PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA.
CONTRADICCION DE TESIS 71/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.- La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formula un Ministro de este alto Tribunal, quien lo hizo en los siguientes términos:
"Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por medio del presente escrito denuncio, la posible contradicción de tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 133/90 promovido por Juan Covarrubias Ortiz y la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 63/89 promovido por Enrique González Mejía, a efecto de que esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida que tesis debe prevalecer".
TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión número 133/90, promovido por Juan Covarrubias Ortiz, negó la protección constitucional solicitada, con base en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación antes transcritos por las consideraciones del orden siguiente: El licenciado Prisciliano Palma Salas fue designado como apoderado jurídico de la tercera perjudicada Distribuidora Pacífico y Modelo, S. A. de C.V., por el señor Vicente Hervas Rodríguez en su carácter de administrador único de dicha empresa, según se advierte de la escritura Pública 5046 Volumen XVIII a cargo del Notario Público licenciado Francisco Cibrián Rendón, con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, la que en copia fotostática certificada, corre agregada a fojas 28 a la 43 del expediente de amparo, relativa al poder general para pleitos y cobranzas que se le otorgó a dicho profesionista; pero también se advierte en la cláusula segunda que se le facultó para que compareciera ante toda clase de autoridades civiles o penales, administrativas y del trabajo, del estado y de la federación, para articular y absolver posiciones, y en la cláusula tercera se le faculta expresamente para que a nombre y en representación de su mandante comparezca ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje e intervenga en las juntas de avenimiento, articule y absuelva posiciones, transija y celebre convenios; para que actúe en todos los asuntos obrero-patronales ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo; comparezca ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, otorgándosele la representación patronal para los efectos de los artículos 11, 46 y 47 de la citada ley para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos; estableciendo por último la citada cláusula que el apoderado podrá ofrecer y desahogar toda clase de probanzas, tener arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, negociar y suscribir convenios; de donde se tiene que no resulta cierto de que el mencionado profesionista no tenga la representación legal de la demandada para absolver posiciones a su nombre en los términos del artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, pues independientemente de que por su carácter de apoderado jurídico resulta ser un extraño en la relación obrero patronal a que se refiere el artículo 11 de la misma ley, porque no se reúnen en él las características de director, administrador o gerente a que se refiere dicha norma; sin embargo del poder apuntado se tiene que es el propio administrador único de la empresa demandada el que lo está facultando expresamente para que tenga la representación patronal para los efectos de los mencionados artículos 11, 46 y 47, y en tal virtud debe considerarse a dicho apoderado como representante del patrón y en tal concepto también lo obliga en sus relaciones con los trabajadores independientemente de que no tenga la vinculación propia con los trabajadores y las condiciones en que laboren, pues es la misma empresa la que le da ese carácter, concediéndole incluso un poder de representación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no solamente para que la obligue con las resultas de los juicios laborales, sino también para que articule y absuelva posiciones a su nombre; sin que pase desapercibido a este Tribunal Colegiado, de que fue precisamente la asamblea general ordinaria de accionistas de la demandada como su órgano supremo, quien facultó a su administrador único para que nombrara apoderados jurídicos y substituyera sus propias facultades de representación en estos, entre las que destacan las que le concedió al citado profesionista; por lo que contrariamente a los argumentos del quejoso, el administrador único se encontraba debidamente facultado para delegar la representación en la forma en que lo hizo al apoderado jurídico en los términos prescritos por los artículos 10 y 149 de la Ley de Sociedades Mercantiles, y en esas condiciones debe concluirse con la Junta responsable de que el licenciado Prisciliano Palma Salas, sí acreditó su carácter de representante legal de la demandada con la escritura pública, y con poder suficiente para absolver posiciones a su nombre. Por lo anterior no resultan aplicables al caso las tesis descritas en las hojas 10 y 10 vuelta de esta ejecutoria, en las cuales el quejoso apoyó sus conceptos de violación; de ahí lo infundado de los mismos. En las relatadas consideraciones lo que procede es revocar la sentencia que se revisa y en su lugar negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso".
El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, se contiene en la tesis consultable en la página 232 del tomo VI, Segunda Parte-1, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL. APODERADOS JURIDICOS FACULTADOS PARA ABSOLVER POSICIONES EN SU NOMBRE.- Si en la escritura pública en que se le otorga poder general para pleitos y cobranzas al apoderado jurídico de la persona moral demandada, se le facultó expresamente para que a nombre de su mandante comparezca ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conciliar, transigir y celebrar convenios en el procedimiento, articular y absolver posiciones, otorgándosele además la representación patronal para los efectos del artículo 11, 46 y 47 de la citada ley; es inconcuso que dicho apoderado, si se encuentra facultado para absolver posiciones a nombre de su mandante, independientemente de que no tenga los caracteres de director, administrador, gerente o que ejerza funciones de dirección o administración dentro de la empresa, como lo prevé el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, por ser la propia empresa quien por conducto de su representante legal, además de otorgarle la representación patronal a que aluden los mencionados dispositivos legales, lo faculta ampliamente para que absuelva posiciones a su nombre".
