COMPETENCIA. CONFLICTO EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCION. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ENTRE UNA JUNTA Y UN TRIBUNAL CIVIL. PARA RESOLVERLA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACION LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.
COMPETENCIA 506/95. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DIEZ DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA JUEZ NOVENO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- En el caso, se estima que la Juez Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es competente para conocer del juicio que dio origen al presente conflicto competencial, con base en las siguientes consideraciones:
De las constancias de autos destacan por su importancia los siguientes hechos:
Que en la vía ordinaria mercantil, Richard A. Grano Fazzio, por conducto de sus apoderados legales, demandó de Grupo Carso, Sociedad Anónima de Capital Variable y de la Compañía Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima, entre otras, las siguientes prestaciones:
a).- La entrega de quinientas dieciséis mil seiscientas sesenta y seis acciones, de las en que se divide el capital social de Grupo Carso, Sociedad Anónima de Capital Variable.
b).- La inscripción del demandante en el libro de registro de accionistas.
c).- El pago de las cantidades de $4'881,940.48 (cuatro millones ochocientos ochenta y un mil novecientos cuarenta dólares 48/100) o su equivalente en moneda nacional, por concepto de daños; $119,446.00 (ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares 00/100) o su equivalente en moneda nacional, como pago anual por pensión vitalicia y, $2'699,993.00 (dos millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres dólares 00/100) o su equivalente en moneda nacional, con el rubro de perjuicios.
Ahora bien, conviene precisar que en el caso a estudio, el actor sostiene que las prestaciones que reclama de la parte demandada derivan de un contrato de compraventa de acciones, cuando aduce que:
"Dado que se está en presencia de un contrato de compraventa, las empresas demandadas deben ser condenadas a la entrega de las acciones, así como al pago de los daños y perjuicios, en las proporciones enunciadas en el cuerpo de este memorial, por ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de las obligaciones que contrajeron en el documento base de la acción, y al pago de los gastos y costas originados en este litigio. Es conveniente recalcar que la opción, vocablo utilizado en las cláusulas, significa propiamente hablando, un convenio sujeto a una condición, pero cuando éste produce o transfiere obligaciones y derechos, toma el nombre de contrato, como en el presente caso; pues bien, si de la lectura de éstas se desprende la evidencia de que Grupo Carso, S.A. de C.V., y Compañía Hulera Euzkadi, S.A., asumieron explícitamente la obligación de transferir al actor la propiedad de las acciones, y él a su vez se obligó a pagar un precio cierto y en dinero por las mismas, el contrato se perfeccionó al comprobarse el consentimiento sobre la cosa y su precio, aun cuando ésta no haya sido entregada ni el segundo satisfecho."
Por otra parte, cabe señalar que el artículo 75, fracción III del Código de Comercio, establece que:
"ART. 75.- La ley reputa actos de comercio: ...III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles."
Como se ve, los anteriores elementos son suficientes para considerar que dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas, el actor promovió una acción de carácter mercantil; motivo por el cual no puede obligársele a que deduzca sus derechos a través de una acción distinta a la elegida, sin que exista un juicio previo, en el que se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se aprecien las pruebas aportadas y se resuelva la controversia planteada. De ahí que hasta entonces será factible determinar de manera fundada y razonada si la acción ejercida es o no procedente, acorde con la tesis número IV/91 de la anterior Cuarta Sala de este alto tribunal, de rubro: "COMPETENCIA, CONFLICTO DE. PARA RESOLVERLO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCION."
