I. HACIENDA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LA FACULTAD CONSTITUCIONAL DE PROPONER LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO LAS CUOTAS O TARIFAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO PREDIAL, MIENTRAS QUE LAS LEGISLATURAS ESTATALES TIENEN COMPETENCIA PARA APROBAR, MODIFICAR O RECHAZAR DICHAS PROPUESTAS. II. HACIENDA MUNICIPAL DE MÉRIDA. LA DECISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN DE APARTARSE DE LA PROPUESTA MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL IMPUESTO PREDIAL, NO VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, EN TANTO QUE CONSIDERÓ DIVERSOS FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA MODIFICAR LA PROPUESTA MUNICIPAL (ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MODIFICADO POR EL DECRETO 29/2024, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. HACIENDA MUNICIPAL. RECOMENDACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA QUE, EN LO FUTURO, AL MOMENTO DE APROBAR LOS VALORES BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, TOME EN CONSIDERACIÓN, EN CONJUNTO CON LOS MUNICIPIOS, NO SÓLO ASPECTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS, SINO ADEMÁS VARIABLES DE CARÁCTER SOCIAL, COMO LA PROTECCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, LOS EFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN Y, EN GENERAL, LAS CONDICIONES QUE PERMITAN QUE LA DETERMINACIÓN DE DICHOS VALORES SE REALICE DE MANERA EQUITATIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2025. MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Acto impugnado:
Decreto 29/2024, por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Periódico Oficial local el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
El problema jurídico que se plantea es el siguiente:
¿El Congreso del Estado de Yucatán se apartó de la propuesta municipal de actualización de valores unitarios sin expresar una motivación objetiva y razonable, conforme al estándar previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 11/2025, promovida por el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Secretario de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, solicitando la invalidez del Decreto 29/2024 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Periódico Oficial local el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Cecilia Anunciación Patrón Laviada y María Cristina Castillo Espinosa, en su carácter de Presidenta y Síndica, respectivamente, del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, promovieron controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Secretario de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, en la que impugnan lo siguiente:
“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERA PUBLICADO:
Del Poder Legislativo del Estado de Yucatán:
- El decreto de fecha 13 de diciembre de 2024 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, decreto que fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán:
- El decreto 29/2024 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, decreto que fuera expedido el 23 de diciembre de 2024, y fuera publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
Del Secretario General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán:
- El refrendo del referido Decreto 29/2024 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, decreto que fuera expedido el 23 de diciembre de 2024, y fuera publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro”.
2. Conceptos de invalidez de la demanda inicial. En su escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• El Congreso local, al aprobar el Decreto impugnado vulneró los principios constitucionales de libre administración hacendaria, así como el de autonomía y autosuficiencia económica, en perjuicio de los ingresos y la hacienda municipal, lo que trae consigo una grave afectación a la sociedad en general, pues con tal determinación no se respeta la libre disposición y aplicación de los recursos públicos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
El Poder Legislativo demandado, al analizar la iniciativa propuesta por el Municipio actor, no distinguió la naturaleza de la norma sometida a su consideración, ya que le dio un tratamiento ordinario, como si se tratara de una ley secundaria común.
Se soslayó la naturaleza de la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda Municipal de que se trata, cuyo contenido fue modificado contraviniendo el artículo 115, fracción IV, constitucional, con lo cual se afecta el derecho del Municipio para percibir los ingresos totales provenientes del impuesto predial, así como a su régimen de administración hacendaria, en virtud de que al no tener libre disposición y aplicación de esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, le resta autonomía y autosuficiencia económica.
El proceso para expedir la normatividad estatal que regula las contribuciones relativas al impuesto predial –que se insiste corresponden al Municipio–, la Constitución Federal es expresa en asignar atribuciones específicas tanto a los Municipios como a las legislaturas locales, a saber: 1) a favor de los Ayuntamientos corresponde proponer las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos y contribuciones de mejores, así como las tablas de valores unitarias de suelo y contribuciones que constituyan la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y 2) al legislador estatal toca determinar en definitiva los valores unitarios y las tasas aplicables para el cobro de los indicados tributos, lo que se refleja en el momento en que aprueba las normas respectivas, bajo criterios objetivos y que den certeza jurídica, respetando la libre disposición de recursos públicos y la autosuficiencia económica a favor de la hacienda municipal.
