PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 11/89. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la Contradicción de Tesis, de conformidad con los artículos 196 párrafo final, 197-A, de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la Contradicción de Tesis sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado ambos en materia civil del Primer Circuito.
SEGUNDO. El Agente del Ministerio Público Federal hizo derivar su informe justificado de la circunstancia de que le fuera enviada copia certificada de una ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que sostuviera el criterio de que la admisión de pruebas no es violación procesal reclamable en amparo directo.
TERCERO. Por razón de método, debe estudiarse en principio si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados.
Con tal propósito, conviene citar las disposiciones relativas a esta materia.
Los numerales 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que son los que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Colegiados de Circuito, señalan respectivamente: "ARTICULO 107... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer...".
"ARTICULO 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer... La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias...".
Como se advierte, los preceptos transcritos en su parte relativa, se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y no de ejecutorias que afecten situaciones jurídicas concretas, porque su finalidad no es otra, que la de unificar criterios entre los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídicos; tan es así que la resolución que se dicte, por mandato constitucional tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
De esta manera, cuando se emplea el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias. Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.
Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios y en su caso, en qué aspecto concreto radica, debe hacerse mención de los diversos aspectos que fueron materia de los juicios de amparo motivo de la presente denuncia.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se apoyó en la siguientes consideraciones:
a) Que es inoperante el motivo de queja que se aduce en el sentido de que la juez de Distrito aplicó inexactamente el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, pues independientemente de que el caso concreto encuadrara o no en dicha disposición, lo fundamental es que para que procediera el juicio de amparo indirecto debía actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 114 de la propia ley, lo que no ocurre.
b) Que conforme a este precepto, cuando se reclaman actos de juicio, el amparo que se pida ante el juez de Distrito sólo procederá en dos supuestos, a saber: 1. Que esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; 2. Cuando el promovente sea persona extraña al juicio y en el presente caso, el acto reclamado en el juicio de amparo no tiene una ejecución de imposible reparación, ni el ahora recurrente tiene el carácter de tercero extraño al juicio.
c) Que aun cuando se estimara el motivo de queja mencionado, sería inoperante para conducir a la revocación del auto impugnado, en virtud de que la demanda de garantías debe estimarse improcedente y ha lugar a confirmar su desechamiento por motivo diverso, conforme a lo dispuesto por el artículo 114 interpretado a contrario sensu, con relación al artículo 73 fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo.
d) Que no se confirma el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia número 4, localizable en la página 285 del Informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS, ADMISION DE. NO ES VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO", ya que se refiere al auto que admite pruebas irroga a la contraparte del oferente un perjuicio inmediato, el cual no podrá ser reparado en la sentencia que se pronuncie en el juicio.
e) Que como el acto reclamado en el juicio de amparo de origen, consiste en el auto de fecha ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por el que el juez responsable admitió a la contraparte del ahora recurrente la prueba pericial en grafoscopía y ese acto no se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en atención a que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, con fundamento en el precepto legal citado, interpretado a contrario sensu, con relación al artículo 73, fracción XVIII de la ley reglamentaria invocada, ha lugar a confirmar el auto impugnado, toda vez que ese motivo de improcedencia es manifiesto e indudable.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al establecer la tesis jurisprudencial número 4, con el rubro: "PRUEBAS, ADMISION DE. NO ES VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO", se apoyó en los cinco asuntos que integraron la citada jurisprudencia, en base a las consideraciones siguientes:
1. Amparo en revisión 473/86. Grupo Cresta, S.A. de C.V. 10 de julio de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz. Este asunto trata en esencia de un juicio ejecutivo mercantil en el que se admitió la prueba pericial sin que se precise su naturaleza.
2. Amparo en revisión 937/86. María Luisa Cué de Ortiz. 4 de diciembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Julio Robles Méndez. En esencia se trata de un asunto del orden familiar en el que se admitieron las pruebas consistentes en documentales públicas relativas a los incidentes de autorización judicial para efectuar gastos con cargo de los bienes de la sociedad conyugal.
