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Modo: Corpus Pro

DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS DIAS DE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/91. · Registro digital (IUS): 346
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, , Pág. 55.

CONTRADICCION DE TESIS 41/91. ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 193/89, promovido por Alicia Francisca Martínez Cerezo, en su parte considerativa estableció:

"CUARTO.- Los antecedentes del asunto son los siguientes: Mediante escrito de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, presentado ante la Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, LUCIO BADILLO MONTIEL, en representación de ALICIA FRANCISCA MARTINEZ CEREZO, demandó a la empresa 'RUBEN GONZALEZ CARVAJAL'; a JORGE ABUD HATUNI, y a quien resultara ser responsable de la relación laboral, el pago de las siguientes prestaciones: a).-Indemnización constitucional; b).- Prima de antigüedad; c).- Aguinaldo proporcional correspondiente a mil novecientos ochenta y ocho; d).- Vacaciones correspondientes a los años de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y ocho; e).- Prima vacacional; f).- Días de descanso obligatorio laborados; g).- Séptimos días; h).- Reparto de utilidades; i).- Salarios caídos. La actora señaló como hechos en su demanda, los siguientes: Que con fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ingresó a laborar a la empresa 'RUBEN GONZALEZ CARVAJAL'; que su horario era de ocho treinta a diecisiete treinta horas de lunes a viernes, con un receso de cuarenta y cinco minutos para tomar alimentos; que recibía órdenes directas de CARMEN QUEZADA, quien se ostentó como supervisora de producción; que el último salario integrado que percibió era de ONCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS diarios; que el trabajo que desempeñó era como comodín, pues manejaba diversas máquinas y que con fecha dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, al presentarse a laborar en la puerta de acceso a la empresa, el señor JORGE ABUD HATUNI, le impidió el paso, diciéndole que ya no necesitaba de sus servicios. Al contestar la demanda, la empresa 'RUBEN GONZALEZ CARVAJAL', negó el despido argumentado por la actora, señalando que JORGE ABUD HATUNI, no tiene ninguna función dentro de esa empresa, toda vez que las de dirección, vigilancia o supervisión, las ejercía la señora CARMEN QUEZADA. Asimismo, controvirtió el salario señalado por la trabajadora, negó que ésta hubiese laborado los días de descanso obligatorio y afirmó que a la actora se le habían cubierto todas sus prestaciones legales con oportunidad. Por su parte, JORGE ABUD HATUNI, al producir su contestación a la demanda, negó que tuviera alguna relación con la empresa demandada, así como relación laboral con ALICIA FRANCISCA MARTINEZ CEREZO. Con fecha once de noviembre último, se celebró la audiencia de ley, dándose por fracasada la fase conciliatoria. La parte actora ofreció como pruebas las siguientes: a).- La confesional a cargo del representante legal de la empresa demandada; b).- La confesional a cargo de CARMEN QUEZADA; c).- La confesional a cargo de JORGE ABUD HATUNI; d).- La testimonial a cargo de MIGUEL JUAREZ ROMERO y EDMUNDO CORONA CABRERA; e).- La presuncional y f).- La instrumental de actuaciones. Por su parte, la empresa demandada ofreció las siguientes pruebas: 1.- La confesional a cargo de la actora; 2.- La testimonial a cargo de ENRIQUE VELEZ PRIOR y HUMBERTO MERINO SANCHEZ; y 3.- La documental consistente en el alta de la empresa de su propiedad, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El cuatro de enero del presente año, se desahogaron las pruebas confesionales ofrecidas por la actora, a cargo del representante legal de la empresa demandada y de JORGE ABUD HATUNI; no así la relativa a CARMEN QUEZADA, en virtud de que la oferente se desistió de la misma. El cinco de enero pasado, se desahogó la prueba confesional ofrecida por la empresa demandada, y a cargo de ALICIA FRANCISCA MARTINEZ CEREZO (foja 29 del expediente laboral). El nueve de enero último, se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la demandada, con los resultados que obran a fojas 33 a 35 del expediente laboral. El nueve de febrero del presente año, se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la parte actora (fojas 36 a 38 del expediente laboral). En la fecha señalada en el párrafo que antecede, se tuvo por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y se declaró cerrada la instrucción. Finalmente, el veintisiete de marzo del año en curso, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, emitió el laudo que constituye el acto reclamado en este juicio. QUINTO.