Corpus
Modo: Corpus Pro

DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE LOS, "SIN PREJUZGAR" SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 223/97. · Registro digital (IUS): 4229
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GABRIEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, , Pág. 523.

AMPARO DIRECTO 223/97. GABRIEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son infundados en parte y fundados en otra, los conceptos de violación que se hacen valer, aunque para estimarlos así sea necesario suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis, número 39/95, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.". La que puede ser consultada en la página 333, Novena Época, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Primeramente debe decirse que no asiste razón cuando afirma que la Junta responsable, infortunadamente en audiencia de dos de abril de mil novecientos noventa y dos (fojas 85 a 86), desechó la objeción de falta de personalidad del absolvente por la empresa demandada, que ello era así, debido a que si bien el compareciente por la demandada, sin ninguna duda tenía la representación legal de representante (sic); sin embargo, del testimonio notarial agregado en autos no se desprende que tenga facultades expresas para absolver posiciones, no bastando ser únicamente su representante legal; que por otro lado, no es la parte actora quien está facultada legalmente para reconocer tácitamente la personalidad de su contraparte, por lo que tal argumento de la responsable es infundado.

Efectivamente, son injustificados los argumentos expuestos con antelación, toda vez que, contrariamente a lo establecido por la peticionaria de la protección constitucional, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente:

"Artículo 786 ...

"Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo."

Las personas morales que resulten ser patrones en un conflicto laboral, pueden comparecer válidamente a través de su presidente del consejo de administración, directivos, gerentes, o quienes ejerzan actos de administración, a desahogar las posiciones que se les formulen, sin necesidad de exhibir instrumento público notarial con cláusula específica para tales efectos, si en el caso acreditan fehacientemente la representación de la referida empresa, toda vez que las personas físicas a que se ha hecho referencia, mantienen una relación estrecha en la relación laboral surgida entre la empresa y los trabajadores.

Por lo cual, si en la especie, como consta a foja setenta y ocho de los autos, compareció Arturo Martínez Martínez, en su carácter de presidente del consejo de administración, a absolver posiciones a cargo de la empresa demandada, acreditando su personalidad con copia certificada del testimonio notarial que obra a fojas de la doce a la veintidós, debe concluirse que dicha persona física estaba legitimada para ello, máxime que en el hecho número diez de la demanda laboral, el actor a esta persona le imputó el despido que dijo injustificado, pues al respecto manifestó lo siguiente: "10. Con fecha 11 de junio de 1991, siendo aproximadamente las 14:00 hrs. y encontrándose el actor atendiendo unos clientes de los demandados que lo habían solicitado, junto a una de las mesas del restaurante demandado, se presentó ante mi mandante el C. Arturo Martínez Martínez, quien le dijo: 'que dejara lo que estaba haciendo, porque estaba despedido por el problema del seguro', hechos que ocurrieron en presencia de varios clientes que mi mandante estaba atendiendo y se percataron de lo sucedido, visto lo cual y considerando mi mandante que no existió causa justa o motivo legal alguno para ello, opta con esta fecha por demandar el pago de la indemnización constitucional consistente en tres meses de salarios por despido injustificado y que arroja la cantidad de $9'599,240.00 pesos, siendo a cargo de los demandados los salarios que se sigan venciendo hasta que se cumplimente, en su caso, el laudo que emita esta H. Junta."