CUARTO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión número 63/89, promovido por Enrique González Mejía, concedió a dicho quejoso la protección constitucional solicitada con base en las siguientes consideraciones:
"TERCERO.- Son sustancialmente fundados los agravios que se hacen valer, en síntesis, en relación a que la Juez del conocimiento consideró en forma incorrecta que J. Jesús González Vargas, contaba con facultades especiales para absolver posiciones y que por tanto había acreditado la personalidad de apoderado con que se ostentó, siendo que no había demostrado la representación legal de la sociedad mercantil demandada, la cual, además no era susceptible de delegarse a través de un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración, porque la representación, prosigue, es inherente a los cargos de administrador y gerente, mismos que conforme al artículo 147 de la Ley General de Sociedades Mercantiles son personales y no pueden desempeñarse por medio de representante; que por tanto, debía revocarse la sentencia que se reclama y concederse el amparo. En efecto, de la lectura de la sentencia recurrida, se aprecia que la Juez de Distrito estimó que la Junta había actuado conforme a derecho al haberle permitido a J. Jesús González Vargas absolver las posiciones que le fueron articuladas con motivo de la confesional ofrecida por el hoy recurrente a cargo de la empresa demandada, porque lo había hecho en su calidad de apoderado, carácter que acreditó con el testimonio notarial número ochocientos veinte pasado ante la fe del Notario Público número Uno de la Ciudad de Chapala, Jalisco, en el que se advierte que Rebeca González Pérez, en su carácter de Gerente General de la Sociedad demandada, le había otorgado poder general judicial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y con facultades para articular y absolver posiciones en representación de la empresa. Ahora bien, el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, ordena: 'Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones. Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo'. A su vez, el artículo 787 del mismo ordenamiento legal, expresa: 'Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los_ directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda - o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos'. Y, el artículo 789 de la misma Ley, establece: 'Si la persona citada a absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales'. De acuerdo a lo anterior, cabe decir que si la prueba confesional a cargo de la persona moral demandada se ofreció para su desahogo por conducto de su representante legal que siendo órgano representativo tiene facultades para absolver posiciones; en esas condiciones, si al momento de su recepción se presenta a absolverlas el apoderado de la negociación, y no obstante la objeción a la personalidad formulada por el actor con apoyo en el artículo 786 de la Ley de la Materia, en ese momento se efectúa el desahogo de dicho medio de prueba, a través del apoderado al cual la Junta le reconoció facultades para ese efecto, es incuestionable, como lo arguye el trabajador ahora quejoso, que no puede estimarse que el apoderado de la demandada, quien es extraño a la relación de trabajo, pueda ser una persona idónea para comparecer a nombre de ésta a desahogar la prueba confesional ofrecida, tanto mas porque de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 790 de la Ley aplicable, el absolvente de la confesional no debe estar asistido de asesor o de persona alguna y tratándose de personas morales, dicha prueba debe desahogarse por conducto de su representante legal, como lo ordena el citado artículo 786; de ahí que la Junta haya infringido las garantías del ahora quejoso al haber estimado que el apoderado de la empresa transportistas podía, en su representación, absolver posiciones a su nombre. En consecuencia, si de autos quedó acreditado que J. Jesús González Vargas compareció al desahogo de la prueba confesional ofrecida a cargo de la empresa demandada ostentándose con el carácter de apoderado y conforme a lo que se dejó expuesto, la persona que debió absolver las posiciones relativas era la que hubiera acreditado la calidad de representante legal o el carácter de director, administrador, gerente o en general, la persona que ejerciera dentro de la sociedad funciones de dirección o administración, contrariamente a lo considerado por la a quo, procede revocar la sentencia que se revisa, que negó el amparo solicitado, y otorgar al quejoso ahora recurrente la protección de la Justicia Federal que impetró, para el efecto de que la Junta declare fundada la objeción formulada por el actor Enrique González Mejía de falta de personalidad en contra de J. Jesús González Vargas dentro de la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de Transportes González Pérez, Sociedad Anónima de Capital Variable, y tenga por fíctamente confesa a esta última de las posiciones que integraron el pliego de preguntas de la prueba de mérito y que fueron declaradas legales".
