PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.
CONTRADICCION DE TESIS 25/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- Existe contradicción de tesis y así debe declararse.
La jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página ciento cuatro, Gaceta número 61, enero de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, dice:
"PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE LAS, PARA LA AUDIENCIA DIFERIDA.- Es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan anunciar y ofrecer las pruebas testimonial y pericial para la audiencia diferida, aunque tal ofrecimiento no se hubiera hecho respecto de la primera audiencia. La parte tiene dos derechos a su favor: el ofrecer las pruebas en tiempo y el de rendirlas también dentro del término legal; pero cuando no se ofrece oportunamente la prueba para la primera audiencia, ya no puede ofrecerse posteriormente para la segunda, porque ya se perdió el derecho de hacerlo; en cambio, si se ofrece en tiempo para la primera audiencia, y se difiere ésta, en la subsecuente audiencia se puede rendir la prueba que ya se había ofrecido."
La jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página ciento cincuenta y seis, Tomo XI, abril, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, a la letra dice:
"PRUEBA PERICIAL OFRECIMIENTO OPORTUNO DE LA, MIENTRAS SE DIFIERA DE OFICIO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- No es adecuada la determinación del juez federal de no admitir la prueba pericial, por no haber sido ofrecida oportunamente para la primera audiencia, pues mientras la misma se difiera de oficio, las partes mantienen su derecho de ofrecer probanzas, ya que el juicio de amparo por su naturaleza es de buena fe en su tramitación; por ende el artículo 151 de la Ley de Amparo no admite una interpretación rigorista que implique desechar la prueba pericial por la sola circunstancia de que no fue ofrecida para la primera audiencia, ya que para las partes no hay pérdida absoluta ni relativa del aludido derecho procesal cuando la misma sea diferida inicialmente de oficio y las pruebas se ofrezcan en el término a que se refiere el citado artículo 151."
Cabe aclarar, que si bien la segunda de esas jurisprudencias, del Tercer Tribunal Colegiado, únicamente menciona a la prueba pericial, mientras que la primera, del Segundo Tribunal Colegiado, hace referencia a dicha prueba y a la de testigos, de la lectura de las ejecutorias relativas se advierte que aquéllas no reflejan con exactitud lo establecido por ambos tribunales, porque algunas de éstas se ocupan tanto de las mencionadas pruebas como también de la inspección ocular. En efecto, como ejemplo basta mencionar que en la queja 36/90 el Segundo Tribunal Colegiado textualmente dice: "...cuando la audiencia fue diferida de oficio, en ese caso lo único que se anula es la fecha de su celebración, mas no las consecuencias jurídicas que produjo el hecho de haberla fijado y notificado a las partes, entre ellas la de que éstas tuvieran oportunidad de ofrecer prueba testimonial, pericial o de inspección judicial..." Por su parte, en la revisión 4/93, el Tercer Tribunal Colegiado expresamente indicó "...No obstante lo anterior, cabe apuntar que este Tribunal Colegiado al resolver entre otros asuntos las quejas números 28/989, 15/91 y 50/91, sostuvo el siguiente criterio que resulta aplicable por analogía, pues de acuerdo al artículo 151 de la Ley de Amparo las pruebas testimonial, pericial y de inspección deben anunciarse con la misma anticipación: `PRUEBA PERICIAL, OFRECIMIENTO OPORTUNO DE LA, MIENTRAS SE DIFIERA DE OFICIO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...'"
De ahí que deba atenderse a dichas ejecutorias, criterio coincidente éste con el sustentado por la entonces Tercera Sala de este alto tribunal, publicado en la página 244, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.- Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelva se encuentra en las consideraciones de la propia resolución.
"Contradicción de tesis 37/93.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.- 16 de mayo de 1994.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot."
Ahora bien, la lectura de las ejecutorias respectivas, transcritas en lo conducente en el resultando segundo de esta resolución, permite advertir:
a) Que el pronunciamiento hecho por los Tribunales Colegiados de que se trata, se refiere a la interpretación que debe darse al artículo 151, segundo párrafo de la Ley de Amparo, que determina el término legal para ofrecer las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.
b) Que ambos Tribunales Colegiados determinan si, con fundamento en dicho artículo y fracción, deben o no ser admitidas las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial, cuando no fueron oportunamente anunciadas respecto de la fecha inicialmente señalada para que tuviese verificativo la audiencia constitucional y, diferida oficiosamente ésta, las anuncia con posterioridad alguna de las partes.
c) Que ambos tribunales, al resolver, toman en consideración criterios de esta Suprema Corte, como se demuestra en seguida:
El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver la queja 36/90, cita la jurisprudencia del rubro "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA", y la segunda tesis relacionada con ésta, del rubro "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE LAS, PARA LA AUDIENCIA DIFERIDA."
