I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 28, NUMERAL 32, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66-223, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: MARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 88/2025 promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, por la expedición del artículo 28, numeral 32, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.
I. ANTECEDENTES
1. Publicación de la norma impugnada. El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas el Decreto 66-223 por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
2. Promoción de la controversia constitucional y conceptos de invalidez. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la titular de dicho Poder de la Unión, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas la invalidez del artículo 28, numeral 32, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
3. Concepto de invalidez. En su concepto de invalidez, la parte accionante aduce que la norma impugnada es inconstitucional por las razones siguientes:
• ÚNICO. Competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos. El precepto impugnado invade la competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos que está prevista en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal.
• La competencia federal en la materia de hidrocarburos se materializa en dos vertientes: por una parte, la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión y, por otra parte, la facultad de ejecución y vigilancia normativa en la materia, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con el artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos.
• De acuerdo con el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como otorgar licencias o permisos para edificar construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial. Esta facultad está acotada por las condiciones previstas en las leyes federales que regulan la industria de hidrocarburos.
• Los municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos, toda vez que, como lo disponen los artículos 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I y 52 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, emitir los permisos para su comercialización, previa revisión del cumplimento de las especificaciones técnicas y de diseño de las instalaciones respectivas.
• La facultad constitucional otorgada a los municipios para emitir licencias de uso de suelo y permisos de construcción no alcanza para recaudar contribuciones sobre las actividades que conforman la cadena de valor en el sector de los hidrocarburos. Si bien la norma impugnada no impone el cobro de tarifas por otorgar concesiones o permisos para realizar actividades con hidrocarburos, lo cierto es que sí prevé el pago de derechos por la expedición de licencias para la construcción de instalaciones relacionadas con ese tipo de sustancias.
• Por lo tanto, la norma impugnada invade las facultades del Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que operan en el sector de los hidrocarburos, que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, pues a través de las licencias de construcción, el municipio realiza materialmente una revisión técnica sobre la infraestructura relacionada con hidrocarburos.
• Es aplicable el criterio sustentado por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 65/2024, en la cual sostuvo que los cobros municipales para autorizar las actividades de explotación de hidrocarburos invaden las facultades exclusivas de la Federación.
4. Radicación y turno del asunto. Mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 88/2025 y ordenó turnarlo al entonces Ministro Javier Laynez Potisek.
5. Admisión. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Valle Hermoso, del Estado de Tamaulipas. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por oficio presentado el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones:
• Materia de hidrocarburos. Del análisis sistemático de los artículos 27, párrafos cuarto y sexto, 28 y 73, fracción X, constitucionales se advierte que es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre la materia de hidrocarburos y que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo pueden realizar los particulares a través de las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, sin que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas constituyan monopolios.
• La Ley de Hidrocarburos recoge los anteriores lineamientos, pues sus artículos 95, párrafo primero, y 131 establecen que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, lo que incluye las actividades de exploración y extracción de esa clase de sustancias.
• Por otro lado, si bien el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal otorga competencia a los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, lo cierto es que dicha facultad debe ejercerse de conformidad con las leyes federales que regulan la materia de hidrocarburos. Además, la facultad municipal para conceder licencias y permisos de construcción no incluye el funcionamiento de las edificaciones para desarrollar actividades relacionadas con los hidrocarburos.
• No se soslaya que la norma impugnada en el presente caso no prevé el cobro por otorgar concesiones o permisos para realizar actividades relacionadas con hidrocarburos. No obstante, dicho precepto legal sí establece el pago de derechos por la expedición de una licencia de construcción de ductos subterráneos y aéreos que transporten gas natural, por la que se deberá pagar un derecho en función de la longitud de la obra y del tipo de instalación, lo que demuestra la invasión a la esfera de competencias del Congreso de la Unión.
7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por oficio presentado el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, formuló los siguientes argumentos:
• En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, constitucional corresponde a la Federación legislar en la materia de hidrocarburos, así como establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de bienes del dominio de la Nación.
• La litis en el asunto se centra en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco es contraria a dichas disposiciones constitucionales, por invadir las facultades exclusivas de la Federación en la materia mencionada.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Mediante oficio recibido el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas dio contestación a la demanda y expresó lo siguiente:
Causales de improcedencia.
