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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. LA AUSENCIA DE UN EMPLEO REMUNERADO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCION PARA OBTENER EL PAGO DE PENSIONES DEL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 11559/95. · Registro digital (IUS): 3432
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, , Pág. 223.

AMPARO DIRECTO 11559/95. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Los anteriores conceptos de violación que se analizan conjuntamente son, inoperantes e infundados en una parte y fundados en otra.

Es inoperante lo dicho en el sentido de que el actor no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, como son: que se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración que percibía durante el último año de trabajo; que compruebe el monto anual de lo que percibió durante el último año laborado; que no se encuentra prestando servicios remunerados; que esté imposibilitado para el desempeño de un trabajo a consecuencia de un accidente o enfermedad no profesional; que al momento de declararse el estado de invalidez, hubiera cotizado ciento cincuenta semanas; lo inoperante deviene porque la emisora del acto impugnado para condenar a la pensión de invalidez en lo conducente, consideró: "Esta Junta le otorga pleno valor probatorio al peritaje del 3o. en discordia por resultar completo en su elaboración y congruente con las manifestaciones del actor... Este tribunal apoyado en el peritaje del 3o. en discordia determina que debe condenarse al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor presenta los padecimientos que quedaron precisados en la presente resolución y consecuentemente... a otorgarle una pensión de invalidez por ubicarse dentro de los supuestos establecidos por el art. 128 de la Ley del Seguro Social"; de lo anterior se concluye que el peticionario de garantías con los motivos de queja que expresa al respecto, no ataca lo considerado por la resolutora para condenar al pago de la mencionada pensión, sin que sea obstáculo para ello que el demandado al contestar la demanda laboral, por lo que hace a ese reclamo, adujo: "c).- No procede que el actor reclame el reconocimiento y declaración de enfermedades degenerativas que supuestamente le produzcan un estado de invalidez, porque conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social, para que exista invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, en el caso concreto el actor deja de mencionar cuál es su trabajo habitual durante el último año de trabajo, también deja de mencionar por qué causas ya no realiza dicho trabajo y por qué estima que se encuentra imposibilitado a realizarlo, ni siquiera establece en su demanda si se encuentra trabajando o no actualmente y desde cuándo no trabaja y si la razón por la que no trabaja sea porque se le haya despedido por algún patrón o se le haya reajustado, etc., pero esto no le da ningún derecho para pretender una pensión de invalidez que desde luego no le corresponde porque es imposible que se establezca dentro de este juicio si puede o no puede procurarse una remuneración superior al 50% de la habitual, porque ni siquiera menciona cuánto es lo que ha generado durante el último año de trabajo, razones por las que no reúne los requisitos de los artículos 128 y 127 de la Ley del Seguro Social, porque además, para pretender una pensión requiere contar por lo menos con 150 semanas de cotización ante el I.M.S.S., y sin embargo deja de establecer tal circunstancia dentro de la demanda; en tales términos debe de sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social y económico que estime el I.M.S.S., para comprobar si existe ese supuesto estado de invalidez como lo exigen los artículos 131 y 133 de la precitada Ley."; consecuentemente lo que la autoridad responsable omitió fue un debido análisis de su defensa o excepción que opuso en contra de la pensión de invalidez, de lo que se debió quejar el Instituto patronal y no que el actor no reunió los requisitos del numeral 128 de la Ley del Seguro Social, ya que tales cuestiones no fueron analizadas por la Junta, por lo que al ser este amparo promovido por la patronal, sus conceptos de violación se analizan en estricto derecho, puesto que la suplencia de sus conceptos de violación no está permitida por el numeral 76 bis de la Ley de Amparo, por lo que por las razones expuestas esas alegaciones son inoperantes.

En la especie tiene aplicación la jurisprudencia número 446 consultable a foja 784 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.- Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."

Las siguientes alegaciones son fundadas pero inoperantes.

En efecto, le asiste la razón al quejoso ya que la emisora del laudo impugnado, para condenar al pago de la pensión de invalidez, estableció que el padecimiento del orden general no es valorable, para lo cual se basó en el dictamen del perito tercero en discordia; sin embargo es inoperante lo aducido al respecto, toda vez que resultaría ocioso conceder la Protección Constitucional solicitada para que la responsable declarara improcedente el pago de esa pensión al haber determinado que: "El tercer padecimiento es de orden general sin valuación alguna", ya que del citado dictamen del perito tercero en discordia, al emitir sus conclusiones, al respecto, manifestó: "El tercer padecimiento (diagnóstico) de orden general sin relación causa- efecto con sus labores habituales y por lo tanto sin lugar a valuación alguna, pero dada la severidad de dicho padecimiento, deberá de recibir los beneficios de la pensión de invalidez de acuerdo al artículo 128 de la Ley del Seguro Social."; consecuentemente en ese dictamen sí se consideró que el reclamante tenía derecho a la pensión de mérito, determinación a la que arribó la Junta en base a ese medio de convicción, de ahí que lo expresado por el inconforme sea inoperante.