Cabe aclarar que este Tribunal Colegiado no expresa intención de interrumpir dicha jurisprudencia, puesto que ninguna de sus ejecutorias (transcritas en lo conducente en el segundo de los resultandos de este fallo), informa que esté ejerciendo en esas resoluciones la facultad concedida a los Tribunales Colegiados de Circuito para interrumpir la jurisprudencia que en materia de legalidad había sustentado esta Suprema Corte hasta el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, fecha en que entró en vigor el decreto que introdujo reformas a la Ley de Amparo y que en su sexto artículo transitorio estableció dicha facultad en favor de tales órganos jurisdiccionales; tampoco se advierte de tales ejecutorias, que alguna se haga cargo de los motivos tomados en cuenta por la Primera Sala para crear la invocada jurisprudencia. Antes bien, de la ejecutoria dictada en la queja 36/90 puede verse que simplemente se señala como no aplicable al caso dicha tesis, por cuanto utiliza el vocablo "admitir", que el Tribunal Colegiado distingue de los términos "anunciar" y "ofrecer", etapas procesales, estas últimas, que se rigen por términos que a consideración de ese órgano judicial precluyen, sin que el diferimiento que de la audiencia constitucional haga el juez de Distrito en forma oficiosa, permita a las partes anunciar y ofrecer, para la nueva fecha de la audiencia, las pruebas no anunciadas y ofrecidas oportunamente respecto de la primera fecha que se señaló para que tuviera verificativo dicha audiencia. Tal consideración la apoyó el colegiado, además, en la tesis que textualmente dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE LAS, PARA LA AUDIENCIA DIFERIDA.- Es inexacto que cuando la audiencia se difiera de oficio, se pueden anunciar y ofrecer las pruebas testimonial y pericial para la audiencia diferida, aunque tal ofrecimiento no se hubiera hecho respecto de la primera audiencia. La parte tiene dos derechos a su favor: el de ofrecer las pruebas en tiempo y el de rendirlas también dentro del término legal; pero cuando no se ofrece oportunamente la prueba para la primera audiencia, ya no puede ofrecerse posteriormente para la segunda, porque ya se perdió el derecho de hacerlo; en cambio, si se ofrece en tiempo para la primera audiencia, y se difiere ésta, en la subsecuente audiencia se puede rendir la prueba que ya se había ofrecido." Pese a lo anterior, lo cierto es que, por las razones que más adelante se darán, se arriba a la conclusión de que este Tribunal Colegiado interrumpe de hecho y de derecho tal jurisprudencia, puesto que la contradice y establece una jurisprudencia opuesta.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del mencionado Circuito, al resolver las quejas 28/989, 15/91 y 50/91, apoyó su resolución en dicha jurisprudencia y, al hacerlo, obviamente la reitera. Asimismo, se pronuncia en el sentido de que no es aplicable a la mencionada hipótesis, la segunda tesis que aparece relacionada con dicha jurisprudencia.
Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado sostiene, finalmente, que no deben ser admitidas dichas pruebas, en la mencionada hipótesis, es decir, cuando no anunciadas oportunamente antes de la primera fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia del juicio, ésta se difiere de oficio, y alguna de las partes la anuncia y ofrece con base en dicho diferimiento. En tanto, el Tercer Tribunal Colegiado arriba a la conclusión opuesta. De ahí que se concluya que sí existe contradicción de tesis que versa, además, respecto a la aplicación e interpretación de la mencionada jurisprudencia.
TERCERO.- Para resolver este asunto y establecer el criterio que en lo futuro debe regir con carácter de jurisprudencia, conviene tomar en cuenta los antecedentes que sobre el tema existen:
El artículo 82 de la Ley de Amparo de dieciocho de octubre de mil novecientos diecinueve, establecía lo siguiente:
"Cuando el quejoso tenga que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algunos de los hechos en que se funda su demanda de amparo, deberá anunciarlo dos días antes del señalado para la audiencia en que se ha de tratar el asunto, exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de los cuales deben ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos; el juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia."