• Son válidos los actos de publicación y promulgación de la norma impugnada, conforme a la facultad que confieren los artículos 68 y 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, por lo que el Poder Ejecutivo se sujetó al cumplimiento del proceso legislativo.
• Se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a través del Decreto número 66-311, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas el treinta de abril de dos mil veinticinco, se derogó el numeral 32 del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
• Al haberse derogado la norma impugnada, cesaron en forma absoluta sus efectos, por lo que procede sobreseer en el asunto, de conformidad con las jurisprudencias P./J. 53/2001 y P./J. 18/2013 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Por oficio recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de junio de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas contestó la demanda en los siguientes términos:
Causa de improcedencia.
• Se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues mediante Decreto publicado el treinta de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial local, se derogó la norma impugnada. Por lo tanto, procede sobreseer en el asunto.
Fondo.
• De la interpretación sistemática del capítulo y sección de la ley en que se ubica el precepto impugnado se advierte que se trata de disposiciones jurídicas relacionadas con la expedición de licencias, permisos y autorizaciones en la materia de control ambiental.
• Del contenido de la norma impugnada se advierte que no genera una intromisión en la esfera competencial de las autoridades federales.
• La expedición de licencias y permisos para vigilar el uso de suelo se ubica en la esfera competencial de los municipios, en términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción V, y 124 constitucionales.
• En ese sentido, si la norma reclamada regula la expedición de licencias, permisos y autorizaciones para vigilar el uso de suelo y construcciones, entonces es claro que no invade las competencias federales, pues el Congreso local cuenta con dicha facultad.
10. Audiencia y cierre de la instrucción. Previa formulación de alegatos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el dieciocho de agosto de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y, por acuerdo de la misma fecha, el entonces Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.
11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
II. COMPETENCIA
12. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de este Alto Tribunal, en el que se precisan los asuntos de su competencia.
III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA
13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se precisa la norma que es objeto de la presente controversia constitucional.
14. Precisión de la norma impugnada. En el apartado respectivo de la demanda, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señaló como norma impugnada al artículo 28, numeral 32, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, expedida mediante el Decreto número 66-223 publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.
15. Dicho precepto establece el cobro de derechos por concepto de servicios municipales de planificación, urbanización y pavimentación, en un monto equivalente a treinta unidades de medida y actualización(5) por cada kilómetro o fracción de línea de gas natural subterránea o aérea construida.
16. Existencia de la norma impugnada. La existencia del precepto normativo que se combate quedó debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
IV. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación.
18. En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(7) Si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, es inconcuso que fue promovida de forma oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, las partes en las controversias constitucionales deben comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.
20. Como cuestión previa, cabe aclarar que la presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
21. La extinta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en la tesis 2a. XLVII/2003(8) que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación.
22. El escrito inicial de demanda fue suscrito por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el primero de octubre de dos mil veinticuatro, por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
23. En esa tesitura, el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia establece lo siguiente:
Artículo 11. [...] El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. [...].
24. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
[...] X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; [...].
25. Finalmente, el único punto del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, señala lo siguiente:
Único. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público. [...]
26. De las anteriores disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que fue presentada por parte legitimada.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. Una vez hechas las anteriores precisiones, se analiza la legitimación de las partes demandadas señaladas por el Ejecutivo Federal, que son los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tamaulipas.
28. De conformidad con los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional, que deberá comparecer al juico a través de los funcionarios facultados para representarla en términos de las normas que los rigen.
29. Legitimación del Poder Ejecutivo local. En términos del artículo 26, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,(10) corresponde a la Secretaría de Gobierno representar legalmente a la persona Gobernadora del Estado ante los tribunales competentes, de manera particular, en los litigios previstos en los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, como es la presente controversia constitucional.
30. Asimismo, en términos de los diversos artículos 5º, numeral 1.4,(11) y 56, fracción XXII,(12) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, la persona titular de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales se encuentra facultada para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales tramitadas ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
31. En el caso, compareció en representación del Ejecutivo local el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento otorgado por el Gobernador de dicha entidad federativa el primero de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, el funcionario mencionado cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo local en el presente medio de control de constitucionalidad.