- En el primer concepto de violación, la quejosa invoca una violación formal, consistente en que la Junta responsable omitió establecer en el laudo reclamado, la litis sobre la que debió versar el juicio. El argumento antes resumido, resulta inoperante, pues si bien es cierto que la autoridad responsable en forma destacada no estableció sobre qué versaba la litis en el juicio laboral; también lo es que de la lectura del acto reclamado, se advierte que la litis se circunscribió a determinar si existía o no el despido argumentado por la actora, así como si procedía o no el pago de diversas prestaciones, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio laborados, séptimos días y reparto de utilidades. En consecuencia, si del análisis integral del laudo materia del juicio de amparo, se concluye que, al analizarse las acciones y excepciones hechas valer por las partes, se estableció en forma clara en qué consistió la litis del juicio, es evidente que no se cometió dicha violación formal en agravio de la peticionaria de garantías. El segundo concepto de violación resulta fundado, por las siguientes razones: En primer término, para una mejor comprensión del asunto, es conveniente hacer referencia a los siguientes hechos: a).- La hoy quejosa al presentar su demanda laboral, estableció que el día dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, al presentarse a laborar en la empresa donde prestaba sus servicios, fue detenida en la puerta de acceso por el señor JORGE ABUD HATUNI, diciéndole esta persona que ya no necesitaba de sus servicios. b).- En dicho escrito, la hoy quejosa señaló como demandados a la empresa denominada 'RUBEN GONZALEZ CARVAJAL'; al señor JORGE ABUD HATUNI, a quien imputó ser gerente de la misma; y a quien resultara ser responsable de la relación laboral. c).- La empresa mencionada al producir su contestación a la demanda, negó el despido argumentado por la actora, señalando que JORGE ABUD HATUNI, no tiene ninguna función de dirección, vigilancia o supervisión en dicha empresa. Cabe precisar que la demandada citada en ningún momento ofreció la reinstalación de la actora en sus funciones; y d).- Al producir su contestación JORGE ABUD HATUNI, precisó que no tenía ninguna relación con el centro de trabajo denominado 'RUBEN GONZALEZ CARVAJAL', y que además nunca había existido relación laboral con la actora Alicia Francisca Martínez Cerezo. Ahora bien, el más alto Tribunal del país, en las tesis de jurisprudencia números 78 y 85, visibles a fojas 72 y 77, respectivamente, de la Quinta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, ha establecido lo siguiente: 'DESPIDO DEL TRABAJADOR, PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL.- El trabajador que se dice despedido y reclama el cumplimiento del contrato de trabajo, consistente en la reinstalación y pago de salarios caídos, tiene en su favor la presunción de la certeza del despido, presunción que se basa en la consideración de que no es lógico pensar que una persona que ha abandonado el trabajo reclame del patrón en un plazo relativamente breve, como es el de un mes (ahora dos en la ley actual) que la ley establece para deducir la acción respectiva, que le vuelvan a dar trabajo; y si bien esa presunción admite prueba en contrario, no puede considerarse como tal prueba la que acredite que el trabajador dejó de prestar sus servicios en los días siguientes a la fecha en que dijo haber sido despedido, pues lejos de desvirtuar la presunción, su falta de trabajo puede corroborar la existencia del despido.' y 'DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, REVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA.- El ofrecimiento del trabajo no constituye una excepción, pues no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que es una manifestación que hace el patrón para que la reclamación de trabajo continúe; por tanto, si el trabajador insiste en el hecho del despido injustificado, le corresponde demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento del trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido'. Del análisis conjunto de las tesis antes transcritas, se llega a las siguientes conclusiones: Que el trabajador que se dice despedido, tiene a su favor la presunción de la certeza del despido; y que sólo para el caso de que el patrón ofrezca la reinstalación de buena fe, la carga de la prueba del despido corresponderá a aquél. En estas condiciones, si en el presente caso la quejosa afirmó que fue despedida y la empresa negó tal situación, sin ofrecer la reinstalación, es evidente que no existió reversión de la carga de la prueba, y por lo tanto, correspondía al patrón demostrar la causa por la cual la peticionaria de garantías ya no se encontraba prestando sus servicios. Es decir, no obstante que la empresa argumentó que el señor JORGE ABUD HATUNI, no contaba con ningún cargo dentro de la misma; lo cierto es que al negar el despido y no ofrecer la reinstalación, la carga de la prueba no puede revertirse en contra del trabajador, pues como ya se dijo, este supuesto se da cuando el patrón ofrece la susodicha reinstalación de buena fe, lo que en el caso no sucedió. De ahí, que si el trabajador cuenta a su favor con la presunción de la certeza de despido, debe concluirse que era el patrón a quien le correspondía acreditar la inexistencia de tal despido. Por lo tanto, si la responsable desatendiendo a lo anterior, estableció que la carga de la prueba del despido, correspondía a la trabajadora, es evidente que con este proceder violó en perjuicio de ésta los principios definidos jurisprudencialmente, relativos a tal cuestión, pues, se insiste, en el presente caso, al no existir ofrecimiento de reinstalación, la