La atribución municipal de formular la iniciativa legislativa goza de rango constitucional, por lo que los Congresos de los Estados sólo puedan alejarse de ella cuando provean los argumentos necesarios que justifiquen de manera objetiva y razonable esa decisión, ya que la confluencia de competencias constitucionales exige un proceso de discusión que refleje una interacción sustantiva y no meramente formal entre los Municipios proponentes y las legislaturas que toman la decisión final.
En el caso, la mayoría del Pleno del Congreso demandado adoptó como propio y aprobó, sin cambio alguno, el dictamen propuesto por la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, motivando el acto legislativo en consideraciones de carácter subjetivo para realizar cambios y modificaciones a la iniciativa de reforma original que presentó el Municipio actor.
Debemos tener en cuenta que la regulación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria es el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario, en el que la facultad de iniciativa concedida al Municipio no se agota con su sola presentación ante el Congreso local. Por el contrario, dicha propuesta debe ser la base sobre la cual se construyan las leyes de ingresos respectivas considerando una “vinculatoriedad dialéctica”, que implica la imposibilidad de que la legislatura local introduzca cambios carentes de argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos, al menos en alguna etapa del proceso legislativo.
La legislatura debió basar su determinación de modificar la iniciativa presentada por el Municipio en criterios objetivos y razonables, y no al “ánimo político, la responsabilidad democrática y representativa”, como lo sostuvo en el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso.
En efecto, la atribución para presentar la iniciativa por parte de los Municipios tiene un alcance superior al de fungir como simple elemento necesario para poner en movimiento una maquinaria legislativa, por lo que si el Congreso local determinó modificar la propuesta del Cabildo, era necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que no se hizo de manera arbitraria, sino conforme a un proceso de reflexión apoyado en razones sustentadas con bases objetivas, públicas, razonables y proporcionales, lo que, además, implica respetar la autonomía hacendaria y suficiencia presupuestal, para que sean justificables las modificaciones que constitucionalmente están atribuidas como una función de la hacienda municipal.
Por tanto, el Legislativo demandado, al aprobar el Decreto impugnado vulnera el artículo 115, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Federal, así como el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en lo que se advierte que el impuesto predial es de naturaleza real y su base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones, tal como señala jurisprudencia P./J. 123/2004, de rubro: “PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES.”
Igualmente, se debe tomar en cuenta que el Legislativo demandado no previó que, tratándose del impuesto predial, los principios de equidad y proporcionalidad tributaria residen en la aplicación general de los valores unitarios autorizados a las superficies de suelo y construcciones existentes en el inmueble de que se trate, por lo que si bien la calidad de propietario hace al ciudadano sujeto del impuesto predial, no son sus características personales las que determinan la equidad y proporcionalidad impositiva, sino las propias de cada inmueble; por lo que, si las bases para el cálculo del impuesto atienden al inmueble y no al propietario, la concesión de beneficios fiscales ha de seguir la misma suerte, contrario a lo hecho por la mayoría del Legislativo demandado, de ahí lo arbitrario del Decreto impugnado.
Por otro lado, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, no motivan in funda en forma debida las modificaciones que le realizaron a la propuesta municipal, es decir, si bien las legislaturas estatales cuentan con la facultad de desahogar el proceso legislativo a efecto de expedir las leyes en las entidades, lo cierto es que en el caso de la legislación fiscal de los Municipios, estos son actos cuyo tratamiento en el proceso legislativo tienen un carácter especial, pues su rango constitucional impone un tamiz diferente, lo anterior, porque los Ayuntamientos tienen una facultad constitucional determinar las contribuciones que los ciudadanos deban aportar al erario para que la administración municipal cumpla con sus fines y obligaciones para con los habitantes y su desarrollo.
Las legislaturas pueden realizar modificaciones a los proyectos que les remitan para su estudio, dictamen y, en su caso, aprobación por el Pleno; los cambios a los proyectos que los Ayuntamientos le remitan deben fundarse y motivarse en forma correcta, respecto no solo los elementos técnicos en que se basó el remitido por el iniciador, sino que también se deben respetar el principio de libre administración hacendaria, así como el de autonomía y autosuficiencia económica, en beneficio de los ingresos del Municipio y la hacienda municipal, cuestión que en el caso no se respetó en el proceso legislativo ni en la norma aquí reclamada.