32. Legitimación del Poder Legislativo local. De acuerdo con el artículo 22, numeral 1, inciso l), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(13) corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de dicha entidad federativa representarlo legalmente en las controversias constitucionales tramitadas ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
33. En el presente caso, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas compareció en representación de dicho órgano legislativo. La promovente acreditó contar con el cargo mencionado mediante la copia certificada del Decreto número 66-225, de quince de enero de dos mil veinticinco, por el cual se eligió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Legislatura 66 del Congreso local y se le designó para fungir como su Presidenta durante el segundo periodo ordinario de sesiones de dos mil veinticinco. En virtud de lo anterior, se concluye que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas cuenta con legitimación para representarlo en la presente controversia constitucional.
34. Legitimación de las partes terceras interesadas. Por otra parte, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión están legitimadas para intervenir en la presente controversia constitucional con el carácter de terceras interesadas.
35. En términos de los artículos 10, fracción III,(14) y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, son terceros interesados en las controversias constitucionales los poderes, entidades u órganos que, sin ser actores o demandados, pudieran resultar afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, los terceros interesados deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
36. La Cámara de Senadores compareció por conducto de uno de los delegados a quien se reconoció dicho carácter durante el trámite de este asunto, mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco.
37. Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión compareció por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, quien cuenta con la representación legal de dicho órgano legislativo, lo que acreditó a través de la copia certificada del acta de sesión en la que se hizo constar su designación, en términos de los artículos 22, numeral 1, y 67, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(15)
38. Finalmente, el Municipio de Valle Hermoso del Estado de Tamaulipas no compareció al procedimiento.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO
39. En forma previa al análisis de la cuestión de fondo, se examinan las causas de improcedencia planteadas por las partes, así como aquellas que pudieran advertirse de oficio.
40. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas señalaron en sus oficios de contestación de demanda que en el presente asunto se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque cesaron los efectos de la norma impugnada.
41. Lo anterior, porque el artículo 28, numeral 32, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, fue derogado mediante el Decreto número 66-311, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas el treinta de abril de dos mil veinticinco.
42. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que es fundada la causa de improcedencia planteada, pues en el presente caso cesaron los efectos de la norma impugnada.
43. El motivo de improcedencia que se hace valer está previsto en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria en la materia, que es del tenor siguiente:
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...) V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).
44. El precepto reglamentario transcrito dispone la improcedencia de las controversias constitucionales en los casos en los que hayan cesado los efectos del acto impugnado. Esta hipótesis fue interpretada por la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de normas generales, como el cumplimiento del objeto para el cual se emitió la disposición, al haberse agotado en su totalidad los supuestos que prevé.(16)
45. En el presente asunto, el Poder Ejecutivo Federal combate el numeral 32 del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, el cual disponía lo siguiente:
Capítulo V
De los derechos
Sección Segunda
Derechos por prestación de servicios
(...) Apartado B. Servicios Catastrales, de Planificación, Urbanización, Pavimentación, Construcción, Remodelación, Trámites, Peritajes Oficiales y por la Autorización de Fraccionamientos. Por la Prestación de Servicios Catastrales
(...) Por la Prestación de Servicios de Planificación, Urbanización y Pavimentación
Ver artículo 28
46. Constituye un hecho notorio que el treinta de abril de dos mil veinticinco se publicó en el Número 52 del Tomo CL del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Decreto número 66-311, mediante el cual se derogó el numeral 32 del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025. Dicho Decreto dispone lo siguiente:
Decreto No. 66-311
MEDIANTE EL CUAL SE DEROGA EL NUMERAL 32 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el numeral 32 del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2025, para quedar como sigue:
Ver numeral 28
T R A N S I T O R I O
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
47. Del contenido del decreto número 66-311 transcrito se advierte que, de conformidad con su artículo único transitorio, a partir del jueves primero de mayo de dos mil veinticinco, quedó derogado el numeral 32 del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, el cual es el precepto impugnado en la presente controversia constitucional.
48. Por lo tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que cesaron en su totalidad los efectos de la norma combatida, pues con motivo de su derogación, la hipótesis que regulaba, para el cobro de derechos por la construcción de líneas subterráneas o aéreas de gas natural, dejó de formar parte del régimen jurídico de la ley de ingresos municipal de que se trata.
VIII. DECISIÓN
49. Al haberse configurado la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria en la materia, se sobresee en la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por el diverso 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(17)
50. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34246-2e8d93f9/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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