En esas condiciones, debe establecerse que fue correcto el actuar de la Junta responsable al haber estimado que: "... como se desprende del testimonio notarial que obra agregado a los presentes autos, número setecientos veintitrés, visto a fojas de la doce a la veintidós inclusive y en la foja de dicho testimonio número dieciocho se encuentra el nombramiento del mencionado ingeniero como presidente del consejo de administración y en la foja número catorce vuelta, dicho testimonio asienta las facultades que tiene el presidente del consejo para representar a la sociedad en forma amplia; por lo tanto, y con base en lo establecido por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, dicho ingeniero está facultado para representar en forma amplia a la sociedad demandada que (sic) consecuentemente para absolver posiciones a nombre de la misma; por lo tanto, proceda a contestar las posiciones formuladas por la parte actora" (foja 86 a 86 vuelta), pues se insiste, la persona física en comento, además de ser directivo de la empresa demandada y su representante legal, por ser presidente del consejo de administración, también fue la persona a la que se le imputó el despido que el actor alegó de injustificado.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que sólo se requiere, en términos de la tesis jurisprudencial número 401, visible en la página doscientos sesenta y seis del tomo V, relativo a la Materia del Trabajo del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA.", cláusula especial para absolver posiciones en el testimonio notarial con el que se acredita la representación de la empresa demandada, cuando se trata de un diverso mandatario que no haya tenido nada que ver con la relación de trabajo, de tal suerte que no le conste el transcurso de la propia relación laboral que sostuvo la empresa con el trabajador, empero, si como en la especie el representante legal resulta ser incluso al que se le imputa el despido que se tacha de injustificado, es indudable que se encuentra legitimado legalmente para absolver posiciones a cargo de la empresa demandada, en términos del artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo; razón por la cual, resulta irrelevante, en la especie, que el referido testimonio notarial carezca de cláusula especial para absolver posiciones.

Tampoco asiste razón al quejoso cuando afirma que la Junta responsable violó en su perjuicio las leyes del procedimiento al desechar indebidamente, mediante acuerdo admisorio de pruebas de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, el perfeccionamiento de la documental que indica en el apartado cinco, consistente en la ratificación y firma de la comunicación, en la que consta que a partir del quince de mayo de mil novecientos noventa y uno, el actor, con la categoría de jefe, devengaría un salario base de un millón setecientos mil pesos, a cargo de Arturo Martínez Martínez. Se estima que tal desechamiento trascendió a la resolución de fondo, pues la responsable valoró de manera parcial tal documento, al considerar, en lo conducente, que se trata de una hoja con diversas anotaciones en lápiz que carecen de firma alguna a quien imputar la elaboración, y no tiene elemento alguno que la vincule como documento proveniente de la demandada, por lo que no fue posible la ratificación y al no haberse perfeccionado, no se le puede dar valor probatorio alguno.

Contrariamente a lo sostenido por el quejoso, fue acertada la Junta del conocimiento al desechar el perfeccionamiento y desestimar la prueba documental consistente en diversa comunicación ofrecida por el actor en el apartado número cinco de su escrito de pruebas, habida cuenta que la documental en comento no podía ser perfeccionada ni mucho menos valorada como lo pretendía el quejoso, pues de la misma sólo se desprende lo siguiente:

"1991. A partir del 15 de mayo. de: Gabriel $1'700,000.00. Cocinero Edmundo $700,000.00. Jefe Ernesto $900,000.00. Cocinero Mañ. Cocinero T. $700,000.00. Cocinero Juan $600,000.00. Ayudante Claudia B. $450,000.00. Ayudante Claudia D. $450,000.00. Ayudante Leticia $450,000.00. Ayudante Cristina $450,000.00. Ayudante mínimo. Ayudante mínimo. Ayudante mínimo." (foja 36).

Como se ve, del contenido de la documental antes transcrita, no aparece el nombre o firma del autor de dicho texto, por tanto, no puede ser sujeto de perfeccionamiento, ya que es anónimo y, por ende, ningún valor probatorio puede tener el mismo, ya que a cualquier persona se puede atribuir su contenido.

De ahí que resulte acertado el actuar de la Junta responsable al haber desechado su perfeccionamiento en los siguientes términos: "El perfeccionamiento de la documental que indica en el apartado 5, consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Arturo Martínez Martínez, se desecha en virtud de que en dicha documental no aparece el nombre de la empresa, ni el nombre y firma de la persona que haya elaborado y expedido dicho documento, por lo que resulta de imposible realización dicho perfeccionamiento, aceptándose dicha documental, a la que se le dará el valor probatorio correspondiente." (foja 83).