Ese precepto fue interpretado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, de acuerdo con lo informado en las tesis que aparecieron publicadas, respectivamente, en las páginas 3002 del Tomo XLIV, 1848 del Tomo XLIX, y 496 del Tomo L, del Semanario Judicial de la Federación, primitivamente estableció como jurisprudencia, que las pruebas testimonial y pericial en el amparo debían anunciarse hasta dos días antes del señalado para la audiencia; que en el cómputo de esos dos días no podía incluirse el de la audiencia; y, que cuando ésta se prorrogara, la negativa a admitir pruebas no ofrecidas en el plazo legal anterior a la primera audiencia, era arreglada a derecho. Ello, informa la tercera de tales publicaciones, por estimar que la prórroga solamente tiene por objeto que se realicen los fines que la motivaron, pues de otro modo, el procedimiento sería demasiado lento y contrario al espíritu de la ley reglamentaria.
Continúan informando las publicaciones a que se hace referencia, que posteriormente la misma Suprema Corte cambió de jurisprudencia y estableció que las pruebas testimonial y pericial deben anunciarse dos días antes del señalado para la audiencia de derecho, y que si ésta se difiere, pueden anunciarse tales pruebas con la anterioridad necesaria para la segunda audiencia, aun cuando no se hubiera anunciado para la primera. Que aun cuando no se expresaron claramente las razones o motivos legales que la apoyan, se infiere que fue por equidad.
Que luego, la entonces Primera Sala decidió volver a la antigua jurisprudencia, por considerar más jurídicas las razones que la inspiran y no el espíritu de equidad que, estimó, solamente dio lugar a la prolongación indefinida de la resolución del amparo, como se establece en la tesis siguiente:
"AUDIENCIA DIFERIDA EN EL AMPARO, PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN LA.- La Suprema Corte de Justicia primitivamente estableció como jurisprudencia, que las pruebas testimonial y pericial en el amparo, deben anunciarse hasta dos días antes del señalado para la audiencia, que en el cómputo de esos dos días no puede incluirse el de la audiencia, y que la recepción de una prueba sólo podrá negarse legalmente, si no hubiese sido anunciada antes o en el acto de la audiencia; y que cuando ésta se prorrogue, la negativa a admitir pruebas que no se ofrecieron en el plazo legal anterior a la primera audiencia, es arreglada a derecho. Posteriormente, la misma Suprema Corte de Justicia cambió esa jurisprudencia y estableció que las pruebas testimonial y pericial deben anunciarse dos días antes del señalado para la audiencia de derecho; y que si la audiencia se difiere, pueden anunciarse tales pruebas con la anterioridad necesaria para la segunda audiencia, aun cuando no se hubiere anunciado para la primera. Las razones legales que militan en favor de la primitiva jurisprudencia, son que racionalmente la prórroga de la audiencia se concede para el exclusivo fin de recibir la prueba que originó su aplazamiento; pues de otro modo, el procedimiento sería demasiado lento y contrario al espíritu de la ley reglamentaria; y en cuanto a la jurisprudencia vigente, se adoptó por equidad. La Primera Sala de la Suprema Corte estima que debe cambiarse la jurisprudencia vigente y volver a la anterior, puesto que son más jurídicas las razones que la inspiran y no el espíritu de equidad a que se ha dado referencia, que sólo ha servido o tenido como resultado, que se prolongue de manera indefinida la resolución del amparo, bastando para ello, que la parte a cuyos intereses convenga, promueva o anuncie en cada una de las audiencias constitucionales, sucesivamente señaladas por diferimiento de las anteriores, una o varias pruebas, quedando en su voluntad la fecha en que debe dictarse la sentencia correspondiente."
Ahora, el artículo 151 de la vigente Ley de Amparo dice, en lo que al presente estudio interesa, lo siguiente:
"Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarlas cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial..."
En relación a este precepto, la Primera Sala sustentó la jurisprudencia actualmente publicada en la página 2435, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, cuya interpretación hace diferir a los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción. El texto de dicha jurisprudencia es el siguiente:
"PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el juez de Distrito, y no a petición de las partes.
"PRECEDENTES:
"Tomo LI, pág. 3556. Rodríguez viuda de García Cano Marcela, contra actos del juez de Distrito del Estado de Puebla. 9 de marzo de 1937. Sin votación.
"Tomo LIX, pág. 1343. Queja en amparo civil 632/38/Sec. de Acdos. Péreznieto Priego Florizel. 7 de febrero de 1939. 5 votos.