De la motivación y fundamentación que fue aprobada por el Municipio actor, contenida en la exposición de motivos que fue presentada y enviada al Poder Legislativo, en ella se expusieron las razones y motivos jurídicos, técnicos y fácticos para considerar que el Ayuntamiento, en uso de su facultad constitucional de libre disposición de recursos y de la hacienda municipal, se debería modificar la Ley de Hacienda Municipal, a efecto de actualizar la tasa para calcular el cobro del predial en unas zonas específicas de la ciudad y con los contribuyentes propietarios de esos inmuebles aportaran en forma proporcional al erario para que el Municipio cumpla con sus funciones y servicios públicos.
Sin embargo, el Congreso demandado, al modificar la iniciativa de reforma enviada por el Municipio de Mérida, no supera las razones jurídicas que se expusieron que, en la dictaminación de esa iniciativa impone su voluntad unilateral con “motivaciones” de “ánimo político”, como quedó expuesto en la consideración Octava del dictamen propuesto por la Comisión y que fue aprobada por la mayoría del Pleno.
Las propuestas municipales no son estrictamente vinculantes, pero implican la imposibilidad de que la legislatura introduzca cambios sin justificaciones con argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en alguna etapa del proceso legislativo.
Esto es, aun cuando la decisión final corresponde al Congreso local, lo cierto es que debe dar el peso suficiente a la opinión del Municipio a través de la motivación suficiente que, en su caso, explique por qué se aparta de la propuesta. Aunado a ello, el estándar de motivación exigible a la legislatura deberá atender a un criterio de razonabilidad, por lo que sus argumentos deberán ser cualitativamente superiores a los expresados en la propuesta municipal, independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de motivos expuestos por ésta última, sobre todo porque las motivaciones de las iniciativas constitucionales no constituyen un requisito constitucional.
El principio de motivación objetiva y razonable funciona como un límite a la libertad de configuración del legislador por lo que hace a los tributos y como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos que tiene reconocidos los Municipios en la Constitución Federal.
Además, la facultad de los Ayuntamientos para proponer a las legislaturas las tablas de valores unitarios y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre materia inmobiliaria es de rango constitucional, cuestión que el legislador local ignoró de manera abierta en el ejercicio de esa atribución en perjuicio del Municipio actor.
En el caso, el Municipio actor envió su iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda, empero, el legislador yucateco no proporcionó motivación suficiente para sostener su determinación de apartarse de esa propuesta, ya que se limitó a hacer argumentos generales sin exponer razonamientos técnicos, no obstante que su deber era hacer un estudio proporcional con el alcance de lo que se planteó.
Sumado a ello, se derivará en perjuicios financieros, ya que, con la modificación a la iniciativa municipal, el Decreto que se impugna impacta directamente en la recaudación, a pesar de que ello se encuentra protegido por el principio de reserva de fuentes de ingresos.
La motivación municipal fue con el objetivo firme de que el Municipio fortalezca sus ingresos, mientras que la legislatura no tomó en cuenta las motivaciones técnicas de la iniciativa –como la incorporación de zonas y desarrollos, fraccionamientos, mejoras y ampliaciones, entre otras–, lo anterior sin razonar y sopesar, de manera proporcional, la afectación que ello pudiera causarle, lo que constituye una privación de los recursos que le son necesarios para hacer frente a sus obligaciones constitucionales.
Para una mejor intelección, se considera aplicable lo resuelto por ese Alto Tribunal en las controversias constitucionales 14/2004, 13/2006, 15/2006, 18/2006, 4/2011, 99/2012, 1/2015, 171/2016, 210/2016, 216/2016, 95/2017 y 214/2023.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son los artículos 31 y 115, fracción IV, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de once de febrero de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 11/2025; y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento respectivo, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Yucatán, a las cuales ordenó emplazar para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su respectiva contestación a la demanda; requirió al Legislativo copia certificada de los antecedentes del Decreto impugnado y al Ejecutivo un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, antes de la celebración de la audiencia de ley, formularan el pedimento que le corresponde.
6. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Mediante escrito recibido el ocho de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Estefanía Baeza Martínez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, formuló contestación a la demanda, en la que manifestó, en esencia:
• El Decreto impugnado atiende a los principios constitucionales previstos en el artículo 115 constitucional, toda vez que las legislaturas de los Estados pueden realizar modificaciones a los proyectos que remiten los Municipios, previa justificación de argumentos objetivos y razonables.
