BANCOS. DECRETOS EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN CUANTO A SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU VALIDEZ RADICA EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 1990). BANCOS. LOS DECRETOS DE SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS SE UBICAN DENTRO DE LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFIERE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis a que se refiere este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues aunque el tema de este asunto se relaciona con juicios de naturaleza civil o mercantil, puede presentarse en otras materias de amparo, que no son de la competencia exclusiva de alguna Sala.
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, el día tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, al resolver por unanimidad de votos el toca de revisión número 383/96, promovido por Chafic Xacur Matu y otros, estableció en lo conducente:
"QUINTO. No es necesario ocuparse del examen de los agravios expresados por los recurrentes, pues con independencia de lo que se considerara al respecto, este Tribunal Colegiado advierte que en el presente caso es operante la diversa y prevalente causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, que conduce a confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo. Al respecto, es importante destacar que los actos reclamados en el juicio de garantías se hicieron consistir en: 1. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclamamos: La expedición del decreto emitido el día 20 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anteriormente señalado y entró en vigor el 1o. de julio del mismo año, mediante el cual se efectuó la transformación de la Institución Banco Mexicano Somex, S.N.C., en Banco Mexicano, S.A. 2. Del C. secretario de Hacienda y Crédito Público reclamamos el refrendo del aludido decreto presidencial de 20 de febrero de 1992, y de éstas y las restantes autoridades nombradas en este apartado, reclamamos los actos de cumplimiento, aplicación y ejecución del decreto presidencial impugnado, ya sea que los lleven a cabo por sí mismos o por conducto de sus subordinados. Como actos de aplicación del decreto reclamado. 3. Del C. Juez Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán se reclama: a) La aplicación, en perjuicio de los quejosos, del Decreto de la Transformación de Banco Mexicano Somex, S.N.C., en Banco Mexicano, S.A., emitido el 20 de febrero de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha, y entró en vigor el uno de julio del mismo año, pues con fundamento en dicho decreto, admitió la demanda de los juicios ejecutivo mercantil, expediente número 579/96, y el juicio extraordinario hipotecario, expediente número 513/96, promovidos por Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, según consta en los autos de fecha 30 y 16 de abril del año en curso, respectivamente, notificados a los suscritos los días 7 y 16 de mayo del mismo año, respectivamente. b) Todos los actos que se hayan realizado y los que pretendan realizar, así como sus consecuencias, con motivo de la aplicación en perjuicio de los quejosos del decreto de referencia, al haberse admitido por parte del C. Juez Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, las demandas de los juicios ejecutivo mercantil, expediente número 579/96, y el juicio extraordinario hipotecario, expediente número 513/96, promovidos por el abogado Hugo Wilberth Evia Bolio, como apoderado de Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, antes Banco Mexicano Somex, S.N.C. Ahora bien, si por una parte se considera que por la naturaleza particular y concreta del decreto del Ejecutivo Federal combatido en esta vía extraordinaria, el único destinatario y posible afectado lo sería el banco aquí tercero perjudicado, y por otra, que los peticionarios de garantías no acreditaron contar con un derecho subjetivo público que deba ser respetado por las autoridades y que se haya visto vulnerado con la aplicación del decreto ya descrito, entonces resulta evidente, en tal tesitura, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que conduce a confirmar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, de la misma ley. Aquí son aplicables las jurisprudencias números 176 y 179, publicadas, respectivamente, en las páginas 176, 177 y 179, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que son del tenor literal siguiente: 'INTERÉS JURÍDICO. COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideran afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse en el juicio de amparo.' e 'INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para su procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico.'