PETROLEOS MEXICANOS. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS FISCALES LOCALES, SIN QUE DEBA AGOTAR EL MEDIO DE DEFENSA LEGAL PREVISTO EN LA LEGISLACION LOCAL CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCION DE TESIS 30/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- La tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sustentada al resolver el amparo en revisión 459/84, textualmente dice:
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Epoca: 7a.- Volumen: 187-192. Página: 109.- RUBRO: PETROLEOS MEXICANOS, AMPARO INDIRECTO PROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS FISCALES LOCALES QUE SE LE DIRIJAN, SIN QUE DEBA AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANULATORIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.- TEXTO: El juicio anulatorio ante el Tribunal Fiscal de la Federación sólo procede respecto de resoluciones fiscales definitivas dictadas por autoridades hacendarias federales, según lo ordena el artículo 23, fracción I, de la Ley Orgánica de dicho tribunal, vigente durante el año de 1979 (en el que se emitieron los actos reclamados). Por otra parte, aunque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal tiene competencia para conocer de los juicios anulatorios respecto de las resoluciones fiscales definitivas dictadas por las autoridades del Departamento del Distrito Federal, según lo dispone el artículo 21, fracción II, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, éste tiene un carácter indudablemente local, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 6 de febrero de 1971, en su parte conducente señala: `En todos los actos, convenios y contratos en que intervenga Petróleos Mexicanos, serán aplicables las leyes federales, y las controversias en que sea parte, cualquiera que sea su carácter, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la Federación...' En los referidos términos, Petróleos Mexicanos quedaría en completo estado de indefensión, al no poder impugnar ninguno de los actos que le dirijan las autoridades hacendarias locales, siendo imposible exigirle que deliberadamente desobedezca su Ley Orgánica y acuda a someterse a la jurisdicción de un tribunal local, como lo es el Contencioso Administrativo del Distrito Federal, debiendo concluirse que si el juicio anulatorio ante el Tribunal Fiscal de la Federación tampoco es procedente en un caso, el juicio de garantías es la única vía expedita que tiene para plantear su defensa por la inconstitucionalidad o ilegalidad incluso, de los actos fiscales que se le dirijan. En este orden de ideas, resulta incorrecto el sobreseimiento decretado en primera instancia, pues no se configura en la especie la improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- PRECEDENTE:.- Amparo en revisión 459/84. Petróleos Mexicanos. 4 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel."
No se reproducen las consideraciones de la sentencia que llevaron a la anterior tesis transcrita, por no obrar en autos, ya que el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito manifestó impedimento para remitir la copia certificada que de dicha sentencia le fue solicitado porque el expediente relativo fue destruido en el sismo de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.
TERCERO.- Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver la improcedencia administrativa 394/93 y los amparos en revisión 473/93, 467/93, 469/93 y 500/93, con fechas primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, veintiséis de enero, dos, diecisiete y veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, sostuvo, respectivamente, lo siguiente:
1.- IMPROCEDENCIA ADMINISTRATIVA 394/93
"SEGUNDO.- Resulta inatendible lo aducido como agravios.- En efecto, es inexacto que el a quo inobservó lo establecido en la fracción VII del artículo 107 constitucional, pues el hecho de que en tal fracción se establezca en forma genérica la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades administrativas, no implica, necesariamente, que en todos los casos en que se promueva un juicio de amparo de tal naturaleza sea procedente el mismo, puesto que puede suceder que exista una situación prevista como improcedencia que impida su nacimiento.- Tampoco cabe estimar que lo acordado por el a quo viole o inobserve el contenido de lo establecido por el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, pues al margen de que no forma parte de la litis de este toca el determinar si el acto esencialmente reclamado por la recurrente en su correspondiente demanda de garantías, consistente, en esencia, en que las autoridades responsables pretenden cobrarle el impuesto predial causado por un bien inmueble ubicado en el Municipio de Córdoba, Veracruz, por ser una cuestión concerniente al fondo del asunto que no fue analizada por el resolutor federal a virtud de que consideró actualizada una causal de improcedencia que impide entrar al análisis de ella, el que el mencionado artículo 9o. establezca que la industria petrolera es de exclusiva jurisdicción federal no impide que se sostenga que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad antes de acudir al juicio de garantías, pues no se advierte en qué forma puede afectar directamente a dicha industria el cobro de un impuesto predial, máxime que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 24/92, visible a fojas veintiuno y siguiente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 59, correspondiente al mes de noviembre del año retropróximo, Octava Epoca, ha sostenido el siguiente criterio `COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.- Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta Ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación, en la acepción que les da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecte sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, páginas 62 a 64, con el rubro: `ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.'-En cuanto a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debe entenderse que impera en todos los asuntos relacionados en forma directa con la industria petrolera, puesto que no puede interpretarse aisladamente sino en relación con la Ley petrolera mencionada con anterioridad, de manera que no es óbice a lo resuelto en el caso tratado, en el que, como ya se dijo, no se pone de manifiesto que en el cobro de un impuesto predial se cause esa afectación.