La Comisión Permanente de Presupuesto y Patrimonio Estatal y Municipal, al emitir su dictamen, previo estudio y análisis de la iniciativa por el que se modifica la Ley de Hacienda Municipal impugnada funda y motiva las razones por las que se determinó no incrementar el impuesto predial planteado, por lo que no se actualizan todos los valores catastrales que pretendía incrementar dicho Municipio.
En relación con que el Congreso estatal no realiza una razonabilidad objetiva mediante motivación reforzada para la elaboración de su dictamen, resulta infundado, ya que parece ignorar que la motivación reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectar algún derecho fundamental u otro bien constitucional relevante y, precisamente, por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emite el acto o la norma razona su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando las circunstancias del caso concreto.
En el caso, no nos encontramos en el supuesto de que se trate de una categoría sospechosa, por lo que no se exige que la motivación del legislador sea reforzada, máxime que no está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que considero para aprobar el dictamen que dio como resultado el Decreto reclamado.
Tratándose de actos legislativos que tienen el carácter de generales, abstractos e impersonales, la garantía de fundamentación se cumple cuando el órgano que los realiza está constitucionalmente facultado para ello, esto es, actúa dentro de su respectivo ámbito de atribuciones, y la garantía de motivación se respeta cuando las disposiciones legales que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente tuteladas, sin que cada una de las hipótesis normativas que las integran tengan que ser materia de una motivación específica.
En ese orden, el cumplimiento de la garantía de fundamentación del acto legislativo coincide con el respeto a la garantía de seguridad jurídica relativa a la competencia constitucional consistente en que tal acto sea emitido por autoridad competente, ya que ambas garantías se cumplen cuando el órgano legislativo está facultado para emitir la ley reclamada.
Sin embargo, para cumplir con los principios de razonabilidad objetiva, del Dictamen respectivo, se puede observar que el Congreso local identificó que el Municipio no justificó debidamente el aumento proporcional que proponía su iniciativa para la actualización de valores unitarios de los predios del ente municipal, sino que solo se limitó a fijar su incremento basado en la inflación inmobiliaria emitido por la Sociedad Hipotecaria Federal, perdiendo completamente de vista que dicho parámetro es utilizado como referencia cuando una persona quiere vender o comprar un inmueble y no así para que sea utilizado para tasar o establecer incremento en el impuesto predial de los ciudadanos.
Dicho aumento pretendido al impuesto predial se observó que tiene una finalidad de trasfondo, pues no se atiende al beneficio de los habitantes de la ciudad de Mérida, sino que solo a un mínimo grupo de ciudadanos que cuentan con recursos suficientes para dedicarse a modo de inversión a las transacciones de compra y venta de propiedad situadas en el Municipio, con lo que se aparta abruptamente de la realidad de las personas que habitan en el Municipio, ya que la adquisición de su inmueble es con fines de residir en él como patrimonio familiar y no así para dedicarse a la compra y venta de predios.
Y considerando que ha existido un aumento progresivo en el cobro del impuesto predial, ha impactado en una afectación directa y grave en los ingresos de los ciudadanos, quienes radican desde sus ancestros, por lo que las propuestas presentadas por el Cabildo no fueron asertivas, correctas ni mucho menos justificadas, sumado a que, a pesar de los aumentos anteriores al predial, persiste la mala calidad de los servicios municipales, tales como la pavimentación de calles, falta de alumbrado público, abandono de parques, malos olores, entre otros.
Derivado de lo anterior, es que la Comisión dictaminadora determina apartarse parcialmente de la propuesta de reforma al artículo 46 de la Ley de Hacienda Municipal impugnada, relativa a la actualización de la tabla de valores unitarios que inciden en el cobro del impuesto predial.
Al respecto, conviene exponer lo resuelto por ese Alto Tribunal en la controversia constitucional 15/2006, en la que se determinó que el Congreso de Michoacán dio una motivación adecuada al disminuir las tasas aplicables para el impuesto predial propuestas por el Municipio, al determinar que la Legislatura dio sustento técnico al apartarse de la propuesta de aumento del predial del Municipio, pues basó su decisión en el Índice de Inflación del Banco de México, con lo que se da por cumplida la razonabilidad del Congreso del Estado de aumentar solo un punto porcentual en relación con la tarifa anterior.
De igual manera, el Pleno estudió los principios previstos en el artículo 115 constitucional, donde se determinó que la Constitución Federal divide las atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de regulación de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y establece que los Municipio tienen la competencia constitucional para proponerlos y las legislaturas para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos municipales.