carga de la prueba sobre la inexistencia del despido correspondía única y exclusivamente al patrón. En estas condiciones, la Junta responsable deberá emitir un nuevo laudo, en el que considere que la carga de la prueba no se revirtió y analizando las pruebas ofrecidas por el patrón, decida lo que en derecho proceda, en lo que corresponda al despido argumentado por la actora, así como lo relativo a las prestaciones inherentes a éste, tales como son la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad. Así las cosas, resulta innecesario analizar el argumento de la quejosa, en donde combate el valor que la responsable otorgó a la prueba testimonial que ofreció, pues como ya quedó establecido, la carga probatoria corresponde al patrón; además de que, dados los efectos para los que se concederá el amparo a la quejosa, si resultara necesario, la Junta responsable tendrá que volver a valorar la referida prueba testimonial. Por otro lado, este Tribunal ejerciendo la facultad de suplir la deficiencia de la queja, en favor del trabajador, con apoyo en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, advierte lo siguiente: La responsable al resolver respecto de la reclamación de la trabajadora, consistente en el pago de días de descanso obligatorios laborados, estimó que debía absolver al patrón, en virtud de que la solicitante del amparo no había probado la procedencia de esa prestación. Lo anterior es ilegal, en virtud de que la fracción IX del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: 'La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ...I.- Pago de días de descanso obligatorios;...'. Como podrá observarse de la anterior transcripción, cuando existe controversia respecto al pago de días de descanso obligatorio laborados, corresponderá al patrón acreditar su dicho y si en este caso afirmó al contestar la demanda (hecho número diez) que la trabajadora no los había laborado, es a él a quien le corresponde probar tal extremo, y no como equivocadamente lo sostuvo la responsable, en el sentido de que era la trabajadora quien tenía la carga de la prueba. Si bien es cierto que el patrón negó que la solicitante del amparo hubiese laborado esos días, y que por un momento pudiera pensarse que se trata de un hecho negativo no susceptible de pruebas; también lo es, que tal negativa sí puede probarse por diversos medios, tal y como serían las listas de raya, nóminas, tarjetas de asistencia, etcétera. En este sentido, se insiste, si el patrón afirmó que la trabajadora no había prestado sus servicios en los días de descanso obligatorios, es a él, a quien corresponde acreditar ese señalamiento. No es óbice para la anterior conclusión, lo sostenido por la Cuarta Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis de jurisprudencia número 73, visible a fojas 68, de la Quinta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, en la que se menciona que la carga de la prueba respecto a la prestación de días de descanso obligatorio laborados, corresponde al trabajador; toda vez que la referida tesis se sostuvo en juicios de amparo directos iniciados antes de la vigencia de las reformas procesales de mil novecientos ochenta a la Ley Federal del Trabajo. En efecto, antes de dichas reformas se sostuvo, tanto para días de descanso obligatorio laborados, como para horas extraordinarias, el que la carga de la prueba correspondía al trabajador; sin embargo, a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta, se estableció en el artículo 784 de la referida ley, que la Junta eximirá al trabajador de la carga de la prueba, y que ésta se trasladaría al patrón cuando existiera controversia respecto al pago de días de descanso laborados, así como lo relativo a la duración de la jornada de trabajo, según se desprende de las fracciones VIII y IX de ese precepto. En consecuencia, si dicho precepto es el vigente y aplicable al caso, es evidente que quien debe acreditar su dicho, respecto a la prestación que se analiza, es el patrón (sic). Por otro lado, y por lo que respecta al pago del reparto de utilidades que también reclamó la hoy quejosa, la responsable nuevamente consideró que la carga de la prueba correspondía a ésta, siendo su caso, las del trabajador, resuelva lo que en derecho proceda (sic). De acuerdo a lo narrado, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable emita un nuevo laudo, en los siguientes términos: a).- En cuanto al despido argumentado por la actora, deberá considerar que la carga probatoria corresponde a la empresa demandada, y una vez analizadas las pruebas rendidas, resolver con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda. b).- En cuanto a las prestaciones consistentes en el pagó de días de descanso obligatorios laborados y reparto de utilidades, la Junta mencionada, nuevamente deberá estimar que la carga de la prueba recae en el patrón, por lo que una vez analizadas las pruebas rendidas, deberá resolver lo que en derecho proceda. Cabe precisar que por lo que toca a las prestaciones de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y séptimos días, respecto de las cuales se condenó al patrón, las mismas deberán quedar intocadas, por ser evidentemente favorables a la solicitante del amparo."