- Por consiguiente, es inexacto que el a quo aplique incorrectamente lo previsto por el artículo 12 del Código Fiscal del Estado, en relación con los artículos 1o., 3o., 21, fracción II, y 27 de la Ley de Justicia Administrativa, al establecer, con base en ellos, que existe un juicio por virtud del cual los actos cuya inconstitucionalidad se alega, pueden ser modificados, revocados o nulificados, pues el hecho de que dicho ordenamiento, en su artículo 3o., haya empleado en forma genérica el término `particulares', no implica, como se pretende, que no pueda aplicarse a la quejosa por no ser un particular sino `un organismo descentralizado del Gobierno Federal', ya que bajo tal término quedan comprendidas las personas morales en general que requieran, como sucede con la quejosa, dirimir una controversia de carácter administrativo o fiscal con algunas de las unidades públicas ahí precisadas, siendo de agregarse que tal situación no cabe considerarla, como también se quiere, una contienda de carácter nacional, ni que por tratarse de un organismo descentralizado federal no puede ocurrir ante dicho tribunal, dado que, como se observa, el conflicto surge por el cobro de un impuesto predial generado por un bien inmueble ubicado en esta entidad federativa.- Lo que se aduce en relación a que someterse a lo previsto por los artículos 13 y 15 de la Ley de Hacienda Municipal sería tanto como contravenir lo ordenado por el artículo 9o. de la nombrada Ley Reglamentaria y desconocer que el Gobierno Federal es la única autoridad que establece impuestos que graven a dicha quejosa, cabe señalar que, según ya se dijo, constituye una cuestión que no corresponde aquí definir.-
Atento a lo anterior, es inexacto que el acuerdo recurrido viole flagrantemente, por inexacta aplicación, el contenido de la fracción XV del artículo 73 de la invocada Ley de Amparo, sin que obste para así concluir el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito invocado por la peticionaria de amparo, toda vez que no es obligatorio para este tribunal compartir tal criterio, por tratarse de una tesis aislada que no constituye jurisprudencia, esto de acuerdo con el contenido del artículo 196 del cuerpo de leyes recién citado.- En tales condiciones, y no habiendo queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis de la referida Ley de Amparo, procede confirmar el acuerdo recurrido."
2.- AMPARO EN REVISION 473/93
"III.- Resulta fundado el agravio transcrito, en el que se aduce que al caso opera la causa de improcedencia de falta de definitividad de los actos reclamados prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, a virtud de que previamente a la promoción del juicio de amparo no se instauró el juicio administrativo a que se refieren los preceptos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado que más adelante se indican, cuyo estudio es de oficio y preferente de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo de ese precepto y el criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que bajo el número 940 y rubro `IMPROCEDENCIA' es visible en la página mil quinientos treinta y ocho de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y ocho.- En efecto, del juicio al que este toca se contrae, aparece que los actos reclamados se hacen consistir en: `De las ordenadoras, la notificación de fecha 10 de septiembre de 1993, mediante folio No. 0005488, ordenando a PETROLEOS MEXICANOS, proceda a hacer el pago del impuesto predial y adiciones por la cantidad de N$17,942.47, correspondiente al período 1992-1993, sin especificar el inmueble cuya propiedad u ocupación pudiera originar el impuesto, así como el apercibimiento de iniciar procedimiento administrativo de ejecución.- DATOS DEL ADEUDO Y LIQUIDACION.- No. DE CREDITO 0005488.- CLAVE CATASTRAL: 08-137-001-00-000.- CONCEPTO: IMPUESTO PREDIAL Y ADICIONAL.- PERIODO: 1992-1993.- LIQUIDACION N$17,942.47.- De la ejecutora reclamo la notificación del crédito mencionado respecto de los actos reclamados, que efectuó el C. actuario fiscal C. ANTONIO OSORIO VICTORINO, persona que depende de la Tesorería del H. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Poza Rica, Ver.'-Ahora bien, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., 21, fracciones I, II y III, 27, 30, 46 y sexto transitorio de la invocada Ley de Justicia Administrativa del Estado contra tales actos procede juicio ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, debió la quejosa, de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, promover aquél antes de acudir a la vía constitucional, y al no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia invocada al principio, al darse además las condiciones que la misma exige, siendo pertinente destacar, que este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia que bajo el número VII. A.T. J/21 y rubro `JUICIO PREVISTO POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ, OBLIGACION DE INSTAURARLO PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA VIA CONSTITUCIONAL', es visible en la página cincuenta y cinco de la Gaceta número 66 correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación ha sostenido el criterio que a la letra dice: `De conformidad con los artículos 1o., 3o., 21, fracciones I, II y III, 30 y sexto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, cabe instaurar juicio ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados por el quejoso, antes de acudir a la vía constitucional de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, y al no hacerse así, se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse el juicio con apoyo en el diverso 74, fracción III, ibidem.', la cual resulta aplicable en el caso, como también lo es el sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que bajo el número 24/992 y rubro `COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO' se consulta en la página setenta y seis del Tomo X de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: 'Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o., de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta Ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación, en la acepción que les da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciban del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, páginas 62 a 64, con el rubro: `ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.' de la cual se advierte que los organismos descentralizados, carácter que tiene la empresa quejosa, no forman parte de la Federación, con la connotación a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución General de la República, por ser entidades diferentes a la misma, y que sus inmuebles forman parte del patrimonio de tales organismos en lo particular, sin llegar a constituir bienes de la Nación.- En consecuencia, sin necesidad de analizar los demás agravios planteados, debe revocarse la sentencia que se revisa, y con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo sobreseer en el juicio."