Asimismo, también fue acertada la Junta responsable al haber desestimado dicha documental en el laudo reclamado, pues como ya se dijo, un anónimo ningún valor puede tener, ya que su contenido puede atribuirse a cualquier persona, de ahí lo injustificado de los argumentos en este sentido hechos valer.

En cambio, en suplencia de la queja, debe decirse que la Junta responsable incurrió en violación a las leyes del procedimiento, al haber dejado de proveer respecto del desahogo del reconocimiento y, en su caso, de las periciales que ofreció el actor, ahora quejoso, para acreditar su objeción respecto de las pruebas ofrecidas por la demandada bajo los incisos a) y c) del apartado dos de su escrito de pruebas, consistentes en diverso contrato de trabajo y veintiséis recibos de pago de salario, ello no obstante de haber sido admitidos mediante acuerdo admisorio de siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, actualizándose así, la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo.

Así es, la parte actora objetó las pruebas ofrecidas por la demandada bajo los incisos a) y c) del apartado dos de su escrito de pruebas, consistentes en diverso contrato de trabajo y veintiséis recibos de pago de salario, en los siguientes términos:

"En uso de la palabra la parte actora dijo: Que objeta todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte demandada. Muy especialmente las siguientes: La referida en el apartado dos romano, inciso a), en supuesto contrato individual de trabajo, la cual se objeta en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, en virtud de que un contrato individual de trabajo establece las condiciones en que un trabajador comienza o es contratado para prestar sus servicios a una determinada empresa, pero no sirve para probar las condiciones en que realmente prestaba sus servicios o, en su caso, los cambios y modificaciones a esas condiciones de trabajo, por el tiempo en que transcurra la relación de trabajo, por lo que se ofrece como prueba de mi objeción la ratificación de contenido y firma a cargo del actor que haga el actor (sic) de la documental referida; así, en el caso en que negare como suya, se dice, como suyas las firmas, se ofrece la pericial caligráfica y grafoscópica a cargo de la C. perito en la materia Yole Fornacier de Andrea, se dice, Iole Formacier D' Andrea, haciendo mío el cuestionario ofrecido por la parte demandada en su escrito de ofrecimiento de pruebas, apartado cuarto; se objeta la documental del apartado dos romano, inciso b), ya que no es el medio idóneo para que la demandada pretenda acreditar el salario que percibía el hoy actor, ya que el verdadero salario es el que se señala en el hecho primero de mi escrito de demanda, así como a las aclaraciones a la misma, en audiencia de fecha catorce de noviembre del año en curso, en virtud de que tal modificación salarial ante el Seguro Social, es de fecha primero de agosto del año próximo pasado, por lo que es ilógico pensar que de dicha fecha a la de su injustificado despido, el actor fue beneficiado con varios aumentos salariales; se objetan las documentales ofrecidas en el apartado dos romano, inciso c), consistentes en veintiséis recibos de nómina, en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, en virtud de que como se desprende de los mismos, unos se encuentran tachoneados y alterados, otros han sido escritos a lápiz, en otros no aparece la fecha del supuesto pago, por lo que la Junta debe desecharlos en virtud de sus alteraciones; asimismo, se ofrece como prueba de mi objeción la ratificación de contenido y firma a cargo del actor para el caso de que manifieste si las firmas que aparecen en dichas documentales son de su puño y letra y, en caso de que las negare como suyas, se ofrece la pericial caligráfica y en los mismos términos, se dice grafoscópica en los mismos términos de la que se ofreció en la objeción a la prueba documental del apartado dos, inciso a), de la demanda." (fojas 81 a 81 vuelta).