CUARTO.- El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 851/89, promovido por José Luis Silva Ramírez sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.- Los antecedentes de la litis se constituyeron en estos términos: Mediante escrito presentado el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el doctor JOSE LUIS SILVA RAMIREZ, demandó de Sistema Municipal del DIF de Ecatepec en dicha entidad, Administrador de ese sistema, licenciado Manuel de la Torre y Jefe de los Servicios Médicos del mismo, doctor Héctor Saucedo Martínez: 1.- Indemnización constitucional consistente en 3 meses de salario, al haber sido despedido injustificadamente; 2.- Salarios caídos; 3.- Vacaciones y prima correspondiente; 4.- Séptimos días y festivos; 5.- Prima de antigüedad y; 6.- Aguinaldo. Fundó su demanda en haber sido contratado el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, originalmente con la categoría de Asistente de Coordinación de Servicios Médicos, desempeñándose a últimas fechas como Médico General o de Consultorio, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con un salario de $223,500 quincenales, laborando los días festivos y de descanso obligatorio, comprendidos de lunes a viernes, establecidos en la ley, sin percibir el pago legal al triple, los cuales deben cubrírseles al doble, pues sólo percibió el sueldo sencillo; tampoco le fueron liquidadas las vacaciones, la prima correspondiente, el aguinaldo y la prima de antigüedad y no obstante desempeñar con esmero y eficacia sus servicios, el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, a las 14:00 horas, en las oficinas de los demandados, lo despidió el Administrador, licenciado Manuel de la Torre, quien desempeña funciones de dirección y le dijo que ya no eran útiles sus servicios y estaba despedido y le entregó al respecto, un escrito debidamente firmado por él, pero aun cuando se presentó a esas oficinas posteriormente, el catorce de dicho mes, como a las doce horas, el doctor Héctor Saucedo Martínez le dio un memorándum ordenándole se retirara de las instalaciones de la institución, con lo cual se le impedía la entrada a las mismas y se le confirmaba el despido aludido, cuyo hecho ocurrió en presencia de diversas personas, sin mediar el aviso escrito conteniendo las causas. El Sistema Municipal del DIF en Ecatepec, México, contestó la demanda y opuso en primer término la excepción de prescripción del actor para reclamar la indemnización constitucional, en virtud de haberlo despedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, según escrito comunicándole las causas de rescisión del contrato de trabajo, el cual no recibió y debido a ello, el diecisiete de ese mes compareció ante la responsable a fin de notificarse de dicha rescisión y al exhibir su demanda el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, excedió el límite de un mes previsto en el artículo 83, párrafo tercero del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Estatal, para exigir la indemnización por despido injustificado, desde la fecha de la separación. También opuso la excepción de incompetencia, al ser el actor trabajador de confianza y en consecuencia, no le era aplicable el citado Estatuto, pues con fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, fue asignado al consultorio médico de Tulpetlac, aceptando su transferencia y como es Médico Oficial, está en el supuesto del artículo 5o. fracción II de ese ordenamiento legal. Ad cautelam negó la procedencia de la indemnización constitucional y los salarios caídos, al haberlo separado justificadamente; las vacaciones le fueron concedidas del treinta de mayo al diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho; los séptimos días y festivos quedaban incluidos en el salario, de acuerdo con su contratación y por ser trabajador de confianza, no tenía derecho a la prima de antigüedad, pero finalmente admitió la procedencia del aguinaldo, en su parte proporcional. En relación con los hechos aceptó la fecha de ingreso del actor, pero negó su actividad de Médico General o de Consultorio, porque era Coordinador de Servicios Médicos, asimismo reconoció el horario y salario aducidos, sin embargo negó que laborara los días festivos y de descanso obligatorio y al no mencionarlos, los calificó de obscuros. También atribuyó de falso lo relativo a las vacaciones y a las primas de ésta y de antigüedad, allanándose en cuanto al aguinaldo de mil novecientos ochenta y ocho. Adujo haberlo separado, debido a su falta de cuidado y esmero, a cuyo efecto le entregó el aviso