Igual criterio debe prevalecer por lo que hace a que la responsable dejó de analizar la excepción de obscuridad y defecto legal que hizo valer el Instituto demandado, ya que como lo aduce, la Junta del conocimiento no analizó dicha excepción; sin embargo es inoperante tal alegación ya que resultaría ocioso conceder el amparo solicitado para el efecto de que la resolutora analizara la precitada excepción, ya que ésta resultaría improcedente, toda vez que al haber establecido el trabajador en el hecho uno de su escrito de demanda laboral, el número de afiliación con el que estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con ello el demandado contaba con los medios necesarios para establecer debidamente en qué empresa prestaba sus servicios el reclamante, así como si a la fecha se encontraba laborando y desde cuándo inició la prestación de sus servicios, elementos suficientes para controvertir debidamente las pretensiones de ELIEZER VILLEGAS JIMENEZ, por lo que en nada variaría la determinación a que arribó la emisora del acto impugnado, de ahí lo inoperante de su alegación en este aspecto.

Es infundado lo expresado por el inconforme en relación a que el actor dejó de acreditar que se encontraba inscrito en el régimen de seguridad social, por lo que no se debía condenar al pago de la pensión por incapacidad parcial permanente; toda vez que el reclamante en el hecho uno de su escrito de demanda laboral, en esencia expresó ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de afiliación 0264490606, a lo que el propio demandado hoy quejoso, en el ocurso de contestación a la demanda, al referirse a los hechos, al respecto dijo: "1.- Cierto.", consecuentemente el trabajador no tenía por qué acreditar estar inscrito en el régimen de seguridad social, puesto que este hecho había sido reconocido también por el demandado.

Es inexacto que la resolutora hubiera dejado de tomar en consideración, al condenar al otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, la aplicación del artículo 167 de la Ley del Seguro Social y tomara como salario base para su cuantificación el integrado pagado por el patrón; lo anterior es así porque del acto reclamado, en esencia, se aprecia que para cubrir tal pensión se determinó: "así como al otorgamiento y pago de una pensión de invalidez en términos de lo dispuesto por los artículos 128, 129, 167 de la Ley citada" (Ley del Seguro Social); de lo transcrito se concluye que para fijar la base salarial para la cuantificación de la multicitada pensión de invalidez, se deberán seguir los lineamientos del último precepto en comento o sea los establecidos en el numeral 167 de la Ley del Seguro Social, además de que de la lectura del laudo no se aprecia que se fijara como salario para la cuantificación de esa prestación el integrado pagado por el patrón.

Es infundado lo aducido por el peticionario de garantías, cuando arguye que el otorgamiento de la pensión por incapacidad parcial permanente que decretó la responsable a favor del actor, fue ilegal ya que ésta solamente es procedente cuando el trabajador se encuentra activo y está impedido para prestar sus servicios, siendo que el reclamante, como él mismo lo reconoció, ya no estaba laborando, además de que no acreditó que hubiera sufrido un riesgo de trabajo prestando sus servicios para una empresa; lo anterior se afirma ya que contrariamente a lo expresado por el inconforme, para que un trabajador tenga derecho a una pensión por riesgo de trabajo, no es necesaria la existencia de un trabajo remunerado ya que tal cuestión no determina la improcedencia o procedencia de esa acción, cuenta habida que para que se genere el derecho a esa pensión dependerá de que se conserven vigentes los derechos del reclamante, que hubiere adquirido conforme al artículo 182 de la Ley del Seguro Social, y que acredite su acción; consecuentemente se hace innecesario acreditar lo aducido al efecto por el quejoso.

En la especie tiene aplicación la tesis número 35/95 de este Tribunal Colegiado, misma que es del tenor siguiente: "- La inexistencia de un trabajo remunerado cuando se ejercita la acción relativa al pago de una pensión por invalidez, vejez o riesgo de trabajo, no determina su improcedencia ya que eso dependerá de que se conserven vigentes los derechos que se tengan adquiridos conforme al artículo 182 de la Ley del Seguro Social y de que se acrediten los elementos constitutivos de la acción correspondiente."

Es infundado lo expresado por el inconforme al afirmar que el trabajador no acreditó que el medio ambiente en que prestó sus servicios fuera la causa de los padecimientos de "cortipatía por trauma acústico crónico con hipoacusia bilateral combinada y bronquitis crónica industrial", limitándose la responsable a condenar con lo señalado por el perito médico, sin que éste se hubiera cerciorado del ambiente laboral que prevalece en el lugar donde desempeña sus labores el reclamante, siendo la prueba idónea para ello la inspección ocular; lo anterior se afirma porque de conformidad con el numeral 476 de la Ley Federal del Trabajo, aquellas enfermedades que se encuentran consignadas en el artículo 513 de dicho ordenamiento legal, serán consideradas enfermedades de trabajo, lo cual acontece con los padecimientos de orden profesional diagnosticados al actor, como es la cortipatía por trauma acústico crónico con hipoacusia, misma que se establece en la fracción 156, que en lo conducente, dicen: "ARTICULO 476.- Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513. ARTICULO 513.- Para los efectos de este título la ley adopta la siguiente Tabla de Enfermedades de Trabajo. TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO. Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral... Afecciones derivadas de la fatiga industrial... 156.- Hipoacusia y sordera..."; con lo cual se advierte que existe presunción a favor del trabajador, de que ese padecimiento es del orden profesional, la cual no admite prueba en contrario, por establecerse en la propia Ley Federal del Trabajo, como enfermedad profesional, el padecimiento antes señalado.