Asimismo, la Junta responsable, mediante acuerdo de siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, admitió todas las pruebas de las partes, determinando en lo conducente lo siguiente:

"De la parte actora, la confesional de la empresa demandada deberá desahogarse por conducto de la persona física que acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre de la misma, y no únicamente por conducto de su representante legal; el perfeccionamiento de la documental que indica en el apartado 5, consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Arturo Martínez Martínez, se desecha en virtud de que en dicha documental no aparece el nombre de la empresa, ni el nombre y firma de la persona que haya elaborado y expedido dicho documento, por lo que resulta de imposible realización dicho perfeccionamiento, aceptándose dicha documental, a la que se le dará el valor probatorio correspondiente ... el perfeccionamiento que indica en el apartado 6 consistente en el cotejo con su original, se acepta sin prejuzgar sobre la existencia del original de dicho documento; con las anteriores aclaraciones y excepciones se admite el resto de las pruebas ofrecidas tanto por la actora como por la demandada." (foja 83). Sin embargo, no existe constancia alguna en los autos, en la cual se corrobore que la Junta responsable hubiese ordenado y llevado a cabo el desahogo de los medios de convicción apuntados, lo cual transgrede lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, dado que es obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje desahogar todas y cada una de las pruebas que admitan, por lo cual su actuación se ubica, por analogía, en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo.

Debe precisarse que la violación procesal antes puesta en relieve, trascendió al resultado del fallo, habida cuenta que la Junta responsable otorgó valor probatorio y se apoyó, para absolver a la demandada, en las documentales que ésta ofreció en los incisos a) y c) del apartado dos de su escrito de pruebas, consistente en diverso contrato de trabajo y veintiséis recibos de pago de salario, hecho que se corrobora con la transcripción siguiente: "... a foja 48 aparecen los recibos de pago de salario hasta foja 73 (sic) de los que se consigna el pago del salario pactado por las partes y en forma esporádica, se cubrió una bonificación y una compensación, pero no se precisa cuál fue la base de dicho pago, sin que pueda desprenderse que ello se hizo como pago de porcentaje alguno sobre las ventas." (fojas 177 a 178); de ahí, se insiste lo violatorio del laudo reclamado.

Por último, en suplencia de la queja deficiente, debe establecerse que la Junta responsable incurrió en violación procesal al decidir admitir sin prejuzgar sobre su existencia, el cotejo de la documental ofrecida por el actor, ahora quejoso, en el apartado número seis de su ofrecimiento de pruebas, actuación que configura la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo.

Así es, el actor, ahora peticionario de amparo, ofreció de entre sus pruebas, la marcada con el número seis, que hizo consistir en diverso recibo de pago de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, en los siguientes términos:

"6. La documental privada de fecha ocho de enero de mil novecientos, se dice la documental privada consistente en recibo de nómina de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa, debidamente suscrito por el actor, y donde aparece el nombre de la negociación demandada, prueba que se ofrece relacionada con la litis, y para acreditar que el actor independientemente de su salario base que tenía en ese entonces, percibía comisiones bajo el rubro otros, con lo que se desvirtúa la afirmación de la demandada de que el actor percibía exclusivamente un salario base y no percibía cantidad alguna por ningún otro concepto, para el caso de objeción se ofrece su cotejo o compulsa con el original que obra en poder de la demandada, cuyo domicilio obra en el proemio de la demanda, y con el apercibimiento del artículo 805 de la ley laboral, debiéndose comisionar para tal efecto a un actuario." (foja 79).

Cabe precisar que si bien el actor en su ofrecimiento, se refirió a que la fecha del recibo en comento era la de ocho de enero de mil novecientos noventa, lo cierto es que de la propia documental se aprecia que es del veintiocho de febrero de mil novecientos noventa.

Por su parte, la Junta del conocimiento, al admitir la referida probanza, determinó lo siguiente:

"... el perfeccionamiento que indica en el apartado 6, consistente en el cotejo con su original, se acepta sin prejuzgar sobre la existencia del original de dicho documento ..." (foja 83).

