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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL. AL RESOLVERLO, LA SUPREMA CORTE DEBE DECLARAR INSUBSISTENTE, EN SU CASO, EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 232/96. · Registro digital (IUS): 3800
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE AMBOS DEL ESTADO DE MEXICO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, , Pág. 202.

COMPETENCIA 232/96. SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE AMBOS DEL ESTADO DE MEXICO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Esta Segunda Sala estima que debe declararse competente para conocer de la demanda promovida por Julio Izquierdo Alcántara, en contra de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por las razones que más adelante se expondrán.

Previamente, y con la finalidad de establecer la premisa que como argumento toral servirá para resolver este conflicto competencial, es preciso transcribir el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24/1995, aprobada en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, cuya sinopsis es:

"POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado `B', del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."

Asimismo, conviene tener presente que Julio Izquierdo Alcántara manifestó en la demanda que ingresó a laborar como policía "C" al servicio de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el primero de julio de mil novecientos noventa y dos, corporación de la que reclama el pago de diversas prestaciones que dice no le han sido cubiertas, tales como el pago de horas extraordinarias, vacaciones, prima vacacional y parte proporcional de aguinaldo.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, es parte integrante de la Administración Pública del Estado de México, pues es una dependencia de la Secretaría General de Gobierno del mismo que, a su vez, constituye un órgano del Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa.

Lo acabado de precisar se deduce de lo establecido en los artículos 19, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y 2o., fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, los cuales textualmente señalan:

"Artículo 19. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al titular del Ejecutivo, las siguientes dependencias:- I. Secretaría General de Gobierno..."

"Artículo 2o. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de Gobierno contará con dos Subsecretarías y las siguientes Direcciones. ...II. General de Seguridad Pública y Tránsito..."

Deriva de lo expuesto con antelación, que la relación jurídica que existe entre Julio Izquierdo Alcántara y la corporación mencionada es de carácter administrativo y, por tanto, las cuestiones relacionadas con los emolumentos que deben percibir sus integrantes son actos de autoridad, aunque no sobre un particular, sino contra un subordinado jerárquico dentro de una corporación de seguridad pública, cuyas relaciones se rigen por leyes específicamente administrativas.

Por otra parte, y de conformidad con los artículos que se citarán en los párrafos subsecuentes, es oportuno señalar que al Tribunal de Arbitraje del Estado de México le compete dirimir los conflictos que se susciten en las relaciones laborales entre dicho Estado y sus trabajadores, en tanto que a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo le corresponde resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública de esa entidad federativa y los particulares.

Al efecto, el artículo 41 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, dispone:

"Artículo 41. Para resolver los conflictos que se presenten en las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, entre patrones y sus trabajadores, y entre la Administración Pública y los particulares, existirán un Tribunal de Arbitraje, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este último autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa."

Asimismo, los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal de dicha entidad federativa, establecen lo siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de México."

"Artículo 2. Trabajador del Estado es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los Municipios del Estado de México, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales. Se considerará con igual carácter a los empleados y trabajadores que presten sus servicios en los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal."

"Artículo 3. La relación jurídica del trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida, para todos los efectos legales, entre los trabajadores del Estado y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los Municipios, representados por sus titulares respectivos. Esta misma relación jurídica se reconoce en favor de los empleados y trabajadores de los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal."

"Artículo 95. El Tribunal de Arbitraje será competente: I. Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes, Municipios y organismos públicos coordinados y descentralizados y sus servidores..."

Y los artículos 3 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa de la propia entidad, determinan:

"Artículo 3. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios y organismos descentralizados con funciones de autoridad, y los particulares, así como las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos."

"Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal..."

Ahora bien, aun cuando en la demanda se presenta una controversia deducida contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de México, el argumento toral para fincar la competencia en favor de la autoridad administrativa, parte de la base de que la misma es planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral, por lo que no se surte de modo preciso la competencia de ninguna autoridad del trabajo; y por otra parte, si bien es cierto que a la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le compete resolver los conflictos de esta naturaleza, igualmente cierto resulta que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la Administración Pública del repetido Estado y los particulares, lo cual excluye al actor, pues todas las prestaciones que exige o pretende derivan de la relación jurídica que como policía lo ligó en el ámbito jerárquico administrativo con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, por lo que el juzgador que dirima la litis planteada debe, forzosa y necesariamente, tomar en consideración el estatus que corresponde a un miembro de un cuerpo de seguridad pública y no la situación jurídica de un particular.