Asimismo, se determinó que la concurrencia de competencias y el proceso de colaboración legislativa exigido por los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 constitucional, se constituye como una norma sustantiva que corresponde a relaciones interinstitucionales que genera una carga para el legislador estatal durante el transcurso del proceso legislativo, sin que frente a su desacato pueda afirmarse que se vulnera la formación de la voluntad parlamentaria. De este modo, en caso de desatenderse dicho ordenamiento no se genera a los contribuyentes una violación que les depare perjuicio.
En dicha controversia, ese Alto Tribunal analizó el proceso legislativo que llevó la legislatura de Michoacán, respecto del impuesto predial precisamente, reconociendo que si bien la propuesta de los Ayuntamientos conservan su rango constitucional y tratándose de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es innegable que los Congresos solo pueden apartarse de la propuesta municipal si proporcionan argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable.
De ahí, se puede afirmar que tomando en cuenta los razonamientos expuestos, este Congreso establece argumentos suficientes en el Dictamen de reforma a la Ley de Hacienda Municipal impugnada, toda vez que se exponen las razones y los motivos por los cuales decide apartarse de la propuesta del aumento del predial del Municipio, siendo que se justifica en que el parámetro de referencia que utiliza el Municipio actor no es el idóneo para que puedan determinar un aumento de un 9.7 por ciento para la actualización de la tabla de valores unitarios, lo cual trae como consecuencia un perjuicio económico a los ciudadanos que contribuyen al pago del predial.
Por lo anterior, el Congreso demandado cumplió a cabalidad con los principios constitucionales, así como la fundamentación y motivación de la razón de su actuar, circunstancia que se encuentra debidamente apegada a derecho y a normas constitucionales, por lo que resulta totalmente improcedente el concepto de invalidez, pues el Decreto que modifica la Ley de Hacienda Municipal en cuestión, no contraviene algún precepto de la Constitución Federal.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el ocho de mayo de dos mil veinticinco y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaspar Daniel Alemañy Ortíz, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal del Gobernador del Estado de Yucatán, formuló contestación a la demanda en donde, en esencia, manifestó:
• El Decreto impugnado no es inconstitucional, toda vez que dicho instrumento estuvo precedido del proceso legislativo correspondiente y, por tanto, se puede sostener que legalmente se cumplió con los extremos de fundamentación y motivación requeridos para tal efecto.
El Legislativo, al cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación en la etapa de aprobación del Decreto impugnado, el Ejecutivo procedió a su promulgación y publicación, en cabal cumplimiento a los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como 14, fracciones VIII y IX del Código de la Administración Pública de Yucatán.
En ese sentido, válidamente se puede sostener que los actos legislativos que culminaron en la aprobación del Decreto impugnado, cumplió con los extremos de fundamentación y motivación requeridos para tal efecto, de conformidad con el artículo 30, fracción V; de la Constitución Federal, en el que se faculta al Congreso local para dar, interpretar y derogar leyes y decretos.
8. Opinión de la Fiscalía General de la República. La citada dependencia no formuló manifestación o pedimento alguno.
9. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veinticinco de junio de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y por acuerdo de la Ministra instructora de la misma fecha se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de esa Norma Fundamental,(3) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en virtud de que se plantea un conflicto entre una entidad federativa del Estado Mexicano y uno de sus Municipios.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
11. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) es necesario fijar de manera precisa el o los actos cuya invalidez demanda la parte actora y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009(6) de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA”.
12. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
13. En ese sentido, del análisis integral de la demanda se desprende que el Municipio actor impugna el Decreto 29/2024, por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Periódico Oficial local el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, específicamente su artículo 46 que contiene los valores unitarios que inciden en el cobro del impuesto predial. Dicho precepto dispone:
“ARTÍCULO 46.- Para la determinación de los valores catastrales correspondientes se tomarán en cuenta:
I.- Los valores unitarios para el terreno correspondiente a las secciones catastrales del Municipio de Mérida, de la uno a la cincuenta que aparecen en las tablas siguientes que delimitan esas secciones:
Ver tablas
14. La existencia de dicho Decreto se acredita con su publicación oficial, la cual fue acompañada por el Poder Ejecutivo demandado al momento de presentar su contestación a la demanda.
III.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34214-59cc157e/i-hacienda-municipal-los-ayuntamientos-tienen-la-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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