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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 34/96. · Registro digital (IUS): 3600
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SERVICIOS PROGRAMADOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, , Pág. 511.

AMPARO DIRECTO 34/96. SERVICIOS PROGRAMADOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- El primer concepto de violación es fundado pero inoperante; el segundo, tercero, cuarto y quinto, son infundados.

En el primer concepto de violación sostiene la empresa quejosa que a fin de probar que el salario devengado por la actora era de mil doscientos setenta pesos mensuales y no de cincuenta pesos diarios como lo adujo esta última, aportó al juicio laboral la prueba documental consistente en el acta de inspección de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, y para su perfeccionamiento ofreció la prueba de cotejo, no obstante, agrega, la Junta responsable no admitió la prueba de cotejo por no haberse objetado en su autenticidad el primero de los documentos citados, pero al examinar la oferta de trabajo y la controversia suscitada sobre el salario, desestimó la citada acta de inspección aduciendo que carecía de las firmas de los inspectores de trabajo, considerando la quejosa contradictoria la anterior actuación de la autoridad responsable. Estima, además, que el documento de mérito es un documento público por haberlo expedido un funcionario en el ejercicio de sus funciones y por contener la firma del licenciado Maurilio González Cantú, director de la Inspección del Trabajo, por lo que, al no otorgarle valor se transgrede el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo.

Es fundada la anterior inconformidad, en tanto la Junta responsable se contradice al considerar, por una parte, innecesaria la admisión de la prueba de cotejo ofrecida por la demandada para perfeccionar el acta de inspección de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, aduciendo que esta última no se objetó en cuanto a su autenticidad y, por otra, negarle valor probatorio a la citada acta por no contener las firmas de los inspectores del trabajo.

No obstante lo anterior, es inoperante el concepto de violación, en virtud de que la empresa quejosa únicamente manifiesta su inconformidad en cuanto a la actuación de la Junta responsable por negarle valor probatorio al acta de inspección de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, pero nada dice sobre el desechamiento de la prueba de cotejo como violación procesal.

Y en cuanto a su valor probatorio, si bien es verdad que la documental de que se trata no se objetó en cuanto a su autenticidad, sin embargo, debe advertirse que se aportó por la patronal al juicio de origen en copia fotostática simple y de esta circunstancia dio fe el secretario adscrito a la Junta responsable en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y cinco (fojas 45 a 50), por tanto, atendiendo a que las fotocopias simples carecen de valor probatorio pleno cuando no se reafirman con otro medio de prueba, debe confirmarse la determinación de la Junta responsable.

En términos similares se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 717/92, y el amparo en revisión 27/93, en sesiones plenarias celebradas con fechas tres de marzo y veintiocho de abril de mil novecientos noventa y tres, respectivamente.

Por otro lado, el acta examinada no es un documento público, pues en contra de lo aducido por la quejosa, no está firmada por el licenciado Maurilio González Cantú, director de la Inspección del Trabajo, y menos aún que este funcionario la haya expedido en ejercicio de sus funciones, ya que no contiene ninguna razón en ese sentido.

Consecuencia de lo anterior es que el segundo y cuarto conceptos de violación resulten infundados, pues al no justificar la demandada que la actora percibía un salario de mil doscientos setenta pesos mensuales, el ofrecimiento de reinstalación que le formuló con ese salario es de mala fe por ser inferior al de cincuenta pesos diarios aducido por la accionante y al resolverlo así la Junta responsable no irroga perjuicio a la ahora inconforme.

No permite llegar a la conclusión contraria, que en el escrito de contestación a la demanda la empresa quejosa solicitara a la Junta responsable que requiriera a la actora para que se presentara a desempeñar sus labores "en la misma forma y términos como lo ha venido haciendo", pues al suscitar controversia sobre el salario devengado por la actora, no puede entenderse que el ofrecimiento del trabajo lo hiciera con el salario exigido por la accionante.

Por otro lado, al carecer de valor probatorio pleno el acta de inspección de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, no es apta para justificar el horario laborado por la actora ni el pago de los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tiempo extra, como lo adujo la quejosa, por tanto, el laudo reclamado que así lo decide y emite la condena correspondiente, se ajusta a derecho.

En el tercer concepto de violación aduce la quejosa que precisó el salario percibido por la actora a pesar de que ésta no lo señaló en su demanda, enterándose al tener a la vista el expediente que la Junta responsable al recibir la demanda laboral apercibió a la actora para que manifestara el salario y esta última cumplió la prevención, pero del escrito aclaratorio no se le corrió traslado, causándole indefensión.

Es infundado lo anterior.

En efecto, de autos aparece que la actora no señaló en la demanda laboral el salario que percibía y con ese motivo, mediante acuerdo de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fue requerida por la Junta del conocimiento, y aun cuando se le previno para que precisara la jornada de trabajo, sin embargo, en el escrito aclaratorio la actora señaló el horario y el salario. La Junta responsable en acuerdo de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, tuvo a la actora aclarando que percibía cincuenta nuevos pesos diarios por concepto de salario y proveyó lo relacionado con la fecha en que debería tener verificativo la audiencia de ley y sobre el emplazamiento al demandado.

En la diligencia de emplazamiento practicada por el actuario adscrito a la Junta responsable, agregada a fojas cinco a ocho de los autos del juicio de origen, se advierte que el fedatario entendió la diligencia con una persona de nombre Verónica Ríos Martínez, a la que entregó copia del acuerdo a notificar de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en donde se tuvo a la accionante aclarando que percibía cincuenta pesos diarios por concepto de salario, corriéndole traslado, además con las copias de la demanda.

En esos términos no puede aducir ahora la quejosa que se enteró del salario percibido por la actora en la audiencia de ley y que la Junta responsable le causó indefensión por no correrle traslado con el escrito aclaratorio presentado por la actora en relación con el salario que devengaba, pues ya quedó establecido que al ser emplazada a juicio recibió la copia del auto de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la que se tuvo a la quejosa aclarando que devengaba cincuenta pesos diarios por concepto de salario, por tanto, si la demandada hizo caso omiso a esa comunicación es su propia negligencia la que le causó la indefensión que aduce en cuanto al desconocimiento del salario que percibía la actora y no la actuación atribuida a la autoridad responsable.

En el quinto concepto de violación, sostiene la quejosa que la reclamación de tiempo extra es inverosímil y así debió declararlo la Junta responsable, porque no es posible que la actora laborara un horario ininterrumpido de las 8:00 a las 18:00 horas todos los días que duró la relación laboral, sin que le fuera proporcionada la media hora para tomar alimentos y sujeta a desgaste físico. Invoca la quejosa la tesis de jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "HORAS EXTRAS RECLAMACIONES INVEROSIMILES."

Es infundada esta inconformidad. En efecto, no existe razón legal para considerar inverosímil la reclamación de tiempo extra, en razón de que si bien, la actora adujo que laboraba tiempo corrido y reclamó el pago de la media hora para tomar alimento, esto no significa que dejara de alimentarse durante la jornada de labores, como lo dice la quejosa.

Por otro lado, no proporciona la inconforme datos para establecer que el cargo de secretaria desempeñado por la actora, implique un desgaste físico de tal magnitud que le impidiera laborar dos horas después del horario legal, que es el tiempo extra reclamado.

En esos términos, resulta inaplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia que invoca el centro de trabajo quejoso.

En las relacionadas consideraciones, al resultar fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación en estudio, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Servicios Programados de Seguridad, S.A. de C.V., contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, siendo ponente el Magistrado Enrique Cerdán Lira.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3600-1e281d9c/documentos-ofrecidos-en-fotocopias-simples-valor-probatorio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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