SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.
AMPARO EN REVISION 553/96. BEREL, S.A.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Los motivos de agravio que aduce el promovente son tres:
I.- Al pronunciarse, el a quo omitió considerar la totalidad de los actos reclamados, de los cuales la mayor parte no tienen la naturaleza de consumados y, por ello, son susceptibles de suspensión.
II.- El acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación, pues el juzgador no expuso suficientes razones que den soporte a su consideración, relativa a que de conceder la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social.
III.- No existen pruebas idóneas que soporten la negativa impugnada, además de que el solo transportar no otorga a los productos la naturaleza de sustancias tóxicas y, por tanto, no se acredita que el no cumplimiento de la norma afecte a la sociedad y produzca daños al ambiente.
Los argumentos propuestos carecen de eficacia jurídica, de acuerdo con lo siguiente:
Por lo que se refiere al primero de ellos, relativo a que el juzgador omitió pronunciarse acerca de la totalidad de los actos combatidos, debe decirse que no le asiste razón al inconforme, pues basta leer la interlocutoria que en esta vía se combate, para percatarse de lo contrario.
Efectivamente, en la interlocutoria recurrida con toda claridad se dice que: "UNICO.- Se niega a BEREL, S.A., la suspensión definitiva solicitada, en contra de los actos reclamados precisados en el resultando primero, a las autoridades precisadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta resolución."
Al respecto, el a quo expuso las precisas razones que motivaron la negativa de suspensión por cuanto hace a la ejecución de la norma (ejecución dentro de la que se deben incluir los actos que el inconforme refiere: multas, procedimiento de ejecución, arresto administrativo, detención y secuestro de vehículos).
Luego, es inexacto que en primera instancia se haya incurrido en la omisión que aduce el promovente. No pasa inadvertido, además, a este tribunal que las consideraciones que soportan la negativa de suspensión, relativas a que la aplicación de la norma "depende de la conducta que el quejoso guarde respecto a la norma citada, para que en su caso sea verificada por dicha autoridad responsable en ejercicio de sus funciones" no son combatidas en el recurso.
Igualmente infundados son los argumentos aquí marcados con los puntos II y III de este estudio.
Así es, por debida fundamentación y motivación debe entenderse la cita de los preceptos legales que dan soporte a una determinación, y la expresión de las consideraciones en que ésta se apoye, debiendo existir entre ambos -fundamentos y motivos- adecuación lógica.
De acuerdo con ello, la decisión del a quo se encuentra debidamente fundada y motivada, pues para denegar la suspensión provisional que el ahora inconforme solicitó, expuso los precisos motivos (evitar que la sociedad resienta un grave perjuicio) y los fundamentos de su decisión (artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo), y entre ambos, como se puede apreciar, existe congruencia.
Luego, es infundada la afirmación que el promovente hace en sentido contrario.
Por lo que se refiere a que no está demostrado que efectivamente la sociedad sufra un perjuicio con el otorgamiento de la medida cautelar, debe decirse que tampoco en ello tiene razón el quejoso.
Al resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, no basta la sola afirmación del quejoso respecto de la procedencia de su solicitud, para que el Juez conceda la medida suspensional, pues es menester que primero analice si, en el caso, se satisfacen los requisitos concurrentes previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y además si se cubren los requisitos lógicos de su procedencia, es decir, que el acto sea suspendible.
En el caso concreto, el juzgador consideró la improcedencia de la suspensión, porque -a su juicio- de concederla, la sociedad resentiría un daño que, en todo caso, es mayor al que podría sufrir el particular.
Tal decisión es acertada, porque si bien no existen pruebas en el expediente que demuestren de manera indubitable tal situación, lo cierto es que la sola lectura del acto reclamado, cuyos efectos pretende el quejoso se paralicen, pone de manifiesto que la colectividad tiene interés en que se observe.
En efecto, la Norma Oficial Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 1995, tiene como soporte de su creación las consideraciones siguientes:
"Que la regulación de las sustancias y materiales que se consideran peligrosos, por la magnitud o gravedad de los efectos que puedan generar durante el transporte, está contemplada en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y se prevé que en la norma respectiva se contendrán las listas de dichas sustancias.