. No es obstáculo para concluir de esta manera, el hecho de que los accionantes hubiesen sido demandados en la vía ejecutiva mercantil, así como en la extraordinaria hipotecaria, por la institución bancaria que tiene el carácter de tercero perjudicado en el amparo, pues al ser evidente que no fue su transformación de Banco Mexicano Somex, Sociedad Nacional de Crédito, en Banco Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, lo que originó que se promoviera en contra de aquéllos los correspondientes juicios, es obvio, entonces, que sí se puede afirmar que no hay afectación a sus esferas jurídicas. Del mismo modo, es irrelevante la circunstancia de que la inconstitucionalidad del decreto reclamado, la hagan derivar los quejosos de la inobservancia del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que aquél se expidió cuando ya había transcurrido el plazo de trescientos sesenta días otorgados al Ejecutivo Federal para dicho fin, habida cuenta de que el solo transcurso o vencimiento del aludido plazo, no puede limitar el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal con base en la cual emitió el decreto de marras, toda vez que encuentra su origen en la fracción I del artículo 89 constitucional, es decir, se trata de una de las facultades del presidente reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, debe confirmarse, por diverso motivo, el sobreseimiento decretado en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 83, 91 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:-PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de garantías."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el día dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, al resolver por unanimidad de votos el toca de revisión número 468/95 (en la certificación aparece el número 468/96), promovido por Enrique Pelayo Torres y otra, en lo conducente determinó:
"TERCERO. Es fundado para suscitar la revocación del sobreseimiento recurrido, los agravios hechos valer por la parte inconforme (sic). En efecto, tal y como la parte recurrente así lo propone, el Juez de Distrito incurre en desacierto y, por ende, la sentencia impugnada importa los agravios de que se duele cometidos en su perjuicio el inconforme, toda vez que dicha autoridad estimó que la parte aquí agraviada no comprobó la afectación de su interés jurídico, pues en concepto del a quo acreditó (sic) tener algún derecho público subjetivo tutelado por la ley, en atención a que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, no establece a su favor derecho alguno. Ahora bien, asiste la razón a la parte recurrente, en la medida que afirma que nunca invocaron el artículo transitorio referido como fundamento de su derecho público subjetivo para interponer la demanda de garantías. La anterior afirmación se corrobora en mérito del examen que se practique (sic) al capítulo que en la demanda de garantías se destinó para consignar los actos reclamados, de lo que se advierte que, en efecto, los aquí agraviados no controvirtieron la legalidad del artículo séptimo transitorio de referencia, sino que reclamaron la expedición, publicación y contenido del decreto de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, mediante el que se establecieron las reglas para transformar al Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito, en Banco del Atlántico, S.A. Esta consideración es suficiente para estimar desvirtuados los argumentos del Juez de Distrito, por lo cual, conforme a lo ordenado en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y examinar la legalidad del decreto reclamado, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, cuya transcripción resulta innecesaria con base en la tesis visible en la página 1450, Tomo V, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS. EN LA SENTENCIA.'. CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. En efecto, asiste la razón a los demandantes de garantías en cuanto argumentan que la transformación de la institución Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito, en Banco del Atlántico, S.A., parte del decreto emitido el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, el cual fue publicado el día siguiente. Ahora bien, del examen de dicho decreto, se advierte que el Ejecutivo Federal lo emite en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual prescribe que el Ejecutivo Federal, en un plazo de trescientos sesenta días contados a partir de que entró en vigor dicha ley (diecinueve de julio de mil novecientos noventa), deberá expedir los decretos mediante los cuales se transforman las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas. Así las cosas, el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, fecha en que, como quedó dicho, fue expedido el decreto en mención, el Ejecutivo Federal ya no se encontraba investido de la facultad legislativa que le otorgó el Congreso de la Unión a través del referido artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito en sociedades anónimas (sic). Recapitulando, cuando el presidente de la República expidió el decreto que se reclama en el presente juicio de garantías, esto es, el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, ya habían transcurrido más de doscientos setenta días después de que cesaron las facultades que el multimencionado artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito le concedió al titular del Poder Ejecutivo para los fines antes precisados. De donde se sigue que, al ser así, es obligado concluir que el decreto reclamado importa las violaciones a las garantías individuales que la quejosa estima infringidas en su perjuicio, en cuya reparación es preciso concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo establecido por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 80, 85, 90, 91 y 184 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Pelayo Torres y Carolina Hernández de Pelayo, en contra de los actos que reclamaron del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Hacienda y Crédito Público, ambos con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, y Juez Primero de lo Civil, con residencia en la ciudad de Ensenada, Baja California, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria."