"Tomo LXX, pág. 4336. Queja en amparo civil 522/41/Sec. de Acdos. /1a. Sala. González Mariano. 8 de diciembre de 1941. Unanimidad de 4 votos.
"Tomo LXXIII, pág. 430. Queja en amparo civil 124/42/Sec. de Acdos. /1a. Sala. Rodríguez Juan y coags. 6 de julio de 1942. 5 votos.
"Tomo LXXIII, pág. 1837. Queja en amparo civil 224/42/Sec. de Acdos. /1a. Sala. Mercado Leopoldo. 21 de julio de 1942. 5 votos."
La consulta a los Tomos del Semanario Judicial de la Federación, donde se publicaron los señalados precedentes, permite advertir lo siguiente:
La página 3556 del Tomo LI, contiene el texto de la tesis relativa al asunto resuelto, la cual dice:
"PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO.- Primitivamente, la Suprema Corte de Justicia fijó su jurisprudencia en el sentido de que las pruebas testimonial y pericial deberían anunciarse con anticipación de dos días al señalado para la audiencia, en el auto que daba entrada a la demanda. Esa jurisprudencia fue modificada, estableciéndose que el quejoso tenía derecho a anunciar (sic) tales pruebas, con dos días de anticipación al fijado para la audiencia, ya se tratare de la primera o de cualquiera otra de las posteriores, si aquélla fuere diferida, que el mencionado plazo de dos días, no era preciso que se computara por días naturales y completos, sino que bastaba que se diera al juez tiempo necesario para proveer el escrito en el que se solicitaron las pruebas. La Primera Sala de la actual Suprema Corte de Justicia, volvió a la antigua jurisprudencia, y determinó que las pruebas testimonial y pericial deben anunciarse con anticipación de dos días al señalado para la audiencia, en el auto que dio entrada a la demanda y que esos días deben ser naturales y completos. Igual jurisprudencia ha sido sustentada al interpretar el artículo 151 de la Ley de Amparo vigente, que fija el término de cinco días para el anuncio de la prueba testimonial. Ahora bien, en caso de que sin gestión de la parte que ofrece la prueba, se difiera la audiencia constitucional, sino de oficio, por el juez de Distrito, con motivo de la falta de emplazamiento del tercero perjudicado, debe establecerse una excepción a dicha jurisprudencia y concluirse que es procedente recibir la prueba testimonial o pericial que ofrezca la parte agraviada, cinco días antes de la fecha que se haya fijado al diferirse la audiencia constitucional, por las razones siguientes: I.- Porque cuando se trata de nulidad por falta de emplazamiento del tercero perjudicado, por la notificación indebida del auto que dio entrada al amparo, el juez tiene que dictar nuevo auto, señalando día y hora para que tenga lugar la audiencia, y todas las partes deben estar colocadas en un mismo plano de igualdad, y tener el derecho de aportar las pruebas que estimen pertinentes; II.- Porque, aun cuando la nulidad se haya decretado de oficio, por haberse señalado nueva fecha para la audiencia, se está en un caso análogo al previsto por el artículo 32 de la Ley de Amparo, que ordena que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, y todas las partes deben ser consideradas con los mismos derechos que tendrían, como si se tratara del auto inicial (Alonso Alemán Isidro y coags. pág. 1562).
"Sostiene la misma tesis:
"Marzo 9. Rodríguez viuda de García Cano Marcela, contra actos del juez de Distrito del Estado de Puebla."
En la página 1343 del Tomo LIX puede verse la siguiente publicación:
"QUEJA EN AMPARO CIVIL.- Núm. 632 de 1938, Sec. de Acuerdos.- Quejoso: Péreznieto Priego Florizel.- Autoridad de quien se queja: El juez de Distrito en el Estado de Tabasco.
"Motivo de la queja: La resolución que tuvo por anunciada la prueba testimonial que ofreció la parte quejosa, en el juicio de amparo promovido por la señora Victoria Pagés de Galán, contra actos del juez de Primera Instancia de lo Civil y de Hacienda de Villahermosa y otras autoridades.
"(La Suprema Corte declara infundada la queja)
"Sumario.