"Que el Decreto de Promulgación del Convenio 170 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1992, establece en la parte III 'Clasificación y Medidas Conexas', artículo 6 'Sistemas de Clasificación', puntos 1, que la autoridad competente o los organismos aprobados o reconocidos por la autoridad competente, de conformidad con las normas nacionales o internacionales, deben de establecer sistemas y criterios específicos apropiados para clasificar todos los productos químicos en función del tipo y el grado de los riesgos físicos y para la salud que entrañan, y para evaluar la pertinencia de las informaciones necesarias para determinar su peligrosidad y 3, que 'en el caso del transporte, tales sistemas y criterios, deberán tener en cuenta las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas'.
"Que la presente Norma Oficial Mexicana contempla las recomendaciones que al efecto preparó el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías Peligrosas, mismas que fueron examinadas por el Consejo Económico y Social en su 17o. período de sesiones, celebrado en diciembre de 1992.
"Que el desarrollo industrial ha provocado una creciente demanda de transporte para una gran variedad de productos que por sus características son considerados de alto riesgo en su transportación.
"Que considerando sus características, las sustancias peligrosas se clasifican en: explosivos; gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión; líquidos inflamables, sólidos inflamables; oxidantes y peróxidos orgánicos; tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos; radiactivos; corrosivos y varios.
"Que este primer listado y los subsecuentes que se expidan, constituirán el sustento para determinar la operatividad durante el transporte de este tipo de sustancias.
"Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, el ciudadano subsecretario de Transporte ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT2/1994, 'LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS', que establece la identificación y clasificación de las sustancias y materiales peligrosos de acuerdo a su clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado por la Organización de las Naciones Unidas, así como las disposiciones especiales a que debe sujetarse el transporte y el método de envase y embalaje, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 1994.
"Que durante el plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de la publicación del proyecto de referencia de Norma Oficial Mexicana, los análisis a los que se refiere el artículo 45 del citado ordenamiento jurídico estuvieron a disposición del público para su consulta.
"Que en el plazo señalado los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización, integrándose al proyecto definitivo las modificaciones procedentes.
"Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Transporte Terrestre, publicó el 26 de septiembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios recibidos durante el plazo de los noventa días.
"Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, he tenido a bien expedir la siguiente..."
De acuerdo con las consideraciones que informan el acto reclamado, es claro que la sociedad en general está interesada en que éste se observe; y no debe confundirse el interés particular, o el de un grupo minoritario, con el interés público, que tiene mayor jerarquía y debe prevalecer; es decir, para aplicar el criterio de "interés social" hay que sopesar los perjuicios que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado y aquellos que podrían menoscabar las metas de interés colectivo con la suspensión del acto concreto de autoridad; siendo evidente que, de suspenderse la aplicación y cumplimiento de la norma reclamada podrían causarse graves perjuicios a la colectividad, quien está interesada en que exista un debido manejo y control de sustancias tóxicas.
Razones éstas que determinan que la medida cautelar sea improcedente, al no satisfacer el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, como atinadamente lo consideró la a quo.
Ajena a este estudio, es la afirmación del quejoso en el sentido de que las pinturas no constituyen materiales tóxicos y, por ello, no debe regularse su transportación; ya que, en todo caso, eso será materia del análisis que se haga sobre la legalidad del acto.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de este Tribunal Colegiado, cuyo sumario a continuación se transcribe, con sus respectivos datos de consulta:
"- De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. RA.- 1033/89.- Incidente de suspensión en revisión.- Minerales Submarinos Mexicanos, S.A., resuelto el 8 de agosto de 1989.- Por unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
Así las cosas, y demostrada la ineficacia de los motivos de agravio, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 82, 83, 85 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- SE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA en revisión.
SEGUNDO.- SE NIEGA a BEREL, S.A., la suspensión definitiva solicitada, en contra de los actos reclamados precisados en el resultando primero, a las autoridades precisadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto de la resolución impugnada.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos, Carlos Alfredo Soto Villaseñor y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4095-40627352/suspension-nociones-de-orden-publico-y-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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