CUARTO. Como cuestión previa, debe precisarse si existe la contradicción de criterios denunciada.
Según se anotó, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en la parte relativa de su sentencia, sostiene, en lo conducente, que para el examen de la constitucionalidad del decreto expedido por el presidente de la República, mediante el cual se transforma una institución bancaria, de sociedad nacional de crédito, en sociedad anónima, es irrelevante la circunstancia de que se haya incumplido el plazo de trescientos sesenta días para su expedición, establecido por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, toda vez que el solo transcurso o vencimiento del aludido plazo no puede limitar el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal, con base en la cual emitió el decreto, pues encuentra su origen en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una de las facultades del presidente de la República reconocidas por la Ley Suprema.
En tanto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en su sentencia sostiene, acerca del tema anterior, que del examen del decreto presidencial reclamado, en virtud del cual se transformó una institución bancaria, de sociedad nacional de crédito, en sociedad anónima, se advierte que el Ejecutivo Federal lo emitió en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, constitucional, y con fundamento en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, el cual prescribe que el Ejecutivo Federal, en un plazo de trescientos sesenta días, contados a partir de que entró en vigor dicha ley, debería expedir los decretos mediante los cuales se transforman las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas; y que, si para la fecha en que se expidió el decreto presidencial de transformación reclamado en el amparo, el Ejecutivo Federal ya no se encontraba investido de la facultad legislativa que le otorgó el Congreso de la Unión, a través del referido artículo transitorio, cesaron tales facultades y el decreto resultaba violatorio de garantías.
Así pues, se dan los supuestos que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, para el análisis de los criterios mencionados, pues los Tribunales Colegiados de referencia, al resolver los negocios jurídicos que les fueron propuestos, analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, referentes a la naturaleza y efectos jurídicos de los decretos de transformación de bancos, de sociedades nacionales de crédito, en sociedades anónimas, expedidos por el presidente de la República fuera del plazo de trescientos sesenta días previsto por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, y si su validez dependía o no de las facultades conferidas al titular del Ejecutivo Federal por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo adoptado ambos Tribunales Colegiados posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito sostiene que la validez de tales decretos presidenciales radica en las facultades mencionadas y no en su extemporaneidad, el otro Tribunal Colegiado, que es el Segundo del Décimo Quinto Circuito, afirma que habiéndose expedido dichos decretos fuera del término establecido por la ley respectiva, el presidente de la República ya no se encontraba investido de la facultad legislativa conferida por el Congreso de la Unión y, en consecuencia, resultaban violatorios de garantías.
Además, la diferencia de criterios, en el aspecto mencionado, se presentó en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias que pronunciaron los Tribunales Colegiados, y los distintos criterios emanaron del examen de los mismos elementos.
Lo anterior es acorde con la tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, que comparte este Tribunal Pleno, consultable bajo el número 178, páginas 120 y 121 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que refiere:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Por otro lado, debe también señalarse que no pasa inadvertida a este alto tribunal, la circunstancia de que uno de los criterios, el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, no se contiene en una tesis formal, publicada en algún órgano del Semanario Judicial de la Federación; sin embargo, ello no impide el estudio de la contradicción materia de este expediente pues, en principio, el vocablo "tesis" a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en un sentido amplio, esto es, como la expresión de un criterio u opinión que se formula respecto de un tema jurídico determinado por los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración, sin que sea necesario que el criterio se exponga de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, etcétera; además, ninguno de aquellos preceptos dispone que para resolverse una contradicción de criterios por este alto tribunal, ellos constituyan jurisprudencia, en los términos que establecen los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, de modo que para el estudio de los criterios opuestos, basta con que se hayan sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo, es decir, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, y se contengan en una ejecutoria dictada en los asuntos sometidos a la decisión de tales órganos.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala, que comparte este Tribunal Pleno, publicada con el número 187, páginas 127 y 128 del Tomo del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación antes citado, que establece:
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."
QUINTO. Precisado el tema de la contradicción de tesis a que se refiere este expediente, se considera que debe prevalecer, sustancialmente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.