"PRUEBA TESTIMONIAL EN AMPARO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, interpretando el artículo 82 de la Ley de Amparo, anterior a la vigente, estableció la siguiente jurisprudencia: Primitivamente, esta Suprema Corte fijó jurisprudencia en el sentido de que las pruebas testimonial y pericial deberían anunciarse con anticipación de dos días al señalado para la audiencia, en el auto que dio entrada a la demanda; dicha jurisprudencia fue modificada posteriormente, estableciendo que el quejoso tenía derecho para anunciar tales pruebas, con dos días de antelación al fijado para la audiencia constitucional, ya se tratare de la primera audiencia o de cualquiera otra de las posteriores, si aquélla fuere diferida; y que el mencionado plazo de dos días no era preciso que se computara por días naturales y completos, sino que bastaba que se diera al juez el tiempo necesario para proveer el escrito en que se solicitaron las pruebas. La actual Primera Sala volvió a la antigua jurisprudencia, determinando que las pruebas testimonial y pericial deben ser anunciadas con anticipación de dos días al señalado para la audiencia en el auto que dio entrada a la demanda, y que esos dos días deben ser naturales y completos. Esa jurisprudencia ha sido sustentada interpretando el artículo 151 de la Ley de Amparo vigente, que fija el término de cinco días para el anuncio de las mencionadas pruebas, a diferencia del artículo 82 de la Ley de Amparo anterior, que establecía el término de dos días con el mismo fin. Como excepción a tal jurisprudencia, la citada Primera Sala, en la ejecutoria que pronunció el veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta y siete, en la queja número 682 de 1936, promovida por Josefina Espadas de Alonso, contra actos del juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, estableció que en casos en que sin gestión de la parte que ofrece la prueba, se difiere la audiencia constitucional, de oficio, por el juez de Distrito es procedente recibir la prueba testimonial o pericial que se ofrezca cinco días antes de la fecha en que se haya fijado, al diferirse la audiencia constitucional. Esa tesis es aplicable al caso en que la audiencia constitucional señalada primitivamente, fue diferida, no a gestión de una de las partes en el juicio, sino de oficio, por el secretario del Juzgado de Distrito, por estar encargado del despacho y no tener facultades para fallar; y si la prueba testimonial fue ofrecida cinco días antes de la fecha de la segunda audiencia debe tenerse por anunciada.
"Nota: Se omite la publicación de la ejecutoria porque lo anterior es suficiente para comprender la cuestión jurídica que se trató. El negocio se falló por unanimidad de cinco votos."
En la página 4336 del Tomo LXX puede consultarse lo siguiente:
"QUEJA EN AMPARO CIVIL.
"Núm. 522 de 1941, Sec. de Acuerdos.
"Quejoso. González Mariano.
"Autoridad de quien se queja: El juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla.
"Motivo de la queja: El auto que pronunció el juez en el juicio de amparo promovido por Donato Castillo Marín, como albacea de la sucesión de Manuela Pérez viuda de Cornich y tutor de Enrique Manuel Cornich contra actos del Juzgado Segundo de Distrito, en Materia Civil, en el Distrito Federal, por el que tuvo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por la parte promovente del amparo, para la audiencia constitucional diferida.
"Aplicación del artículo 95, fracción VI de la Ley de Amparo.
"(La Suprema Corte declara fundada la queja)
"Sumario.
"PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO.- Estas pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional señalada en el auto que da entrada a la demanda del juicio de garantías, y si tal audiencia se difiere, sin que hayan sido ofrecidas dichas pruebas, su admisión no es ya procedente para la audiencia diferida, exceptuando el caso en que el diferimiento haya sido decretado de oficio, por el juez de Distrito, y no a petición de las partes. De manera que es fundada la queja que se enderece contra el juez de Distrito que tenga por anunciada una prueba que no sea conforme a las consideraciones que anteceden.
"México, Distrito Federal. Acuerdo del día ocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. Primera Sala.