Igual criterio debe prevalecer por lo que hace al padecimiento de "Bronquitis crónica industrial", ya que este tipo de afecciones se establece en términos generales, en el precitado artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, al hacer mención a "enfermedades broncopulmonares", de lo que se concluye que también existió presunción a favor del reclamante que aquel padecimiento es enfermedad de trabajo, o producida por riesgo profesional.

Por otra parte, contrariamente a lo aducido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el actor Eliezer Villegas Jiménez sí señaló en qué consistía el riesgo de trabajo o enfermedad profesional, ya que en el hecho dos del escrito que dio origen al juicio laboral número 600/94, expresó: "2.- A la fecha mi representado padece las siguientes enfermedades profesionales: cortipatía bilateral por trauma acústico crónico con una disminución de su capacidad orgánica funcional equivalente a un 22% de la total permanente y bronquitis crónica industrial con una disminución de su capacidad orgánica funcional hasta del 25% de la total permanente."

En cambio, el resto de las alegaciones son esencialmente fundadas.

Es fundado cuando se dice que fue ilegal que para la cuantificación de la condena se ordenará abrir incidente de liquidación; toda vez que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo establece que en el laudo deberán cuantificarse el importe de las prestaciones y sólo por excepción podrá ordenarse abrir incidente de liquidación.

La excepción para que se abra incidente de liquidación, lo es cuando se reclamen y sean procedentes los aumentos durante el procedimiento laboral, lo cual ha sostenido en diversas tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tesis de mérito es la publicada a página 321 del Tomo de Precedentes de la que fuera la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACION, ORDEN DE APERTURA DEL. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS.- Esta Cuarta Sala, en la jurisprudencia número 131 del último Apéndice, ha establecido que la orden de apertura del incidente de liquidación, en contravención a lo dispuesto por los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, es violatoria de garantías; sin embargo, cuando se demanden aumentos legales o contractuales que comprenden desde la fecha del desconocimiento del derecho hasta aquella en que se cumpla el laudo, es decir, cuando se trate de aumentos que surjan durante la tramitación del juicio laboral, debe considerarse que se está en presencia del caso de excepción a que se alude en la última parte del artículo 843 de la ley laboral, puesto que no sería práctico que cada vez que se suscitaran dichos aumentos se rindiera la prueba superveniente respectiva, haciendo interminables los juicios; en esas condiciones, la Junta deberá cuantificar la condena en el laudo, conforme a los aumentos probados en autos, y ordenar la apertura del incidente de liquidación sólo respecto de los demás."

Conforme a lo narrado se aprecia que al no encontrarse, el presente asunto, dentro de la hipótesis contenida en el numeral y tesis en comento, la Junta Especial, debió cuantificar en el laudo el importe de las prestaciones.

Es verídico lo manifestado por el inconforme en relación a que la Junta, al establecer condena respecto a la pensión de incapacidad parcial permanente y pensión de invalidez, dejó de fijar el salario que serviría de base para la cuantificación de esas prestaciones, lo cual se aprecia del acto impugnado, lo que implicó dejar de atender lo dispuesto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo es fundado lo aducido en relación que la resolutora omitió aplicar el numeral 125 de la Ley del Seguro Social; toda vez que ello se advierte de la lectura del laudo combatido, dejando de resolver, con tal omisión, conforme a la litis planteada pues la aplicación del artículo en comento fue una de las defensas opuestas por el demandado, oportunamente en juicio, incumpliendo con lo preceptuado en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

En las relatadas circunstancias, al ser el laudo impugnado violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede conceder el amparo para que la Junta del conocimiento deje sin efecto el laudo reclamado, dicte otro en el que determine el salario base y monto de la condena, y se pronuncie respecto a la aplicación del artículo 125 de la Ley del Seguro Social, sin perjuicio de reiterar todo aquello que no sea afectado por esta concesión.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188 y 190, de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso d) y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

UNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL en contra del acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario, y que hizo consistir, de la primera autoridad, en el laudo dictado el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio laboral número 600/94, seguido por ELIEZER VILLEGAS JIMENEZ en contra del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, y de las otras autoridades los actos de ejecución correspondientes.

El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los magistrados F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO, NILDA R. MUÑOZ VAZQUEZ Y JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO. Fue ponente el segundo de los magistrados antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3432-cc5a5e26/seguro-social-la-ausencia-de-un-empleo-remunerado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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