rescisorio, el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, al regresar de sus vacaciones, quien se negó a recibirlo, pero no obstante comunicarle lo innecesario de sus servicios, siguió presentándose, por lo cual le entregó un memorándum el día catorce de ese mes, notificándole el doctor Héctor Martínez la orden de retirarse de las instalaciones y como todavía fue a trabajar el día dieciséis del mismo mes, intentó darle el escrito en esta propia fecha, señalándole las causas de su rescisión, el cual se negó a recibir. El licenciado Manuel de la Torre y el doctor Héctor Saucedo Martínez, Administrador y Jefe de los Servicios Médicos del demandado, negaron la existencia de la relación contractual. Seguida la secuela del procedimiento, la responsable el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, dictó laudo, estimando prescrita la acción y demostradas parcialmente las defensas y excepciones, en cuya circunstancia, absolvió del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, séptimos días y festivos, así de la prima de antigüedad, condenando únicamente a cubrir vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. Inconforme el actor, promovió la demanda de garantías. QUINTO.- En síntesis se formularon como conceptos de violación: 1.- Vulneración a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con infracción a los preceptos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque se consideró acreditada la excepción de prescripción, con base en la instrumental de actuaciones 'de estudio obligado', sin existir ningún dispositivo en la ley en cita, 'que la obligue' a tomar en cuenta ese elemento de convicción o la instrumental pública, en virtud de no haberla aportado el demandado, para evidenciar esa excepción. 2.- Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues aun cuando el reo opuso la prescripción, no precisó la fecha de inicio del término, ni la de vencimiento. 3.- Infracción a los preceptos 841 y 842 de la ley de la materia, ante la falta de entrega del aviso escrito, con las causas de la rescisión, previsto en el numeral 47, parte final de la Ley Federal del Trabajo y además es improcedente, al no demostrar habérselo dado por conducto de la autoridad y en esas condiciones, debió condenarlo al pago de la indemnización constitucional y de los salarios caídos. El Tribunal violó en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues absolvió al demandado del pago de séptimos días y festivos, no obstante el haber precisado su reclamación, en todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, de acuerdo con los preceptos 71 y 74 de la ley laboral. Son infundados el primero, segundo y tercer conceptos de violación, los cuales al estar relacionados se estudian en conjunto. En efecto, el actor afirmó haber sido despedido injustificadamente el catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por el administrador licenciado Manuel de la Torre, quien le entregó una comunicación escrita, en la cual le hacía saber que ya no eran útiles sus servicios y estaba despedido, dándole asimismo el doctor Héctor Saucedo Martínez, el catorce de ese mismo mes, un memorándum en el cual le ordenaba debería retirarse de las instalaciones de la institución, en ratificación del despido (hechos 4 y 5 foja 2). El demandado opuso la excepción de prescripción, fundado en el hecho de haber despedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho y no el catorce, comunicándole las circunstancias y causas mediante las cuales le rescindió el contrato de trabajo, pero se negó a recibir la comunicación y como la demanda la presentó el seis de septiembre del citado año, excedía en demasía el término de un mes concedido en el párrafo tercero del artículo 83 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, para exigir la indemnización por despido injustificado, desde la fecha de la separación (contestación hecho 2 foja 10). Como se advierte, el demandado precisó los hechos en los cuales sustentó la excepción de prescripción opuesta, así como el inicio del término y la fecha de presentación de la demanda, dentro del cual afirmó, estaba comprendido el de un mes, establecido en el citado precepto 83, fracción III y en tal virtud, al haber recibido el actor el aviso rescisorio, el catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho, según su propia aseveración y presentado su demanda hasta el seis de septiembre de ese año, es evidente el transcurso, en exceso, del término de un mes previsto en el referido precepto legal del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, para reclamar la indemnización