El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se contiene en la tesis publicada en las páginas 590 y 591, del Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DEBE SER DESAHOGADA. POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y NO POR APODERADO.- Conforme a los artículos 786, 787 y 789 de la Ley Federal del Trabajo, la persona moral demandada debe desahogar la prueba confesional a su cargo por conducto de su representante legal. Por tanto, si se presenta el apoderado de la negociación a absolver posiciones en su nombre, debe tenerse por fíctamente confesa a la empresa demandada, porque el apoderado es extraño en la relación laboral y no debe tenérsele como persona idónea para comparecer a nombre de la empresa para desahogar la prueba".
QUINTO.- El análisis comparativo de las resoluciones transcritas pone de manifiesto que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en razón de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito sostiene que el mandatario de una persona moral puede absolver posiciones a nombre de ésta, si en el poder respectivo se le faculta para ello, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estima lo contrario, pues considera que el mandatario de una empresa es extraño a la relación laboral y no puede tenérsele como persona idónea para comparecer a nombre de aquella a desahogar la prueba confesional ofrecida a su cargo.
SEXTO.- En el caso, se estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por las razones que enseguida se exponen.
En principio, conviene tener presente que el desahogo de la prueba confesional en el procedimiento laboral, se rige por los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: "Artículo 786.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones. Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo".
"Artículo 787.- Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos".
El examen armónico de los preceptos transcritos permite distinguir tres supuestos en el desahogo de la prueba confesional, y son los siguientes:
1) Que tratándose de personas físicas, debe ser desahogada por la contraparte del oferente, cuando éste así lo solicite.
2) Que tratándose de personas morales, debe ser desahogada por su representante legal.
3) Que tratándose de personas morales, también puede ser desahogada personalmente por los directores, administradores, gerentes, quienes ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, y por los miembros de las directivas de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les atribuyan en la demanda o contestación, o que por razón de sus funciones les deban ser conocidos.
Ahora bien, dado que la materia del presente asunto la constituye la confesional a cargo de personas morales, su estudio debe ceñirse a los dos últimos supuestos antes señalados, y de acuerdo con éstos, se estima que cuando los hechos sobre lo que versa la prueba ofrecida son propios de los sujetos a que se refiere el tercero de esos supuestos, es decir de los directores, administradores, gerentes, o de cualquier otra persona que ejerza funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, o de los miembros de las directivas de los sindicatos, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que les sean conocidos por razón de sus funciones, la confesional debe ser desahogada personalmente por ellos, cuando así lo solicite el oferente, y sea procedente a juicio de la junta respectiva, en tanto que cuando la prueba se refiera a hechos distintos, que no sean propios del absolvente, puede ser desahogada por el representante legal de la persona moral, entendiéndose por éste no solamente la persona física u órgano que legalmente la represente, puesto que la representación también puede derivar de un acto convencional, como podría ser el contrato de mandato, de ahí que deba estimarse que el término "representante legal" utilizado en el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, comprende también al mandatario de la persona moral, siempre que el mandato respectivo se le haya otorgado con cláusula especial para articular y absolver posiciones, puesto que su carácter de representante se sustenta en la ley, razón por la que puede desahogar la prueba confesional ofrecida a cargo de su mandante, quien queda obligado a estar y pasar por todo lo que aquél manifieste al dar respuesta a las posiciones que se le formulen, razón por la que no se contraviene el artículo 790, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, pues la confesional así desahogada no revela la presencia de algún asesor.
En consecuencia, debe prevalecer en lo esencial el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 133/90, promovido por Juan Covarrubias Ortiz, lo que da lugar a la siguiente tesis, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia:
PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA.- De conformidad con lo que disponen los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional ofrecida a cargo de personas morales, debe ser desahogada personalmente por los directores, administradores, gerentes o por quienes ejerzan funciones de dirección o administración dentro de la misma, y por los miembros de los directivos de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, cuando deben serles conocidos por razón de sus funciones, siempre y cuando así lo solicite el oferente, y sea procedente a juicio de la autoridad laboral; en tanto que cuando la prueba se refiera a hechos distintos, es decir, que no sean propios, puede ser desahogada por el representante legal de la empresa, entendiéndose por éste no solamente la persona física u órgano que legalmente la represente, sino también su mandatario, siempre que el mandato respectivo se le haya otorgado con cláusula especial para articular y absolver posiciones, puesto que la representación que ostenta deriva de un acto convencional, como es el contrato de mandato, es decir, sustenta su carácter en la ley, y por ende, también se encuentra comprendido en el término "representante legal", utilizado en el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que el mandante queda obligado a estar y pasar por todo lo que el mandatario manifieste al dar respuesta a las posiciones que se le formulen.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- Debe prevalecer en esencia y con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 133/90, promovido por Juan Covarrubias Ortiz.
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial aprobada al Pleno, Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su correspondiente publicación; envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de cinco votos lo resolvieron los Ministros que integran la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, siendo relator el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/363-7ee3438d/prueba-confesional-a-cargo-de-persona-moral-desahogo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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