constitucional autónomo, sin que dicho Tribunal tenga atribuciones para dirimir controversias concernientes a la relación administrativa que guarda la Fiscalía con su personal, más cuando en el caso no se trata de la imposición de sanciones por causa de responsabilidad administrativa grave.
6. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 49, 73, fracción XXIX-H y 102, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Federal.
7. Trámite de la controversia. Por acuerdo Presidencial de esta Suprema Corte del veintiuno de enero de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 4/2025; asimismo, se turnó el expediente al Ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, al existir conexidad con las controversias constitucionales 172/2024, 267/2024, 288/2024 y 3/2025.
8. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco se admitió a trámite la demanda y se tuvo como promovente de la controversia a la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, como demandado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación; asimismo, se instruyó dar vista a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que hiciera manifestaciones, pero se abstuvo de formular opinión. Además, ante la solicitud de la parte demandada, se ordenó formar el incidente de suspensión.
9. Contestación de la autoridad demandada: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicho órgano jurisdiccional, en representación del Presidente de este, dio contestación a la demanda e hizo valer diversas causales de improcedencia y sobreseimiento.
10. Audiencia. El veintitrés de abril de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que se tenían por formulados los presentados por la Fiscalía General de la República, así como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
11. Asimismo, se dio cuenta con el oficio ********** y anexo, suscrito por la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, recibido el veintidós de abril de dos mil veinticinco en este Alto Tribunal, por medio del cual se desistió del presente medio de control constitucional, tal como se advierte de la siguiente transcripción:
“Sin embargo, por medio del presente escrito, y por así convenir a los intereses de mi representada, en este acto, se promueve el desistimiento de dicho medio de control constitucional.
Cabe señalar que, para que pueda decretarse el sobreseimiento por desistimiento de una controversia constitucional, esa Suprema Corte y La Ley Reglamentaria, exigen el cumplimiento de Los siguientes requisitos:
1. Se trate de actos y no de normas generales
En la especie se cumple el referido requisito, ya que como se mencionó, la referida controversia se interpuso en contra de la resolución de 2 de diciembre de 2024, dictada el Tribunal de Justicia Administrativa, por medio de la cual asumió competencia para conocer y resolver del juicio contencioso administrativo identificado con el número de expediente **********, esto se trata de un acto que se refiere a una situación jurídica particular y concreta que se agota con su aplicación.
2. Legitimación en el desistimiento.
Como se refirió, conforme a los artículos 11, fracción XV y 23 de la Ley de la Fiscalía General de la República y 5, fracción I, inciso b, subinciso i, 7, fracciones X y XXXII, 8, 13 y 17, fracción XXV del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, la suscrita cuenta con facultades de representación del Titular de la Fiscalía General de la República.
3. Desistimiento de forma expresa.
En la especie el referido requisito se actualiza, pues el objeto del presente ocurso es exteriorizar de forma manifiesta la intención de no continuar con el juicio, toda vez que ya no subsiste el interés perseguido con su interposición.”
12. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veinticinco se acordó integrar al expediente el oficio y anexo de la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, mediante el cual se desistía de la presente controversia constitucional, por así convenir a los intereses de su representada.
13. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 1º y 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el mismo proveído del veinticinco de abril de dos mil veinticinco, a efecto de resolver sobre el desistimiento de la instancia promovida, se requirió a la representante legal de la citada Fiscalía para que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de este acuerdo, ratificara la voluntad de ese órgano federal para desistirse de la controversia constitucional.
14. Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veinticinco se ordenó agregar a los autos el acta de comparecencia de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República ratificó el contenido y firma del oficio de desistimiento presentado el veintidós de abril del año en curso.
15. Turno. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal turnó a la ponencia de la Ministra María Estela Ríos González el presente asunto para que se avocara al conocimiento y elaboración del proyecto correspondiente.
I. COMPETENCIA
16. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución General; y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General del Tribunal Pleno 2/2025 (12ª), de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.
II. SOBRESEIMIENTO
17. Previo a analizar el resto de los presupuestos procesales y con independencia de la actualización de diversa causa de improcedencia, resulta necesario determinar si procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto; lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente al desistimiento de la demanda.
18. De acuerdo con dicho precepto y con las jurisprudencias del Pleno de este Alto Tribunal de rubros “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.”(2) y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.”,(3) el desistimiento únicamente procede cuando la persona que se desista de la demanda en nombre de la entidad, poder u órgano de que se trate: (i) esté legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan y (ii) ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública; y cuando no se hayan impugnado normas de carácter general.
19. En el caso que nos ocupa se cumplen las tres condiciones anunciadas. La servidora pública que signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Poder actor. Ese desistimiento fue ratificado por dicha servidora pública y no se impugnaron normas de carácter general.
20. En efecto, como se relató anteriormente, por escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, en su carácter de Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, personalidad que tiene acreditada en autos, manifestó desistirse de la presente controversia constitucional por así convenir a los intereses de la Fiscalía que representa, la cual cuenta con facultades para realizarlo en términos del artículo 17, fracción IV,(4) del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República.
21. Asimismo, se constató que en el acta de comparecencia de nueve de mayo de dos mil veinticinco, la promovente ratificó su voluntad de desistirse.
22. Además, la materia del desistimiento no versa sobre una norma general, pues del análisis de la demanda, como de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la Fiscalía reclamó la resolución de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio contencioso administrativo con número de expediente **********, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
23. En consecuencia, se debe tener por desistido al órgano actor y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo antes expuesto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:
RESUELVE
PRIMERO. Se tiene por desistida a la Fiscalía General de la República de la presente controversia constitucional en términos de lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO.- Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese conforme a derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra con consideraciones adicionales, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama con consideraciones adicionales, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. La señora Ministra Batres Guadarrama anunció voto concurrente.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, y en el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las listas con asuntos con proyecto de resolución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; (...)
2. De texto: “De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el sobreseimiento cuando la parte actora desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que pueda hacerlo tratándose de normas generales. Por su parte, el artículo 11, primer párrafo, de la ley citada establece, en lo conducente, que la comparecencia de las partes a juicio deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. De lo anterior se concluye que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general.”
P./J. 113/2005, Pleno, Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, Registro 177328, página 894.
3. De texto: “Del artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para decretar el sobreseimiento por desistimiento de la demanda de controversia constitucional, éste debe ser expreso y no tratarse de normas generales. Ahora bien, si se toma en consideración que el citado procedimiento se sigue a instancia de parte, es inconcuso que para que se decrete el sobreseimiento por desistimiento de la demanda, este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, siempre que cumpla con las condiciones señaladas.”
P./J. 54/2005, Pleno, Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, registro 178008, página 917.
4. Artículo 17. Facultades de la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos.
Adicionalmente a las previstas en el artículo 7 del presente Estatuto Orgánico, la persona titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes facultades:
(...)
IV. Allanarse, transigir, abstenerse de ejercitar acciones y desistirse de ellas en los juicios de su competencia, así como abstenerse de interponer los recursos cuando así proceda;
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34049-3ee9c406/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-desistimiento-expreso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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