Asimismo, en el desahogo del cotejo en comento, el actuario asentó lo que a continuación se transcribe:

"México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, día y hora señalados para el cotejo ofrecido por la parte actora, me constituyo en las calles de José María Castorena No. 258 esq. Jesús del Monte, colonia Cuajimalpa, y cerciorada de ser éste el domicilio de la parte demandada por medio del nombre de la calle de la mencionada colonia y por informe que en tal sentido me da la persona que dijo ser cajera y jefa de piso y llamarse Eloísa Rivera Avenas a quien en este acto le informo del motivo de mi presencia, mediante lectura íntegra y en voz alta del auto de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y una vez enterada, la requiero para que me exhiba recibo de nómina del día ocho de enero de mil novecientos noventa; en uso de la palabra Eloísa Rivera Avenas dijo: 'que no exhibo el documento por no tenerlo en mi poder'; vista la manifestación de la parte demandada, la suscrita da por terminada la presente diligencia en virtud de no ser posible el desahogo del mismo ya que no hay documento que cotejar y firmaron al margen los que comparecen y al calce la suscrita actuaria da fe. Doy fe. La actuaria (firma ilegible). Lic. María Elena Govea Ruiz." (fojas 108 y 108 vuelta).

Como se ve, el proceder de la Junta responsable fue incorrecto, pues actualizó la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, al no haber admitido el cotejo de la documental de foja treinta y cinco, conforme a la ley, es decir, al recibir el cotejo propuesto por el actor "sin prejuzgar sobre su existencia", incurrió en violación procesal, pues ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo faculta a las Juntas para admitir el perfeccionamiento de las pruebas "sin prejuzgar sobre la existencia"; por ello, al haber recibido el cotejo de la documental número VI del escrito de pruebas del actor, en los términos antes precisados, transgredió el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, dejó en estado de indefensión al quejoso, al haber admitido una prueba de su parte en forma ilegal.

La violación procesal destacada con anterioridad, afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, porque en el laudo reclamado, la Junta del conocimiento desestimó la documental consistente en diverso recibo de pago de foja treinta y cinco, con el que intentó acreditar el monto de su salario, estableciendo en el laudo lo que a continuación se transcribe:

"De la misma forma el recibo de pago de salario de foja 35, sólo se encuentra escrito a máquina, sólo con la firma del actor, que es quien presenta el documento a juicio y no se pudo perfeccionar el mismo a foja 126, ya que el original de ese documento no existe, por lo que tampoco tiene valor probatorio en juicio el mismo." (fojas 178).

Lo anterior, reitera el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, visible en la página ochocientos veintiocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, Tomo III, Novena Época, cuyo texto y rubro son los siguientes:

"DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE LOS, 'SIN PREJUZGAR' SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL. En los casos en que la Junta de Conciliación y Arbitraje admite el cotejo o compulsa propuestos como perfeccionamiento de los documentos ofrecidos, estableciendo que se acepta sin prejuzgar sobre la existencia de los originales respectivos, viola las leyes que rigen el procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, porque el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo no señala si el perfeccionamiento se debe admitir prejuzgando o no sobre la existencia de dichos originales."

Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, a efecto de que provea lo que en derecho proceda respecto del desahogo de los medios probatorios que ofreció el actor al objetar las documentales ofrecidas por la demandada bajo los incisos a) y c) de su apartado dos del escrito de pruebas, consistentes en un contrato de trabajo y veintiséis recibos de pago de salario; y finalmente, admita sin prejuzgar, la documental de foja treinta y cinco, ofrecida por el actor, ahora quejoso, y aperciba a la empresa demandada que de no exhibir la documentación materia del cotejo, se tendrá por perfeccionada la exhibida por la oferente; hecho lo anterior, continúe con el procedimiento.

Dados los efectos en que se concedió el amparo, es innecesario ocuparse de los demás argumentos que hace valer el quejoso, que se refieren a la calificación del ofrecimiento del trabajo; lo anterior, en términos de la tesis de jurisprudencia 440, visible en la página setecientos setenta y cinco, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.".

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Velázquez González contra el acto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo dictado con fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el juicio laboral número 1095/91, seguido por el ahora quejoso en contra de Restaurante La Puerta del Bosque México, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del cuarto considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; expídase el testimonio conducente, devuélvanse los autos a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados Emilio González Santander, María Edith Cervantes Ortiz y Sergio Pallares y Lara, habiendo sido relator el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4229-5b44d629/documentos-admision-de-la-compulsa-o-cotejo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.