"VISTOS; Y
"RESULTANDO:
"Primero.- Mariano González, tercero perjudicado en el juicio de amparo número 726-941, promovido ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, por Donato Castillo Marín, como albacea de la sucesión de Manuela Pérez viuda de Cornichy tutor de Enrique Manuel Cornich, contra actos del Juzgado Segundo de Distrito, en Materia Civil, en el Distrito Federal y de otras autoridades, se queja del juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, porque por auto que pronunció el veintitrés de agosto último, en el juicio de amparo mencionado, tuvo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por la parte promovente del amparo, para la audiencia constitucional diferida que debería celebrarse el cuatro de septiembre próximo pasado. Estima que tal auto le agravia, porque viola el artículo 151 de la Ley de Amparo, en virtud de que la misma promovente del amparo había ofrecido con anterioridad la propia prueba testimonial para la audiencia constitucional señalada en el auto que dio entrada a la demanda de amparo, o sea el veintiuno de agosto último, y no le fue admitida por haberla anunciado extemporáneamente, y como esa audiencia fue diferida a petición del recurrente en virtud de que el juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Puebla no le había expedido una copia certificada que le solicitó para presentarla como prueba de su parte y habiendo causado estado el auto de dieciséis de agosto que así lo ordenó no debió el juez de Distrito admitir la prueba testimonial rechazada con anterioridad, por haber perdido el derecho la parte que la ofreció de que se tuviera por anunciada para la audiencia diferida.
"Segundo.- La autoridad en contra de quien se endereza la queja, por vía de informe justificado, envió copia certificada de las constancias de autos que estimó pertinentes; y el ciudadano agente del Ministerio Público Federal solicitó se declare fundada, porque en su concepto son jurídicos los razonamientos hechos valer por la parte recurrente, ya que el quejoso Donato Castillo Marín tuvo tiempo suficiente para rendir su prueba testimonial en la primera fecha en que debió haberse verificado la audiencia constitucional y si no la rindió, no fue porque se hubiera diferido esa misma audiencia sino porque la anunció fuera del término de cinco días establecidos por la ley; por tanto, no debió habérsele concedido que la rindiera para la segunda vez en que debía verificarse la audiencia constitucional, pues si no tuvo derecho de rendirla para la primera, menos puede tenerlo para la segunda; y,
"CONSIDERANDO:
"Esta Suprema Corte de Justicia al interpretar el artículo 151 de la Ley de Amparo, ha fijado jurisprudencia en el sentido de que las pruebas testimonial y pericial deben ofrecerse y rendirse para la audiencia constitucional señalada en el auto que da entrada a la demanda de amparo, y si tal audiencia se difiere, sin que hayan sido ofrecidas dichas pruebas, ya no es procedente su admisión para la audiencia diferida, excepto cuando el diferimiento se decrete de oficio por el juez de Distrito y no a petición de las partes. Esa jurisprudencia es de exacta aplicación al caso a debate, y con apoyo en las razones legales que la sustentan, la queja debe declararse fundada; pues efectivamente, como lo sostiene la parte recurrente, consta de autos que el juez de Distrito por resolución de dieciséis de agosto último, declaró que no había lugar a recibir la prueba testimonial de que se trata, en virtud de no haber sido anunciada con la anticipación que señala el citado artículo 151, ya que el escrito en que se ofreció fue presentado el quince de agosto y la audiencia constitucional debía tener lugar el veintiuno del mismo mes; esa resolución causó estado y habiendo sido diferida dicha audiencia para el cuatro de septiembre a petición del recurrente, la parte promovente del amparo insistió en que se tuviera por anunciada su prueba testimonial porque en su concepto la había ofrecido con la anticipación legal correspondiente y a mayor abundamiento, porque la audiencia señalada para el veintiuno de agosto había sido diferida. A esta petición recayó el auto combatido que en lo conducente expresa: `Dígase al quejoso promovente que no por las razones que expresa en su escrito de cuenta debe recibirse la prueba testimonial a que alude e insiste, pues que los días dentro de los cuales debe ofrecerse, deben ser naturales y completos, pero que habiéndose diferido la audiencia en este juicio de garantías para el día cuatro del entrante mes de septiembre y estando por lo mismo en tiempo dicha prueba, se tiene por anunciada la misma...' Como se ve de la transcripción literal el juez de Distrito se apartó de las normas establecidas por este alto tribunal en jurisprudencia que ha sido reafirmada por esta Sala, mediante las ejecutorias pronunciadas el 13, 20 y 27 de enero del corriente año, en las quejas números 628, 642, 668, 594 y 596-940, promovidas respectivamente, por Manuel Avila, Francisco Hernández Díaz, J. Refugio Villanueva, Aurelio Morales y Salustia Ortega; jurisprudencia que es obligatoria para el juez de Distrito y debió acatar atento lo prevenido en el artículo 194 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; pues habiendo anunciado la parte quejosa en el amparo su prueba testimonial para la audiencia constitucional señalada en el auto que dio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3469-17b4ca07/pruebas-pericial-testimonial-y-de-inspeccion-judicial-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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