concedida en esa ley, por despido injustificado, desde la fecha de la separación, según el cómputo correspondiente y en consecuencia, estaba prescrita la acción, como acertadamente fue argumentado en el acto reclamado. No obsta para considerar lo anterior, el hecho de haber aludido el Tribunal a la instrumental de actuaciones, para estimar prescrita la acción, pues es indudable que para estar en aptitud de determinar si había operado o no, era menester analizar las constancias de autos, entre las cuales forman parte la demanda y su contestación, pues sólo mediante el análisis de las mismas, la autoridad está en aptitud legal de conocer la verdad histórica dentro de un procedimiento laboral y en tal virtud, su examen estuvo ajustado a derecho y en consecuencia la responsable no violó garantías en perjuicio del quejoso. Además el impetrante en el hecho cuatro, expresamente aceptó haber recibido el aviso escrito el catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el cual le ratificaba y confirmaba el despido efectuado el diez de ese mes y ello hace incuestionable que desde la primera fecha señalada, estuvo en aptitud legal de ocurrir ante la autoridad laboral a deducir sus derechos. Es infundado el cuarto concepto de violación, pues al no haber precisado el actor cuáles fueron los séptimos días laborados, no obstante corresponderle la carga de demostrarlo, en virtud de constituir una prestación extraordinaria, fue correcta la absolución del tribunal al pago de la misma. Sirve de apoyo el criterio sustentado en la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar en el juicio de amparo directo número 2188/83, en sesión de veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, consultable a fojas 694 de los preceptos relativos a los años de 1969 a 1986, del tenor siguiente: 'SEPTIMO DIA CARGA DE LA PRUEBA DEL TRABAJO EN EL.- Si bien es verdad que de acuerdo con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Corte, el patrón tiene la obligación de probar el pago de los salarios por tener en su poder los elementos necesarios como listas de raya, nóminas, recibos, etc., también lo es que dicho criterio sólo puede ser aplicable al pago de séptimos días ordinarios, porque el trabajador tiene derecho a cobrar su salario, aunque no lo trabaje; pero tratándose de séptimos días trabajados, por constituir una prestación extraordinaria, al trabajador corresponde haberlos trabajado (sic) para tener derecho a su cobro: Asimismo, cuando se reclama el pago de los días de descanso obligatorio, no corresponde al patrón probar el no haberse laborado, sino que toca a éstos acreditar haberlos desempeñado y en tal virtud, al no demostrarse la prestación de sus servicios en dichos días, la absolución decretada en favor del demandado al pago de los mismos, está ajustada a derecho y no resultó violatoria de garantías en perjuicio del quejoso, de acuerdo con el criterio emitido por la referida Cuarta Sala del invocado alto Tribunal de Justicia en la jurisprudencia número 63 consultable a fojas 73, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1975 del tenor siguiente: 'DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS DIAS DE'.- De conformidad con la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 48, consultable a fojas 62, de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, no corresponde al patrón probar que en los días de descanso obligatorio sus trabajadores no laboraron, sino que toca a éstos demostrar que lo hicieron cuando reclaman el pago de los salarios correspondientes a estos días; por lo que aún habiendo aceptado el demandado que el negocio de su propiedad donde laboraba el trabajador, abría los días de descanso obligatorio, correspondió a este último comprobar fehacientemente que laboró esos días, pues del solo hecho admitido de que el negocio abría los mencionados días no puede derivarse necesariamente que el trabajador laborara tales días. En las condiciones apuntadas, al no ser violatorio de garantías el laudo reclamado, procede negar el amparo solicitado."

QUINTO.- Del estudio comparativo de las resoluciones transcritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues de ellas se aprecia que dos Tribunales Colegiados sostienen criterios distintos respecto a un mismo problema puesto a su consideración.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el ampa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/346-a4304d01/descanso-obligatorio-carga-de-la-prueba-de-haber · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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