En ese orden de ideas, resulta inoportuna la determinación de la Juez Noveno de lo Civil confirmada por la Quinta Sala ad quem del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de que las prestaciones que se reclaman en la demanda "derivan de un documento de naturaleza laboral y no mercantil" y que por esa razón "la competencia no se surte en favor de la Juez de Primera Instancia sino de una autoridad laboral", ya que "las controversias derivadas de relaciones laborales son competencia de un órgano jurisdiccional en materia laboral"; supuesto que, según se ha visto, la procedencia o improcedencia de la acción intentada (en la especie un juicio de orden mercantil) no puede fundamentar la declaración de incompetencia del tribunal correspondiente, pues la determinación relativa a si la acción ejercida es o no procedente debe ser materia de la sentencia definitiva, conforme a lo alegado y probado durante el procedimiento; de ahí que, si en la especie, a las prestaciones reclamadas el actor les atribuyó el carácter de mercantiles y apoya su demanda en disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil del Distrito Federal y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, resulta claro que la competencia constitucional se surte, como ya se dijo, en favor de la Juez Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Cobra aplicación al caso, la tesis número 4/88 de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ENTRE UNA JUNTA Y UN TRIBUNAL DE CARACTER CIVIL. PARA RESOLVERLA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACION LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.- Para resolver un conflicto competencial de carácter constitucional, en que se disputa el fuero laboral o civil del negocio, no debe de entrarse en el estudio de la naturaleza real de la relación jurídica existente entre el actor y el demandado, ya que ésta es una cuestión de fondo que corresponde resolver y juzgar, previos los trámites de ley, a la autoridad jurisdicente ante la cual se ha planteado la demanda, por lo que si a las prestaciones reclamadas se les atribuye carácter laboral, y se apoyan en disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la competencia constitucional se surte en favor de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, no obstante el hecho de que el demandado niegue la existencia de la relación laboral entre él y el actor, pues esto constituye una defensa o excepción que la parte demandada debe hacer valer en el procedimiento laboral en el cual ha sido emplazada y en el que si logra demostrar los elementos de su defensa obtendrá el laudo absolutorio, pero esa negativa no puede dar base para cambiar a través de una simple controversia competencial, el fuero laboral del negocio, el cual ha quedado fijado por los términos propios de la demanda."
Además, es necesario destacar que en la demanda presentada ante la Juez de lo Civil, el actor, concretamente en el hecho número diecinueve, hace referencia expresa a que se reserva los derechos laborales que pudieran asistirle frente a las empresas demandadas, razón por la que, esta situación demuestra que el demandante está consciente de la vía que escogió para reclamar sus derechos.
Por último, es muy importante precisar los alcances de esta resolución que dirime la controversia competencial entre dos órganos jurisdiccionales, en términos de la tesis 5/88 de la anterior Cuarta Sala, cuyos razonamientos hace suyos esta actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que literalmente dice:
"COMPETENCIA, RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN MATERIA DE. ALCANCE.- La resolución de un conflicto competencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo tiene por objeto precisar qué autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la existencia o inexistencia de una prestación reclamada atendiendo a la naturaleza de las prestaciones que se exigen por el actor, pero no tiene facultades la propia Corte para que, sin previo juicio, desconozca los derechos y prestaciones que demanda aquél, ni obligarlo a fundar sus prestaciones o acciones en un ordenamiento legal distinto, al que el demandado cree tener derecho. Si el actor ejercita una acción laboral, no se puede, sin previo juicio, obligarlo a que deduzca sus derechos mediante una acción civil o mercantil, y corresponde a las autoridades del trabajo, mediante el debido proceso legal, resolver si el actor tiene derecho a las prestaciones legales que demanda. Está bajo la responsabilidad del actor el ejercitar bien o mal sus derechos, si ejercita una acción laboral mediante los procedimientos seguidos ante los tribunales del trabajo (en el cual la contraparte tiene plenitud de derechos para defenderse) y se demuestra que no existía relación laboral, sino una regida por el derecho civil o mercantil, se dictará una sentencia que absuelva al demandado, pero en un juicio en que se cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- La Juez Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por Richard A. Grano Fazzio, por conducto de sus apoderados legales, en contra de Grupo Carso, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Compañía Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos del juicio ordinario mercantil al Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente: Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3478-18dd1816/competencia-conflicto-en-materia-laboral-para-resolverlo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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