3. Amparo en revisión 87/87. Inmobiliaria San Francisco y hermanos Tapia, S.A. 4 de febrero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretaria: Ana María Nava Vázquez. Se trata de un juicio civil en el que se admitieron pruebas a la demandada, en especial la pericial contable, respecto de la cual esta Tercera Sala ya hizo pronunciamiento en la resolución de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y en el mismo se declaró que se está en presencia de un perjuicio de naturaleza irreparable, tanto porque la indebida admisión de pruebas a cargo del quejoso no resulta ser una violación análoga a ninguna de las previstas por el artículo 159 de la Ley de la materia, como porque sus efectos legales y materiales no sólo afectan a derechos adjetivos, sino también los de carácter personal.
4. Amparo en revisión 248/88. Condóminos del Condominio de Avenida Universidad 1861 "Centro Diana". 7 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Trata de un juicio ejecutivo civil, en el cual se admiten pruebas ofrecidas por el demandado, por no señalar en forma precisa la documentación que solicita y no estar relacionada con los puntos controvertidos y se reserva admitir la prueba pericial en grafoscopía de la parte actora.
5. Amparo en revisión 503/88. Cozal, S.A. de C.V. 19 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. En este expediente se trata del juicio ordinario civil de terminación de contrato, en el que no se admiten las pruebas ofrecidas por la demandada en los puntos seis y siete de su escrito de ofrecimiento, y no se precisan en las constancias qué pruebas son.
De lo anterior, se advierte que la tesis jurisprudencial elaborada por el Tercer Tribunal Colegiado se apoyó en criterios generales, no específicos, en el que se analizaron asuntos relacionados con pruebas en general.
Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 248/88 promovido por Condóminos del Condominio de Avenida Universidad 1861 "Centro Diana", por conducto de su administradora única, la sociedad denominada Inmobiliaria Diana de México, S.A., representada por su administrador único David Salido Rojas, en contra de la resolución pronunciada por el Juez Noveno de lo Civil del Distrito Federal, en el que se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, con excepción de la documental ofrecida por el demandado en el punto XIII, de su escrito de pruebas, por no haber señalado en forma precisa la documentación que solicita y por lo mismo no estuvo debidamente relacionada con los puntos controvertidos y cuestionados, y se reserva el juzgado admitir la pericial que menciona el demandado en el punto X de su escrito de pruebas en el momento procesal oportuno; se apoyó en las siguientes consideraciones:
1) Que la admisión de pruebas no es un acto que resulte análogo al previsto por la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, en virtud de que no es lo mismo que se deseche o se admita al oferente una prueba en forma contraria a la ley, a que el quejoso se duela que se le haya admitido a su contraparte en el juicio una probanza; que el perjuicio que se irroga a un litigante cuando se admite ilegalmente a su contrario una prueba es inmediato ya que se verá afectado pues tendrá que soportar la recepción y desahogo de un elemento que puede ser contrario a la ley o a la norma, lo que no podrá ser reparado en la sentencia que se pronuncie en el juicio; y que es inaplicable la tesis que invoca, ya que se trata de un Tribunal Colegiado de diverso Circuito y no resulta obligatorio para el a quo federal.
2) Que el perjuicio que se irrigó al quejoso fue inmediato en tanto que tuvo que soportar la admisión de una probanza que fue en su criterio ofrecida en contra de una disposición legal, lo que no podrá ser reparado en la sentencia.
3) Que no se trata en el caso de recepción de pruebas sin conocimiento de la quejosa, en tanto que ésta de inmediato al ofrecimiento y admisión impugnó el hecho de que se hubieran exhibido con posterioridad al escrito de contestación de la demanda en el juicio.