No obstante lo anterior, y ante la falta de disposición legal en el Estado de México que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias como la planteada por Julio Izquierdo Alcántara, en contra de la citada corporación, en el caso a estudio se debe declarar competente para conocer de la misma a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad federativa, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad, dadas las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de la demanda de que se trata, pues en ella se impugnan omisiones de pago de prestaciones atribuidas a un órgano integrante de la Administración Pública del Estado de México que, como ya quedó establecido, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad pública dentro del ámbito administrativo.

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada analógicamente al caso, la tesis jurisprudencial número 4a./J.38/93, que aparece publicada en la página veintidós de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, en cuanto determina al tribunal más afín a la litis planteada, ante la omisión legislativa, que es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE UN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA, Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL NO EXPIDA LA LEY QUE REGULE LAS RELACIONES CORRESPONDIENTES. Conforme al artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, y el artículo segundo transitorio de este Decreto, las legislaturas de los Estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia del mismo, procederán a reformar y adicionar las constituciones y leyes locales que deberán regir las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores. No obstante el Decreto mencionado, cuando no se haya legislado al respecto proveyendo a su cumplimiento, como ocurre en el Estado de Oaxaca, con excepción del Ayuntamiento de la capital, la competencia para conocer de los conflictos laborales surgidos entre los demás Ayuntamientos y sus trabajadores, corresponde a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes de dicho Estado, porque en acatamiento del artículo 17 de la Carta Magna y siguiendo las bases de las normas constitucionales, ante la falta de disposición legal expresa que regule las relaciones laborales existentes entre un Municipio y sus empleados, será la referida Junta la competente para conocer de tales conflictos, con sujeción del procedimiento a lo dispuesto en la Ley del Servicio Social para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, en términos de los artículos primero y segundo del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXI, de veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y nueve."

Cabe agregar que la referida Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dirimir una controversia, cuenta con facultades para decretar condenas, y no sólo para declarar la validez o nulidad de un acto de autoridad, de acuerdo con el artículo 103, fracción III, de la invocada Ley de Justicia Administrativa del Estado de México, lo que hace factible, con independencia de la competencia que aquí se le está fincando para conocer de la demanda que nos ocupa, que esté en posibilidades de resolver, con plenitud de jurisdicción desde luego, sobre la procedencia o no de las reclamaciones contenidas en dicha demanda. El precepto en cita estatuye lo siguiente:

"Artículo 103. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener: ...III. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado, y en su caso, la condena que se decrete. Al pronunciar sentencia ésta deberá suplir las deficiencias de la queja pero, en todo caso, se contraerán a los puntos de la litis planteada."

Es verdad que las prestaciones demandadas por Julio Izquierdo Alcántara son consideradas como de naturaleza laboral; sin embargo, tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, porque sobre tal observación, predomina el imperio del artículo 123 constitucional, que en su apartado "B", fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública.

También es verdad que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Pleno antes transcrita, contra la orden de baja de un miembro de un cuerpo de seguridad y sus consecuencias jurídicas resulta procedente el juicio de garantías; empero, ello no constituye obstáculo a lo considerado hasta aquí, toda vez que en la especie no se pretende resolver cuál es la vía correspondiente para combatir las omisiones de pago de prestaciones atribuidas a la corporación, sino qué autoridad es la competente para conocer de la demanda que dio origen al presente conflicto que, por cierto, no es de amparo.

Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia 77/95, de esta Segunda Sala, visible en la página 290, Tomo II, correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario dice:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: `POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA', se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado `B', fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa."

Consecuentemente, lo que procede es, como ya se dijo al principio de este considerando, declarar competente a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quedando insubsistente, por vía de consecuencia, el desechamiento de la demanda decretado por la citada Sala Regional, en su resolución de incompetencia de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Idénticas consideraciones se sostuvieron por esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de cinco votos, en sesión de doce de julio de mil novecientos noventa y seis la competencia 206/96, en la que fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se declara que la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México es la autoridad competente para conocer de la demanda planteada por Julio Izquierdo Alcántara, en contra de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

SEGUNDO. Se ordena dejar insubsistente el desechamiento de la demanda formulada por Julio Izquierdo Alcántara, decretado por la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en la resolución de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Toluca, y hágase saber lo anterior al Tribunal de Arbitraje de esa misma entidad federativa, con sede en la indicada ciudad, para su conocimiento; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Siendo ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3800-4b86fef2/conflicto-competencial-al-resolverlo-la-suprema-corte-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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