3.- AMPARO EN REVISION 467/93
"III.- Son inatendibles los motivos de desacuerdo acabados de transcribir, cuenta habida de que: a).- Es inexacto que por combatir la legislación local y actos de autoridades administrativas locales la recurrente no tenía por qué agotar los medios ordinarios previos a la promoción del juicio de garantías, y que por tratarse de un organismo descentralizado, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se surtía la competencia del Juzgado de Distrito, atento a que, lo relativo al acto reclamado, consistente en que las autoridades responsables pretenden cobrarle el impuesto predial causado por un bien inmueble ubicado en el Municipio de Poza Rica, Veracruz, así como que no se llevó a cabo la clasificación del mismo para determinar en cuál de las hipótesis del artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales se encuentra, son cuestiones que atañen al fondo del asunto, que no pueden abordarse porque no fueron analizadas por el a quo a virtud de que consideró actualizada una causal de improcedencia, a lo que se auna que el hecho de que el mencionado artículo 14 establezca que las controversias en que sean parte organismos de la industria petrolera son de jurisdicción federal no impide que se sostenga que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad, pues no se advierte en qué forma puede afectar directamente a dicha industria el cobro de un impuesto predial, máxime que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que bajo el número 24/92 y rubro `COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO', visible en las fojas veintiuna y siguiente de la Gaceta número 59, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación editado en noviembre de mil novecientos noventa y dos, ha sostenido el criterio que a la letra dice: 'Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta Ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación, en la acepción que les da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, páginas 62 a 64, con el rubro; `ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.', Y b).- Es incierto que el a quo aplique incorrectamente lo previsto por los preceptos que invocó de la Ley de Justicia Administrativa, al establecer, con base en ellos, que existe un juicio por virtud del cual los actos cuya inconstitucionalidad se alega, pueden ser modificados, revocados o nulificados, pues el hecho de que dicho ordenamiento en su artículo 3o. haya empleado en forma genérica el término 'particulares', no implica, como se pretende, que no pueda aplicarse a la quejosa por no ser un particular sino 'un orga...' (se encuentra incompleta la presente copia certificada)."
4.- AMPARO EN REVISION 469/93
"SEGUNDO.- Resulta inatendiblelo aducido como agravios.- En efecto, es inexacto que por combatir la legislación local y actos de autoridades administrativas locales la recurrente no tenía por qué agotar los medios ordinarios de defensa previamente a la promoción del juicio de garantías, y que por tratarse de un organismo descentralizado conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se surtía la competencia del Juzgado de Distrito, atento a que por cuanto a que en el caso no se llevó a cabo la clasificación de los inmuebles a fin de determinar en cuál de las hipótesis del artículo 14, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales se encuentran, esto constituye una cuestión que concierne al fondo del asunto, que no puede abordarse porque no fue analizada por el a quo a virtud de que consideró actualizada una causal de improcedencia, sin que, por otra parte, el hecho de que el mencionado artículo 14 establezca que las controversias en que sean parte organismos de la industria petrolera son de jurisdicción federal no impide que se sostenga que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad, pues no se advierte en qué forma puede afectar directamente a dicha industria el cobro de un impuesto predial, máxime que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que bajo el número 24/92 visible a foja veintiuno del número 59 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de noviembre del año antepasado, ha sostenido el siguiente criterio: `COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.- Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta Ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación, en la acepción que les da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o., de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, páginas 62 a 64, con el rubro: `ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.'-Es incierto que el a quo aplique incorrectamente lo previsto por los preceptos que invocó de la Ley de Justicia Administrativa, al establecer, con base en ellos, que existe un juicio por virtud del cual los actos cuya inconstitucionalidad se alega pueden ser modificados, revocados o nulificados, pues el hecho de que dicho ordenamiento, en su artículo 3o., haya empleado en forma genérica el término 'particulares', no implica, como se pretende, que no puede aplicarse a la quejosa por no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3624-f5442149/petroleos-mexicanos-procede-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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