4) Que en el caso se actualizó un perjuicio inmediato al quejoso con la admisión de una prueba ofrecida por el recurrente, ya que la recepción y desahogo tendrá que ser soportada y ello podrá ser reparado en la sentencia que se dicte en el juicio. Las partes tienen derecho a que les sean admitidas las pruebas que proponen, pero ese derecho se encuentra supeditado a que su ofrecimiento se haga de conformidad con la ley en cuanto a su forma de propuesta y términos legales, lo cual es acorde con el principio de igualdad que debe seguir un juicio.
5) Que en el caso se propusieron pruebas documentales fuera del término que se establece para la exhibición de dichos elementos de convicción, y debe estimarse que debió haberse negado su admisión.
De todo lo anterior queda claro que:
1. Se está estableciendo en cada una de las tesis un principio general de procedencia del amparo sobre un mismo tema que es la admisión de pruebas, pero mientras un tribunal colegiado opina que es una violación reclamable en amparo directo, el otro sostiene que es reclamable en amparo indirecto. Que sobre las pruebas a que se refieren esas ejecutorias, son de diversa naturaleza de acuerdo a lo sintetizado en cada uno de los casos, pero que existe contradicción en la regla general.
2. Que sobre la procedencia del amparo en violaciones de procedimiento la Sala Civil ha establecido las jurisprudencias números dos, tres y dieciséis, que se localizan, respectivamente, a fojas sesenta y ocho, sesenta y nueve y ochenta y uno, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente en el año de mil novecientos ochenta y nueve, Segunda Parte, Volumen I, que dicen: "AMPARO DIRECTO. CUANDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES. Si la violación al procedimiento se encuentra en alguna de la fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso análogo a los que en ella se contemplan en los términos de la fracción XI del propio precepto, la correcta interpretación de dicho artículo debe hacerse a la luz del artículo 107 constitucional y en relación con el artículo 158 de su Ley Reglamentaria ya mencionada. En efecto hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso. Trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Y si se cumplen tales requisitos, el amparo directo debe considerarse procedente para hacer valer dicha violación procesal. Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración ejemplificativa, de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento ya que se afectan las defensas del quejoso. Por tanto, por lo que dispone la fracción XI del artículo 159, sosteniendo que sólo en esos casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias a los allí mencionados, procede hacer valer el amparo directo para combatir la violación, con la finalidad de que siempre se cumpla la regla general, lo que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efectos, según aparezcan en autos. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito. 13 de noviembre de 1989. 5 votos. Ponente: Jorge Carpizo. Secretario: José Juan Trejo Orduña". "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION DE APELACION QUE DECIDE LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD. (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 208, VISIBLE EN LA PAGINA 613, CUARTA PARTE DEL APENDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Tercera Sala estima conveniente interrumpir y modificar la jurisprudencia mencionada, para sostener como nueva jurisprudencia que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, es improcedente que el mismo se promueva contra la resolución de apelación que decide sobre la excepción de falta de personalidad, porque no constituye un acto de ejecución irreparable al poder o no trascender al resultado del fallo, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparadas a través del amparo directo lo que no ocurre tratándose de las resoluciones que se pronuncien respecto a la excepción de la falta de personalidad, porque sólo producen efectos intraprocesales, que si bien no pueden ser reparadas en la sentencia definitiva del juicio natural, sí pueden serlo en el amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito. 13 de noviembre de 1989. 5 votos. Ponente: Jorge Carpizo. Secretario: José Juan Trejo Orduña". "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito. 13 de noviembre de 1989. 5 votos. Ponente: Jorge Carpizo. Secretario: José Juan Trejo Orduña" y la tesis jurisprudencial número 3/90 aprobada por esta Tercera Sala en sesión privada de veintinueve de enero del presente año, cuyo texto es el siguiente: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISION DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. ES UNA VIOLACION PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. En primer lugar debe reconocerse que la violación de procedimiento que se analiza no está expresamente contemplada dentro de ninguna de las diez fracciones contenidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En segundo término, que tampoco es asimilable por analogía a ninguno de los supuestos normativos de tales fracciones, especialmente al que se refiere la fracción III, porque la naturaleza sui generis de la citada violación procesal no sólo entraña la simple admisión de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, sino que se trata de la indebida