Como el problema planteado se relaciona con instituciones jurídicas de importancia fundamental, como son las relativas a las facultades que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al presidente de la República y a la naturaleza de un artículo transitorio, como es el séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, se estima necesario el análisis de dichos aspectos, por este alto tribunal, para dar solución al conflicto de tesis existente.
El artículo 89, fracción I, de la Ley Suprema, dispone:
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
El precepto transcrito, como se observa, contiene no sólo las facultades presidenciales para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, sino también la de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de tales leyes.
Aparte de la facultad promulgatoria que se contiene en dicho artículo, que no será materia de estudio específico en este asunto, el precepto en comentario consigna la atribución reglamentaria, derivada precisamente del encargo de ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Sin embargo, la facultad reglamentaria del presidente de la República, que se deriva del numeral mencionado, en su parte relativa, no es la única que de ahí se desprende, sino que además, la facultad del titular del Poder Ejecutivo para ejecutar las leyes y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, comprende la atribución de expedir decretos, acuerdos y otros actos que sean necesarios para lograr aquellos fines, y tales actos, de índole particular y concreta, no pueden confundirse con los reglamentos, puesto que no tienen por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, impersonales y abstractas, las normas contenidas en la ley, para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica que distingue a los reglamentos.
La actual Segunda Sala de este alto tribunal, se ha encargado de precisar tales conceptos, en la parte conducente de la jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 3/97, páginas 229 y 230 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"BANCOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN DECRETO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LA TRANSFORMACIÓN DE ALGUNO DE AQUÉLLOS, DE SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EN SOCIEDAD ANÓNIMA. De la interpretación armónica de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal; 84, fracción I, incisoa), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, incisos a) y c), y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que si bien la Suprema Corte de Justicia es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto contra sentencias que en el juicio de amparo pronuncien los Jueces de Distrito, entre otros supuestos, funcionando en Sala, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo haya sido un reglamento federal expedido por el presidente de la República en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 constitucional, los ordenamientos reglamentarios a que se refieren esos dispositivos constitucionales y legales son los integrados por normas que se caracterizan por su impersonalidad, generalidad y abstracción, pues la referencia de reglamentos la hacen, no en un aspecto formal, sino material, es decir, a aquellos ordenamientos que, independientemente de la forma en que se les denomine, sean expedidos en uso de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que la facultad del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa comprende no sólo la atribución de expedir reglamentos, sino también decretos, acuerdos y otros actos que sean necesarios para la exacta observancia de las leyes de materia administrativa, que no deben confundirse con reglamentos, ya que no tienen por objeto desarrollar y detallar mediante reglas generales, impersonales y abstractas, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica que distingue a los reglamentos. Por consiguiente, no se surte la competencia de este alto tribunal si el acto reclamado se hace consistir en un decreto que no posee esas características por referirse a situaciones concretas y particulares, cuya observancia concluye por la aplicación a los casos específicos para los que fue creado, como acontece con los decretos relativos a la transformación de alguno de los bancos, de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima, emitidos por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor el 19 de julio de 1990, ya que no puede otorgárseles a esos decretos el carácter de reglamentos, en los términos jurídicos previamente precisados. En tal virtud, el conocimiento del recurso de revisión corresponde, por exclusión, a un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo con los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
En cuanto a la facultad reglamentaria del presidente de la República, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. LXX/95, consultable en las páginas 333 y 334 del Anexo al Informe que el presidente de este alto tribunal rindió al terminar el año de 1995, en cuanto a los principios que rigen aquella facultad, sostuvo:
"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. Según ha sostenido este alto tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, constitucional, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: El de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos; mientras que el principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida. 2a. LXX/95. Amparo en revisión 1948/94. Proveedora de Señales y Dispositivos para Tránsito, S.A. de C.V. 16 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz."
En la doctrina, el tratadista Andrés Serra Rojas, en su obra denominada Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, 1968, Librería de Manuel Porrúa, S.A., páginas 217 a 220, al hablar de la fac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4380-51386df0/bancos-decretos-emitidos-extemporaneamente-por-el-presidente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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