admisión de probanzas pero que son ofrecidas a cargo del propio quejoso, como es la pericial contable, en la contabilidad de este último y no del oferente. Por ello, no puede aceptarse el punto de vista relativo a que igual perjuicio recibe el agraviado cuando le son rechazadas sus pruebas, que cuando a su parte contraria le son admitidas las que propone en contra de lo dispuesto por la ley, en razón a que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean o no de imposible reparación, deben ser analizados en cada caso concreto, de aquí que en la hipótesis de que se trata se estime que no todas de las consecuencias legales y materiales que produce el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la contabilidad del quejoso al perito del oferente y en su caso, al perito tercero) sean destruidas fácticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por ello, se está en presencia de una violación procesal que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales del quejoso desde el momento de su realización y que, por tanto, requiere de que ese acto producido dentro del procedimiento judicial en caso de que se estime inconstitucional sea examinado a través del juicio de amparo indirecto. Cabe agregar que no es el hecho de que el juez natural ya no se haga cargo en la sentencia del proveído que indebidamente tuvo por admitida la prueba pericial contable de la parte contraria del quejoso, lo que le atribuye el carácter de irreparable a la violación, sino que lo es la serie de efectos que se producen por el simple desahogo de dicha prueba, los que ya no será posible reparar -material y normativamente hablando-, con independencia de que la sentencia que llegue a dictarse le sea desfavorable o no. Contradicción de tesis 10/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 1989. Mayoría de 3 votos contra 2. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García".
3. Que de esas tesis se desprende la regla general de que en las violaciones de procedimiento procede el amparo directo y la excepción es la procedencia del amparo indirecto cuando hay una ejecución de imposible reparación; es decir, cuando hay una violación de garantías individuales y aunque hubiera sentencia favorable ya no sería posible repararla.
4. Que los principios que se derivan de esas jurisprudencias, hay que aplicarlos a esta contradicción; y al efecto es procedente manifestar:
Las fracciones III, VII y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso, cuando no se reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera o sea en la fracción XI del mismo numeral también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. En efecto, esta Tercera Sala estima como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo.
Esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, lo cual de acuerdo con la jurisprudencia de la Tercera Sala, es cuando se viola una garantía individual y aunque la sentencia llegue a ser favorable ya no podrá repararse esa violación a la garantía individual. Lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia 3/90 transcrita anteriormente en que se consideró que la prueba pericial contable en los libros de la contraparte es una violación reclamable en amparo indirecto.
En consecuencia, a juicio de esta Tercera Sala, debe prevalecer la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, en los términos de este considerando, criterio que deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria de acuerdo con el último párrafo del artículo 192 de la Ley citada, debiéndose ordenar su publicación en el Semanario Judicial de la Federación para los efectos del artículo 195 del propio ordenamiento.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito al fallar las revisiones 544/89 y 473/86, 937/86, 87/87, 248/88 y 503/88, que dieron origen a las tesis jurisprudenciales números 4 y 3, con los rubros: "PRUEBAS, ADMISION DE. NO ES VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO Y EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B) CONSTITUCIONAL)".
SEGUNDO. Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos precisados en esta resolución.
TERCERO. Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial, así como la parte considerativa que se sustenta en la presente resolución al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los señores jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz, Ignacio Magaña Cárdenas y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Fue ponente el Ministro Jorge Carpizo.
Firman los CC. Presidente, Ponente y el Secretario de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe. PRESIDENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIERREZ. PONENTE: JORGE CARPIZO. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA: ANTONIO MARMOLEJO LOPEZ.
EL C. LICENCIADO ANTONIO MARMOLEJO LOPEZ SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,
CERTIFICA:
Que la presente copia en doce fojas útiles (anverso y reverso), se obtuvo fielmente de la ejecutoria pronunciada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa, en el expediente número 11/89, relativo a la contradicción de tesis sustentada entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/414-9e526096/pruebas-su-admision-como-regla-general-constituye-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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